La Libertad Avanza presentó formalmente el pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada había suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley nacional 27.801.

La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de LLA PBA. El escrito sostiene que la magistrada excedió los límites de su función al dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso y, al dictar una medida con alcance general, avanzó sobre una competencia propia del poder legislativo.

La jueza Pascual había dispuesto la suspensión de la ley por 60 días a través de una medida cautelar, tras un pedido de la ONG católica Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al padre José María “Pepe” Di Paola. No obstante, los jueces Miguel Navascués y Miguel Alberdi, de la Cámara de Lomas de Zamora, revocaron posteriormente dicho fallo.

Para LLA PBA, el episodio excede la discusión jurídica puntual y pone en cuestión un principio básico del sistema republicano: los jueces deben aplicar y controlar las leyes dentro de sus competencias, no sustituir al Congreso ni bloquear de manera general una decisión legislativa nacional.

El pedido de Carrancio solicita que la jueza sea suspendida en sus funciones de modo preventivo mientras se sustancia el juicio político. La decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aunque previamente la secretaría permanente de juicio político deberá determinar la admisibilidad de la denuncia.

Por otra parte, la Ley Penal Juvenil, sancionada en febrero, continúa sin vigencia debido a que el lunes la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3, la declaró inconstitucional. Esta decisión ya fue apelada y podría motivar un pedido de juicio político por parte de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la CABA.

Cabe recordar que la nueva ley reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, limita a 15 años la pena máxima de prisión efectiva, reduce las escalas penales y prioriza las alternativas a la cárcel. La jueza Pascual, quien manifestó estar de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad, argumentó en su momento que el sistema institucional no está preparado en la provincia para su aplicación.

Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años que estaba acusado de participar en un intento de robo. La decisión fue adoptada por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 porteño.

El hecho investigado ocurrió el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes habría intentado robarle el teléfono celular a un hombre. Los jóvenes fueron interceptados por efectivos policiales luego de que la víctima escapara y pidiera auxilio. La Fiscalía calificó el episodio como robo simple en grado de tentativa.

El adolescente de 14 años fue el único de los cuatro involucrados que quedó sobreseído a partir del planteo de inconstitucionalidad. La nueva Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años.

En su resolución, De Marinis consideró que aplicar el nuevo régimen al adolescente implicaba una medida regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos que regía anteriormente para quienes tenían menos de 16 años.

La magistrada fundamentó su decisión en el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y citó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que instaron a los Estados a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal.

La jueza sostuvo que la respuesta penal debe ser utilizada como último recurso y planteó que, frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad, el Estado debe intervenir mediante políticas de protección social.

“No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil”, señaló De Marinis en el fallo, al remarcar que la discusión pasa por determinar cuál debe ser la respuesta estatal frente a una infracción cometida por un adolescente.

La resolución no implica la suspensión general del nuevo Régimen Penal Juvenil. A diferencia de una medida que deje sin efecto la aplicación de la normativa en todo un territorio, la decisión de De Marinis se circunscribe al caso analizado y declaró inconstitucional el artículo 1° respecto del adolescente involucrado.

La jueza también tuvo en cuenta las condiciones socioeconómicas y familiares del adolescente. Según los informes incorporados a la causa, el joven atravesaba una situación de vulnerabilidad, había interrumpido sus estudios y manifestó su intención de retomarlos y realizar actividades deportivas.

En lugar de continuar con la persecución penal, la magistrada ordenó dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para que se implemente un abordaje orientado a la situación familiar, educativa y social del adolescente.

La Ley 27.801 modificó el esquema de responsabilidad penal adolescente y estableció que las personas de entre 14 y 18 años pueden quedar comprendidas por un régimen penal específico cuando sean imputadas por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

La norma busca establecer un sistema diferenciado del régimen penal de adultos, con medidas orientadas a la responsabilidad por los hechos, la educación, la resocialización y la integración social.

El fallo de De Marinis se suma a otros cuestionamientos judiciales que surgieron desde la entrada en vigencia de la nueva normativa y vuelve a poner en discusión el alcance de la baja de la edad de responsabilidad penal en Argentina.

Llegar a fin de mes se convirtió en una dificultad para una gran parte de los argentinos. Según un relevamiento realizado por Zentrix Consultora, el 65% de las personas agota sus ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% no logra superar el día 15.

Los datos surgen de la medición de agosto del Monitor de Opinión Pública (MOP), que relevó a 1.466 personas de todo el país. El informe también señala que un 12,2% se queda sin recursos antes del día 5.

La situación presenta diferencias importantes según el nivel socioeconómico. Entre las personas de sectores de menores ingresos, el 87,6% llega sin dinero al día 20, mientras que en el segmento de mayores ingresos ese porcentaje baja al 7,3%.

La edad también marca una diferencia. El 83,3% de los jóvenes de entre 18 y 39 años no logra superar el día 20 con sus ingresos, frente al 60,3% de los mayores de 60 años.

