El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto" y acusada de atropellar y matar a Walter Armand en abril de 2024, ingresó en una nueva instancia en los tribunales penales de La Plata. Durante la quinta jornada del debate, la defensa desistió de los testigos propuestos, lo que permitió cerrar la etapa probatoria.

El proceso, que comenzó el lunes 2 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, avanzará ahora hacia la instancia de alegatos. Según se estableció, dicho acto tendrá lugar el martes 24 de noviembre.

Alvite llegó al debate acusada de homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Por su parte, la defensa busca que el hecho sea considerado un homicidio culposo. En la primera audiencia, la joven declaró brevemente:

Durante el proceso se analizaron imágenes de cámaras de seguridad que registraron el recorrido de los vehículos. Según la reconstrucción, Alvite habría atravesado seis señales en rojo, mientras que Valentina Velázquez, también imputada, cruzó cuatro. El ingeniero mecánico Andrés Raggio estimó que el vehículo circulaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento del impacto en la esquina de avenida 13 y 532.

En la próxima instancia, el fiscal Martín Chiorazzi y el co-fiscal Mariano Sibuet expondrán la postura del Ministerio Público. Por la querella participarán Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, mientras que la defensa de Alvite estará a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. Valentina Velázquez es asistida por la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

En el Tribunal Oral Federal N°5 comenzó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. El proceso judicial involucra a la expresidenta Cristina Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, quienes siguieron el desarrollo de la audiencia mediante la plataforma zoom.

La querella sostuvo en su elevación a juicio que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner montaron una “asociación ilícita de carácter estable y permanente”. Según la acusación, el objetivo fue beneficiar a “empresarios amigos” con contratos públicos y “apoderarse de fondos públicos mediante mecanismos de lavado de dinero”.

El esquema, según informó NA, consistía en un sistema para transferir ganancias desde empresas hacia los expresidentes mediante préstamos, compra de propiedades y alquileres de complejos hoteleros. La UIF señaló que los imputados “aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo les otorgaban” para dotar de apariencia lícita a los fondos obtenidos de la obra pública.

Entre los 24 imputados se encuentran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación detalla que, entre 2009 y 2016, la inmobiliaria Los Sauces recibió más de 25 millones de pesos. El presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de noviembre tras finalizar la primera parte del requerimiento.

Tras analizar los informes contables requeridos, el fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que no pudo acreditarse que Manuel Adorni se haya enriquecido de manera ilegal durante su gestión como funcionario público. Por este motivo, el fiscal solicitó que la causa deje de tramitarse en el fuero federal penal, al considerar que no hay elementos jurídicos suficientes para sostener la acusación original.

La decisión no implica un sobreseimiento. El dictamen, que cuenta con 38 páginas, propone que la investigación continúe en la Justicia Nacional en lo Penal Económico bajo la sospecha de evasión fiscal. Según el documento, se solicita declarar la incompetencia del fuero actual y remitir las actuaciones para que se designe un nuevo juzgado interviniente.

Para el fiscal, no se advierte que la conducta de Manuel Adorni tenga adecuación típica en el enriquecimiento ilícito, aunque aclaró que esto no significa que el ex funcionario no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza. La investigación se centró en inconsistencias detectadas entre sus ingresos y egresos, la tenencia de dólares sin justificar y movimientos en efectivo que no coincidían con sus salarios declarados.

Los peritajes contables señalaron una diferencia de 43.068.549 pesos, además de erogaciones en moneda extranjera por 402.578,12 dólares. La defensa, por su parte, atribuyó el origen de los fondos a la liquidación de Bitcoin de ocho direcciones que habrían registrado actividad entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. Ahora, será la Justicia en lo Penal Económico la encargada de profundizar sobre los movimientos de fondos, criptoactivos y posibles irregularidades tributarias.

Una publicación compartida de Ecos Diarios Necochea (@ecosdiarios)

Alejandro Beltrán

para Ecos Diarios

La expansión de las nuevas tecnologías abrió un escenario cada vez más complejo para la investigación de los delitos y la tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las modalidades digitales, el uso de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial y la posibilidad de que los hechos se desarrollen en distintos puntos del mundo representan nuevos desafíos para la Justicia.

