Un relevamiento del Observatorio de Tierras del Conicet muestra que en la provincia de Buenos Aires hay 289.802 hectáreas en manos de propietarios extranjeros, en 28 partidos. En conjunto, esos distritos reúnen 3.530.118 hectáreas, por lo que la superficie extranjerizada representa el 8,21% del total. Los partidos con mayor proporción de tierras extranjerizadas están muy juntos en el mapa: son Campana, con el 50% del total de su territorio, y Zárate, con el 25%.

En la provincia de Buenos Aires el fenómeno de la extranjerización de tierras presenta marcadas diferencias entre municipios. Mientras algunos partidos registran niveles cercanos al límite del 15% fijado por la Ley de Tierras Rurales, otros muestran porcentajes considerablemente menores.

El caso más llamativo es Campana, donde 11.935 hectáreas de un total de 23.743 pertenecen a propietarios extranjeros, lo que equivale al 50% de toda su superficie. Detrás aparece Zárate, con 25% de extranjerización y 12.003 hectáreas en manos foráneas.

En un segundo escalón se ubican Juárez, con 13% (67.951 hectáreas); Exaltación de la Cruz, Almirante Brown y Presidente Perón, con 12%; y Ezeiza, con 11%.

Con un 10% aparecen Leandro N. Alem, Moreno, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata, mientras que Ramallo, Marcos Paz y Monte registran un 8%.

En el otro extremo del ranking figuran los partidos con menor incidencia de tierras extranjerizadas, todos con alrededor del 6% de su superficie: Guaminí, General Villegas, General Alvarado, Villa Gesell, General Lavalle, Arrecifes, San Vicente y Avellaneda. También se ubican cerca de ese nivel Balcarce, General Pueyrredón, General Rodríguez y Merlo, con porcentajes del 7%.

Si se observa la cantidad de hectáreas y no el porcentaje, el ranking cambia considerablemente. El partido con mayor superficie en manos extranjeras es Juárez, con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas (38.658 hectáreas), Balcarce (26.841), Guaminí (24.947) y Leandro N. Alem (16.113).

En tanto, La Plata registra 6.375 hectáreas extranjerizadas, mientras que en municipios densamente urbanizados como Avellaneda, Merlo o Moreno las cantidades son mucho menores debido a su reducida extensión territorial.

El Observatorio de Tierras fue creado por investigadores y docentes vinculados al Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. La iniciativa surgió en el marco del debate reabierto por el Gobierno nacional sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y de la Ley Nacional de Glaciares (26.639), con el objetivo de relevar el grado de concentración y extranjerización de la propiedad rural en el país.

Según los investigadores, la información recopilada en los últimos años muestra un escenario “preocupante”. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino, unos 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Sin embargo, advierten que “el dato nacional oculta situaciones mucho más críticas cuando se analizan provincias y departamentos específicos, especialmente aquellos donde existen recursos estratégicos como agua dulce, minerales o corredores logísticos”.

En ese contexto, el informe señala que 36 departamentos argentinos ya superan el límite de extranjerización previsto por la Ley de Tierras, mientras que en cuatro de ellos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la participación extranjera supera el 50%. También menciona casos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana, en la provincia de Buenos Aires, todos ubicados sobre la hidrovía del río Paraná, donde la propiedad extranjera supera ampliamente el 30%.

En el marco de la conmemoración de San Cayetano, el santo relacionado popularmente con el trabajo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la peregrinación que se llevó a cabo desde el santuario en el barrio porteño de Liniers hasta la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“En una jornada tan importante, vinimos esta mañana a acompañar a un pueblo que está sufriendo y que tiene muchas dificultades para afrontar su día a día”, expresó Kicillof desde la procesión. Agregó: “Son millones las familias que han tenido que endeudarse para pagar cuestiones básicas como los alimentos o el alquiler: está claro que no lo hicieron porque sean irresponsables, como dicen los funcionarios del Gobierno nacional, sino porque los salarios no alcanzan”.

El gobernador bonaerense sostuvo que “estamos frente a un Gobierno que no solo no escucha, sino que, como se vio ayer en el Congreso, además reprime a quienes se expresan pacíficamente”.

“Queda claro que este no es el camino que necesita la Argentina: no van a poder rematar nuestro país porque hay un pueblo que está dispuesto a defender nuestra soberanía”, cerró Kicillof desde la peregrinación a Plaza de Mayo.

El Gobierno logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de sus habituales aliados.

La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros representantes provinciales.

DesalojosEl proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por el Gobierno de Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad.

Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.

El Gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa.

Entre quienes votaron en contra de ese capítulo estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.

Ley de TierrasLa Cámara alta había retomado el tratamiento del proyecto luego de que el Ejecutivo resolviera retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, una decisión tomada tras la resistencia planteada por gobernadores y bloques dialoguistas que advertían sobre las consecuencias de flexibilizar el régimen de propiedad de tierras.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca "simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales" y garantizar el principio constitucional que protege la propiedad privada.

