La Corte Suprema rechazó hoy el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.

La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.

La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.

La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.

Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.

El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.

En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".

Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.

Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.

También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.

Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.

La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.

Los integrantes de la lista Alternativa Profesional, del Colegio de Abogados de Necochea, pasaron por Punto de Vista y explicaron los ejes de su propuesta.Escuchá la nota completa:

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, encabezó en Necochea la presentación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial bonaerense, en la sede del Colegio de Magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires de Necochea, una herramienta clave para el funcionamiento del sistema judicial que busca mejorar el acceso a la justicia y aggiornar los procedimientos a las demandas actuales.

Durante su exposición, el magistrado explicó que se trata de una construcción de muchos actores, elaborada con la participación de distintos actores del ámbito judicial. “Participaron más de 90 magistrados, funcionarios y empleados, representando a los 20 departamentos judiciales”, señaló, al tiempo que destacó el carácter federal e integrador del trabajo.

En ese sentido, remarcó que el nuevo código es el resultado de una articulación amplia, coordinada por jueces del máximo tribunal y equipos técnicos especializados. “Es una obra colectiva que muestra cuánto saben y trabajan nuestros jueces”, afirmó, subrayando la importancia de generar herramientas modernas para optimizar el servicio de justicia.

Torres también hizo hincapié en que el proceso de actualización normativa es constante y no se agota en una sola reforma. En ese marco, consideró central el aporte de otras disciplinas en la construcción de leyes y políticas públicas. “El derecho es naturalmente interdisciplinario”, sostuvo, y explicó que muchas problemáticas requieren la intervención de profesionales no jurídicos, como sucede en áreas vinculadas a salud, niñez o consumo problemático.

El encuentro también contó con la participación de Dora Barrancos y Diana Maffía, quienes aportaron su mirada sobre el contexto actual en materia de derechos humanos y perspectiva de género en Argentina.

Barrancos planteó que el país atraviesa un momento de retroceso luego de años de avances sostenidos en derechos para mujeres y diversidades. “Estamos frente a una grave encrucijada de revocación y pretensión de revocación de derechos”, advirtió, en referencia a políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En esa línea, cuestionó la eliminación o debilitamiento de programas con enfoque de equidad y señaló que algunas decisiones, como la restricción del lenguaje inclusivo, aunque simbólicas, reflejan un cambio de paradigma. Además, expresó preocupación por el posicionamiento internacional del país: “La regresión de las posiciones argentinas en los foros internacionales es vergonzosa”, sostuvo, mencionando episodios donde Argentina evitó acompañar iniciativas vinculadas a la protección de mujeres.

Por su parte, Maffía analizó el origen de estos retrocesos y consideró que responden más a decisiones políticas que a una demanda social genuina. “La regresión de derechos se basa en malestares públicos, pero la interpretación es arbitraria”, explicó, al tiempo que advirtió sobre mecanismos de desarticulación estatal.

En ese sentido, señaló que “hay dos maneras de hacer desaparecer los programas: eliminarlos o dejarlos morir”, en referencia a recortes presupuestarios, falta de financiamiento y vaciamiento de áreas sensibles. Según indicó, estos procesos comienzan a ser percibidos por la sociedad con el correr del tiempo: “Las personas comenzaron a advertir cómo estas decisiones afectan su vida cotidiana”.

Finalmente, remarcó que las mujeres son uno de los sectores más impactados por estas políticas y que la experiencia concreta permite una mayor toma de conciencia. “No es que faltó comprensión, faltó vivir las consecuencias”, concluyó.///

La Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra un banco por no haber detectado ni frenado una serie de transferencias fraudulentas que sufrió una jubilada en tan solo 22 minutos. En la sentencia se establece, además, que la entidad financiera deberá no solo restituir el dinero, sino también indemnizarla.

El caso inició con la denuncia de la damnificada, quien expuso que le sustrajeron $2.430.000 mediante seis transferencias consecutivas realizadas desde su cuenta hacia destinatarios desconocidos. Para los jueces Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez estas operaciones debieron ser alertadas por el banco.

“El banco debió haber advertido que las seis transferencias que habían sido realizadas en un lapso de 22 minutos no eran operaciones habituales”, sostuvo el fallo, conforme a lo informado por el medio Justicia de Primera.