La falta de dinero durante el mes aparece acompañada por un mayor recurso al crédito. El 60,2% de los encuestados aseguró haber tomado alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses.

El porcentaje asciende al 70,2% entre las personas de menores ingresos y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Además, el relevamiento muestra que el endeudamiento está principalmente relacionado con gastos básicos. El 55,6% de quienes tomaron deuda utilizó ese dinero para cubrir alimentos y salud, mientras que otro 20,4% lo destinó al pago de tarifas y servicios.

En los sectores de menores ingresos, alimentos, salud, tarifas y servicios concentran más del 85% de los motivos para recurrir al crédito.

El estudio también consultó sobre la situación económica del país. En agosto, el 59,4% calificó la economía argentina como mala o muy mala, aunque el indicador mostró una mejora respecto de julio, cuando había alcanzado el 61,8%.

En cuanto a la situación económica personal, hubo una leve mejora: quienes la evaluaron positivamente pasaron del 27,2% en julio al 29,8% en agosto.

A su vez, el 65,8% consideró que la inflación difundida por el INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 81,2% afirmó que sus ingresos no le ganan a la inflación.

Entre las principales preocupaciones aparecen los ingresos y salarios, mencionados por el 50,1% de los encuestados; la incertidumbre económica, con el 49,8%; y el desempleo, con el 40,9%.

El Gobierno nacional aseguró este lunes que la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, está contemplada dentro del operativo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV.

La movilización se realizará un día antes de la llegada del Pontífice a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre. La coincidencia había generado consultas sobre el impacto que podría tener la marcha en el dispositivo de seguridad.

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada para presentar oficialmente el programa de la visita papal, el canciller Pablo Quirno fue consultado específicamente por la movilización.

“Tenemos obviamente dentro del calendario de marchas y eventos que se organizan en el país y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, lo tenemos todo contemplado para que eso no afecte el proceso, el programa de seguridad que tenemos para la visita del Santo Padre”, respondió.

De esta manera, el Gobierno nacional sostuvo que, de acuerdo con su planificación, la Marcha del Orgullo no representa un obstáculo para el dispositivo preparado por la llegada de León XIV.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, detalló que el operativo diseñado para la visita involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once eventos cerrados.

Según explicó, habrá además un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida y se prevé un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante las distintas actividades.

La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en distintos puntos del país.

La Marcha del Orgullo, en tanto, mantiene su convocatoria para el 7 de noviembre, por lo que ambos acontecimientos quedarán separados por apenas unas horas. La discusión sobre la organización de la movilización y las restricciones al espacio público en Buenos Aires continúa en el ámbito porteño.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia federal un escrito de 77 páginas para responder a las observaciones realizadas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga la evolución de su patrimonio.

La presentación fue realizada antes del vencimiento del plazo otorgado por la Justicia y contiene respuestas a los 20 puntos que la Fiscalía había solicitado aclarar. Según la defensa, la documentación presentada permite justificar la evolución patrimonial registrada entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Uno de los principales puntos del descargo está relacionado con el origen de los dólares y otros fondos que aparecen en el análisis patrimonial.

Según explicó Adorni en su presentación, una parte importante de esos recursos provenía de ahorros en bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, es decir, antes de su ingreso a la función pública. La defensa sostuvo que posteriormente esos activos fueron vendidos y que el dinero obtenido permitió afrontar distintos gastos.

El requerimiento fiscal había señalado diferencias entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. De acuerdo con el análisis presentado por la Fiscalía, durante el período investigado Adorni y su pareja registraron ingresos por unos $229,7 millones, mientras que los gastos alcanzaron aproximadamente los $272,8 millones, con una diferencia de más de $43 millones que debía ser explicada.

Además, la Fiscalía había identificado alrededor de US$402.578 vinculados con inmuebles, refacciones y mobiliario cuyo origen debía ser aclarado dentro de la investigación.

Otro de los puntos abordados está relacionado con una propiedad adquirida en el country Indio Cuá.

La defensa explicó que la compra, por unos US$120.000, se habría realizado mediante un préstamo hipotecario de US$100.000 y otros US$20.000 en efectivo.

También cuestionó el monto atribuido a las refacciones de la vivienda. Mientras el contratista Matías Tabar había declarado un costo de aproximadamente US$245.000, la defensa de Adorni sostuvo que el desembolso efectivamente realizado fue de unos US$175.000, provenientes de una cuenta bancaria y de ahorros.

La presentación de Adorni no implica una resolución sobre la investigación. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar las explicaciones y la documentación aportada y determinar si considera aclarados los puntos cuestionados.

La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito, y la etapa de justificación patrimonial es previa a una eventual indagatoria. Si el fiscal considera que las respuestas no resultan suficientes, podría solicitar al juez federal Ariel Lijo que avance con esa instancia.