En ese contexto, Julio Conte-Grand, procurador General de la Provincia de Buenos Aires, destacó la evolución del Ministerio Público bonaerense en materia de protección de derechos y planteó la importancia de la capacitación y el trabajo conjunto entre instituciones para hacer frente a las nuevas formas de criminalidad. Lo hizo en el marco de las XIII Jornadas de Derecho y Familia, que se desarrollan en Necochea.

“Entiendo que la Justicia ha evolucionado muy favorablemente en los últimos años. Se ha generado una cultura clara de la empatía, de la importancia de acompañar a los niños”, sostuvo Conte-Grand al referirse al abordaje de las situaciones que involucran a las infancias y las familias.

El funcionario señaló que se trabajó en capacitación y en procesos de integración con otras instituciones, con el objetivo de acompañar a niños, niñas y adolescentes y preservar sus derechos. “Mi impresión es que la Justicia y el Ministerio Público bonaerense han evolucionado mucho y muy bien”, afirmó.

El procurador General de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el crecimiento de los delitos en el entorno digital se produjo de manera exponencial, en paralelo con el desarrollo tecnológico. En ese proceso, definió a la inteligencia artificial como uno de los ejes de lo que denomina la “quinta revolución industrial”, aunque aclaró que no es la única tecnología que interviene.

“Esas plataformas, esos instrumentos, esas herramientas están al alcance de las organizaciones criminales y se han llevado adelante delitos que antes no se conocían, modalidades que no se conocían”, explicó.

Frente a ese escenario, sostuvo que el Ministerio Público busca acompañar el avance tecnológico e incluso mantenerse por delante de las organizaciones criminales. Para ello, remarcó la importancia de capacitar a fiscales, defensores y asesores, de modo que las nuevas herramientas y modalidades no les resulten ajenas.

El desafío, señaló, no consiste solamente en incorporar tecnología, sino también en preparar a quienes intervienen en los procesos judiciales para comprender y enfrentar las nuevas formas de delito.

Uno de los aspectos centrales planteados por Conte-Grand fue la cooperación entre instituciones y jurisdicciones. La dimensión digital de los delitos dificulta establecer dónde se originaron los hechos y exige una articulación que exceda los límites territoriales.

“Este intercambio entre instituciones permite colaborar con lo que el otro no tiene, que el otro colabore con lo que yo no tengo”, expresó. En ese sentido, mencionó los vínculos con organismos de Estados Unidos, otros países, distintas jurisdicciones provinciales y el Estado nacional.

El Procurador consideró que esa coordinación resulta fundamental para evitar problemas de competencia y maniobras que puedan hacer tardar o frustrar las investigaciones. “Las organizaciones criminales utilizan chicanas para demorarlo, destruirlo, elongarlo, llevarlo a la prescripción”, advirtió.

También señaló que existen herramientas jurídicas, institucionales y procedimentales para neutralizar esas dificultades. “Un delito se produce, no sabemos en qué lugar, solo se produce en un ID”, explicó, al describir la complejidad que supone identificar el origen de un hecho cometido en el entorno digital.

Conte-Grand también reconoció las limitaciones de infraestructura y personal que atraviesa la administración de Justicia bonaerense. Al explicar el trabajo de las áreas de gestión, sostuvo que al comparar las necesidades con los recursos disponibles se advierte un déficit tanto infraestructural como de personal.

“Nos faltan muchas cosas: muchos recursos, mucha infraestructura, mucho personal”, reconoció. Sin embargo, destacó que los trabajadores continúan desarrollando sus tareas y sostuvo que las responsabilidades deben ser asumidas en el presente.

Para ilustrar esa postura, recordó una experiencia laboral junto al expresidente Arturo Frondizi, quien le dejó una enseñanza que, según afirmó, mantiene presente: “El mal obrero siempre se queja de las herramientas”.

“Por supuesto que falta, sí, nos faltan muchas cosas, pero la responsabilidad es de hoy y tenemos que llevarla adelante”, concluyó.///

“Nadie conoce el departamento judicial de Necochea mejor que sus jueces. Nadie lo conoce mejor que sus empleados, que sus funcionarios”. La definición pertenece a Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien visitó la ciudad y mantuvo encuentros con representantes de distintos sectores del ámbito judicial local.