En esa línea, remarcaron que la entidad incumplió su deber de seguridad al no activar alertas ni verificar la identidad de quien operaba la cuenta: “No existe prueba en el expediente que acredite la activación de dichos protocolos”.

En el escrito se manifestó que la entidad pretendió durante el caso que la víctima probara que no entregó sus claves: “Exigir eso es pedirle que produzca una prueba negativa de imposible producción”.

Otro punto se pesó al momento de la toma de la decisión es el hecho de que la clienta era una persona mayor, lo que la colocaba en una situación de especial vulnerabilidad.

Con la información aportada, los magistrados confirmaron la sentencia contra el banco que deberá restituir el dinero robado y por daño moral se confirmó una indemnización de $2.500.000. (NA)

Bárbara Domínguez y Facundo Gorgojo pasaron por Punto de Vista y dieron detalles de la lista que presentaron para la renovación de consejeros en el Colegio de Abogados de Necochea.Escuchá la nota completa:

El exsecretario de Transporte de la Nación durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime, declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7, en la denominada causa Cuadernos y aseguró que varios empresarios lo involucraron de manera extorsiva para no ir presos.

“El único hecho que figuraría, y reitero la palabra figuraría, en las fotocopias es un pago que se habría hecho en el año 2010 y correspondería a la Hidrovía”, dijo Jaime antes de aclarar que no respondería preguntas del Tribunal.

Jaime apuntó contra uno de los imputados colaboradores, el empresario Aldo Roggio, uno de los que lo mencionó. “Tengo referencia que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción. Dichas acusaciones no están en las llamadas fotocopias de los cuadernos del señor Centeno”, dijo.

Además, el exfuncionario negó cualquier vínculo directo con el empresario al afirmar que “nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Con el señor Roggio nunca me reuní”.

Jaime se presentó este martes en Comodoro Py luego que el Tribunal rechazó su pedido de declarar por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido por la tragedia de Once.

Al iniciar su declaración, el exfuncionario advirtió que no contestaría preguntas del Tribunal ni de la fiscal Fabiana León, al argumentar que no dispone de un “total acceso” al expediente.

Luego de exponer, solicitó ser trasladado de inmediato a la prisión donde cumple su detención, debido a que no tomó su medicación. En ese contexto, explicó: “No la tomé porque me sacaron a las 5 de la mañana por cuestiones de protocolo. Me siento vulnerable en este momento”.

Jaime reiteró ante el TOF sus problemas de salud y pidió ser trasladado de una unidad en Córdoba para poder recibir visitas.

Según la acusación, varios empresarios del sector del transporte, entre los que se encuentra Roggio, identificaron a Jaime como uno de los encargados de recaudar fondos. Varios declararon que le pagaban al exfuncionario un 5% de los subsidios estatales.

Para esta jornada también está previsto que declarare el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, junto con otros empresarios citados en la causa.

El jueves, el TOF recibirá a José López y a dos empresarios más y dará por concluida la etapa de indagatorias a los imputados. Durante el mes de mayo, será el turno de los testigos, entre los que se encuentran periodistas y funcionarios.

La acusación sostiene que Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios". (TN)

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sergio Torres, presentaron un proyecto de ley que apunta a tener autarquía para administrar sus propios fondos, al tiempo que le reclamaron a Axel Kicillof y la Legislatura se avance en la cobertura de vacantes.

Torres, junto a los otros integrantes del máximo tribunal Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general, Julio Conte Grand, leyó un discurso en donde le pidió a Kicillof, pero también a diputados y senadores, que arbitren las herramientas necesarias para solucionar los dos problemas que atraviesa la Justicia. Uno relacionada con el presupuesto y otro con el nombramiento de cargos.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Torres al explicar que desde hace seis años funcionan con tres de los siete integrantes que deberían tener. “La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la planificación estratégica, la adopción de decisiones estructurales y el ejercicio pleno de las competencias”, agregó.

El titular del tribunal hizo un repaso histórico sobre el proceso que llevó en los años 90 a nueve integrantes para luego pasar en el 2000 a los actuales siete. “Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, reclamó, y dejó en claro que trabajar con tres cortesanos acarrea muchos problemas en votaciones clave.

Como informó Agencia DIB, la idea es que antes de la feria judicial de julio esos cuatro casilleros estén completos. Uno de los pasos fundamentales en pos de concretar ese objetivo es cómo será la distribución de esos espacios, en rigor, qué fuerzas o sectores políticos impulsarán a los candidatos cuyos pliegos deben pasar luego el filtro del Senado.

