Las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la ANSES tendrán un nuevo aumento en mayo de 2026, definido a partir del último dato de inflación informado por el INDEC.

Según se confirmó, el incremento será del 3,4%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Este ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza los haberes en función de la evolución de los precios.

Con este aumento, los nuevos valores estimados para mayo quedarían de la siguiente manera:

Además, el Gobierno mantendría el bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. En ese caso, la jubilación mínima ascendería a $463.250,17 en total.

El aumento también impacta en otras prestaciones sociales. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subiría a $141.312,64, siguiendo el mismo índice de actualización. 

Este mecanismo de ajuste mensual fue establecido por el decreto de movilidad vigente, que busca evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, aunque el refuerzo adicional permanece congelado desde hace meses.

De esta manera, millones de jubilados y pensionados volverán a percibir un incremento en sus haberes, en un contexto económico donde la inflación continúa marcando el ritmo de las actualizaciones.

El Gobierno nacional oficializó el aumento de 2,9% para abril de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El ajuste se sustenta en la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.

De acuerdo con lo dispuesto, el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $380.319,31, mientras que el máximo ascenderá a $2.559.188,80. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec, que en su último registro marcó 2,9%.

A estos montos se suma el refuerzo extraordinario que el Ejecutivo confirmó a comienzos de la semana. Con ese bono adicional, la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31 en abril.

Además, se definieron las nuevas bases imponibles para aportes y contribuciones: el piso será de $128.091,45 y el tope de $4.162.912,57. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $304.255,45.

Asignaciones familiaresEn paralelo, la Anses aplicará un aumento del 2,90% en las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. El ajuste también impacta en los límites de ingresos del grupo familiar (IGF) y en los rangos para el cobro de los beneficios.

Desde abril, quedarán excluidos quienes registren ingresos individuales superiores a $2.801.551, aun cuando el total del grupo no supere el máximo previsto. Este criterio responde a lo establecido por el Decreto 1667/12.

Los montos por nacimiento, adopción y matrimonio se fijaron en $79.660, $476.268 y $119.275, respectivamente, para ingresos familiares de hasta $5.603.102.

En tanto, la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se ubicarán en $136.666, y la ayuda escolar anual quedó en $55.672 como referencia general, con incrementos en determinadas provincias.

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago del bono de $70.000 en noviembre, para jubilados que perciban el haber mínimo. La medida, sin actualización en el valor desde hace veinte meses, se dio a conocer a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial,

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante noviembre serán de $403.052 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el próximo mes fue fijado en $333.052 pesos, a partir del aumento del 2,01%, determinado en línea con la inflación de septiembre.

Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.052 pero queden por debajo de los $403.052, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

El bono podrán cobrarlo los siguientes beneficiarios:

Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

Mientras la oposición saca la calculadora y afina el lápiz con moderado optimismo en su objetivo de derribar los vetos del presidente Javier Milei en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, el Gobierno hace el trabajo sucio y busca comprometer acuerdos para erigir una barrera de “héroes” que frenen el avance de la “amenaza fiscal”.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que hasta acá venía siendo -con contadas excepciones- un aliado clave del oficialismo en cada una de las votaciones- tendrá un papel preponderante en el resultado final e inclinará la balanza para un lado o para el otro, a modo de árbitro.

El cierre de listas dejó un tendal de heridos en el radicalismo, con muchos de ellos barridos de los armados provinciales, empezando por Rodrigo de Loredo en Córdoba. “Quedan pocos apoyando al Gobierno”, confesaron altas fuentes del bloque UCR.

Ese descontento es mirado de cerca con avidez por la oposición, que aprovechará para pasar la ambulancia y así recoger a los heridos radicales que quieran colaborar con buenas causas, como las leyes jubilatorias y la emergencia en Discapacidad.

Para voltear los vetos de Milei a esas normas, se requiere de mayorías agravadas de las dos terceras partes de los presentes en el recinto, un número difícil de lograr pero no imposible.