En una entrevista exclusiva con Ecos Diarios, el magistrado planteó la necesidad de que la conducción del Poder Judicial tenga una mayor cercanía con las realidades de cada departamento, para que las decisiones institucionales contemplen las particularidades y dificultades de cada territorio.

En ese sentido, explicó que durante su presidencia lleva adelante recorridas por los 20 departamentos judiciales de la provincia. La visita a Necochea formó parte de esa agenda de trabajo, que incluye reuniones con jueces de distintas instancias, fueros y competencias, además de encuentros con colegios profesionales, representantes gremiales y magistrados.

“Me parece que esta cercanía no es solamente personal, sino que tiene mucho peso institucional. Que la Corte está cerca, que la Corte los escucha y que desde los departamentos se arma agenda también para la Corte”, sostuvo.

Torres reconoció que uno de los problemas que atraviesa el sistema judicial es el crecimiento de la conflictividad sin un incremento equivalente de la estructura. Para graficarlo, señaló que no es lo mismo que un juez atienda un juzgado con 500 conflictos que uno con 2.000: “Es cuatro veces más trabajo”.

El presidente de la Corte indicó que existe una mesa judicial donde se analizan las necesidades de los distintos departamentos y se plantean las estructuras que deberían crearse. Aclaró que el problema no se limita a la cantidad de jueces, sino que comprende a funcionarios y empleados, ya que el funcionamiento de la Justicia requiere de una estructura completa.

Una Corte plenamente integradaOtro de los ejes centrales de la entrevista fue la situación de la Suprema Corte bonaerense, que actualmente cuenta con tres integrantes sobre los siete que debería tener.

“Es un reclamo institucional. La Corte debe estar integrada”, afirmó Torres, quien explicó que el funcionamiento con esa cantidad de miembros genera dificultades administrativas y funcionales. Según detalló, deben recurrir permanentemente a la integración con el presidente o la presidenta de la Cámara de Casación, de acuerdo con lo establecido legalmente.

El magistrado sostuvo que desde el máximo tribunal provincial se exhortó a los poderes constitucionales a cubrir las vacantes. Sin embargo, aclaró que el planteo no se limita a la propia Corte, sino que abarca la totalidad de los cargos pendientes de designación en la provincia, en todas las instancias, fueros y departamentos judiciales.

“Nosotros estamos reclamando la cobertura de la totalidad de los cargos vacantes en la provincia”, remarcó.

Una publicación compartida por Ecos Diarios Necochea (@ecosdiarios)

Si bien reconoció que la situación mejoró respecto de años anteriores, advirtió que todavía existen juzgados, cámaras, defensorías, fiscalías y asesorías que necesitan completar sus planteles.

Para Torres, la falta de designaciones no constituye solamente una dificultad administrativa, sino que repercute directamente en la calidad del servicio de Justicia. “El Poder Judicial es un poder del Estado y tiene que estar totalmente integrado”, expresó.

En ese sentido, explicó que cuando un juzgado queda vacante puede permanecer así durante mucho tiempo, debido a los procedimientos que demanda la selección y designación de magistrados. Esa situación puede afectar especialmente a dependencias donde el juez cumple un papel central, como ocurre con los juzgados de paz.

“Eso afecta la calidad del servicio de Justicia, afecta al servicio estatal de Justicia y afecta a toda la comunidad”, advirtió.

El presidente de la Corte recordó que el Poder Judicial interviene en conflictos cotidianos vinculados con cuestiones de familia, alimentos, adopciones, problemas laborales y causas penales. Por eso, consideró indispensable que todos los cargos estén cubiertos para responder adecuadamente a las demandas de la sociedad.

Necochea, los recuerdos de lainfancia y la universidad pública

La visita también tuvo un componente personal para Torres. El magistrado contó que mantiene un vínculo afectivo con Necochea desde su infancia, cuando viajaba a la ciudad para visitar a familiares que vivían en la calle 54.

"Yo veraneé toda mi vida aquí. Tengo gratísimos recuerdos de venir a Necochea todos los años”, recordó. Mencionó especialmente aquellos días en familia, las visitas a la playa frente al Casino y las experiencias que marcaron su infancia y adolescencia. “Estoy muy feliz de estar aquí”, expresó.

Torres también hizo referencia a su historia personal y al papel que tuvo la educación pública en su trayectoria. Criado en Longchamps, partido de Almirante Brown, en una familia trabajadora (su padre era empleado ferroviario y su madre ama de casa), destacó que fue el primero de su familia en acceder a un título universitario.