El principio de acuerdo al que se arribó contemplaba el siguiente esquema: tres candidatos serán propuestos por el peronismo y el restante por la oposición. Hilando un poco más fino, uno de ellos provendrá del kicillofismo, otro del cristinismo, un tercero del massismo y el opositor será empujado por el radicalismo.

En este contexto, aclaró que este déficit en la cobertura de cargos no es exclusivo de este máximo tribunal y recordó que tiempo atrás se llegó a 700 puestos. Y si bien destacó el esfuerzo del Gobierno de Kicillof para que en 2025 se realizaran 412 designaciones, pidió que en 2026 se siga con esta política para “cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes”.

Otro de los fuertes reclamo que hizo Torres se vinculó con la necesidad de contar con una independencia presupuestaria para manejar los fondos. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, dijo.

Al justificar el pedido para que la Legislatura le de visto bueno al proyecto, Torres recordó que el 90% del presupuesto se va en salarios. “No hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”, lanzó sobre el proyecto denominado "Fortalecimiento del Poder Judicial".

Con respaldo explícito de distintos sectores del ámbito judicial, el acto funcionó como señal política hacia los otros poderes del Estado, en un momento en el que se reabre el debate sobre el funcionamiento y la calidad institucional. Por eso tras el discurso, los integrantes de la Corte junto con otras instituciones (Colegio de Magistrados, Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense) firmaron el proyecto que enviaron a la Legislatura.

La socióloga y activista por el desarme pasó por Punto de Vista y analizó la situación de violencia que se vive en las escuelas del país y su correlato con la violencia social.Escuchá la nota completa:

Los abogados de la familia Coronel, Gustavo Raggio y Javier Lahorca, y la madre de Bautista, el menor asesinado frente al Casino, pasaron por Punto de Vista tras la elevación a juicio de la causa.Escuchá la nota completa:

El delegado local de la Defensoría del Pueblo de Provincia de Buenos Aires dialogó con Punto de Vista y explicó cuál es el trabajo que se realiza en esa dependencia.Escuchá la nota completa:

El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT). La presentación se realizó mediante un “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal.

De acuerdo con el diario La Nación, el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano: con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, realizó la presentación.

El freno a la reforma laboralEl juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma sancionada por el Congreso. Este magistrado es un juez laboral de primera instancia y su fallo congeló las principales reformas de la ley de modernización laboral que logró el Gobierno.

En lugar de apelar a la Cámara Laboral o de esperar un fallo de la Justicia Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno fue directamente a la Corte en un recurso de salto de instancia. Es algo excepcional y busca una respuesta rápida, ya que demorar el caso implica un riesgo para la vigencia de la ley, explica el diario La Nación. El asunto pone a la Corte de cara al compromiso de pronunciarse, en favor o en contra de los deseos del Gobierno, con quien eligió no confrontar.

La Dra. Carolina Zabala analiza en 2026 los avances del Derecho Animal, destacando el cambio de paradigma en la justicia: el abandono progresivo del término “mascota”, el reconocimiento de los animales como seres sintientes y la consolidación de la figura del tutor responsable.En este contexto, se invita a una charla interdisciplinaria de actualización jurídica con foco en la protección animal.El encuentro contará con la participación de referentes del refugio El Campito y se realizará en la sede del Colegio de Abogados el viernes 17 de abril a las 19:00 hs, como un espacio de debate interdisciplinario sobre los desafíos actuales del Derecho Animal.Escuchá la nota completa en el siguiente link:

Los hermanos de Magalí Vera, Melina y Fernando, visitaron el programa Puntos de Vista apenas un día después del veredicto que condenó a prisión perpetua a Javier Cerfoglio. En una entrevista íntima, comparten el impacto del “día uno” tras la sentencia en Necochea, atravesado por el dolor y el comienzo de un nuevo proceso emocional luego del juicio.Escuchá la nota completa en el siguiente link: 

Fernando y Sebastián Vera, hermanos de Magalí Vera, estuvieron en Desde Temprano y compartieron la convocatoria que están impulsando para este lunes en la Fiscalía, en calle 87 y 6, en la previa de la lectura de la sentencia a Javier Cerfoglio.