Al mediodía de este martes se realizó una reunión por zoom de secretarios parlamentarios, en la que participaron Paula Penacca de Unión por la Patria, Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Carla Carrizo de Democracia para Siempre y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

En ese cónclave se puntearon los apoyos para el quórum y para cada una de las votaciones.  Y se sacaron conclusiones preliminares, con sensaciones que difieren según el veto en cuestión. Por ejemplo, la oposición le ve escasas chances a juntar los dos tercios para rechazar el veto a la moratoria jubilatoria.

En la media sanción del 4 de junio pasado, el bloque de la UCR completo votó negativamente y hasta los radicales díscolos de Democracia para Siempre se abstuvieron.

Nada hace presumir que el escenario gire drásticamente en otra dirección.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la ley de emergencia en Discapacidad, pero en sentido inverso.

El radicalismo votó a favor de aquella media sanción, por lo que los bloques opositores cuentan con esos diputados para superar la línea de los dos tercios y voltear el veto.

Para ratificar el rechazo al veto de la ley de emergencia de Bahía Blanca y zonas aledañas por las graves inundaciones el número también está garantizado.

La mayor duda se instala en relación al veto del incremento excepcional de haberes jubilatorios en un 7.2%. La oposición le prende velas a los diputados radicales, que en la sesión del 4 de junio optaron mayoritariamente por la abstención. Solamente cuatro diputados del radicalismo (Julio Cobos, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura y Roberto Sánchez) votaron a favor del aumento a jubilados. Sucede que a diferencia de aquella votación, que precisaba de mayoría simple para que la norma fuera aprobada, en la de este miércoles las abstenciones serán funcionales al Gobierno.

Por eso, la oposición le está pidiendo a los radicales que revisen esa abstención para no hacerle el juego al Gobierno.

A aquellos que no quieren confrontar abiertamente con la Casa Rosada, les sugieren que se ausenten al momento de votar, en lugar de abstenerse.

También necesitan que los diputados de Innovación Federal que en aquella sesión se ausentaron, vuelvan a hacerlo este miércoles.

El cálculo matemático es el siguiente: las ausencias achican la base de cómputo de diputados presentes, y por lo tanto acorta los votos positivos totales que se requerirían para alcanzar las dos terceras partes.

Avanzan conla comision LibraAl margen de los vetos, la oposición tiene viento a favor para aprobar el nuevo proyecto de resolución sobre el funcionamiento de la comisión investigadora Libra.

Tras emitir dictamen de mayoría, la oposición solamente necesita reunir una mayoría simple de la mitad de los votos y de esa manera tomar el control de la comisión que pone en la mira a Milei por la cripto estafa del 14 de febrero pasado.

“Si no la pican antes, tenemos los votos”, señaló uno de los diputados del conglomerado opositor que más viene trabajando para conseguir los apoyos. El temor de este legislador es que en algún momento dado la sesión se descontrole por enfrentamientos en el recinto y se pierda el quórum necesario para seguir votando los proyectos del orden del día.

Entre estas iniciativas se encuentran los proyectos de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la recaudación por el impuesto a los Combustibles.

Este último tendría el camino pavimentado para aprobarse, mientras que el primero depende de cómo maniobren los gobernadores, que tienen una contrapropuesta del Gobierno sobre la mesa. “Nosotros lo ponemos a votación y veremos qué hacen los gobernadores”, sostuvo el diputado.

La resistencia oficialistaDesde el otro costado del ring, el oficialismo mueve fichas para evitar que la oposición se salga con la suya.

Para dar esta difícil batalla tienen a las distintas tribus del PRO de su lado, tras un cierre de listas en el que La Libertad Avanza logró absorber al partido amarillo en la mayoría de las provincias.

“La negociación está pendiente hasta el último minuto como en los vetos anteriores. El Gobierno está juntando los votos. Nuestra postura es la misma que en casos anteriores: no se va acompañar ningún proyecto que ponga en riesgo el equilibrio fiscal”, indicaron a Noticias Argentinas altas fuentes del macrismo en la Cámara de Diputados.