“Yo soy hijo de la universidad pública. La universidad pública me dio la oportunidad de estudiar”, afirmó.El presidente de la Suprema Corte contó que comenzó a trabajar desde muy joven y que, por las posibilidades económicas de su familia, no hubiera podido acceder a una universidad privada. Por eso, destacó el valor de la educación pública como herramienta de movilidad social.

“Muchísimos chicos y chicas pueden estudiar y tener una oportunidad de progresar. En mi caso no hubiese sido posible de otra forma”, señaló.

Durante la entrevista también recordó el impacto que tuvo en su vida profesional y personal la investigación judicial de la megacausa ESMA, cuya experiencia plasmó en un libro que presentará esta tarde en Necochea. Torres describió aquella investigación como un desafío excepcional, por la cantidad de víctimas e imputados, el tiempo transcurrido y las dificultades que debió afrontar la estructura judicial.

“Fue todo un desafío personal y, por supuesto, la vida de uno, tanto personal como profesional, termina atravesada por esto”, concluyó.

Un operativo conjunto llevado a cabo por el personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, en colaboración con efectivos del Comando de Patrullas, permitió concretar la detención de un hombre que era intensamente buscado por la justicia local. El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles 87 y 6 de la ciudad de Necochea, donde los agentes lograron localizar e identificar al individuo, quien contaba con una orden de captura activa en el marco de una causa caratulada como desobediencia.

La aprehensión fue el resultado de diversas tareas de investigación y vigilancia que permitieron establecer el paradero del sujeto en la vía pública. Una vez interceptado por los uniformados, el hombre fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Comisaría Tercera, donde se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes. El procedimiento se realizó sin mayores incidentes, permitiendo poner al acusado a disposición de las autoridades judiciales que requerían su presencia para avanzar con el proceso penal en curso.

El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Garantías N.º 2 y la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial Necochea. Estas dependencias judiciales son las encargadas de determinar los pasos a seguir en la causa, evaluando la situación procesal del detenido tras su captura. La desobediencia es un delito que suele estar vinculado al incumplimiento de medidas cautelares o restricciones impuestas por la justicia, por lo que la detención es un paso clave para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Este tipo de intervenciones refleja el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad que operan en el distrito para dar cumplimiento a las órdenes judiciales pendientes. La labor del personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta fundamental en estos casos, dado que el delito de desobediencia suele estar asociado a contextos de violencia familiar o de género, donde la celeridad en la captura de los imputados es vital para la protección de las víctimas y el resguardo de la integridad del proceso judicial.

Las integrantes de la Defensoría Penal Juvenil pasaron por Punto de Vista y hablaron sobre las charlas que brindan en las escuelas explicando la nueva Ley Penal Juvenil.Escuchá la nota completa:

Madre e hija fueron condenadas a cuatro años de prisión, tras ser halladas penalmente responsables de la venta de cocaína al menudeo en Necochea. Ambas cumplen con la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, según lo dispuesto en el fallo.

Las mujeres fueron consideradas “coautoras” del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, tras un acuerdo de juicio abreviado que presentaron ante el Tribunal criminal, la fiscalía y la defensa de las acusadas.

De acuerdo a la resolución judicial, la actividad ilícita se llevó a cabo, al menos, entre el 21 de abril y el 21 de agosto de 2025, en el ejido urbano local, atentando contra la salud pública.

Medidas de conductaAmbas condenadas cumplen la pena de prisión de forma efectiva mediante la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda de Necochea, bajo la tutela de un tercero responsable. 

La revocación del beneficio quedará supeditada al estricto cumplimiento de las condiciones impuestas por el juzgado.

Cabe acotar que la joven de 24 años, es madre de dos hijos y debe mantener una serie de reglas de conducta, entre ellas, llevar e ir a buscar a la escuela a los pequeños.

Por su parte, la madre de 45 años, también que realizar un tratamiento de salud para alejarse de las sustancias prohibidas y someterse al contralor del Patronato de Liberados, entre otras medidas de conducta.

Perspectiva de géneroEn el caso particular de la joven de 24 años, la Justicia, contempló el principio de interés superior del niño y la perspectiva de género (en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados internacionales como Belem Do Pará y CEDAW) para concederle permisos de salida específicos.