Por el momento, la Justicia no emitió una resolución sobre el contenido del descargo. La documentación presentada deberá ser contrastada con las declaraciones juradas, informes contables y demás elementos incorporados al expediente.

La espera llegó a su fin. El Vaticano difundió este lunes la agenda oficial del papa León XIV en Argentina, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica. El pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá una intensa agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades pastorales.

La visita de León XIV incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con cuatro celebraciones eucarísticas y reuniones con autoridades, trabajadores, jóvenes, referentes religiosos y personas privadas de la libertad.

Será la primera visita de León XIV a la Argentina como Papa y se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un pontífice al país.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, luego de finalizar su etapa en Uruguay. Está previsto que parta desde Montevideo a las 15.30 y arribe una hora después al Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida.

Su primera actividad en territorio argentino será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido oficialmente y mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

La primera jornada finalizará en el Palacio Libertad, donde el Papa brindará un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Después se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, donde estará alojado durante su estadía en el país.

El lunes tendrá un marcado perfil pastoral. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde mantendrá un encuentro con trabajadores y personas asistidas por la institución.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, una de las principales celebraciones de su visita.

Por la tarde, el Pontífice participará en la Universidad Católica Argentina (UCA) de un encuentro con el mundo del trabajo, que reunirá a empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y referentes sociales.

La agenda continuará con un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín.

Por la noche, León XIV celebrará las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al episcopado argentino y equipos sinodales de todo el país, antes de compartir una cena con los obispos.

El martes 10 de noviembre será el turno de Córdoba. El Papa viajará por la mañana hasta esa provincia, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Más tarde mantendrá un encuentro en la Catedral de Córdoba con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Finalizadas las actividades, regresará a Buenos Aires.

Ya en la Ciudad, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, una de las convocatorias multitudinarias previstas durante su visita.

El último día de la visita comenzará con una actividad de fuerte contenido pastoral: León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de la libertad.

Después viajará a Luján, donde presidirá una misa en la plaza de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján.

La celebración será el acto de cierre de su visita a la Argentina y reunirá a fieles provenientes de distintas diócesis del país.

Tras la misa, el Papa regresará al aeropuerto internacional de Ezeiza para la ceremonia oficial de despedida. Su vuelo hacia Lima, Perú, está previsto para las 14, con lo que continuará la segunda parte de su viaje apostólico por Sudamérica.

Con la publicación del programa oficial, quedaron confirmados los principales puntos de una visita que tendrá una fuerte presencia pastoral e institucional. León XIV celebrará cuatro misas en Argentina y recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de mantener encuentros con autoridades políticas, representantes de distintos credos, trabajadores, jóvenes y personas privadas de la libertad.

El presidente Javier Milei visitó este viernes una empresa agroindustrial en Bahía Blanca, en una recorrida que incluyó la supervisión de proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete.

La actividad oficial, que incluyó la visita a tres empresas, fue interpretada en diversos ámbitos como un movimiento en clave electoral. El jefe de Estado confirmó recientemente que Diego Santilli es su candidato para la provincia de Buenos Aires en los comicios del año próximo, un distrito estratégico que concentra cerca del 40% del padrón electoral nacional.

Durante la jornada, el presidente se refirió a la polémica por el video publicado por la senadora Patricia Bullrich, donde se la observa cantando un tema de la artista Lali Espósito. Al respecto, Javier Milei declaró ante la prensa:

Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron. ¿Y cuál sería el problema? Para mí no representa ningún problema. Me parece una tontería mayúscula politizar el arte.

Esta visita se produce en una semana marcada por la agenda internacional del Gobierno, ya que el presidente emprenderá este lunes un nuevo viaje a Nueva York para participar de la 81° Asamblea Anual de la Organización Naciones Unidas (ONU). En dicho evento, el mandatario tiene previsto destacar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será la figura central de un importante acto este sábado en Avellaneda. El encuentro, que se desarrollará en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico a partir de las 14, contará con la presencia de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro y un amplio abanico de dirigentes políticos, sindicales y sociales.

El evento, denominado Plenario Federal, busca consolidar una mirada estratégica de cara a 2027. Según informaron desde la organización, se registraron más de 7.000 personas para participar en mesas temáticas sobre educación, salud, ciencia, trabajo, producción, seguridad, obra pública y cultura, entre otras áreas.

Aunque sectores internos y externos presionan por un lanzamiento presidencialista, desde el entorno del mandatario provincial sostienen que el objetivo actual es la construcción de un frente anti-Milei. El plenario servirá como termómetro político para medir el alcance del poder del gobernador en un contexto de tensiones internas con La Cámpora.

A lo largo del año, Axel Kicillof ha mantenido una intensa agenda federal. En abril visitó Tierra del Fuego junto al gobernador Gustavo Melella y en mayo estuvo en Córdoba, donde se reunió con el intendente Raúl Cardinalli y participó de actividades con Héctor Daer. Posteriormente, en junio, visitó Corrientes para encontrarse con Juan Pablo Valdés, mientras que en agosto compartió jornadas en Chaco y firmó acuerdos en La Pampa con Sergio Ziliotto.

