Jésica Cirio entregó su celular y fijó domicilio tras la medida dictada por el juez Luis Armella en la causa en la que se investiga presunto enriquecimiento ilícito de su ex esposo Martín Insaurralde.

Conforme a la información aportada, Claudio Caffarello, abogado de Cirio, hizo entrega del dispositivo y de las claves ante Gendarmería, que estableció la custodia correspondiente.

Este lunes el magistrado ordenó que Cirio entregue su celular en un plazo de 24 horas con el objetivo de peritarlo y comprobar si allí están los videos que se viralizaron en los últimos días.

En ellos se observa a la mediática grabándose en el vestidor que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente y registrando los diversos fajos de dólares escondidos en cajoneras, bolsas y valijas.

Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su ex esposo. En esta ocasión el acusado en otras dos causas mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.

En un comunicado, la conductora había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”.

A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, hizo la denuncia correspondiente.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.

Los jueces del TOF 2 lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.

En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el cuatro de septiembre, a las 14 horas.

Tanto Daniel Cameron, Julio Bragulat y Luis Beuret decidieron no hablar, pero quienes sí hicieron uso de la palabra fueron Julio De Vido y Cristian Folgar.

En primer lugar, De Vido dijo: “Tuve un problema de salud, un problema cardíaco hace aproximadamente un mes, no me permitieron acceder al debate así que agradezco al tribunal todas las facilidades que me dio en ese sentido” y se mostró con “especial agradecimiento a mis abogados porque siempre se hicieron presentes y me mantuvieron informado del día a día del transcurso del juicio”.

Por su lado, Cristian Folgar, manifestó: “Quisiera dejar el reconocimiento asentado públicamente porque cuando las instituciones funcionan creo que está bien que así quede registrado” y, sobre el caso, marcó que los jueces “tienen el monopolio que les da la sociedad para, en este caso, definir si una persona está o no está en libertad, si es o no culpable de un delito penal. Y eso conlleva una enorme responsabilidad que es la de que el juicio sea justo. Y los juicios nosotros en Argentina los definimos como justos no en función del resultado sino del proceso”.

Folgar también sumó: “Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba” y, mencionó que “uno de los testigos que en su momento yo designé estaba perfecto de salud y falleció; y unas de las medidas de prueba que se solicitaron ya no estaban más porque por el paso del tiempo no los encontraban”.

A su vez, marcó que “muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarles a los testigos lo que los testigos habían firmado más de 20 años atrás. Y eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”.

Además, sostuvo que “si durante mucho tiempo una persona está procesada y no puede ejercer determinadas funciones, eso termina siendo una suerte de castigo indirecto” y, en relación a su situación personal, añadió que “la defensa ha demostrado que mi mejor defensa es el expediente y son los hechos”; por eso, “creo que los hechos y las constancias de los expedientes se terminaron imponiendo”.

Y cerró diciendo que “Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Lo cual obviamente nos dice que allá en el 2006 era absolutamente indispensable y el interés del Estado era hacer expansiones de transporte por las cuales no se tenía financiamiento. Y eso se hizo, y se hizo con un cuerpo normativo que fue avalado por los tres poderes”.

La causa comenzó después de que, en medio de la investigación por el pago de sobornos a diferentes funcionarios públicos y sobreprecios de la empresa Skanska para la construcción de gasoductos, llevada adelante por la Fiscalía Federal N°4, se señalaran maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos efectuados por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El presunto direccionamiento en la licitación de las obras de lo que fue la segunda ampliación de los gasoductos de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008, fue lo que se investigó.

En este caso, en el alegato, el fiscal Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz acusaron a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con la intención de que se realizara lo que llamaron “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

En base a esta hipótesis, pidieron la pena de cuatro años de prisión por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Julio De Vido y Daniel Cameron. Además, solicitaron tres años y seis meses para Cristian Folgar y Luis Beuret y la absolución para Julio Armando Bragulat luego de considerar la no acreditación de su participación.

Las cuatro defensas argumentaron que las condiciones que se aplicaron para la selección de la contratista derivaron de la crisis de emergencia energética y, por ello, solicitaron la absolución.

La Libertad Avanza logró hoy, con ayuda de sectores de la UCR, el PRO y de bloques provinciales aliados, evitar la sesión especial para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la cual la oposición buscaba activar el proceso para echar de su cargo al funcionario, envuelto en un escándalo por su nivel de incremento patrimonial.

La sesión, pedida por el kirchnerismo, estaba prevista para las 14, pero se cayó por falta de quorum: solo 117 diputados avalaron abrir la discusión, cuando se necesitan al menos 129 presentes. Además de la negativa de LLA, resultó clave el respaldo de la UCR, el PRO, el MID, bloques provinciales e incluso del peronismo “dialoguista”.

Como parte de la negociación política para evitar el quórum, LLA aceptó abrir el miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el camino que tendrán los proyectos contra Adorni. Pero sin la posibilidad de que ese día se vote un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, como si podía ocurrir hoy.

Pese a que varios de los representes de la UCR y el PRO se pronunciaron públicamente contra la continuidad de Adorni en su cargo -PRO incluso emitió un comunicado oficial al respecto- hoy acetaron no ir contra el jefe de Gabinete, para no avalar una movida que había tenido origen en el kirchnerismo.

El gobierno, por su parte, consiguió el objetivo inmediato de posponer la arremetida contra Adorni, quien sigue respaldado por el presidente Javier Milei, quien pese a correrlo del cargo de vocero, el fin de semana lo sumó a la comitiva que lo acompañó al acto oficial por el día de la Bandera, que se realizó en Rosario.

De todos modos, Adorni sigue complicado, tanto el Diputados como el Senadores, ya que ambas cámaras siguen discutiendo iniciativas para interpelarlo y eventualmente aplicarle una moción de censura -un instituto creado en la última reforma de la Constitución pero que no se usó nunca hasta ahora-para expulsarlo de su cargo.

Puntualmente, en el Senado se discute la posibilidad de interpelar a Adorni en el recinto, aunque no exista un proyecto con dictamen previo. Pero existe una disputa reglamentaria sobre si eso es posible o no: algunos senadores creen que el artículo 101n de la Constitución Nacional lo permita aunque no exista una mayoría de dos tercios presentes en el recinto, pero otros niegan que eso sea posible.