En ese sentido, se informó que quedó autorizada exclusivamente para trasladar y retirar a sus dos hijos menores de edad a la escuela, además de concurrir al Hospital Provincial "Domingo José Taraborelli" para sostener sesiones psicológicas y retirar medicación de tratamiento.

El dictamen del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea se conoció en las últimas horas, tras admitirse un acuerdo de juicio abreviado por parte de la jueza unipersonal actuante, Luciana Irigoyen Testa.

El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como La Toretto, continuó en los tribunales de La Plata. La acusada enfrenta cargos por el homicidio de Rubén Walter Armand, ocurrido el 12 de abril de 2024.

Durante la audiencia, el ingeniero mecánico Andrés Raggio, miembro de la Asesoría Pericial de La Plata, brindó un testimonio clave. Según el especialista, el choque se produjo a una velocidad aproximada de 82 kilómetros por hora. El perito detalló que llegó a esta conclusión mediante tres técnicas fisicomatemáticas independientes que arrojaron resultados coincidentes, ubicando el rango de velocidad entre los 82 y 85 kilómetros horarios.

De acuerdo con la investigación, el siniestro ocurrió en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, luego de que Alvite cruzara seis semáforos en rojo. El fiscal Fernando Padován sostuvo en su reconstrucción que la joven recorrió unos 3000 metros en dos minutos y diez segundos, a una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en una zona con un máximo permitido de 60.

En el inicio del debate, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, la imputada prestó declaración. Tras pedir disculpas a la familia de la víctima, la joven se quebró emocionalmente y su defensa solicitó postergar su testimonio. En su breve descargo, Alvite manifestó:

Felicitas Alvite está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El juicio, que contempla la declaración de 100 testigos, se extenderá hasta el viernes.

En el marco de la tercera audiencia del juicio oral y público por las causas Hotesur y Los Sauces, se expuso el circuito mediante el cual los integrantes de la familia Kirchner retiraron más de 10 millones de pesos de la firma inmobiliaria. El debate, que tiene como principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, se centra en maniobras de lavado de activos y asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, escuchó al Ministerio Público Fiscal, representado por Marcelo García Elorrio, concluir la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Según la acusación, los fondos provenían de empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes fueron beneficiados con contratos y concesiones.

La fiscalía sostuvo que la maniobra se ejecutó en tres etapas: el montaje de la estructura societaria, el reciclaje a través de alquileres comerciales simulados y la extracción final de los fondos. Para eludir las normas sobre reparto de ganancias, los desembolsos fueron registrados como préstamos de los socios a la empresa, permitiendo que la firma les devolviera el dinero bajo el concepto de saldos a favor.

Los peritos contables señalaron que la sociedad actuó como un vehículo para transferir fondos hacia las personas físicas. Entre 2009 y 2016, las firmas de los conglomerados de Lázaro Báez y Cristóbal López inyectaron casi 26 millones de pesos en Los Sauces, representando más del 88% de su facturación. Tras el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, los saldos fueron divididos entre sus herederos, quienes continuaron utilizando contablemente la cuenta del expresidente para ingresar y retirar dinero.

El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años acusada de atropellar y matar a Walter Armand en la ciudad de La Plata, dio inicio este lunes 2 de noviembre. El debate, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, busca esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando la imputada embistió con su vehículo a la motocicleta de la víctima en la zona de Tolosa.

La acusada, quien se hizo conocida en redes sociales como La Toretto tras publicar un video en TikTok haciendo referencia a su forma de conducir, llega a esta instancia bajo prisión domiciliaria. El proceso judicial, que se extenderá durante cinco jornadas, tiene como objetivo determinar si existió una competencia de velocidad, tal como sostiene la fiscalía, o si se trató de un hecho imprudente sin intención de causar la muerte.

Junto a Felicitas Alvite también es juzgada su amiga Valentina Velázquez, quien está siendo investigada por su presunta participación en una prueba de destreza o velocidad. La acusación principal, encabezada por el fiscal Martín Chiorazzi, sostiene que la conductora circuló a alta velocidad y cruzó semáforos en rojo, aceptando el riesgo de provocar un resultado fatal, lo que encuadra el hecho en la figura de homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

En representación de la familia de la víctima intervienen los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. Por su parte, la defensa de Alvite, integrada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, ha negado la existencia de una picada. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el abogado Flavio Gliemmo señaló que su defendida se encuentra ansiosa ante la resolución judicial.