El Gobierno nacional aplicó este jueves una profunda reorganización en la quinta de Olivos, la cual derivó en el despido de 12 trabajadores. Entre los cesanteados se encuentra el hasta ahora intendente de Olivos, Osvaldo Javier Sosa. Según informaron fuentes oficiales, la medida responde a una serie de filtraciones sobre la actividad del presidente Javier Milei y su círculo más cercano, lo que motivó un refuerzo en los esquemas de seguridad.

La administración central dispuso que la Casa Militar asuma la responsabilidad integral de la seguridad de la residencia, desplazando a la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, área que quedará diluida bajo el nuevo esquema. Desde el Gobierno explicaron que la decisión busca mitigar riesgos para la información y la seguridad del jefe de Estado.

La decisión es de seguridad. Se hizo una investigación que determinó que hay un riesgo para la información y también para la seguridad, por eso la determinación sobre estos empleados.

Por su parte, el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció la modalidad de los despidos y la falta de explicaciones brindadas a los trabajadores afectados, entre los que se encuentran empleados de jardinería, cocina y áreas administrativas.

No los dejaron entrar. Los mandaron a sus casas a esperar el telegrama.

El gremialista señaló además que entre el personal desvinculado figura una persona que se encontraba bajo licencia por enfermedad.

A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada vinculó estos cambios a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia ante la proximidad de la visita del Papa León XIV a la Argentina. La transferencia de responsabilidades y bienes a la Casa Militar, dependencia a cargo del coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, se completará en un plazo máximo de 60 días.

El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López se preparó para salir de su vivienda en el barrio platense de Los Hornos. El hombre, de 76 años, debía encontrarse con su sobrino, Hugo Savegnago, para asistir a las últimas instancias del juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, donde su testimonio había sido fundamental para lograr la condena a prisión perpetua del excomisario.

López, nacido en General Villegas el 25 de noviembre de 1929, había sido detenido-desaparecido durante la última dictadura militar tras ser secuestrado la noche del 27 de octubre de 1976. Durante su cautiverio, permaneció en cuatro centros clandestinos de detención bajo el mando de Etchecolatz, quien se desempeñaba como director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Tras ser liberado en 1979, mantuvo silencio hasta que el 7 de julio de 1999 declaró ante la Cámara Federal de Apelaciones en el Juicio por la Verdad de La Plata.

En 2006, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, López volvió a declarar el 28 de junio. Sin embargo, el día de los alegatos, su sobrino no lo encontró en su domicilio. Según testimonios de vecinos, el hombre salió de su casa por voluntad propia y fue visto caminando solo. Durante la lectura de la sentencia, el fotógrafo Leo Vaca capturó una imagen de Etchecolatz sosteniendo un papel con el nombre de Jorge Julio López escrito a mano.

La investigación judicial, radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, atravesó diversas etapas. Inicialmente caratulada como desaparición simple, pasó a ser investigada como desaparición forzada de personas en mayo de 2008, momento en el cual la Policía Bonaerense fue apartada del caso. A lo largo de los años, se analizaron múltiples hipótesis, desde un shock traumático hasta la intervención de grupos de extrema derecha.

Actualmente, el Gobierno bonaerense y el Ministerio de Seguridad de la Nación mantienen activas recompensas para quienes aporten datos certeros. La administración de Axel Kicillof elevó el monto a una suma de entre 5 millones y 10 millones de pesos, mientras que la cartera nacional ofrece 5 millones de pesos. A dos décadas de aquel suceso, las marchas en reclamo de justicia continúan realizándose cada 17 de septiembre, manteniendo viva la memoria ante el riesgo de que el caso caiga en el olvido.

Un grupo de 189 dirigentes de partidos políticos de diversos espacios, incluyendo a tres gobernadores, presentó un reclamo formal para que 15 provincias argentinas, entre las que se encuentra la provincia de Buenos Aires, implementen la Boleta Única Papel (BUP) de cara a las elecciones de 2027. El pedido fue realizado a través de un comunicado de la asociación civil Red de Acción Política (RAP).

La iniciativa cuenta con el respaldo de referentes del PRO, la UCR, el PJ, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el socialismo, el GEN, además de fuerzas vecinales e independientes. El planteo surge en un contexto donde el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, impulsa su propia reforma electoral en el Congreso. Sin embargo, dicha normativa no alcanza automáticamente a las jurisdicciones locales, ya que cada provincia mantiene sus propias reglas para elegir gobernador, legisladores e intendentes.

En el caso bonaerense, el territorio continúa utilizando la boleta partidaria tradicional, conocida como sábana, para sus cargos provinciales y municipales. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a la postura oficial sobre este sistema:

El sistema vigente en la provincia es efectivo, económico y transparente.