En un contexto de profundo dolor, remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, que se vuelve un sostén fundamental para la familia. La presencia y el apoyo de la gente, expresaron, ayudan a transitar este momento tan difícil con mayor contención y conciencia colectiva.Escuchá la nota completa en el siguiente link:

El Colegio de Abogados de Necochea será sede de unas jornadas de capacitación tituladas “La reforma laboral: de la decisión política al análisis jurídico”, que estarán a cargo del reconocido especialista en Derecho del Trabajo, Mario E. Ackerman.

La actividad es organizada por el Instituto de Derecho Laboral y se desarrollará durante dos encuentros: hoy, de 16 a 20, y mañana viernes, de 9 a 13, en la sede del Colegio, ubicada en calle 62 Nº 2710 de Necochea.

Las jornadas estarán enfocadas en analizar los distintos aspectos de la reforma laboral desde una perspectiva jurídica, abordando el vínculo entre las decisiones políticas y su impacto en el marco normativo del derecho del trabajo.

La actividad es gratuita y no arancelada, aunque requiere inscripción previa, que puede realizarse comunicándose al 2262-576054.///

La Fiscalía Nº 10 de la temática de violencia de género pidió la pena de prisión perpetua para Héctor Javier Cerfoglio (40), acusado por el “femicidio” de la que era su esposa, Magalí Marina Vera (34), ocurrido en la madrugada del 1º de diciembre de 2024.

El fiscal Marcos Bendersky, en su alegato de ayer, consideró que “se trató de un plan” bien orquestado por parte del individuo que fue juzgado a lo largo de las últimas semanas en la sala del Tribunal Criminal Nº 1 de Necochea.

Durante casi 40 minutos de exposición ante los jueces locales, el encargado de la investigación del resonante episodio que trasciende a nivel nacional, enumeró cada uno de los agravantes para con el imputado.

Bendersky fue contundente al calificar la violencia ejercida por Cerfoglio contra Magalí aquella fatídica madrugada del 1º de diciembre de 2024, en el sector de calles 50 y 53.

Al respecto, entendió que hubo “salvajismo y desprecio por la vida humana”, en referencia a las más de 30 patadas que recibió la joven durante el ataque en plena vía pública y luego de participar de una fiesta de casamiento en un salón situado en el área rural.

El representante del Ministerio Público Fiscal recalcó en su alegato ante los magistrados que “el plan” de Javier Cerfoglio, “era matar a su esposa” e hizo mención a que el acusado conoce de practicar RCP, pero en ningún momento pensó en tratar de salvar la vida.

Según las pericias y resultado de la operación de autopsia, Magalí Vera murió por ahogamiento en las aguas del río Quequén, lo que indica que aún estaba con vida al momento en que el vehículo fue arrojado.

“Ella estaba inconsciente”, precisó el fiscal y sostuvo que, durante el debate oral que concluyó ayer, se acreditaron los hechos ventilados en la etapa de presentación de prueba.

Para la Fiscalía, la calificación legal es la de “homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, en un contexto de violencia de género”, lo que llevó a pedirse la pena de prisión perpetua para el imputado.

“Un asesino”

Por su parte, el abogado particular Juan Manuel Ióvine, quien asistió legalmente a la familia de Magalí Vera, catalogó como “una persona violenta” a Javier Cerfoglio y resaltó que, en todo el tiempo transcurrido desde el crimen, el hombre “no tuvo un ápice de arrepentimiento”.

El representante de la querella, en su alegato, avaló lo actuado y pedido por la Fiscalía Nº 10 de violencia de género y solicitó ante los miembros del Tribunal Criminal que “se mantengan los cuatro agravantes planteados”.

Ióvine también se pronunció sobre la secuencia fáctica realizada por Policía Científica e hizo mención a los más de 30 golpes que recibió la mujer durante la feroz golpiza que sufrió antes de que el vehículo Honda Fit ingrese a las aguas del río Quequén como desenlace de la trágica historia.

Al final de la alocución, reforzó la postura de la Fiscalía y la solicitud de pena para el imputado, mientras que aseguró que el hombre “le dio una muerte traicionera” a la indefensa víctima.

Este lunes se desarrolló una de las instancias finales del juicio por el femicidio de Magalí Vera en el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea, donde concluyeron los alegatos tras una jornada marcada por testimonios y reconstrucciones impactantes.