Según explicó el legislador libertario, la reforma procura brindar mayor seguridad jurídica y evitar que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.

En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lanzó una de las críticas más duras contra el proyecto. Lo calificó como "un asco" y sostuvo que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones resultan "inconstitucionales de cabo a rabo". Además, afirmó que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar bienes estratégicos que eventualmente sean privatizados.

En representación del oficialismo, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la norma al señalar que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por las usurpaciones y por un Estado que, según sostuvo, no protegía adecuadamente el derecho de propiedad.

"Ahora nadie te va a poder avasallar. El Estado te va a proteger y no te va a usurpar", aseguró la senadora, quien sostuvo que la ley busca dar previsibilidad y seguridad jurídica para las próximas generaciones.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno y cuestionó el trámite parlamentario, al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen apenas una hora antes del inicio de la sesión y con numerosas modificaciones.

También la rionegrina Ana Marks cuestionó el enfoque del oficialismo al sostener que considerar la tierra únicamente como un activo económico implica desconocer su función social. Además, criticó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno no ofrece respuestas para quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

Desde el oficialismo, Gonzalo Guzmán Coraita respondió que la Argentina necesita "reglas claras para ser un país previsible", mientras que la senadora Nadia Márquez sostuvo que la ley apunta a terminar con las usurpaciones, agilizar la recuperación de inmuebles, limitar las expropiaciones y generar mejores condiciones para atraer inversiones.

En tanto, el radical Maximiliano Abad acompañó la aprobación de la ley en general, aunque dejó una advertencia respecto del rumbo económico. Afirmó que las inversiones no llegarán únicamente por modificar normas específicas, sino que dependerán de la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y una política exterior consistente y sostenida en el tiempo.

La interna en el kirchnerismo bonaerense, con Axel Kicillof de un lado y Máximo Kirchner del otro, no sólo registra cruces en público. Ahora sumó pedidos explícitos desde el peronismo para que "se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema".

Así lo expresó el senador José Mayans, quien dijo: "¿Qué les diría Perón a Axel y a Máximo? Que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema". "Creo que lo van a hacer, porque aman la Patria los dos. Pueden tener diferencias y estoy seguro que van a llegar a un nivel de conversación para poner primero la Patria, después el movimiento y después los hombres”, aseguró el legislador en declaraciones a la prensa.

En ese marco, sostuvo que la pelea entre Kicillof y Máximo "son pleitos chicos comparado con lo que está haciendo Milei con el país", y citando a Perón dijo que "serán responsables los peronistas que sean elegidos por los propios peronistas que después se pondrán a consideración del pueblo argentino. No tenés votos, no tenés mando. En la democracia para tener mando tenés que tener votos. A nadie la interesa la pelea de los dirigentes".

En la misma línea se expresó la senadora Juliana Di Tullio, muy cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, la legisladora no ocultó que “la discusión me tiene podrida a mí, imagínense al resto. Sólo nos interesa a los dirigentes. La gente nos detesta y tiene razón".

"Me imagino lo que les debe joder a los que sufren todos los días”, agregó la senadora, quien dijo estar "segura que Milei no reelige" y que "el peronismo se ordena, con los instrumentos que tengamos". "Creemos que tiene que haber PASO y dirimir las diferencias, leves que tenemos, porque si me preguntan a mí, no sé cuáles son. Yo hablo con todos y no les encuentro demasiadas diferencias. Es un poco desconcertante”, completó.

En un giro de último momento, y ante la fuerte presión social instalada en torno al tema, la oposición dialoguista presiona a la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), para que desista de avanzar con el tratamiento en el recinto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para este jueves en la Cámara alta.

A pesar de que ya sabe que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el polémico capítulo que relaja los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, Bullrich resiste la presión e intenta encontrar una salida que le permita aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados.

La endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila , que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

La salteña Flavia Royon votaría en contra del capítulo sobre extranjerización de tierrasNoelia Guevara

Como en un efecto dominó, el caso del pampeano Kroneberger tuvo repercusiones en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que no quiere quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano en un comunicado.

"El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países", señaló el escrito.

Asimismo, añadió: "Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Si bien, se indicó que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", se supo que la gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8 cuando llegará a la Argentina donde pasará por las citadas ciudades y estará hasta el 11.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para el tramo final de su gira y estará en el país vecino desde el 11 hasta el 17 en la que será la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro en Argentina.

Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno -a través de Prefectura Naval Argentina- intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.

“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, argumenta el edicto de la Prefectura Naval.

La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Más de 150 buques se vieron afectados.

Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente, informó La Nueva.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial, informó Noticias Argentinas.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos -que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido-, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.