El funcionario aclaró que cualquier modificación no depende de una decisión del Poder Ejecutivo, sino que debe ser aprobada por la Legislatura, un escenario complejo dada la conformación actual del cuerpo. Entre los firmantes del pedido se encuentran los gobernadores Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Martín Llaryora, junto a una amplia lista de dirigentes nacionales y provinciales.

La Boleta Única Papel propone que todos los candidatos figuren en un mismo diseño, con partidos en columnas y cargos en filas. Los impulsores del sistema sostienen que esta modalidad desalienta prácticas como el robo de boletas y el voto cadena, además de reducir el uso de papel y otros materiales electorales.

El Gobierno de Axel Kicillof reglamentó este jueves la nueva ley destinada a garantizar los derechos de las personas en situación de calle y de quienes se encuentran en riesgo de atravesar esa situación en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo régimen establece un abordaje integral que incluye asistencia social y sanitaria, acceso a documentación, acompañamiento para conseguir trabajo y políticas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda permanente.

La norma define como personas en situación de calle a quienes habitan en la vía pública o en espacios públicos de manera transitoria o permanente, utilicen o no servicios de asistencia o alojamiento nocturno. También alcanza a quienes se encuentran en riesgo de quedar en esa situación, como personas que deben egresar de establecimientos sin contar con una vivienda, quienes enfrentan un desalojo y no tienen recursos para procurarse un hogar, y quienes viven en asentamientos precarios o en condiciones de hacinamiento.

La Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle será la autoridad de aplicación. Entre sus responsabilidades estará la implementación de políticas para garantizar el acceso a servicios sociales y de salud, asistencia para obtener un trabajo digno y medidas orientadas al acceso efectivo a una vivienda permanente.

Si bien no hay números actualizados, a nivel nacional el ministerio de Capital Humano realizó el primer relevamiento nacional sobre personas en situación de calle e identificó 9.421 personas. Sin embargo, ese número no contempla a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ese número está lejos de lo que plantean las organizaciones sociales, que hablan de una cifra mucho mayor.

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Uno de los principales instrumentos previstos es la creación de una Red Provincial de Centros de Integración Social, que incorporará establecimientos provinciales y municipales. Los centros tendrán acceso voluntario e irrestricto y deberán funcionar de manera continua durante todo el año. Allí se brindarán alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de salud, además de talleres, espacios terapéuticos y actividades de formación y capacitación laboral.

El nuevo esquema también crea un Sistema Provincial de Atención Telefónica permanente y gratuito, que deberá funcionar en articulación con los municipios para permitir la intervención de los organismos correspondientes. A su vez, se establece un Servicio Móvil de Atención Social, con profesionales y operadores sociales, destinado a detectar situaciones de calle, brindar alimentos, vestimenta, abrigo y contención, intervenir ante emergencias habitacionales y ofrecer asistencia sanitaria.

Otro de los puntos establecidos es la posibilidad de acceder gratuitamente a la documentación necesaria para acreditar la identidad. La autoridad de aplicación deberá coordinar con el Registro de las Personas la tramitación de partidas de nacimiento, DNI y otras constancias. Además, se implementará una referencia administrativa postal para que las personas en situación de calle puedan recibir correspondencia y acceder a distintos servicios y trámites.

La ley establece que no podrá negarse atención a una persona por no contar con DNI u otra documentación y dispone que el Estado deberá implementar acciones para evitar situaciones de discriminación y estigmatización. También establece que deberán agotarse las instancias de articulación de las medidas asistenciales antes de recurrir al uso coercitivo de la fuerza pública.

El nuevo régimen contempla además la creación de una Comisión Interministerial e Intersectorial, con participación de las áreas provinciales de Salud, Hábitat y Desarrollo Urbano, Trabajo, Mujeres y Diversidades y del Registro Provincial de las Personas. Los municipios, organizaciones sociales, colegios profesionales y cultos religiosos podrán ser convocados para participar.

La nueva legislación deroga en su totalidad la Ley 13.956, sancionada en 2009, y todas las normas que se opongan al nuevo régimen. La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con los municipios para implementar las distintas medidas previstas en todo el territorio bonaerense.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso contempla una autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta US$ 2.300 millones destinadas a la adquisición de tres submarinos convencionales que tendrían como destino la Base Naval Mar del Plata.

La iniciativa forma parte de un esquema de reequipamiento de la Armada Argentina y, de concretarse, permitiría recuperar la capacidad submarina que el país perdió tras el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

De todos modos, la inclusión de esta autorización en el proyecto de Presupuesto no significa que los submarinos vayan a ser comprados durante 2027. El texto habilita al Poder Ejecutivo a buscar financiamiento para la operación, cuya concreción dependerá de las condiciones de crédito y del tratamiento que finalmente tenga el proyecto en el Congreso.

El monto destinado a los submarinos aparece en la planilla anexa al artículo 42 del proyecto de Presupuesto, dentro de las operaciones de crédito público que el Poder Ejecutivo quedaría autorizado a realizar.