Pese al fracaso de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto y dar un debate en minoría para capitalizar políticamente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete. El mensaje entre líneas es que el oficialismo logró evitar una votación, pero no clausurar la discusión sobre la situación de Adorni.

Los legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) optaron por mantenerse al margen de la sesión, además de los libertarios.

Permaneció en el recinto Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda, dos catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil, Marcela Pagano (Coherencia) y la radical Karina Banfi. El bloque Provincias Unidas se dividió: solo dieron el presente los jujeños de Carlos Sadir, los socialistas y el radicalismo crítico de Martín Lousteau y Pablo Juliano.

El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero a raíz de los pagos que recibió de parte del empresario Federico “Fred” Machado.

Espert deberá presentarse el martes próximo en el Tribunal Federal N° 2 de San Isidro, de acuerdo a la resolución de Mirabelli, que respondió a un pedido del fiscal Fernando Domínguez de avanzar contra el ex diputado.

El discal acusó a Espert de haber blanqueado 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Para la fiscalía, el contrato con una empresa minera guatemalteca con el que Espert buscó justificar los 200.000 dólares que recibió “Fred” Machado, condenado en EE.UU. por “conspirar para lavar dinero” es una simulación.

También fueron citados a indagatoria Mariano Cosentino, el contador de Espert, y como persona jurídica a la empresa Varianza SA que, de acuerdo a los términos de la investigación de Fernández, se constituyó para utilizar en la maniobra.

Espert era candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza cuando se conoció el pago de Machado, lo que desató una serie de cuestionamientos que terminaron con su renuncia a esa postulación, que finalmente asumió el hoy ministro de Interior, Diego Santilli.

El presidente Javier Milei respaldó a Espert cuando Machado se declaró culpable de “fraude” el 18 de mayo, porque lo hizo bajo un esquema que le permitió librarse de la acusación de narcotráfico. Pero ese movimiento ahora perjudica la situación del exdiputado.

En un posteo que tituló “periodistas de mierda”, Milei denunció que Espert fue víctima de una operación mediática "infame" y "difamatoria". Escribió que “Lo ensuciaron, difamaron y condenó públicamente sin pruebas", argumentando que esto ocurrió únicamente "por defender las ideas de la libertad”.

El llamado a indagatoria es el paso procesal usual inmediatamente anterior del procesamiento del acusado. Espert por ahora está solo imputado en la causa.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cruzó los dichos de Máximo Kirchner durante el acto realizado en Parque Lezama por el primer aniversario de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, y si bien buscó bajarle el tono a la interna del peronismo dejó en claro que no es un año de candidaturas.

En su habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco fue consultado sobre la ausencia de Kicillof en la actividad realizada el sábado y acerca de las declaraciones de Máximo Kirchner, quien en un discurso plagado de alusiones al gobernador lanzó frases como "hablan de unidad y no son capaces de ir a verla" y que"no queremos un candidato por default".

Sin responder de manera directa sobre si Kicillof se sintió aludido por esas expresiones ni sobre una eventual visita a la expresidenta en el corto plazo, el funcionario puso el foco en el sentido de la convocatoria, pero aclaró que “este no es el año de las candidaturas”, sino “de las construcciones políticas”.

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Al respecto, el funcionario reafirmó el respaldo del gobernador a la exmandataria, actualmente con prisión domiciliaria, y dijo que “el gobernador le pidió a nuestro sector, que es el Movimiento Derecho al Futuro, que convoque y participe e hizo lo propio como presidente del PJ bonaerense”. Y añadió: “Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta prisión de Cristina. Se llevó adelante en el marco de un juicio en donde no se respetó el debido proceso”.

Rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, Bianco sugirió que el peronismo podría definir las candidaturas en una PASO. “Es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo y del campo popular en su conjunto”, declaró, aunque eso dependerá de si el Congreso no elimina las primarias, como buscan algunos sectores.

Si se mantiene, dijo el ministro, “los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse y la gente definirá quién es el mejor candidato para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha”.

Fuente: Agencia DIB

 “Queremos ser una oposición constructiva, no destructiva”, dijo el ex intendente Daniel Molina, quien anoche asumió como nuevo presidente del Comité de la Unión Cívica Radical en un acto realizado en la sede de la calle 57.

Con la presencia de un importante número de afiliados, ex dirigentes y referentes históricos del radicalismo local, asumió anoche la presidencia del Comité Emiliano Abásolo, encabezando una nueva conducción que buscará revitalizar la vida partidaria y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Entre los asistentes se encontraban el exlegislador provincial Pedro Azcoiti y el intendente de Lobería, Pablo Barrena, además de militantes y afiliados que colmaron las instalaciones del comité.

Tras la firma del acta de asunción, hicieron uso de la palabra el nuevo presidente de la Juventud Radical, Lautaro Moller; el intendente Barrena; y Azcoiti, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer al partido y recuperar protagonismo en la vida política local.

Barrena destacó la trayectoria de Molina al frente del municipio y expresó su confianza en la nueva etapa partidaria. “Fuiste un gran intendente y vas a ser un buen presidente para poner en pie al radicalismo”, afirmó.

Por su parte, Azcoiti apeló a una reflexión profunda sobre el presente y el futuro de la Unión Cívica Radical. “El radicalismo está en una disyuntiva: o emprendemos un cambio radical o nos transformamos en un cálido recuerdo”, señaló. El exlegislador recordó que una consigna similar había sido utilizada por el partido antes de las elecciones de 1983, cuando la UCR convocaba a la ciudadanía a impulsar transformaciones profundas para recuperar la democracia.

La nueva conducción asumió en un contexto de desafíos para el radicalismo, tanto a nivel local como nacional.

Convocatoria

En diálogo con Ecos Diarios, Molina reconoció que existe una importante expectativa en torno a esta nueva etapa.

“Estamos en un momento en el cual muchos radicales sienten que no han sido debidamente convocados ni estimulados”, señaló.

En ese sentido, indicó que uno de los principales objetivos será abrir las puertas del comité para recuperar la participación de afiliados y vecinos. “Nuestra expectativa es poder seguir en este consenso que tenemos en este momento, mantenerlo y que el afiliado radical y la comunidad que lo rodea tengan en nuestros comités un lugar donde expresar demandas y quejas, y donde se le puedan canalizar soluciones”, expresó.

