La referente de la Asociación Civil y Taller Protegido Todo para Ellos, Soledad Arana, analizó los cambios que propone la nueva Ley de Discapacidad, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. En diálogo con el programa “Desde Temprano” de Ecos Radio, valoró el consenso político alcanzado, aunque señaló que todavía existen dificultades para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sostener el funcionamiento de las instituciones.

“Destacamos lo que sucedió ayer porque se logró un consenso político”, expresó Arana, quien consideró que el acuerdo representa una señal positiva frente a la situación que atraviesa el sector. Según explicó, la discusión se centraba en evitar un retroceso de los derechos contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Arana indicó que la nueva propuesta busca establecer un sistema permanente, sin depender de sucesivas prórrogas de la emergencia. Sin embargo, advirtió que su impacto dependerá de que las medidas se implementen efectivamente.

Entre los principales puntos, Arana mencionó la actualización mensual de los aranceles prestacionales de acuerdo con la inflación, el establecimiento de un cronograma para el pago de las deudas con los prestadores y el financiamiento destinado a fortalecer las instituciones y los apoyos para las personas con discapacidad.

También destacó los cambios vinculados con las pensiones por discapacidad y la continuidad de las prestaciones de Incluir Salud, además de la incorporación de controles y auditorías para las instituciones y los prestadores.

No obstante, planteó dudas sobre el atraso acumulado en los aranceles y recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se cumplió en todos sus aspectos. “La realidad es que también dejó varios puntos sin ser reglamentados”, sostuvo, en referencia a las compensaciones y los aumentos que no llegaron a concretarse según lo establecido.

Al referirse al presente de la institución en Necochea, Arana afirmó que el sector continúa en una situación crítica, marcada por las dificultades económicas y los problemas para sostener las prestaciones.

“Seguimos en un sistema colapsado”, manifestó. Además, señaló que las instituciones y las familias enfrentan un escenario de agotamiento, mientras que algunas organizaciones cerraron sus puertas durante los últimos años.

En ese contexto, remarcó que el objetivo debería ser ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad, en lugar de concentrar los esfuerzos en garantizar la continuidad de los servicios.

“La discusión debería ser cómo fortalecernos, no cómo sostenernos y cómo llegar a fin de mes”, expresó.