La misma documentación contempla otra operación vinculada con la Armada Argentina: hasta US$ 1.200 millones para la incorporación de dos fragatas multimisión, en este caso con destino previsto a la Base Naval Puerto Belgrano.

De esta manera, ambas operaciones representan una autorización de endeudamiento por hasta US$ 3.500 millones para el reequipamiento naval.

La recuperación de la capacidad submarina tiene un vínculo directo con Mar del Plata. El ARA San Juan tenía su apostadero habitual en la Base Naval de esta ciudad y llevaba 44 tripulantes cuando se produjo su último contacto con tierra, el 15 de noviembre de 2017.

Tras el hundimiento del submarino, la Armada Argentina quedó sin unidades submarinas operativas, mientras la estructura de la Fuerza de Submarinos continuó funcionando en Mar del Plata.

La propia Armada destaca el vínculo histórico entre la Base Naval y esta fuerza. La infraestructura creada para recibir a los primeros submarinos argentinos dio origen al Comando de la Fuerza de Submarinos y a la Base Naval Mar del Plata.

La incorporación de tres submarinos representaría, si finalmente se concreta, el regreso de unidades de este tipo a la principal base naval de la ciudad después de casi una década sin submarinos operativos argentinos.

El proyecto de Presupuesto 2027 constituye por ahora un paso administrativo y financiero: autoriza al Gobierno a avanzar en la búsqueda de crédito para concretar la adquisición, pero no implica todavía que exista una compra cerrada ni que los tres submarinos estén contratados.

El tratamiento del Presupuesto en el Congreso y las posteriores decisiones del Poder Ejecutivo serán determinantes para conocer si la operación finalmente avanza.

La jueza federal de Rio Grande Mariel Borruto dispuso hoy frenar la iniciativa de extracción de petróleo Se Lion, en la cuenta norte de Malvinas, a raíz de una presentación que hizo el Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas de La Plata unos días antes de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció en endurecimiento de sanciones a las compañías que participen.

La decisión de la jueza Borruto afecta puntualmente a las compañías Rockhopper Exploration (inglesa) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí), que en noviembre pasado habían informado que pasaban a la fase de explotación del proyecto Sea Lion, para extraer entre 50.000 y 55.000 barriles de petróleo diarios en la Malvinas a partir de 2028, una cifra que podrían creer hasta los 80.000 barriles diarios más adelante.

La decisión exige paralizar perforaciones, instalaciones submarinas y los trabajos de explotación hidrocarburífera. La magistrada precisó que su resolución es de carácter precautorio y no implica un juicio definitivo sobre el fondo del asunto. Pero sí dispuso frenar los actos financieros destinados a posibilitar el emprendimiento y prohibió celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, realizar pagos o transferencias y constituir garantías sobre el proyecto.

La resolución otorga un plazo de 10 días a las compañías para presentar una declaración jurada documental sobre el estado actual de Sea Lion. En ese documento las dos empresas deberán detallar el cronograma de perforación, pozos, contratistas, estructura societaria, entidades financieras, aseguradoras y planes de contingencia ambiental. Paralelament, requirió a la Cancillería argentina informar en 10 días si las firmas cuentan o contaron con habilitación.

La actuación de la jueza Borruto se desencadenó a raíz de una presentación que realizó el CECIM La Plata el 1° de septiembre pasado -72 horas antes de la cadena de Milei- a la que después se sumaron la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), y la Asamblea Comunidad Costera de Tierra del Fuego.

Entre otros puntos, plantearon que la iniciativa de Rockhopper y Navitas implica riesgo ambiental colectivo, carece de una evaluación consistente de impacto ambiental, además de estar sustentada legalmente en licencias británicas que considera ilegales y violatoria de la Ley Federal de Hidrocarburos -conocida como Ley “Pino Solanas, por su autor- que es justamente el proyecto que busca modificar Milei para endurecer los castigos.

El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por el abuso sexual cometido contra la modelo cuando eran pareja. Sin embargo, aplicó una leve reducción de la pena: cumplirá 18 años y seis meses de prisión en vez de 19, como se había resuelto en el juicio oral.

La decisión fue tomada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, quienes aceptaron una reducción de seis meses sobre la pena inicial que le había dado el Tribunal N°2 de Campana. Los jueces rechazaron el recurso de apelación que había planteado en agosto de 2025 el abogado de Contardi, Fernando Sicilia.

La defensa planteó, entre otras cuestiones, que se había vulnerado el derecho del imputado a ser juzgado por jurados, que no contó con una defensa eficaz por los cambios de abogados antes del debate, que los hechos estaban descriptos de manera imprecisa, que la prueba era insuficiente, que no se acreditó el dolo ni el grave daño psíquico, y que la pena era excesiva.