En un reportaje publicado este domingo en el diario Rio Negro, el presidente Javier Milei aseguró que ya tiene “definido” a su compañero de fórmula aunque evitó dar nombres. Y este lunes el primer mandatario amplió al no destacar un “acuerdo político” con fuerzas aliadas para decidir su próximo compañero (o compañera) de fórmula para las elecciones de 2027.

En declaraciones a Radio Mitre, el Presidente afirmó que en su cabeza “ya tiene definido” a “un conjunto de personas que califican” para el cargo y no descarta que sea un miembro de otro partido político. Son palabras que toman más valor aún entre rumores de acuerdos electorales entre La Libertad Avanza y el Pro en distritos clave, como la Provincia de Buenos Aires, donde el candidato a suceder Axel Kicillof podría ser el actual ministro Diego Santilli.

Milei busca un compañero/a confiableLa relación entre presidentes y vices nunca fue fácil. Pero pocas veces como el distanciamiento entre Milei y Victoria Villarruel. Para no repetir esa experiencia, para 2027 quiere un compañero de fórmula de su riñón.

De acuerdo a un análisis del diario La Nación, habría un poker de postulantes: la ministra Sandra Pettovello -una de las personas más allegadas a Milei desde hace años-, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich -quien este fin de semana se postuló para ser presidente, pero en 2031, tras la reelección de Milei-; y la propia hermana, Karina Milei, ya que nadie es de más confianza que la Secretaria general de la Presidencia.

De todos modos, que trasciendan estos cuatro nombres también podrían ser una estrategia para forzar el acuerdo con partidos afines a La Libertad Avanza.

El exdiputado nacional y dirigente sindical Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, luego de un confuso episodio que comenzó con un llamado al 911 por una presunta situación de violencia de género y derivó en una investigación por el hallazgo de presuntos estupefacientes.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. Vecinos y el encargado alertaron a la Policía de la Ciudad tras escuchar una fuerte discusión de pareja. De acuerdo con el relato de testigos, una joven de 23 años salió del edificio corriendo y fue perseguida por Moyano hasta la vía pública.

Los efectivos interceptaron a ambos en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. En ese momento, la mujer denunció haber sido agredida y presentaba lesiones compatibles con un episodio de violencia, por lo que fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano para su atención.

Durante el procedimiento, las autoridades señalaron que tanto Moyano como la mujer presentaban signos compatibles con el consumo de sustancias. Además, trascendió que se secuestraron presuntos estupefacientes, un aspecto que también forma parte de la investigación judicial. Hasta el momento no se difundió oficialmente el tipo ni la cantidad de droga incautada.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá determinar las responsabilidades y las medidas a seguir. Mientras tanto, el exlegislador permanecía demorado en una dependencia policial.

El caso continúa en etapa investigativa y, hasta el momento, no hubo una declaración pública de Facundo Moyano ni de su defensa sobre lo ocurrido.

El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco , confirmó que el jueves 6 el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador Axel Kicillof y el PJ bonaerense estarán presentes en la movilización contra la votación en el Congreso nacional de la llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

En el marco de la conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación provincial, Bianco expresó que esta ley que impulsa el Gobierno nacional "intenta llevar adelante un proceso sistemático de extranjerización de nuestras tierras: va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales". Y añadió: "Mientras el mundo cuida su patrimonio, Milei va a contramano queriendo entregar nuestro territorio. El Movimiento Derecho al Futuro y el PJ de la provincia de Buenos Aires se sumarán a la movilización del 6 de agosto para expresar su repudio a esta iniciativa".

En esa línea, Bianco recalcó que "el país vive una profunda crisis", producto de un modelo económico que beneficia "a unos pocos". Y sumó: "A pesar de que el Gobierno nacional quiere instalar la idea de una mejora de la situación económica, los indicadores y la calle muestran otra cosa: cerraron más de 30 mil empresas, se profundiza la crisis del comercio y la construcción, y cada vez son más las familias que se endeudan para sostener sus necesidades básicas".

La movilización se realizará este jueves 6 de agosto de 2026 frente al Congreso de la Nación, día en el que se debate en el Senado el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o, popularmente, como "Ley de Tierras".

El proyecto oficial deroga los límites actuales de la Ley 26.737, que prohíbe que los extranjeros posean más del 15% de las tierras rurales del país. Las organizaciones sociales, ambientales y políticas que impulsan la marcha denuncian que la medida favorece la extranjerización de la tierra, el agua y los recursos naturales. Asimismo, la iniciativa también incluye modificaciones en los procesos de desalojo y en el régimen de organización de comunidades.

El presidente Javier Milei relativizó la situación de los argentinos que no llegan a fin de mes y sostuvo que, si bien persisten dificultades económicas, el escenario es “mucho mejor” que el que encontró al asumir su gestión.

"No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Acerca de las cientos de familias que tomaron préstamos para cancelar otras deudas y que ahora enfrentan dificultades para cumplir con los pagos, Milei consideró que se trata de una cuestión entre particulares. "Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados", respondió.