Más allá del alineamiento del PRO, habrá que prestar atención a las posibles fugas de los diputados que se encuentran a disgusto con la estrategia de licuación y sometimiento a La Libertad Avanza.

Estas fugas podrían expresarse en ausencias o abstenciones que en la cuenta final pueden tener un valor decisivo.

El abogado, especialista en Seguridad Social y Derecho Previsional, dialogó con Punto de Vista sobre el fallo que declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández.Escuchá la nota completa:

Luego de que se confirmara que la inflación en mayo registró un alza de 1,5%, el Gobierno nacional oficializó el aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, cuyas cifras se encuentran atadas a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec

La medida fue formalizada por la Resolución 251/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada en el Boletín Oficial, e incluye una suba del 1,5% de acuerdo con el esquema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/2024, que vincula la evolución de las prestaciones con la variación del IPC. Además se confirmó que el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000, se mantendrá vigente durante todo el mes.

Los nuevos topes fijados por Anses alcanzan tanto a las jubilaciones como a las pensiones contributivas, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La resolución también actualiza las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para calcular los aportes y contribuciones del sistema, en línea con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 24.241 y sus modificatorias.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, las autoridades establecieron que el mínimo a percibir pasará de $304.723,73 a $309.298,16. Asimismo, fijaron el máximo en $2.081.261,17. Ambas cifras cuentan con los ajustes mensuales que se registraron desde abril, cuando comenzó a regir la nueva fórmula de movilidad.

La PBU ascenderá a $141.488,25 y la PUAM quedará en $247.435,83. En cuanto a las bases imponibles, se estableció una mínima de $104.170,43 y una máxima de $3.385.490,05, aplicables al período devengado julio de 2025.

Desde julio de 2024, los haberes del sistema se actualizan mensualmente según la inflación, luego de que el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 modificara el artículo 32 de la Ley 24.241. Ese cambio reemplazó el esquema anterior de actualización trimestral por uno mensual automático.

Además de definir los nuevos montos, la resolución establece criterios de actualización para quienes se incorporen al sistema. En el caso de quienes se jubilen o inicien el cobro de una prestación a partir del 1° de julio -ya sea porque cesan en la actividad luego del 30 de junio o porque solicitan el beneficio a partir de ese mes-, las remuneraciones previas utilizadas para calcular el haber inicial se actualizarán según los coeficientes vigentes establecidos en la normativa previsional.

Cuánto cobra un jubilado en julio con el bono

Jubilación mínima: $309.294,80 + bono de $70.000= $379.294,80Jubilación máxima: $2.081.261,16Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $247.435,84 +bono de $70.000= $317.435,84Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $216.506,35 + bono de $70.000= $286.506,35

El Gobierno confirmó que vetará la suba de haberes jubilatorios aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya anoche, tras conocerse el resultado de la votación, el presidente Javier Milei había expresado en su cuenta de X: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”. Este jueves, en tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que el resultado de la votación en la Cámara baja es de “una irresponsabilidad política muy grande”, y que el Gobierno “no va a permitir que se arruine el equilibrio fiscal”.

Francos, en diálogo con Radio Mitre, comentó que “la Cámara de Diputados aprobó dos leyes para el sistema jubilatorio, una con respecto a un incremento de emergencia para los jubilados, y otra para establecer una extensión de pedido de moratoria. Yo digo que es una irresponsabilidad política muy grande. Entiendo que los diputados tengan como objetivo expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto, hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación hace muchos años, aunque se ha mejorado la situación que tenía anteriormente”.

El funcionario continuó: “Me gustaría repasar un poquito los números. Tenemos 5.774.000 jubilaciones. De esta cifra son sin moratoria, es decir, gente que ha hecho los aportes para jubilarse, 1.800.000. ¿Y cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir, se jubilan al final sin haber pagado en su momento, les hacen un plan de pago para que ingresen, se jubilen, y en definitiva van pagando la cuota con la propia jubilación. Bueno si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados”.

“Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y este es lo que ahora se prorrogó”, afirmó el jefe de Gabinete. Agregó que “también tenemos pensiones, aunque ahí es superior la cantidad de las pensiones que son sin moratoria, que tienen que ver con jubilados anteriores, en definitiva, y con moratoria son menores, son 200.000”.

Entonces, Francos fue categórico: “En total, cuando uno toma la totalidad de los beneficios que pagaron sus aportes tiene 3.384.000 entre pensiones y jubilaciones, y que no pagaron sus aportes sino que entraron en planes de moratoria 4.102.000”.

El funcionario lanzó: “Todos sentimos la misma sensibilidad (con respecto a los jubilados). Lo que pasa es que la Cámara de Diputados la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo”.

“Entonces, ¿qué se pretendió anoche? Uno, mostrarse sensibles ante una situación compleja y difícil, y el otro, tratar de horadar al Gobierno rompiéndole el equilibrio fiscal. Y eso el Gobierno no lo va a permitir, porque el objetivo en esto es muy claro: la solución de los problemas argentinos es mantener el equilibrio fiscal permanentemente”, cerró Francos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó con el cronograma de pagos correspondiente a mayo y anunció los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones, los cuales se actualizan mensualmente conforme al índice de inflación, tal como lo establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de marzo fue del 3,7%, el porcentaje más alto en lo que va del año y el mayor en los últimos seis meses. Este dato es clave para la actualización de los haberes de mayo.

A partir de mayo, la AUH se incrementa a $106.505 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene un 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto que se cobra directamente es de $85.204 por menor.

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, el beneficio asciende a $346.900, con un cobro efectivo de $277.520. Este beneficio no tiene límite de edad y se otorga siempre que se cumplan los requisitos del programa.

Las familias que combinan distintos programas pueden alcanzar un ingreso total de hasta $555.000 en mayo. Por ejemplo, una familia con tres hijos —uno con discapacidad y otro menor de 3 años— puede sumar los siguientes montos:

Asimismo, quienes acumulen prestaciones como la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ($356.614), la Tarjeta Alimentar para un hijo ($52.250), el Complemento Leche ($41.303) y el programa Volver al Trabajo ($78.000), pueden alcanzar también un ingreso cercano al medio millón de pesos.

Aunque no se registraron aumentos en este beneficio para mayo, se mantienen los siguientes valores:

Este programa busca garantizar el acceso a alimentos básicos y se suma a otras asignaciones para fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables.

La ANSES continua con los pagos a jubilados:  

Con estos ajustes, ANSES busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, especialmente en los sectores sociales más sensibles.

En medio de una interna libertaria que impactó en el PAMI, que quedó bajo sospecha por un negocio millonario para distribuir pañales, hora el Gobierno nacional anunció este lunes que implementará un nuevo sistema de entrega directa de este producto. Además, desmintió las versiones de que los productos de la nueva licitación son de menor calidad que los que se entregaban hasta ahora.

El encargado de formalizar el anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, que había adelantado el tema con un tuit el domingo en el que denunciaba un negociado con la compra y provisión de pañales en la obra social de los jubilados.

“El PAMI estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de $5.000 millones por año. Este sistema se implementó por licitación pública para que los productos sean de mayor calidad y más económicos”, dijo.

“También se va a quitar a todos los intermediarios, y se van a proveer a domicilio para evitar que algún vivo quiera revender los productos en Market Place. Si, no solo robaban con la comida de los pobres, sino que también se robaban los pañales de los adultos mayores. Es increíble lo que pasaba en Argentina”, sentenció.