El Tribunal rechazó la mayoría de esos planteos. Consideró que Contardi había optado válidamente por ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía volver sobre esa decisión luego de haberse desarrollado el juicio bajo esa modalidad. También entendió que tuvo defensa adecuada, que conoció los hechos imputados y pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia.

El único planteo de la defensa que prosperó parcialmente fue el referido a la determinación de la pena. En su fallo, Bouchoux consideró que el Tribunal Oral de Campana no había fundamentado de manera suficiente una de las agravantes utilizadas para llegar a los 19 años de prisión: “La actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”.

Por ese motivo, propuso excluir esa agravante y reducir la condena por los hechos ocurridos de manera reiterada entre julio de 2015 y marzo de 2018, durante la relación matrimonial. Con la adhesión de Budiño, Casación fijó la pena en 18 años y 6 meses de prisión.

En tanto, Casación rechazó el pedido para reemplazar la detención por una medida menos gravosa. Al respecto, Bouchoux consideró que la condena, aunque todavía no estuviera firme, aumentaba el riesgo de fuga y que los argumentos vinculados con sus hijos, su actividad laboral y su arraigo no alcanzaban para justificar una medida alternativa.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes la medida cautelar que había suspendido por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La resolución consideró que un juez no tiene facultades para dejar sin efecto, de manera general, una ley sancionada por el Congreso Nacional mediante una medida cautelar.

La decisión deja sin efecto el fallo dictado el pasado 7 de septiembre por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, quien había hecho lugar parcialmente a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Asociación Civil "No Seas Pavote", integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

En aquella resolución, la magistrada había sostenido que la nueva legislación ampliaba el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal —incorporando a jóvenes de 14 y 15 años y modificando el régimen vigente— sin que existieran condiciones materiales, institucionales y profesionales suficientes para garantizar el respeto de sus derechos en los centros de detención bonaerenses. También advirtió sobre problemas de infraestructura, hacinamiento, acceso al agua potable, alimentación, educación y formación profesional.

Sin embargo, la Cámara entendió que esa cautelar implicaba suspender la vigencia de una ley nacional en todo el territorio provincial sobre la base de una eventual afectación futura y no de un caso concreto. Los jueces remarcaron que las leyes sancionadas por el Congreso gozan de presunción de legitimidad y que sólo pueden dejar de aplicarse mediante una declaración de inconstitucionalidad en un caso específico, nunca a través de una suspensión general y preventiva.

En su resolución, el tribunal recordó además jurisprudencia de la Corte Suprema y sostuvo que permitir que un juez suspenda la vigencia de una ley para todos los casos implicaría alterar el principio de división de poderes y el sistema argentino de control de constitucionalidad. Incluso citó el precedente "Thomas", relacionado con la denominada Ley de Medios, donde el máximo tribunal había rechazado una medida cautelar de similares características.

No obstante, los camaristas aclararon que la decisión no desconoce la situación de los adolescentes actualmente privados de la libertad en la provincia. En ese sentido, afirmaron que, si se produjera un agravamiento concreto de sus condiciones de detención, cada juez competente podrá adoptar las medidas urgentes necesarias para proteger sus derechos, al tiempo que exhortaron al Estado provincial a garantizar los recursos y estándares exigidos por la Constitución y los tratados internacionales.

Además de revocar la cautelar, la Cámara ordenó que la jueza de primera instancia revise de manera urgente si es competente para seguir interviniendo en el hábeas corpus colectivo.

En medio de las discusiones sobre una economía que avanza a dos velocidades, con sectores que marcan récords de exportación y otros que no logran recuperarse, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el modelo económico, afirmó que no es una “anomalía” y aseguró que es “pro la gente”.

Al exponer en un panel del que participó en el Día de la Exportación, Caputo señaló este martes que "es normal" que haya un crecimiento "a dos velocidades" en los diversos sectores de la economía argentina y cargó la responsabilidad de que esto suceda al Gobierno anterior, que "tenía a sus mayores generadores de dólares en el banco de suplentes".

En ese sentido, hizo una metáfora futbolera y consideró que "es como ser director técnico y tener a Messi, Di María y Enzo Fernández en el banco, y quejarte de que te falta fútbol".

"Y bueno, si tenés en el banco a esos tres, es probable que pase eso", reprochó el ministro al afirmar que el kirchnerismo tenía postergados a algunos sectores que generan ingresos de dólares como el agro, la energía y la minería. Y continuó: "Tenés a las industrias con ventajas comparativas castigándolas y sí, te van a faltar dólares. La consecuencia es que tenés cepo y lo que ya sabemos...".

“Hay que aclarar algunas cosas con respecto a esto. El famoso tema de que la economía crece a dos velocidades, es decir, que hay sectores que empujan y otros que no. Lo primero que hay que preguntarse es si eso es normal o hay alguna anomalía. Y la respuesta es que es obvio que es normal. Si tenías a tus mayores generadores de dólares en el banco de suplentes, naturalmente te iban a faltar dólares”, explicó.