Los dichos del Presidente derivan del rebote de una entrevista que dio el domingo al periodista Luis Majul, por el canal La Nación +. En ese envío, Milei se manifestó en el mismo sentido y con mayor dureza: "La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás: eso me parece que no está bien".

Las declaraciones del mandatario se dan en un contexto que pareciera alejado de sus interpretaciones. Según datos del Banco Central, actualmente existen 20,9 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente en la Argentina, de las cuales alrededor de 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días.

En paralelo, el Banco Nación informó que durante 2026 refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a los 310.000 millones de pesos mediante su programa de asistencia para clientes con dificultades financieras.

La situación de la morosidad familiar genera preocupación porque no pareciera poder solucionarse a corto plazo. No obstante, Milei no dudó destacar los resultados que él valora de su programa económico y destacó que "los salarios en dólares son los más altos desde 2017".

A su vez, analizó: "El PBI desde que llegamos los dos primeros años creció 11%, estamos en récord de PBI histórico, récord histórico de consumo, récord de exportaciones. No estoy diciendo que somos Suiza, estoy diciendo que estamos muchísimo mejor".

Durante la entrevista, el Presidente también fue consultado por el cierre de empresas en la provincia de Buenos Aires y el impacto sobre el empleo. "Así como se destruyen empresas, se crean empresas. El nivel de desempleo está prácticamente constante en un contexto donde aumentó la oferta y la cantidad de empleo subió", sintetizó.

La industria bonaerense presenta un panorama preocupante: todas sus ramas muestran hoy niveles de actividad inferiores a los que tenían en 2023, a acepción de las tres que están directamente vinculadas al desarrollo de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, refinación de combustibles y producción de químicos y maquinaria.

Los datos sobre la evolución de la industria en la Provincia fueron elaborados y difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo Lopéz, quien tomó como parámetro el inicio de la presidencia de Javier Milei, cuando comenzó a aplicarse la configuración macroeconómica actual.

Aunque la industria bonaerense sigue hundida al punto que 13 de sus 16 ramas están peor que hace dos años y medio, el sector, considerado globalmente, presenta una paradoja: tiene una perfomance algo mejor -o menos mala- que el promedio nacional. En provincia, el nivel de caída respecto entre enero y abril de este año respecto de 2023 es 6,5% contra el 11,7% nacional.

La PBA es la principal refinadora de petróleo del país y el boom de Vaca Muerta se refleja en sus estadísticas industriales. Por eso, la industria bonaerense evoluciona mejor que la industria nacionalSin embargo, la mayor parte de las ramas industriales operan por debajo de 2023 pic.twitter.com/EB06z5OBwm

La explicación está relacionado con el peso relativo que tienen en el sector industrial las tres ramas relacionadas directamente con Vaca Muerta: mientras que combustibles, químicos y maquinaria -acá también suma la tracción del agro- suman el 37% de la actividad en la Provincia, explican solo el 26% a nivel nacional.

Contra el fondo de ese escenario, López trazó una curva de caídas generalizadas: 13 de las 16 ramas operan por debajo de 2023.” El patrón es igual a nivel nacional: una crisis industrial generalizada que el buen desempeño de combustibles y químicos apenas disimula en el índice agregado”, concluyó el ministro.

Según López, “el agro y el petróleo son claros ganadores del modelo. En ambos casos, la PBA es protagonista. El problema, como venimos afirmando, es la destrucción del empleo Necesitamos un proyecto que potencie a todos los sectores, no a un puñado, y que genere empleo en lugar de destruirlo”.

Este viernes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus afirmaciones en redes sociales sobre el presidente Javier Milei. "Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos", señaló Villarruel en X.

"Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común. Y sobre todo contra un presidente que agarró un país devastado. Me parece una falta de respeto, y unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula", expresó Santilli en un reportaje a Radio Mitre..

"Estoy en total desacuerdo con Villarruel, y no entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante. Siempre poniendo palos en la rueda, si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita”, sentenció Santilli.

Ayer, la vicepresidenta volvió a criticar a Milei al sostener que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó en un mensaje en su cuenta de X. “El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

El senador nacional Maximiliano Abad volvió a poner el foco de atención en la crisis que atraviesa el sector de la pesca fresquera al presentar un proyecto de Ley (número 1256/26) para declarar la emergencia en todo el territorio argentino por 180 días, con posibilidad de prorrogarse en el tiempo, y establecer una serie de medidas destinadas a sostener el empleo, aliviar la estructura de costos y recuperar competitividad en uno de los sectores productivos más importantes de las ciudades portuarias argentinas.

“Estamos frente a una situación crítica”, sentenció Abad. “Esta situación pone en riesgo miles de puestos de trabajo, empresas familiares, plantas de procesamiento y toda una cadena productiva vinculada a la pesca. No podemos mirar para otro lado mientras un sector estratégico pierde competitividad y se acerca a una situación de inviabilidad económica”, sostuvo el legislador marplatense.