Durante la investigación, la defensa argumentó que el mensaje viralizado en redes sociales fue sacado de contexto. El tribunal deberá analizar cerca de 100 testimonios y las grabaciones de las cámaras de seguridad para dictar sentencia al finalizar las audiencias el próximo viernes 6 de noviembre.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por arbitraria una sentencia que había aprobado la indemnización por despido indirecto de un gerente. El fallo original no analizó si existía una justificación razonable para fijar remuneraciones diferenciadas entre los distintos cargos gerenciales de una empresa, tales como la cantidad de personal a cargo o el presupuesto asignado.

El trabajador había iniciado una demanda tras considerar que sufría un trato discriminatorio en materia retributiva. La Sala I de la Cámara del Trabajo había hecho lugar parcialmente a la demanda, argumentando que el actor ocupaba un cargo gerencial y percibía una retribución menor a la de sus pares, sin que la empresa lograra justificar objetivamente dicha diferencia.

Ante esta decisión, la empresa demandada interpuso un recurso extraordinario. La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al planteo. El tribunal sostuvo que la empresa demostró que, aunque el demandante tenía a cargo dos gerencias, las prestaciones y el valor de su trabajo eran comparativamente menores, estimando una diferencia del 30% debido a la tercerización de actividades y una menor dotación de personal.

El máximo tribunal afirmó que la cámara ignoró que no todos los gerentes tienen la misma jerarquía o responsabilidad funcional por el solo hecho de ostentar el mismo cargo. Para determinar si existe una justificación razonable en la pauta salarial, resulta indispensable examinar el presupuesto, la importancia de las funciones y el personal a cargo. Al omitir este análisis, la sentencia fue calificada como manifiestamente arbitraria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que se deje sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros 9 imputados en la causa $LIBRA. El organismo argumentó que la investigación fue cerrada de manera prematura y que aún restan numerosas medidas de prueba por realizar.

La presentación, formalizada el 29 de octubre, cuestiona la resolución dictada el 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto el sobreseimiento de los 11 investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano, bajo el argumento de que los hechos denunciados no constituían delito. La PIA, por el contrario, sostiene que los elementos reunidos no permiten descartar una maniobra defraudatoria.

Entre los puntos cuestionados, la PIA advirtió sobre la falta de finalización en las tareas de trazabilidad financiera debido a limitaciones técnicas en el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el organismo señaló que no se valoraron adecuadamente indicios de ocultamiento, como el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y la eliminación de conversaciones en dispositivos secuestrados a Sergio Morales.

El fiscal Rodríguez también cuestionó que se haya considerado agotada la cooperación internacional y remarcó la necesidad de profundizar el análisis sobre la participación del presidente en la difusión del criptoactivo. El organismo advirtió que la falta de regulación específica de las monedas virtuales no debe ser un obstáculo para investigar posibles delitos. En caso de que el juzgado rechace el pedido de reapertura, la PIA presentó un recurso de apelación para que intervenga la Cámara Federal.

El Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo Curuzú Cuatiá, ubicado en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, obtuvo un fallo favorable en un litigio judicial contra Racing Club de Avellaneda. La institución platense reclamó los derechos económicos vinculados a la extensión contractual del futbolista Carlos Alcaraz, quien inició su carrera deportiva en dicho club de la Liga Amateur Platense.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata. Tras obtener una resolución favorable en primera instancia, el club apeló el criterio utilizado para el cálculo de intereses, lo que derivó en una nueva resolución de la Cámara de Apelación y Garantías que ratificó el derecho de la entidad a percibir el monto reclamado. Según informó el diario El Día, la institución recibió esta semana la suma de 33.624.565,75 pesos.