El ministro buscó así cambiar el eje de la discusión sobre la industria. Frente a quienes sostienen que la Argentina está dejando atrás un modelo industrial, afirmó que los datos muestran otra cosa: la producción industrial cayó 10% durante los 11 años previos a la llegada de Javier Milei y otro 11% durante el último año y medio. “No veníamos de un modelo industrial, sino esencialmente financiero”, sostuvo, al señalar que “la persona más importante” de una compañía en épocas de inflación era el CFO.

Aunque la economía a dos velocidades “se la presenta como algo malo”, el ministro aclaró que es algo positivo porque la energía, la minería y el agro “ayudarán al resto de las industrias”. Eso, según su visión, garantizará que haya orden macro, fiscal y monetario, además de ayudar al orden cambiario, la estabilidad y la previsibilidad.

El Gobierno nacional dio otro paso clave en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Pese a que la Justicia bonaerense dio lugar a la cautelar para frenar la privatización, este martes se abrieron los sobres con los ofrecimientos económicos de los grupos empresarios que buscan quedarse con el 90% del paquete accionario de la compañía. Ambos están encabezados por grupos nacionales.

Las propuestas confirmadas fueron una que corresponde al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A. La otra fue presentada por Roggio ROAS S.A.U. “y otros”. Según el acta de apertura, 17 participantes estaban registrados en el proceso, pero solo dos se presentaron para la siguiente etapa. La licitación se encuadra en la ley Bases y en la ley de reforma del Estado de 1989.

Ahora, las ofertas pasan a análisis técnico. Los grupos que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar la oferta económica, y recién ahí se definirá al ganador, que será el que ofrezca el número más alto.

El pliego no fija base ni precio mínimo, de modo que el valor de la compañía dependerá de la competencia entre los dos oferentes. En el Ministerio de Economía calculan recaudar entre unos US$450 millones y US$500 millones. El 10% restante del capital seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta de X que el Ministerio de Economía realizó el acto de apertura de las ofertas técnicas. “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de US$ 2.000 millones en los primeros 5 años”, escribió el funcionario.

“Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato”, a la vez que remarcó que el esquema implicará “más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, agregó.

Cabe recordar que la empresa fue privatizada en 1993, cuando la concesión de Aguas Argentinas quedó en manos del grupo francés Suez. En 2006, el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato y volvió a estatizar el servicio, que desde entonces presta AySA. Ahora, 20 años después, el agua y las cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y de 26 distritos del conurbano volverán a tener dueño privado.

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los ex funcionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años por el desvío de fondos públicos. 

También fueron absueltos Carlos Castellano, ex funcionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, ex asesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, ex funcionarios provinciales de Santiago del Estero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios.

De esta forma, el tribunal adoptó penas menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.

Al comienzo de la audiencia, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.

Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza”.

La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.

El juicio había comenzado en marzo pasado sobre la causa que involucraba a la fundación ‘Sueños Compartidos’, que investigó el desvío de fondos públicos, estimados en más de $206 millones de pesos, que el Estado Nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Fue para la construcción de viviendas sociales, pero el programa funcionó con serias irregularidades entre los años 2005 y 2011, con la realización de obras públicas con sobreprecios e, incluso, sin licitación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, desembarca este viernes 18 de agosto en una ciudad clave del interior de la provincia de Buenos Aires. Estará en Bahía Blanca junto a quien se prevé que sea el futuro candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El jefe de Estado cerrará su actividad oficial de la semana el viernes cuando se presente en la ciudad de Bahía Blanca para visitar el proyecto Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Mega. Pero además servirá esta visitar para apuntalar la campaña en un distrito que administra el peronista Federico Susbielles.

La firma detrás de este proyecto está integrada por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras. Su iniciativa contempla una inversión de 360 millones de dólares destinada a la ampliación de su planta ubicada en dicha ciudad.

El objetivo principal del proyecto es aumentar la capacidad de producción de líquidos de gas natural, incluyendo etano, butano, propano y gasolinas naturales. Proyectan la creación de aproximadamente 800 puestos de trabajo.

La planta, que se levantará en el área portuaria de Bahía Blanca, tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas de urea granulada por año y se prevé que entre en funcionamiento hacia fines de 2029. El complejo ocupará unas 80 hectáreas e incluirá dos líneas de producción, una planta de amoníaco, silos de almacenamiento, infraestructura para carga de camiones y buques, además de una planta desalinizadora para abastecer de agua al establecimiento.

Pero más allá del RIGI, para Milei el desembarco no es un dato menor. La visita de este viernes, será la primera incursión de campaña en la provincia de Buenos Aires del libertario. Lejos del Conurbano, donde se concentran los mayores niveles de rechazo a la gestión libertaria, Milei se mostrará en un distrito que pisó por última vez después de las devastadoras inundaciones que afectaron la zona en marzo de 2025.

Todo indica que la recorrida será junto a Santilli, quien está mejor posicionado entre LLA para ser candidato a gobernador en 2027.