Molina sostuvo además que el radicalismo debe asumir un papel activo como fuerza opositora en el distrito. “Queremos ser una oposición constructiva, no destructiva. Queremos rescatar aquellas cosas buenas que se hacen, que son muchas, pero también identificar aquellas que se deben corregir”, manifestó.

Otro de los ejes planteados por el nuevo titular del comité es la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones a la actividad política. “Tenemos que ir poco a poco convocando a la juventud, escuchándola y creándole un lugar; si no, nos vamos a ir transformando en un partido de viejos”, advirtió.

La renovación partidaria se produce en momentos en que la UCR busca redefinir su posicionamiento frente a los cambios del escenario político nacional. Según Molina, el crecimiento de La Libertad Avanza y la creciente polarización han reducido el espacio para las fuerzas de centro.

“Los caminos sólidos pasan siempre por el centro”, sostuvo el exintendente, quien reivindicó la tradición democrática y reformista del radicalismo como una alternativa para los desafíos actuales.///

El Gobierno anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Así lo confirmó en X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien además tenía ese cargo que ahora dejó.

En el posteo, Adorni dice que continúa reunido “en Olivos con el Presidente de la Nación”. Agrega: “Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”.

Y lo saluda: “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.

Hasta este momento Manuel Adorni oficiaba de coordinador del gabinete y también de vocero. Ahora atraviesa una delicada situación política por las investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Con este enroque, Adorni queda corrido de la escena pública.

En su última conferencia de prensa en solitario, el 4 de mayo pasado, Manuel Adorni les dijo a los periodistas presentes: “Vamos a volver al esquema de conferencias de prensa, nos vamos a ver las caras seguido”. Esto fue luego del cierre temporal del ingreso de periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada.

Adrián Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1978. Académico, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, construyó su carrera en el ámbito de la economía antes de su desembarco en la política partidaria.

Se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2002. Posteriormente obtuvo una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y alcanzó el doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Dictó clases en la UBA, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad del CEMA (UCEMA), la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y otras instituciones de América Latina y Europa.

Además de su actividad docente, publicó libros, artículos académicos y trabajos de investigación enfocados en macroeconomía, teoría monetaria y políticas de libre mercado.

Fue director académico de la Fundación Faro, el think tank asociado a La Libertad Avanza. Desde ese espacio colaboró en la elaboración de propuestas económicas y en la formación de cuadros técnicos vinculados al oficialismo.

Su desembarco formal en la política electoral ocurrió en 2025, cuando encabezó la lista de La Libertad Avanza en La Pampa y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados para el período 2025-2029.

En los últimos meses salió públicamente en defensa de varias decisiones del Gobierno y respaldó a Manuel Adorni en medio de la polémica por sus declaraciones juradas patrimoniales.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. El planteo se centra en el segundo delito, porque la fiscalía considera reunido el grado de sospecha necesario sobre ese punto.

Marijuan, que había iniciado la causa contra el hermano del ministro coordinador semanas atrás, sostiene que Francisco Adorni no podía desconocer cómo se realizaban las declaraciones juradas debido a que, en su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, trabajó en un área vinculada a las declaraciones juradas.

La petición se realizó ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026.

El actual diputado provincial quedó también en el centro de la escena después de haber corregido su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas del jefe de Gabinete.

El hermano del exportavoz realizó el mes pasado una corrección ante la Oficina Anticorrupción. En el nuevo documento agregó una herencia de $21 millones y sumó $ 12 millones de deudas a su cuenta patrimonial.

La corrección de Francisco Adorni figura en el listado del ente que busca transparentar la gestión pública desde el 14 de mayo, un día después de que trascendieran medidas que requirió Marijuan para avanzar sobre una denuncia para investigar el patrimonio del ex funcionario y actual diputado.

La fiscalía sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. En todas esas declaraciones, según el informe, habría existido una cantidad inusual de rectificaciones posteriores, cada una sumando datos nuevos, ajustando valores o incorporando cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes no informados en los formularios originales.

El documento detalla que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria, llegando a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Axel Kicilllof optó por no participar del banderazo que realizará el kirchnerismo el sábado próximo en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, aunque sí estará presenta la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro, el sector que comanda al interior del peronismo, que además convocará formalmente a la militancia a participar.

La definición de Kicillof se da en un contexto político caliente, marcado en las últimas horas por la difusión de críticas a Cristina Kirchner por parte de una legisladora porteña alineada con el MDF, que generaron duras respuestas del camporismo: Mayra Mendoza dijo, por caso, que el gobernador ya no le genera “confianza” y que está “cansada” de él, según publicó la periodista Macarena Ramírez en Letra P.

Había expectativa por la eventual participación de Kicillof en el banderazo, pero en medio del ese pico de tensión política, Kicillof definió no estar presente, según pudo saber DIB. En el camporismo, por estas horas se habla de malestar “fuerte” por las declaraciones de Berenice Iañez, que no fueron comentadas por ahora por dirigentes del MDF.

La legisladora porteña, que responde al ministro Andrés “Cuervo” Larroque, uno de ls coroneles principales del MDF, dijo que Cristina “jode las pelotas” al querer “ordenar desde el balcón” al peronismo. Lo hizo a participar de un evento de Madres de Plaza de Mayo el fin de semana pasado, pero sus palabras recién trascendieron ayer.

De todos modos, el Movimiento Derecho al Futuro convocará formalmente al banderazo, que se realizará el sábado desde las 15 en el Parque Lezama, CABA, y se espera que participan ministros, legisladores intendentes alineados en el sector. El evento, que incluyen una convocatoria a ir “con una bandera argentina” se cerrará con un discurso de Máximo Kirchner.

Ayer, el juez Rodrigo Giménez Uriburu advirtió a Cristina Fernández sobre la posibilidad de revertir la prisión domiciliaria que la confinó en San José 1111 y enviarla a una cárcel común, si se repiten actos políticos de apoyo a su figura frente a su domicilio como el que se desarrolló el domingo pasado.