La iniciativa parte de un diagnóstico contundente sobre la situación que atraviesa la actividad. En los fundamentos del proyecto, el senador señala que la pesca fresquera constituye una parte esencial de la historia productiva argentina y representa mucho más que una actividad económica, ya que genera empleo, valor agregado y arraigo en numerosas comunidades costeras. En ciudades como Mar del Plata, donde se concentra buena parte de la flota fresquera nacional, la actividad sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a puertos, plantas procesadoras, transporte, talleres navales y servicios asociados.

“El sector hoy está siendo ignorado. No se trata de un reclamo coyuntural, sino de una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial”, advirtió Abad.

Uno de los aspectos centrales que destaca el proyecto es el impacto que la pesca fresquera tiene sobre el empleo. A diferencia de la flota congeladora, que procesa gran parte de la producción en alta mar, el modelo fresquero requiere una vinculación inmediata con la industria en tierra. Según se detalla en la iniciativa, por cada puesto de trabajo directo generado a bordo de un buque fresquero se crean entre cuatro y cinco empleos indirectos vinculados a tareas de estiba, fileteado, transporte, mantenimiento y servicios asociados.

El proyecto advierte además que el sector atraviesa una situación de quebranto. Mientras en 2018 un buque fresquero promedio registraba rentabilidades cercanas al 20%, en la actualidad los márgenes operativos son negativos y oscilan entre el 21% y el 30%. Entre los factores que explican esta situación se encuentran el aumento del combustible, que registró incrementos cercanos al 86%, el crecimiento de los costos laborales sobre la facturación —que pasaron del 32% al 54%—, el incremento de los costos de descarga y una estructura burocrática que obliga a realizar más de 143 trámites por cada marea.

A ello se suma una fuerte caída del valor agregado de las exportaciones pesqueras argentinas. Según señala la iniciativa, mientras años atrás el procesamiento nacional representaba cerca del 50% del valor exportado, actualmente esa cifra se redujo a aproximadamente el 15%, favoreciendo que etapas de industrialización y generación de empleo se trasladen a otros países.

Abad también cuestionó la creciente pérdida de competitividad del modelo de procesamiento en tierra. “Mientras los principales países pesqueros del mundo fortalecen la industrialización y el agregado de valor, en Argentina estamos empujando al sector hacia un esquema que genera menos empleo y menos desarrollo para nuestras comunidades costeras”, afirmó.

La iniciativa contempla una batería de herramientas orientadas a asistir al sector, entre ellas la eliminación transitoria de los derechos de exportación, la exención del IVA sobre el gasoil utilizado por la flota fresquera, la reducción del Derecho Único de Extracción (DUE), la suspensión de nuevos tributos específicos y la creación de incentivos fiscales y crediticios para promover inversiones, innovación tecnológica y renovación de flota.

El senador recordó además que la pesca constituye el quinto complejo exportador de la Argentina, con ventas al exterior cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales, y que genera alrededor de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos en todo el país. “La pesca fresquera no pide privilegios. Pide condiciones para seguir produciendo, exportando y generando trabajo argentino. Defenderla es defender miles de familias, el valor agregado nacional y el futuro de nuestras ciudades portuarias”, concluyó.

Datos destacados a tener en cuenta:* rentabilidad de +20% a entre -21% y -30%* combustible +86%* costos laborales del 32% al 54%* 143 trámites por marea* caída del valor agregado del 50% al 15%.* 5to sector exportador de Argentina (1.981 millones de dólares en 2024)* emplea a 46.000 personas de forma directa y 100.000 de forma indirecta.

Fuentes:Ministerio de Economía, Consejo Federal Pesquero, Información aportadas por Cámaras pesqueras

El Presidente Javier Milei presentó hoy su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Centra con un discurso por cadena nacional en el que acusó a Cristina Kirchner de “robarle 10 mil millones de dólares” a la entidad. La iniciativa prohíbe la financiación del Estado por parte la entidad, se dificulta la remoción de sus directores para darle más estabilidad y se prevé el cierre del Estado -o “shutdown”- cuando haya déficit persistente.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, planteó el jefe de Estado.

Milei vinculó directamente el funcionamiento del Banco Central hasta ahora con la inflación en Argentina. Dijo que la entidad “comenzó con una estafa, al modificarse la paridad cambiaria del oro que integraba las reservas. Eso derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la inflación y les arrebató a los argentinos el 50% de su salario”; sostuvo. En un pasaje sorprendente dijo que “la tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935”.

En la apertura de la cadena, había apuntado al “robo de la alta política” que usó al Banco para financiarse. En ese punto, cargó contra Cristina Kirchner -a quien llamó “expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción- y a Mercedes Marcó del Pont por la reforma de 2010 de la carta del Banco "le robaron 10 mil millones de dólares, lo que equivale (en la actualidad) a 15 millones de dólares", le dijo.