De acuerdo con el detalle técnico, 3.375.464,22 pesos corresponden al capital, mientras que los 30.249.101,53 pesos restantes se integran por intereses acumulados. A través de un comunicado oficial, el club se refirió al desenlace del conflicto:

Carlos Alcaraz, nacido en La Plata, comenzó su trayectoria en Curuzú Cuatiá antes de sumarse a Racing en 2017. Tras su debut profesional en 2020, donde disputó 83 partidos y convirtió 13 goles, fue transferido al Southampton de Inglaterra en enero de 2023 por 13,65 millones de euros. Posteriormente, el jugador integró los planteles de Juventus, Flamengo y finalmente el Everton de la Premier League.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del actor, director y piloto Enrique Piñeyro en el marco de un litigio iniciado por el pago del Aporte Solidario y Extraordinario, establecido en 2021 durante la administración del entonces presidente Alberto Fernández.

Tras la resolución, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP) deberá devolverle al empresario la suma de 9.377.809.747,37 pesos. Según consta en una escritura pública, Piñeyro formalizó su intención de donar la totalidad de los fondos recuperados a la Fundación Garrahan.

El monto final que recibirá el actor será superior, ya que se le adicionarán los intereses correspondientes por el tiempo transcurrido desde los ingresos originales hasta su devolución. En 2021, Piñeyro había pagado el tributo bajo protesta, presentando una acción declarativa de certeza al considerar que la medida era arbitraria e inconstitucional.

Al explicar su decisión de donar el dinero, el empresario cuestionó el desfinanciamiento que atraviesa el hospital Garrahan. Al respecto, señaló: Les doy el dinero porque esta desfinanciación al Garrahan y la universidad pública al menos me permite redireccionar un impuesto a donde más se necesita. El hospital de pediatría debería cuidarse como un tesoro.

El actor también aprovechó para criticar la política fiscal de los distintos gobiernos, a los que acusó de degradar el tributo y recurrir a blanqueos constantes. Como ciudadano, ¿por qué no puedo estar en políticas fiscales sólidas y transparentes?, cuestionó Piñeyro, quien insistió en que la ciudadanía tiene derecho a reclamar que los impuestos se destinen a áreas esenciales como la salud y la educación en lugar de ser utilizados para paliar crisis económicas coyunturales.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó a Gastón Alberto Salmain, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, por mal desempeño en sus funciones. La decisión, que pone fin a su carrera judicial, se basó principalmente en la omisión de información relevante durante el concurso para acceder al cargo en 2023.

El exmagistrado ocultó que en 2002 había sido echado del Poder Judicial. En aquel entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso su cesantía tras una investigación por un intento de soborno destinado a alterar el sistema informático de sorteos de expedientes.

Aunque el proceso de jury también analizó una acusación por presunta venta de fallos en la causa del fideicomiso Attila, vinculada al financista Fernando Whpei, este punto no fue el determinante para la remoción. En dicho expediente, se investigaba el supuesto cobro de una coima de 200.000 dólares para facilitar el acceso a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Por estos hechos, Gastón Salmain fue procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal, instancias que ordenaron su prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la medida no pudo ejecutarse previamente debido a los fueros que protegía su cargo.

Durante el juicio político, la defensa del exjuez rechazó las acusaciones y argumentó que no existían pruebas directas sobre el pago de coimas, además de sostener que no estaba obligado a declarar una sanción ocurrida hace más de 20 años. Con la pérdida de sus fueros tras la destitución, queda habilitada la posibilidad de que la Justicia penal avance con la detención, aunque la resolución final sobre el arresto domiciliario deberá definirse en el marco de la causa penal pendiente.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó un fallo que obliga a una aseguradora a elevar la indemnización por el robo de una motocicleta. El tribunal revisó una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo de daño punitivo y fijado montos considerados insuficientes por el demandante.

El conflicto comenzó en octubre de 2022, cuando le sustrajeron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, modelo 2021, que se encontraba estacionada frente al domicilio del propietario. Aunque el vehículo contaba con una póliza de seguro para uso particular, la empresa rechazó el siniestro semanas después de la denuncia. El argumento de la compañía fue que el rodado se utilizaba para tareas de reparto, una actividad comercial que alteraba las condiciones del contrato.

Sin embargo, la Justicia descartó esta versión por falta de pruebas. El juzgado de primera instancia comprobó que no existían elementos que demostraran el uso comercial y remarcó que la moto estaba estacionada frente a la vivienda del titular al momento del hecho.

La Sala C de la Cámara determinó que la aseguradora no puede liberarse de su obligación con una cifra histórica, dado que la demora en el pago impidió al damnificado reponer el bien. Por ello, ordenó que se determine el valor actual de plaza de una motocicleta de características similares. La empresa deberá informar en un plazo de 10 días el valor de mercado de un vehículo equivalente.