En esa resolución, Giménez Uriburu, que ahora controla la sentencia y antes fue parte del jurado que condenó a CFK, involucró personalmente a la expresidenta en la colocación de una bandera con la leyenda “de San José 1111 a la Casa Rosada” y lo consideró una prueba de violar las condiciones de su prisión domiciliaria. Ese contexto extremó la sensibilidad en el cristinismo.

Hace una semana, a raíz de la organización del velorio de Carlos “Indio” Solari, Kicillof y el diputado Kirchner habían vuelto a conversar -lo hicieron tres veces al menos- después de más de 6 meses de diálogo cortado. Eso alentó versiones sobre una posibilidad de reconciliación política, algo que rápidamente quedó descartado, al menos por ahora.

En la primera declaración pública tras la muerte de Solari, Kirchner dijo que iban a dejar “la vida” para que su madre pueda postularse nuevamente a la presidencia, el año que viene. El diputado Miguel Pichetto lanzó a su vez la propuesta de que el Congreso anule la condena por administración fraudulenta -con inhabilitación para ejercer cargos públicos- contra CFK.

Durante una entrevista en el programa "Punto de Vista" de Ecos Radio, el concejal de Fuerza Patria PJ, Marcelo "Chelo" Rivero, se refirió a la decisión del Departamento Ejecutivo de acudir a la Justicia para cuestionar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que amplía beneficios para excombatientes de Malvinas.

El edil expresó su desacuerdo con la judicialización de la iniciativa y defendió el trabajo realizado por el cuerpo deliberativo. Según explicó, la ordenanza tiene como objetivo extender beneficios impositivos y administrativos destinados a los veteranos de guerra del distrito.

"Nos sorprendió que se decidiera judicializar una ordenanza que busca reconocer derechos y brindar beneficios a quienes participaron de la Guerra de Malvinas", señaló Rivero durante la entrevista.

El concejal indicó que la propuesta fue debatida en comisiones y posteriormente aprobada por el Concejo Deliberante. En ese sentido, consideró que la iniciativa se encuentra dentro de las facultades del cuerpo legislativo local y sostuvo que la discusión planteada por el Ejecutivo deberá resolverse en los ámbitos correspondientes.

Defensa de la iniciativa

Rivero remarcó que el espíritu de la ordenanza es fortalecer el acompañamiento a los excombatientes de Malvinas y generar herramientas que contribuyan a mejorar su situación.

"Estamos hablando de personas que defendieron al país y merecen un reconocimiento permanente por parte de la comunidad", afirmó.

Además, destacó que la propuesta surgió a partir de planteos realizados por integrantes del sector y que apunta a ampliar beneficios ya existentes.

La discusión sobre las facultades del Concejo

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con las atribuciones del Concejo Deliberante para establecer exenciones impositivas o beneficios que tengan impacto sobre recursos municipales.

Mientras el Departamento Ejecutivo sostiene que algunos aspectos de la ordenanza exceden las competencias del cuerpo legislativo, desde el bloque impulsor consideran que la iniciativa se ajusta a las facultades previstas por la normativa vigente.

La controversia quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar los planteos realizados por ambas partes y determinar la validez de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.

El concejal de Fuerza Patria PJ pasó por Punto de Vista y opinó sobre la judicialización de la ordenanza que propone beneficios impositivos para ex combatientes de Malvinas.Escuchá la nota completa:

El juez de Ejecución que controla el cumplimiento de su condena, Rodríguez Giménez Uriburu, le advirtió hoy a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la posibilidad de perder el beneficio de la prisión domiciliara si persisten en su domicilio actos políticos como el del fin de semana pasado, se desplegó una bandera con la inscripción “de San José a la Rosada” en medio de una manifestación de apoyo organizada por la diputada provincial Mayra Mendoza.

“Intimase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)“, escribió Giménez Uriburu en una resolución.

El artículo que citó Giménez Uriburu precisa que el juez de ejecución de la pena “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”.

La advertencia llega en medio de un incremento de las manifestaciones callejeras de apoyo a CFK, al cumplirse un año de la resolución de la Corte que habilitó la prisión: hay marchas y manifestaciones públicas, como la del diputado Miguel Pichetto, que señaló que el Congreso podría anular la condena original por administración fraudulenta, que incluyó una accesoria de prohibición de ejercer cargos públicos.

La resolución de Giménez Uriburu apuntó en ese marco textualmente contra el evento realizado el domingo frente al departamento donde vive Cristina Kirchner, donde se desplegó una bandera “de gran tamaño” en la que se leía “De San José 1111 a la Rosada”, que fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. La expresidenta correspondió el gesto de apoyo saludando desde el balcón.

La acción fue parte de un evento llamado “Quilmes con Cristina”, que motorizó Mendoza, una camporista de cercanía estrecha con Máximo Kirchner, que fue intendenta de ese distrito del conurbano hasta el año pasado y aún controla los movimientos del peronismo allí. Mendoza es una de las más enfáticas a la hora de defender la estrategia de poner a la libertad de la expresidenta como la principal consigna política del oficialismo.

El 20, en tanto, el kirchnerismo planea realizar un banderazo -en coincidencia con el día de la Bandera- en Parque Lezama, en CABA, para reclamar la libertad de Cristina Kirchner.

Durante una columna en el programa “Punto de Vista” de Ecos Radio, la licenciada en Ciencias Políticas y periodista Josefina Ignacio propuso una reflexión sobre la fragilidad de los derechos adquiridos y la importancia de las instituciones democráticas, tomando como punto de partida la serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale).

La producción, basada en la novela de la escritora canadiense Margaret Atwood, presenta una sociedad en la que, tras una crisis política y social, un régimen autoritario reemplaza al sistema democrático y restringe libertades individuales, especialmente las de las mujeres.

Durante la columna se destacó que uno de los principales planteos de la historia es la idea de que los derechos no son permanentes. “La serie muestra que las libertades pueden perderse de manera gradual”, se señaló.

En ese sentido, se remarcó que la ficción invita a pensar sobre el valor de la participación ciudadana y el funcionamiento de las instituciones. “La democracia no es algo garantizado para siempre. Requiere participación, control y compromiso por parte de la sociedad”, se expresó durante la charla.