"Por eso, en 2012 se creó una nueva carta orgánica. Ahora, decidimos ponerle fin a 91 años de historia y renovarla bajo cinco premisas. El objetivo es preservar el valor de la moneda", señaló Milei.

Milei estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado), Sandra Petovello (Capital Humano), Martin Menem (titular de la Cámara Baja), Pablo Quirno (Canciller); Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado), José Luis Daza (viceministro de Economía), María Ibarzábal (secretaria Legal y Técnica)

El proyecto redefine el mandato del Banco Central y establece como único objetivo la preservación del valor de la moneda. Además, prohíbe de manera explícita el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, dispone que las reservas internacionales sean de propiedad exclusiva del BCRA, sin posibilidad de ser utilizadas por el Poder Ejecutivo, y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria destinado a limitar la emisión.

Es decir, que el Gobierno busca que el Central cuente con mayor independencia y se limite a “un servicio de liquidez a la economía”.

La reforma también contempla la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y el endurecimiento de los requisitos para modificar la composición del directorio. Asimismo, eliminará las utilidades contables o “ficticias”, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a procesos de deflación.

En paralelo, la Casa Rosada busca reemplazar los cinco objetivos actuales del Banco Central por una única finalidad. En ese marco, pretende poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir financieramente al Estado e impulsar un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión monetaria.

Concluida la delimitación inicial del proyecto, el jefe de Estado reforzó: “Esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó al respecto.

Y profundizó: “Se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, no se incorporará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los ministros no cobrarán un solo peso de sueldo. Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas”.

El presidente anunció cambios en el Mercado de Capitales. "Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir", adelantó.

Y una reforma en materia de seguros. "Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador", dijo. Consideró que así, “nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos."

"Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas”, advirtió Milei. "El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad", concluyó el presidente, que dijo además que todas estas reformas combinadas “pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente".

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a la realización, este lunes 3 de agosto, de un paro nacional docente de 24 horas, una medida que impactará en el reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. La huelga forma parte de un plan de lucha aprobado por el congreso de la organización sindical en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. A esta medida también se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), con lo que el paro afectará a todos los niveles educativos.

La protesta tiene como principales ejes el pedido de convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la recomposición de los salarios frente a la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el restablecimiento de los fondos nacionales destinados a educación y el rechazo a las políticas de ajuste que, según el gremio, afectan a la escuela pública.

Desde CTERA sostuvieron que la medida busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y reclamar una mayor participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema educativo. Bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación", la entidad convocó además a movilizaciones y acciones de protesta en distintos puntos del país.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta tendrá un impacto especial por coincidir con el regreso a las aulas tras el receso invernal.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, acompaña el plan de lucha y anticipa una importante adhesión en las escuelas públicas, mientras que en los establecimientos de gestión privada la actividad dependerá de la decisión que adopte cada docente.

El paro docente coincidirá además con otras medidas de fuerza previstas para el mismo día. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización en reclamo de mejoras salariales para el sector público.

La medida de CTERA se produce en un contexto de creciente tensión entre los gremios docentes y el Gobierno nacional por la política educativa y el financiamiento del sistema escolar. La organización sindical reclama desde hace meses la reapertura de la negociación salarial a nivel nacional y cuestiona la eliminación del FONID, un complemento que durante años formó parte de los ingresos de los docentes de todo el país.

En oposición a la propuesta del gobierno Javier Milei, que busca desregular la venta de tierras rurales sin límite a personas extranjeras, el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley fijando un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos.

La medida presentada en la Legislatura provincial por los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero surge como respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras.

Los legisladores señalan que buscan resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, "garantizando la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria”.

El texto del proyecto define también estrictas salvaguardas para proteger las denominadas “zonas de protección territorial estratégica” -que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar-, exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.

Después de una semana de espera, noches a la intemperie y una enorme cuota de paciencia, Gastón Mónaco dio por terminada su particular misión. El hombre que había acampado junto a su moto en el ingreso al barrio privado donde se hospedaba Lionel Messi confirmó este jueves que el capitán de la Selección Argentina dejó el país sin que pudiera conseguir la tan ansiada firma.

"Hasta el final lo intenté", expresó Mónaco en un mensaje compartido en sus redes sociales. "Ya limpié todo, volveré en octubre intentando conseguir esa firma", agregó, dejando en claro que no piensa abandonar definitivamente el sueño.

Durante los últimos días, la historia de Gastón se hizo viral. Su objetivo era lograr que Messi firmara su motocicleta para luego subastarla y destinar lo recaudado a ayudar al pueblo venezolano. Convencido de que podía lograrlo, decidió instalarse frente al ingreso del barrio privado y esperar la oportunidad.