Además de la actualización del valor del rodado, el tribunal aumentó a 1 millón de pesos la compensación por privación de uso. El fallo sostiene que la falta del vehículo genera un perjuicio directo, independientemente de que el afectado presente o no comprobantes de gastos en otros medios de transporte, ya que se pierde la posibilidad de realizar traslados personales.

La Municipalidad de San Pedro afronta una nueva medida judicial de embargo sobre sus cuentas bancarias a raíz de una deuda impaga correspondiente a honorarios profesionales derivados de un juicio por usucapión. El expediente judicial comenzó luego de que un abogado representara a una familia en ese litigio, proceso en el cual la Justicia resolvió que las costas debían ser abonadas por el municipio.

Ante la falta de pago por parte de la administración comunal, se trabó un embargo que posteriormente fue ratificado por la Cámara, por la suma de 27,5 millones de pesos. En su resolución, el Juzgado dispuso que la Municipalidad deberá incorporar esta obligación de pago en el cálculo de gastos y recursos, es decir, en el Presupuesto 2027.

A la espera de la elevación del proyecto, que el Ejecutivo debe remitir al Concejo Deliberante, y su posterior aprobación, las cuentas bancarias oficiales continuarán bajo la medida cautelar con embargo preventivo. La deuda de 27,5 millones de pesos estará sujeta a la liquidación de intereses acumulados y costas procesales adicionales hasta la efectiva cancelación de los importes adeudados.

Tras la primera apelación presentada contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y otros 10 investigados por presuntos delitos vinculados al lanzamiento y colapso de $LIBRA, un nuevo inversor reclamó la nulidad absoluta del dictamen del fiscal Eduardo Taiano. El pedido fue formalizado por Martín Romeo, quien actúa por derecho propio y como apoderado de otros dos inversores, al sostener que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no permitió fijar su postura sobre la resolución fiscal.

El planteo sostiene que el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor de los sospechosos en lugar de avanzar con la investigación. Según Romeo, el Código Procesal Penal Federal reconoce el derecho de las víctimas a pedir la revisión de un sobreseimiento, incluso si su rol como querellante aún se encuentra bajo disputa judicial. Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal, argumentó el inversor en su presentación.

Además del pedido de nulidad, la presentación cuestiona que la investigación no se completó. Romeo señaló que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que se omitió la declaración de testigos clave, entre ellos Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra. Asimismo, el inversor objetó que no se finalizaron los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas.

El escrito también advierte que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) carecía de herramientas técnicas bajo licencia para el análisis. Finalmente, el inversor cuestionó que no se convocara a figuras como Demian Reidel o Santiago Caputo, ni se identificara a los titulares de las 74 billeteras que adquirieron el token segundos antes de que el presidente publicara el contrato.

Un exasesor financiero de la firma LPL Financial, identificado como William B. Tunink, enfrenta graves acusaciones por su participación en un esquema de estafa piramidal. La semana pasada, un gran jurado federal en Des Moines presentó una acusación formal contra el hombre de 73 años por 10 cargos de fraude electrónico.

Según la información difundida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, William Tunink habría solicitado inversiones a sus víctimas bajo la falsa promesa de que el dinero sería destinado a fines financieros. Sin embargo, la acusación sostiene que el imputado utilizó los fondos para otros propósitos, incluyendo el pago de deudas personales y su propio beneficio. Se estima que las pérdidas totales superan los 2 millones de dólares.

La trayectoria de William Tunink en la industria minorista de valores comenzó en 1996 y, de acuerdo con su perfil en BrokerCheck, acumuló más de 20 quejas de clientes resueltas. El asesor estuvo registrado con LPL Financial desde 2021 hasta 2025, año en que fue despedido por la firma. Por su parte, la FINRA le prohibió operar en la industria de valores el pasado mes de marzo.

Este caso se suma a una serie de irregularidades detectadas en grandes redes de asesores independientes. Recientemente, otros exasesores como Andrew Komarow y Rudy Anguiano también han enfrentado acciones legales o regulatorias por fraude y conversión de fondos de clientes, lo que ha reavivado el debate sobre la supervisión de las grandes firmas de corretaje en el mercado estadounidense.