Otro de los puntos abordados fue la capacidad de la serie para generar debates más allá de la ficción. A lo largo de sus temporadas, la producción fue utilizada en distintos ámbitos académicos y sociales como disparador para analizar temas vinculados a los derechos humanos, la igualdad y los límites del poder político.

“La propuesta no es comparar la realidad con la ficción de manera directa”, se indicó.

La conversación también hizo referencia a la vigencia del mensaje que transmite la obra. Aunque se trata de una historia ambientada en un escenario ficticio, varios de los temas que aborda continúan formando parte de discusiones actuales en diferentes países.

“Los derechos conquistados pueden ser cuestionados o restringidos si no existen mecanismos democráticos sólidos para defenderlos”, se afirmó.

De esta manera, El cuento de la criada aparece como un recurso para reflexionar sobre el presente y sobre la necesidad de preservar los principios democráticos, el respeto por las libertades individuales y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para la convivencia social.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de suspender la ordenanza que otorgaba nuevos beneficios tributarios a veteranos de Malvinas en Necochea trasciende largamente el contenido específico de la norma. Lo que está en discusión ya no son únicamente exenciones vinculadas a patentes, licencias de conducir o estacionamiento medido, que es lo que presentaba la norma. Lo que la Corte puso bajo análisis es una cuestión mucho más profunda: los límites entre las facultades del Departamento Ejecutivo y las atribuciones del Concejo Deliberante.

La medida cautelar implica que la ordenanza queda sin aplicación mientras el máximo tribunal provincial analiza el conflicto de poderes planteado por el intendente Arturo Rojas. No significa una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, pero sí constituye una señal institucional relevante: la Corte entendió que existen elementos suficientes para intervenir y congelar temporalmente los efectos de la norma hasta determinar si efectivamente el Concejo avanzó sobre facultades que corresponden al Ejecutivo.

El origen del conflicto es conocido. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que ampliaba beneficios tributarios para veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes. Entre otros puntos, incorporaba exenciones vinculadas a patentes, derechos de oficina para licencias de conducir y estacionamiento medido, además de establecer que esos beneficios debían contemplarse obligatoriamente en futuras ordenanzas fiscales, empezando por la del año próximo.

El Ejecutivo respondió con un veto y posteriormente presentó un conflicto de poderes ante la Suprema Corte. Su argumento central fue que el Concejo se había extralimitado al intervenir sobre aspectos tributarios y presupuestarios que, según la interpretación oficial, forman parte de las facultades propias de la administración municipal.

La suspensión dictada por la Corte abre ahora una nueva etapa.

Desde el punto de vista institucional, el primer paso será la respuesta formal del Concejo Deliberante. El cuerpo deberá defender jurídicamente la validez de la ordenanza y justificar que actuó dentro de las competencias que le reconoce la Ley Orgánica de las Municipalidades. La Corte escuchará los argumentos de ambas partes antes de resolver definitivamente el conflicto.

Pero más allá de los aspectos procesales, el caso deja abiertos varios interrogantes políticos.

El primero tiene que ver con el alcance futuro de la decisión judicial. Si la Corte finalmente ratifica la postura del Ejecutivo y declara inválida la ordenanza, podría quedar establecido un criterio restrictivo respecto de la capacidad del Concejo para impulsar iniciativas con impacto tributario o presupuestario sin acuerdo previo del Departamento Ejecutivo.

Y allí aparece una pregunta clave: ¿cómo legislará el Concejo en adelante?

Porque si el fallo definitivo confirma que determinadas iniciativas sólo pueden surgir desde el Ejecutivo, muchos proyectos impulsados históricamente por concejales podrían comenzar a enfrentar límites mucho más estrictos.

La discusión excede ampliamente el caso de los veteranos de Malvinas.

En cualquier municipio, buena parte de las ordenanzas de impacto social terminan teniendo consecuencias económicas. Exenciones, subsidios, beneficios, reducciones de tasas o programas especiales afectan de una u otra manera los recursos públicos. Si la interpretación judicial consolida una visión restrictiva sobre esas facultades, el equilibrio de poder entre Ejecutivo y Legislativo podría modificarse sustancialmente.

Por eso la resolución de la Corte será observada con atención no solamente en Necochea, sino también en otros municipios bonaerenses.

Sin embargo, existe otro aspecto igualmente importante. La creciente judicialización de la política. Cada vez con mayor frecuencia, discusiones que antes se resolvían exclusivamente en el ámbito legislativo o mediante acuerdos políticos terminan trasladándose a los tribunales. Lo que no se resuelve mediante negociación, consenso o construcción de mayorías encuentra una salida judicial.

Y eso plantea un dilema complejo.

Por un lado, el control judicial constituye una herramienta indispensable para garantizar el respeto a las normas y evitar excesos institucionales. Las cortes existen precisamente para resolver conflictos de competencias entre distintos poderes del Estado.

Pero, por otro lado, cuando la política deposita sistemáticamente sus diferencias en los tribunales, corre el riesgo de debilitar su propia capacidad de construcción democrática.

Porque los jueces pueden determinar qué es legal o ilegal. Lo que no pueden hacer es reemplazar el debate político. El caso de Necochea expone claramente esa tensión. La ciudad ya tiene una “historia” con cuestiones político judiciales. Recordemos las destituciones de los intendentes Alfredo Vidal y Horacio Tellechea.

Nadie discute la legitimidad del reconocimiento a los veteranos de Malvinas. De hecho, la Argentina posee una extensa tradición normativa de beneficios y reconocimientos hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

La controversia gira en torno a quién tiene facultades para establecer esos beneficios y bajo qué mecanismos institucionales deben implementarse.

En otras palabras, el conflicto no es sobre el homenaje a los excombatientes. Es sobre el funcionamiento de las instituciones.

Y allí surge quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dicte sentencia definitiva?

Si avala al Ejecutivo, el Concejo deberá revisar sus estrategias legislativas y probablemente construir mayores consensos antes de impulsar iniciativas con impacto económico. Si avala al Concejo, quedará fortalecido el rol legislativo en materia tributaria y presupuestaria.

En cualquiera de los dos escenarios habrá consecuencias políticas.

Porque los fallos judiciales no sólo resuelven conflictos concretos. También fijan precedentes. Marcan límites. Definen reglas de juego.