"Ya pasaron cinco días de la gran espera y sigo aquí firme, sin perder las esperanzas de que el capitán me firme la moto para ayudar al pueblo venezolano y no me pienso ir hasta que Leo deje el país", había escrito días atrás, cuando todavía mantenía intacta la ilusión.

Aunque la firma de Messi nunca llegó, la experiencia no fue completamente en vano. En ese tiempo pudo saludar a Maxi Rodríguez y también consiguió que Lionel Scaloni firmara la motocicleta durante su paso por Pujato, un recuerdo que conservará mientras espera una nueva oportunidad.

El desenlace se confirmó este martes, cuando Lionel Messi partió en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con destino a Miami. Allí volverá a incorporarse al Inter Miami CF para afrontar el tramo final de la temporada de la MLS y la Leagues Cup.

Durante su estadía en Santa Fe, Messi permaneció principalmente en su casa de Kentucky, en Funes. También visitó a su padre, Jorge Messi, en el barrio Tiro Suizo de Rosario y fue visto públicamente en Arroyo Seco, donde presenció un partido de Leones FC, el club administrado por su hermano Matías.

Para Gastón Mónaco, la historia quedó inconclusa, pero no terminada. Su promesa es regresar en octubre para volver a intentar conseguir esa firma que, según asegura, podría convertirse en una importante ayuda solidaria.

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron.

El accidente sucedió cuando la nave se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos", sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en X.

Y agregó: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta".

"La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal", informó Presidencia en un comunicado.

Al respecto, agregó que "las causas del siniestro son materia de investigación" y que "la Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados".

Por su parte, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea), informó que recibió a las 10.30 hora local una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.A partir de la emisión de la alerta de emergencia, se puso en marcha una acción coordinada que involucró medios aéreos y terrestres de diversas dependencias. El despliegue posibilitó la localización de la aeronave en poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad.

La señal posicionó el último registro conocido de la unidad en la franja limítrofe entre San Juan y La Rioja, lo que motivó la apertura del protocolo correspondiente.

Desde la central del SAR de EANA se dispuso la intervención de efectivos del Subcentro SAR Mendoza y la salida de aeronaves de Protección Civil sanjuanina con destino al perímetro señalado. De manera concurrente, organismos provinciales instrumentaron un dispositivo en superficie con personal de Gendarmería Nacional y agrupaciones especializadas de la Policía de San Juan.

La intervención presentó serias complicaciones geográficas, dado que el lugar estimado del siniestro se localiza en el predio fiscal Caballo Anca —una superficie aproximada de 64.000 hectáreas situada entre Jáchal y Valle Fértil—. El área, despoblada y ajena al circuito de Ischigualasto, dista unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y exhibe una topografía severa que entorpece la progresión de patrullas y vehículos.

En el transcurso del operativo se precisó la nómina de las siete personas a bordo, entre las cuales figuraban cuatro autoridades de la provincia de San Juan: Marcelo Videla (subjefe de la Policía), Rubén Castro (jefe de Bomberos), Carlos Heredia (director de Protección Civil) y Jorge Carbajal (subjefe de Bomberos).

Los tres ocupantes restantes pertenecían a otras jurisdicciones y formaban parte de una jornada de instrucción en extinción de incendios forestales.

El hallazgo de la aeronave LV-KGR se produjo a las 13:00 en la zona del suceso. Tras haber completado la detección en un lapso inferior a tres horas desde la recepción del aviso, el SAR de EANA dio por finalizada su función específica en la emergencia.

La celeridad de las acciones acortó los plazos de búsqueda en un terreno considerado crítico. Posterior al hallazgo, la atención se orientó hacia la asistencia de los tripulantes y el inicio de los peritajes destinados a esclarecer los factores que forzaron el descenso de la nave en el cordón montañoso del noreste de San Juan.

Integrantes de la red de rescate precisaron que las cuadrillas vehiculares ingresaron principalmente por el territorio de La Rioja debido a la mayor viabilidad de los caminos hacia el punto de impacto.

Por el lado sanjuanino, el trayecto requirió un desplazamiento pedestre de unos 13 kilómetros tras superar un puesto rural en el camino, marcha que dio inicio cerca del mediodía una vez confirmada la entidad del hecho.

Por su parte, Orrego, agregó: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

A la vez se confirmó que las personas fallecidas son:

Con motivo de la tragedia, Orrego decretó tres días de duelo en San Juan, el cese de actos festivos estatales y la colocación de la bandera a media asta. 

La expresidenta Cristina Fernández de Kirichner realizó hoy, a través de sus abogados, una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacionales Unidas, en el que pide que se suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos que fue parte de la condena en la llamada Causa Vialidad para poder ser candidata en las elecciones del año próximo. Además, requirió que se complete la conformación de la Corte Suprema, hoy con tres miembros, y que se morigere la prisión domiciliaria.