El proceso había tenido previamente uno de sus momentos más duros con la reconstrucción de los hechos, una instancia especialmente dolorosa para la familia de la víctima. Durante la audiencia se reprodujeron imágenes de la agresión, filmadas por cámaras de vigulancia, acompañadas por un audio en el que Magalí pedía auxilio y advertía que Javier Cerfoglio “la iba a matar”.

En su alegato, el fiscal fue contundente al calificar la violencia ejercida como “salvajismo y desprecio por la vida humana”, en referencia a las más de 30 patadas que recibió la joven durante el ataque.

Uno de los datos más relevantes expuestos en la jornada tiene que ver con la causa de muerte. Según las pericias, Magalí Vera murió por ahogamiento en las aguas del río Quequén, lo que indica que aún estaba con vida al momento en que el vehículo fue arrojado. “Ella estaba inconsciente”, precisó el fiscal.

La audiencia también incluyó el aporte técnico del perito Juan Ibarra, quien presentó una reconstrucción visual y científica de la secuencia de los hechos ocurridos el 1° de diciembre de 2024.

Por su parte, el imputado Javier Cerfoglio participó de manera virtual y terminó dando su última palabra. Durante gran parte de la audiencia permaneció en una habitación a oscuras, lo que impidió observar su rostro.

Con los alegatos ya finalizados, el juicio entra en su etapa decisiva, a la espera del veredicto que definirá la responsabilidad penal en uno de los casos más conmocionantes para la comunidad de Necochea.

La Lic. en Sociología, activista por el desarme y madre de Alfredo Marcenac, joven asesinado en 2006 por Martín Ríos, conocido como "el tirador de Belgrano", dialogó con Punto de Vista sobre la tragedia ocurrida en una escuela de Santa Fe.Escuchá la nota completa:

Este lunes se conoció una triste noticia: murió la jueza María del Carmen Roqueta a los 72 años. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al plan de apropiación de bebés.

La exmagistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos, la del dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) enseñaba en la Maestría en Comunicación y DDHH.

En una jornada marcada por el dolor y la impotencia, familiares y amigos de Antonella Álvarez se concentraron frente a la Municipalidad y luego ingresaron al hall del primer piso para exigir respuestas ante la muerte de la joven, ocurrida a principios de marzo, pocos días antes de su cumpleaños número 29. El pedido es contundente: la familia sostiene que Antonella fue asesinada y denuncia la falta de detenidos en la causa.

“A mi hija me la mataron y me la van a pagar”, sentenció con firmeza Norberto, el padre de la joven ,durante la movilización. A pesar del profundo dolor, el hombre expresó su voluntad de seguir los canales correspondientes, aunque criticó con dureza los tiempos de los tribunales: “Lo voy a hacer por la vía legal porque tengo mucho para perder todavía... pero la justicia es lenta, lenta”.

El hallazgo del cuerpo de Antonella se produjo tras un llamado de alerta a las fuerzas de seguridad, que derivó en un operativo en una vivienda ubicada en la calle 41, entre 76 y 78. Al ingresar al domicilio, el personal policial confirmó que la joven se encontraba sin vida.

Uno de los puntos que más genera malestar en el entorno de la víctima es la falta de precisiones sobre el fallecimiento. Los estudios forenses preliminares, realizados en la morgue del hospital municipal Emilio Ferreyra por especialistas, no detectaron lesiones compatibles con una agresión física ni signos de muerte traumática.

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De acuerdo con los informes iniciales, el examen no evidenció marcas de defensa. Sin embargo, hasta el momento, los médicos no han podido determinar una causa concreta de muerte, lo que mantiene la investigación en un limbo que la familia rechaza tajantemente.

Durante su reclamo, el padre de Antonella apuntó contra una problemática social que considera central en este hecho: el tráfico de estupefacientes. “Es la droga inmunda que nos está matando a los chicos. Nadie lo ve... es tan grande ese negocio que pueden llevarse la vida de los chicos, los matan como a unos perros”, denunció con angustia.

Ante la falta de avances significativos, el pedido hacia las autoridades es claro: celeridad y transparencia. “Que me digan qué pasó. ¿Tanto les cuesta?”, concluyó el padre, reflejando el sentimiento de una familia que asegura que no descansará hasta conocer la verdad tras la muerte de Antonella.