Por eso lo que hoy parece una discusión puntual sobre beneficios tributarios para veteranos de Malvinas podría terminar convirtiéndose en uno de los fallos institucionales más importantes de los últimos años para la política local.

Y quizá allí radique la verdadera dimensión del caso. La Corte no solamente deberá decidir sobre una ordenanza. Deberá definir hasta dónde llega el poder de cada institución y cuánto espacio seguirá teniendo la política para resolver por sí misma los conflictos que la atraviesan.

—Holaaa !!Qué fin de semana, ¿no? Otra vez pasado por agua.

—Sí. Parece que este año el paraguas ya es parte de nuestra vestimenta oficial

—Lo preocupante es que sigue habiendo sectores complicados y todos siguen mirando para el mismo lado: a ver qué respuestas llegan desde Hidráulica y qué obras se pueden poner en marcha.

—Es cierto. El agua sigue siendo una preocupación, pero por lo menos esta semana hubo algunas noticias que invitan a mirar el vaso medio lleno.

—¿Por ejemplo?

—Empezó el Mundial. Y aunque parezca una pavada, cada cuatro años vuelve esa sensación de entusiasmo compartido, de juntarse a ver un partido y discutir de fútbol con cualquiera. Y no fue la única buena noticia, después de tantos años de idas y vueltas, finalmente se concretó la venta del Casino. Una señal de movimiento, de inversión y de que algunas cosas que parecían trabadas para siempre pueden empezar a destrabarse.

—Así que, entre la lluvia, el Mundial y el Casino, tenemos una mezcla bastante particular.

—Tal cual. Preocupaciones que siguen ahí, pero también algunas razones para recuperar un poco la esperanza.

A veces el futuro tarda en llegar, pero esta semana Necochea tuvo varias razones para creer que finalmente empezó a ponerse en marcha.

—Hablando de esperanza, lo del Casino no es una noticia más, es de esas decisiones que pueden marcar un antes y un después para la ciudad, durante años fue la gran deuda pendiente de Necochea. Cada temporada llegaban turistas, pasaban por la costa y la pregunta era siempre la misma: "¿Y esto cuándo lo van a arreglar?".

—Y la verdad es que ya nos habíamos acostumbrado demasiado a convivir con esa imagen, lo que alguna vez fue un símbolo de crecimiento terminó convirtiéndose en una postal de abandono, por eso me parece que lo más importante de esta semana no fue solamente la subasta.

—¿Y qué fue entonces?

—La sensación que quedó después. En la calle se percibe expectativa. La gente habla del tema con entusiasmo, con ganas de que esta vez las cosas salgan bien.

—Yo también lo noté. Hacía tiempo que una noticia local no generaba tanta coincidencia, más allá de las diferencias políticas, la mayoría entiende que Necochea necesita inversiones, trabajo y movimiento económico.

—También porque el Arturo Rojas logró resolver una discusión que llevaba años dando vueltas y que parecía imposible de destrabar.

—Ahora empieza la etapa más difícil.

—Claro. Porque vender era el primer paso. Ahora hay que controlar, acompañar y lograr que los proyectos se concreten, y si las cosas salen como todos esperan, el cambio puede ser enorme.

—Sin dudas. Vamos a tener un nuevo balneario, nuevos servicios, más actividad y una zona que puede transformarse completamente.

—Y no estamos hablando solamente del edificio, cuando un lugar así se recupera, arrastra todo lo que tiene alrededor. Se valorizan los comercios, aparecen nuevas inversiones, mejora el movimiento turístico y se genera empleo.

—Además estamos hablando de uno de los sectores más privilegiados de toda la costa necochense, por eso muchos sienten que no se recupera solamente un inmueble. Se recupera una oportunidad.

—Una oportunidad para que la ciudad vuelva a mirar al mar con orgullo, para que los necochenses dejemos de señalar una ruina cuando nos visitan amigos o familiares.

—Imagínate dentro de algunos años ver ese lugar lleno de gente, con actividad, con luces, con propuestas y movimiento durante todo el año.

—Sería volver a ver al Casino ocupando el lugar que siempre debió tener: el de motor turístico y económico de una parte fundamental de la ciudad.

—Falta mucho trabajo, nadie lo discute, pero por primera vez en mucho tiempo parece que dejamos de hablar de lo que se perdió y empezamos a hablar de lo que se puede construir en una ciudad que tantas veces vio pasar oportunidades, eso ya es una muy buena noticia.

La venta del Casino no resuelve todos los problemas de Necochea, pero puede convertirse en el punto de partida de una ciudad que vuelva a creer en el desarrollo.

—Y mientras hablamos de futuro, esta semana también pasaron por el Concejo los técnicos de Hidráulica de la Provincia, una reunión muy esperada. Porque después de todo lo que llovió en estos meses, hay vecinos y productores que necesitan respuestas.

—¿Y qué dijeron?

—Básicamente confirmaron algo que todos sabemos: que hay sectores de Necochea y Quesquén que siguen siendo muy vulnerables cada vez que cae mucha agua en poco tiempo.

—No hace falta ser ingeniero para darse cuenta.

—No. Hay barrios donde cada tormenta importante vuelve a generar preocupación. Lo bueno es que los proyectos existen y los estudios también.

—El tema es que los proyectos no frenan inundaciones, los proyectos son importantes, pero en algún momento tienen que convertirse en obras.

—Porque llevamos años escuchando diagnósticos, cada lluvia fuerte vuelve a poner el tema arriba de la mesa. Lo positivo es que esta vez no hubo discusiones sobre si el problema existe o no existe. Todos coinciden en que hay que avanzar, también dijeron que en la zona rural los canales y las estructuras hidráulicas vienen respondiendo bastante bien.

—Sí, aunque los caminos rurales siguen siendo un problema enorme. Hay productores que todavía tienen dificultades para sacar producción o transitar determinados sectores.

—En definitiva, el agua volvió a demostrar que no reconoce límites entre la ciudad y el campo, mientras seguimos mirando el pronóstico cada vez que aparecen nubes negras...

—También seguimos esperando que los proyectos de los que tanto se habla encuentren financiamiento, después de tantos meses de lluvias, la paciencia empieza a agotarse.