La presentación es una “Comunicación Individual”, habilitada por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permite que cualquier ciudadano individual denuncie violaciones contra sus derechos una vez que se agotaron las instancias en la justicia local, como ocurrió en el caso de Cristina Kirchner en la “Causa Vialidad”, cuya condena fue ratificada el año pasado por la Corte Suprema cuando rechazó un recurso de queja que había planteado su defensa, lo que a su vez dio lugar a la prisión domiciliaria de la Expresidenta.

Los abogados que representan a Cristina, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego -estos últimos dos expertos internacionales que se sumaron al equipo para este caso- explicaron que se trata del pedido de tres medidas cautelares, una contra la inhabilitación electoral, otra por la conformación de la Corte y la última por la domiciliara. Por la naturaleza del recurso debe ser resuelto en cuestión de meses por el Comité de la ONU, a diferencia de lo que ocurriría con una revisión del “fondo” del fallo, que podría durar años.

En una conferencia de prensa realizada en el Hotel NH, de Buenos Aires, los abogados explicaron que las decisiones del Comité son “vinculantes” y deben “ser cumplidas por el Estado” argentino, aunque fueron cautos respecto de su eso puede implicar una revisión automática de la condena contra Cristina, ya que la decisión de la justicia local no se anula de manera automática sino que abre una puerta para iniciar un proceso ante los tribunales locales que exigirá “paciencia”. Beraldi dijo que lo primero es “esperar a que haya novedades internacionales”.

Los abogados aclararon que la vía elegida es estrictamente documental —“no hay espacio para declaraciones”— y que la comunicación se circunscribe únicamente al caso de la Expresidenta, aunque el resto de los condenados podría usarlo como precedente. Borrego marcó, además, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU debería reunirse en octubre; sin embargo, "como consecuencia de la retirada de fondos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025 "se ha reunido dos veces", en vez de las habituales tres.

El letrado español, un catedrático que integró el Tribunal Supremo español, lanzó una variante hasta ahora poco mencionada al considerar que, según él, Cristina podría presentarse a las primarias, aun con la prohibición para ejercer cargos vigente. "A las elecciones del sistema PASO Cristina Kirchner se podría presentar", señaló, tras cuestionar la inhabilitación al sostener que las primarias "en un principio no son para un cargo". El letrado agregó que “si se postula, el respaldo electoral puede ser difícil para la oposición”.

En ese marco, Máximo Kirchner dijo que con su presentación Cristina “mostró su voluntad de participar en la vida política argentina”, algo que ella misma había puesto sobre la mesa en un escrito que difundió esta mañana en sus redes sociales y que publicó en medios internacionales. “Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”, dijo Máximo a una radio.

En paralelo, el gobierno reaccionó a la novedad a través del canciller Pablo Quirno. “Cristina hará todas las presentaciones que quiera realizar”, sostuvo Quirno en una entrevista radial, y agregó que todos “somos libres de hacer lo que la señora Kirchner pretende hacer”. El canciller remarcó que la expresidenta “ha sido juzgada y condenada". Con esa frase, el funcionario buscó despojar de sustento jurídico al planteo que CFK elevó horas antes ante el organismo internacional.

El escrito presentado por la defensa de Cristina enumera ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, según la defensa, fueron vulnerados durante el proceso judicial. Entre ellos, el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), afectado por una inhabilitación perpetua que los abogados consideran una proscripción electoral; el derecho a un juicio justo (artículo 14), por atribuirle a CFK responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, a partir de la firma del Decreto 54/2009; el derecho a un tribunal independiente e imparcial (artículo 14.1), por presuntos mecanismos irregulares de asignación de causas y jueces con vínculos personales con dirigentes opositores; la presunción de inocencia (artículo 14.2); el derecho a tiempo y medios adecuados para la defensa (artículo 14.3); el derecho a la doble instancia (artículo 14.5), porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios de la defensa; la prohibición de doble juzgamiento o ne bis in idem (artículo 14.7), dado que 49 de las 51 obras públicas de la causa ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 2.3), en referencia a la actual integración de una Corte Suprema de solo tres miembros.

Beraldi resumió el núcleo del planteo al remarcar que a Cristina Kirchner “la responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”. “No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, sostuvo, y agregó que se trata de “un criterio personal el que se le aplica”, ya que la expresidenta “nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Al frente histórico de la defensa, Alberto Beraldi, se sumaron dos juristas de trayectoria internacional en derechos humanos. Rafael Valim es abogado y profesor de Derecho Público, doctor y máster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de veinte años de trayectoria académica en Derecho Constitucional y Administrativo. Estuvo detrás de la defensa de Lula da Silva. Litiga ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue profesor visitante en universidades de Europa y América Latina —entre ellas Manchester y Rouen— y es autor de libros sobre lawfare y estados de excepción, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law. Javier Borrego, por su parte, es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un extenso recorrido en la función pública española vinculado a los derechos humanos: fue agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de derechos humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español.