El funcionario desmintió, en tanto, que haya licitaciones direccionadas y lanzó: “Si hay algo más que decir, se dirá en la justicia”. Esto lo dijo luego que se conociera que PAMI dio de baja el convenio de distribución de pañales para sus afiliados y en una polémica licitación exprés que llevaba la firma de su titular, Esteban Leguizamo, quien convalidó un contrato de US$450 millones en tres años que implica aceptar un precio un 20% más alto que el del esquema actual.

En este contexto, Adorni denunció que varias empresas proveedoras del sector “firmaron un acuerdo en el que de manera coordinada se comprometieron a no participar del proceso (de licitación). Increíblemente, en Argentina, el lobby empresario atenta contra los adultos mayores y contra sus propios privilegios”.

“A los empresarios prebendarios, que hacían acuerdos con la vieja política, para lucrar con las necesidades de la gente, sepan que eso se terminó”, agregó en conferencia de prensa en Casa Rosada. Y enfatizó, ante preguntas sobre el tema, que los pañales que empezarán a repartirse no son más caros y que cumplen con todas las normativas de calidad dispuestas por PAMI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó hoy los nuevos valores de los haberes mínimos y máximos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como los importes de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que regirán a partir de mayo de 2025 con una actualización del 3,73%.

Mediante la Resolución 211/2025, el organismo estableció que el haber mínimo garantizado ascenderá a 296.481,74 pesos, mientras que el haber máximo se fijó en 1.995.041,47 pesos.

Asimismo, la base imponible mínima será de 99.855 pesos y la máxima alcanzará los 3.245.240,49 pesos. Por otra parte, el valor de la Prestación Básica Universal se ubicará en 135.626,86 pesos y el de la PUAM será de 237.185,39 pesos.

La actualización de los montos se realiza en base a las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, conforme lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que estableció una fórmula de movilidad mensual para las prestaciones previsionales.

Además, se dispuso que las remuneraciones de los trabajadores que cesen en su actividad a partir del 30 de abril de 2025, o soliciten su beneficio a partir del 1 de mayo, serán actualizadas conforme a los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La resolución lleva la firma del Director Ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi.

Haber mínimo garantizado: $296.481,74Haber máximo: $1.995.041,47Prestación Básica Universal (PBU): $135.626,86Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $237.185,39

El aumento se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2025, que fue de 3,73%. Este método de actualización mensual fue establecido por el Decreto 274/24.

Las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad a partir del 30 de abril de 2025, o que soliciten la prestación a partir del 1 de mayo de 2025, se actualizarán según los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

El Gobierno de Javier Milei eliminó la posibilidad de cobrar pensiones por fallecimiento para un grupo específico de beneficiarios, una medida que ha generado controversia en las últimas horas. 

Esta disposición está vinculada al fin de la moratoria previsional implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la cual permitía a muchas personas acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes requeridos. 

A partir de esta reforma, quienes opten por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como alternativa no podrán reclamar una pensión por viudez en caso de fallecimiento de su pareja, un beneficio que sí seguirá disponible para los jubilados del sistema general.

Esta medida afecta principalmente a los adultos mayores que, al no haber completado los aportes necesarios, dependen de la PUAM, un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima. 

Por el contrario, quienes accedieron a la jubilación a través del sistema contributivo tradicional conservarán la posibilidad de transmitir una pensión a sus familiares directos, evidenciando una clara diferencia entre ambos regímenes.

Para tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en Argentina, los interesados deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la ANSES. Es necesario tener 65 años o más, residir de manera permanente en el país y acreditar al menos 10 años de residencia continua inmediatamente anteriores a la solicitud. 

Además, el solicitante no debe estar percibiendo otra jubilación, pensión o prestación contributiva, ni estar en relación de dependencia o trabajando de manera formal, aunque sí se permite el trabajo autónomo o informal. 

También se exige no ser propietario de bienes o ingresos que superen los límites establecidos por la normativa vigente, garantizando que esta pensión esté destinada a personas en situación de vulnerabilidad económica. El trámite se realiza de forma presencial o virtual, con turno previo, y requiere la presentación de documentación como DNI y, en algunos casos, certificados que avalen la residencia.