—Si algo dejó claro este año es que el clima ya no espera. Las obras tampoco deberían esperar demasiado.

Después de tantas reuniones, diagnósticos y estudios, llegó la hora de que el agua encuentre salida y las obras encuentren financiamiento.

—Y esta semana también hubo una novedad importante en el Concejo.

—¿Lo de Malvinas?

—Exactamente. La discusión llegó a la Suprema Corte bonaerense, ahora aparece una pregunta interesante: ¿quién va a defender al Concejo?

—Más de uno mira para el lado de Rivero y Caballero, porque acá ya no sirven los discursos políticos.

—Tal cual. Ahora hay que dar respuestas jurídicas, presentar fundamentos y convencer jueces, en otras palabras, volver a ejercer de abogados.

—Exactamente. Y para entender mejor de qué se trata el conflicto, recomiendo leer el comentario de Maxi Caloni. Vale la pena.

La política podrá seguir discutiendo, pero ahora será el derecho el que tenga la última palabra.

—Y ya que hablamos de obras, hay una que pasó bastante desapercibida, pero es importante.

—¿Lo del emisario de Punta Carballido?

—Exactamente. Después de años viendo ese caño roto, con pérdidas, olor y contaminación, finalmente se empezó a reparar, hay que reconocer que era una deuda ambiental enorme.

—Sin dudas. Cualquier vecino que haya pasado por la zona sabe de qué estamos hablando, lo positivo es que esta vez apareció una solución concreta y con decisión para llevarla adelante.

—Ahí hay que destacar el trabajo que viene realizando Mariano Carrillo al frente del Consorcio de Puerto Quequén.

—Sí, porque más allá de las discusiones de siempre, el Puerto viene mostrando presencia en temas que impactan directamente en la comunidad.

—Primero la avenida Almirante Brown, ahora esta intervención en Punta Carballido,  en ambos casos con una lógica que parece simple: si hay un problema que se puede ayudar a resolver, se interviene.

—Ahora bien, tampoco nos confundamos.

—¿Por qué?

—Porque arreglar el caño es una muy buena noticia, pero el desafío de fondo sigue siendo el mismo que hace décadas: la planta de tratamiento, esto corrige una situación urgente y mejora mucho las condiciones ambientales del lugar, pero la solución definitiva sigue pendiente.

—De todas maneras, cuando aparecen obras concretas, los vecinos las valoran, más cuando se trata de problemas que llevaban años esperando una respuesta.

Cuando los problemas históricos empiezan a resolverse, la gestión deja de ser un discurso y se transforma en hechos.

—Y bueno, entre lluvias, obras, tribunales y proyectos, también hay que dejar un espacio para lo importante.

—¿Qué cosa?

—El Mundial, querido.

—Ah, ahí sí que nos ponemos todos de acuerdo, el martes debuta la Selección y ya se empieza a sentir ese clima especial que aparece cada cuatro años, banderas, cábalas, asados, grupos de WhatsApp y especialistas tácticos que aparecen de la nada.

—Como corresponde, así que vamos Argentina, que arrancamos una nueva ilusión.

—Yo me voy yendo porque no me quiero perder el debut de Alemania.

—Nos vemos la próxima ¡Chauuuuu!

Uno de los ejes centrales del plenario fue el reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Victor Santa María fue contundente: “Cristina libre no es un slogan de campaña es la lucha del peronismo porque ella es la conducción de este espacio. Cristina dejó una plaza llena en el 2015 y ese día nos dijo todo lo que iba a pasar”.

Por su parte, Gisela Marziotta remarcó el rol que deberá cumplir el peronismo en el escenario que se viene: “Los peronistas tenemos la responsabilidad de trabajar para estar preparados para contener a la sociedad rota que va a dejar Milei. Este es el tiempo de hacer catarsis, de escucharnos, discutir y organizarnos, porque después vamos a tener que gobernar y no podemos improvisar”.

El debate del plenario tuvo como texto disparador un documento elaborado por el espacio, en el que se sostiene que no hay democracia plena cuando se busca disciplinar a quienes representan a las mayorías populares, y se denuncia que detrás de la consigna “Cristina Libre” y de la proscripción a su conducción hay un intento de destruir una identidad política y un proyecto de país. El texto también señala que el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre jubilados, universidades, salud, obra pública, ciencia, cultura, deporte y trabajo no constituye un plan de transformación sino un modelo de entrega y concentración económica en beneficio de sectores financieros y corporativos. Por eso, el documento plantea que el peronismo debe recuperar la capacidad de interpretar el sufrimiento social, organizar la esperanza colectiva y reconstruir mayorías sin perder su identidad histórica, asumiendo el desafío no solo electoral sino también cultural, social y organizativo.

El documento define al encuentro de Bahía Blanca como “el punto de partida para reorganizar la militancia y abrir una nueva etapa para el peronismo y para la Argentina”, y remarca que la unidad “no se impone: se construye en el territorio, en la discusión política y en la legitimidad de las mayorías”.

El espacio, que había realizado su primer plenario en Junín, ya confirmó la próxima cita: el tercer plenario de Peronismo por la Provincia se realizará el 22 de agosto en la ciudad de Mar del Plata.El encuentro contó con la presencia de delegaciones de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y gremios locales. Estuvieron presentes compañeros del SUPA y su conductor Marcelo Osore, compañeros de Tres Arroyos y de Monte Hermoso, Walter González (secretario general de SUTERYH Bahía Blanca), Cristian Milano, Emiliano Ojeda, Alejandro Cardino (PXP Lanús), Daniel Conceiro (PXP Quilmes), Matías Barroetaveña (legislador de la Ciudad de Buenos Aires) y otros integrantes de la mesa política de PXP.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este viernes mediante videoconferencia del encuentro "Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro", quee reunió a dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales del sur de la provincia. Durante su intervención, sostuvo que el país se encamina hacia una “elección histórica” y convocó a fortalecer la organización política de cara al próximo proceso electoral.

La actividad se desarrolló en la localidad de Fighiera y contó con la presencia de intendentes, presidentes comunales, dirigentes gremiales y referentes de distintos departamentos de la región.

En su mensaje, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre sus efectos sobre la industria y el empleo. "Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene. Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo", afirmó.

Mensaje de Kicillof al encuentro de sectores del peronismo santafesino en Fighiera: "Se viene una elección histórica para el futuro de Argentina, con los desastres que están haciendo. Se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo". pic.twitter.com/7KFJmXIo8q

El mandatario bonaerense advirtió sobre los intentos de continuidad del modelo actual del Gobierno nacional bajo otras formas: "Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Incluso ahora, si a (Javier) Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso".

Asimismo, Kicillof ponderó la enorme convocatoria en suelo santafesino como un síntoma de resistencia frente a la apatía: "Me llena de tranquilidad, porque nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados, y yo veo al revés. Veo que hay muchísimas ganas, que hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país, de compañeros y compañeras que se están preparando para lo que tenemos que hacer, que es ganarle a Milei y que vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación".

La jornada incluyó además una exposición del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien abordó aspectos vinculados a la gestión de la seguridad pública y compartió experiencias desarrolladas en la provincia de Buenos Aires.

Entre los asistentes se encontraban representantes sindicales de distintos sectores, entre ellos Pablo González, de la UOM Villa Constitución; Daniel Consagró, de UPCN; Flavio Segundo, del Sindicato de Comercio; Alberto Boto, de Luz y Fuerza; y Javier Balbo, de los trabajadores municipales de Santa Fe.

Los dirigentes reunidos en el sur de Santa Fe.

También participaron intendentes y presidentes comunales de localidades de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros. Entre ellos estuvieron Rodi Stangoni (Fighiera), Jorge Berti (Villa Constitución), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Miguel Ángel Vázquez (Carcarañá) y Nicolás Ramírez (Gálvez).

Según indicaron los organizadores, el encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias de gestión y debatir sobre la situación política, económica y social de la región y del país.

En medio del escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó desde Pergamino uno de los pilares discursivos de la gestión libertaria, la lucha contra la denominada “casta política”, y dijo que el “ajuste” cayó sobre los sectores más vulnerables.

Durante una visita a esa ciudad bonaerense donde inauguró un nuevo edificio escolar y encabezó la entrega de patrulleros y motos para reforzar la seguridad local, Kicillof se metió en la polémica Adorni y apuntó contra el discurso que bajó siempre Javier Milei. “El Gobierno nacional con esa imagen de la motosierra era contra la casta. Nos enteramos todos los días que lo de la casta no salió bien”, afirmó.

“Más allá de los funcionarios, de las denuncias, el otro problema es a quién le cayó el ajuste”, agregó el mandatario, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, entre otros funcionarios.

Según ahondó, las principales consecuencias del programa económico impulsado por Milei fueron soportadas por los sectores más vulnerables. “Los jubilados son el principal renglón que recortaron”, sostuvo antes de enumerar otros recortes que atribuyó a la administración nacional.

También cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reducción de transferencias a las provincias y los cambios en la cobertura de medicamentos para jubilados. “Los docentes porque les sacó el Fondo de Incentivo Docente, no les paga a las provincias, los remedios del PAMI y un recorte muy fuerte en seguridad”, dijo.

El acto, realizado en Parque España, reunió a autoridades provinciales, funcionarios locales, representantes de las fuerzas de seguridad y dirigentes de distintos sectores. Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo los recursos destinados a la prevención del delito y a la mejora de la capacidad operativa de la Policía en el territorio bonaerense.

Las críticas de Kicillof se produjeron en un acto donde el mandatario confirmó la incorporación de 40 efectivos, entregó ocho patrulleros y diez motos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. “Los gobiernos que hablan mucho sobre seguridad no invierten en seguridad”, sostuvo. Y agregó: “Acá están los patrulleros para Pergamino que se compraron con los fondos que puso la provincia”.

Los nuevos móviles permitirán ampliar la cobertura en distintos sectores de la ciudad y reforzar la presencia policial en las calles, una demanda permanente de la comunidad y uno de los principales desafíos en materia de seguridad.

Durante una entrevista en el programa “Punto de Vista” de Ecos Radio, el sociólogo y analista político Marcos Novaro se refirió a la situación que atraviesa el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la difusión de su declaración jurada y sostuvo que el caso ya tuvo consecuencias en la imagen del Gobierno nacional.

Consultado sobre el impacto político del episodio, Novaro consideró que uno de los factores que más complicó al oficialismo fue la manera en que se gestionó la situación. “El principal problema de Adorni fue que armó una especie de telenovela de desaciertos ridículos”, afirmó, y agregó que eso generó una fuerte atención pública que dificultó los intentos del Gobierno por cerrar la discusión.

Al ser consultado sobre cuánto influye esta situación en la vida cotidiana de la población, Novaro sostuvo que el Gobierno ya sufrió el costo político principal. “Todo lo que podía perder con esto ya lo perdió”, indicó. No obstante, remarcó que el funcionario continúa siendo objeto de comentarios en redes sociales y mantiene presencia en la conversación pública.

La relación con la economía

El analista también vinculó la repercusión del caso con el contexto económico que atravesaba el Gobierno cuando estalló la polémica. “Hubo una coincidencia temporal entre Adorni y malas noticias económicas que hicieron que la popularidad del Gobierno se hundiera”, expresó.

Sin embargo, reconoció que actualmente existen indicadores macroeconómicos favorables para la administración nacional. En ese sentido, sostuvo que el caso Adorni aparece en un momento en el que el oficialismo intenta consolidar un discurso de recuperación económica. “La situación dejó de empeorar y en algunos aspectos está mejorando”, señaló.

La continuidad del funcionario

Respecto de la posibilidad de que el Gobierno decida desplazar al funcionario, Novaro consideró que Adorni no parece dimensionar el efecto de sus acciones. “No se da cuenta, no le importa ni entiende lo mucho que está perjudicando a su gobierno”, afirmó.

Además, sostuvo que el Ejecutivo debió haber tomado decisiones antes sobre el tema. En ese sentido, recordó que el escándalo se extendió durante varios meses y consideró que la permanencia del funcionario contribuyó a mantener la cuestión en la agenda pública.

El analista político dialogó con Punto de Vista y opinó sobre la situación de Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a partir del inexplicable crecimiento patrimonial que experimentó desde que asumió en la función pública.Escuchá la nota completa: