Hay palabras o luchas sociales que en la Argentina tienen un peso particular. Soberanía es una de ellas. No se trata solamente de un concepto jurídico ni de una expresión reservada para los discursos oficiales cada 2 de abril, cuando recordamos la Guerra de Malvinas. Soberanía significa, entre otras cosas, la capacidad de una sociedad de decidir sobre su territorio, sus recursos, sus instituciones y su futuro.

Por eso resulta inevitable mirar con cierta atención dos hechos que, a primera vista, parecen no tener relación entre sí: la discusión que generó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei y aquella bandera que apareció en el césped del estadio de Atlanta después de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra del Mundial.

Uno ocurrió en el Congreso. El otro, en una cancha de fútbol. Uno estuvo atravesado por artículos, dictámenes, negociaciones y votos. El otro, por una celebración deportiva que rápidamente adquirió una enorme carga simbólica. Pero ambos terminaron hablando de lo mismo: de la soberanía.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al Congreso como una de las iniciativas centrales de la administración de Milei para este 2026. El Gobierno defendió la necesidad de fortalecer el derecho de propiedad (que ya está consagrado en la Constitución Nacional, dicho sea de paso) y avanzar sobre distintas regulaciones que, según su mirada, obstaculizan la inversión y la “libertad económica”. De hecho, cuando comenzó el tratamiento legislativo, el ministro Federico Sturzenegger vinculó expresamente la iniciativa con dos de los pilares del Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica.

Pero el proyecto contenía aspectos que fueron mucho más allá de la discusión estrictamente jurídica sobre la propiedad privada.

Uno de ellos era particularmente sensible: la posibilidad de modificar las restricciones existentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Otro proponía cambios vinculados con el uso del suelo después de incendios. Y allí apareció la sociedad.

La discusión que se desarrolló durante semanas comenzó a exceder los despachos del Congreso. Organizaciones sociales, sectores políticos, productores, ambientalistas, artistas y ciudadanos hicieron escuchar sus críticas. La consigna "la patria no se vende" se transformó en una expresión recurrente en las calles y también en las redes sociales.

Finalmente, el Gobierno tuvo que retroceder. No retiró el proyecto completo. Pero sí tuvo que eliminar dos de sus capítulos más controvertidos para conseguir los votos necesarios en el Senado. El capítulo que modificaba restricciones a la venta de tierras a extranjeros fue retirado antes de la sesión y, durante el debate, también se eliminó el que habilitaba modificaciones en el uso del suelo luego de determinados incendios. El proyecto obtuvo finalmente 37 votos positivos contra 33 negativos y pasó a Diputados.

Pero el dato político más interesante no está solamente en el resultado. Está en lo que ocurrió antes.

La dupla Patricia Bullrich/ Sturzenegger había defendido durante meses su proyecto. Sin embargo, cuando advirtió que no tenía los votos suficientes para aprobarlo tal como estaba, tuvo que modificarlo.

Y allí aparece una palabra que en democracia nunca debería ser considerada un insulto: presión. La presión social. La presión de los ciudadanos. La presión de quienes se movilizan, de quienes reclaman, de quienes escriben a sus representantes, de quienes hacen escuchar su posición y también de quienes, sencillamente, obligan a sus legisladores a recordar que las bancas no les pertenecen. Les pertenecen a quienes los votaron.

Puede discutirse si los argumentos de unos u otros son correctos, por supuesto. Puede discutirse si una mayor apertura a la inversión extranjera generaría crecimiento, empleo y desarrollo. También puede sostenerse que existen límites que deben mantenerse cuando están en juego tierras productivas, recursos naturales, zonas fronterizas o áreas estratégicas.

Pero lo que no debería discutirse es que una sociedad tiene derecho a participar de ese debate. Y los legisladores tienen la obligación de escuchar.

El episodio demuestra, además, que el Congreso todavía puede funcionar como una instancia de equilibrio frente al poder presidencial. Un gobierno puede tener una agenda política definida, una mayoría circunstancial o una enorme capacidad de comunicación. Pero no puede desconocer que gobierna dentro de un sistema republicano.

La propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. La soberanía nacional también tiene un lugar central en nuestro ordenamiento jurídico. El desafío consiste precisamente en encontrar el equilibrio entre libertad económica, inversión, derechos individuales e intereses colectivos.

Porque soberanía tampoco significa cerrar las fronteras al mundo. Significa tener la capacidad de decidir qué se entrega, bajo qué condiciones, a quién y con qué consecuencias para las próximas generaciones.

Y quizá por eso resulte tan potente la otra imagen que dejó este Mundial. Argentina acababa de derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica y se había clasificado para la final. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso tomó una bandera que tiraron desde la tribuna y que llevaba una frase que millones de argentinos conocen desde hace décadas: "Las Malvinas son argentinas".

La bandera fue desplegada sobre el césped por varios jugadores y la imagen recorrió el mundo. Leandro Paredes, consultado sobre el mensaje, respondió: "Y serán siempre argentinas".

No fue solamente una bandera. Fue una fotografía que condensó buena parte de nuestra historia.

Argentina e Inglaterra no son simplemente dos selecciones de fútbol. Entre ambos países existe una guerra, 649 argentinos muertos, una herida que permanece abierta y una disputa de soberanía que nuestro país sostiene por vías diplomáticas desde hace décadas.

La FIFA había prohibido expresamente el ingreso de mensajes de carácter político al estadio y abrió una investigación por la exhibición de la bandera. Pero la imagen ya había escapado de cualquier reglamento deportivo.

Porque hay símbolos que tienen una fuerza que no se puede controlar con una prohibición. Y aquí aparece una contradicción que merece ser observada. Mientras en el Congreso la sociedad ejercía presión para que determinados capítulos de una ley fueran modificados, en una cancha de fútbol un grupo de jugadores volvía a poner en el centro de la escena una reivindicación soberana que forma parte de la identidad argentina.

En ambos casos, la ciudadanía apareció como protagonista. En uno, para decir qué cosas no quería que se modificaran. En el otro, para recordar que hay cuestiones que, más allá de cualquier gobierno, siguen formando parte de una memoria colectiva.

La soberanía no debería ser patrimonio de un partido político. No es de izquierda ni de derecha. No es kirchnerista, peronista, radical ni libertaria. Tampoco pertenece a un presidente, a un gobierno, a un Congreso o a una selección de fútbol. Es un concepto que atraviesa a toda una sociedad.

Por eso quizás haya llegado el momento de recuperar cierta profundidad en estas discusiones. Defender la soberanía no significa rechazar toda inversión extranjera. Tampoco significa convertir cada diferencia con otro país en una batalla patriótica. Y mucho menos significa utilizar Malvinas como una herramienta de confrontación política.

Pero tampoco puede significar que el interés económico sea suficiente para justificar cualquier modificación sobre el territorio, los recursos naturales o las regulaciones que una sociedad decidió establecer.

Hay algo que el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en claro: incluso un Gobierno que pretende avanzar rápidamente con su programa necesita construir consensos cuando las decisiones afectan cuestiones que una parte importante de la sociedad considera fundamentales. Y eso no es una derrota de la política. Es la política funcionando.

Quizás también sea una buena oportunidad para recordar que la democracia no consiste únicamente en votar cada dos o cuatro años. También consiste en reclamar. En manifestarse. En discutir. En llamar a un legislador. En exigir explicaciones. En cambiar una opinión. En hacer que un representante vuelva a escuchar a quienes representa.

La imagen de aquella bandera de Malvinas en Atlanta puede ser discutida desde el reglamento de la FIFA, desde la diplomacia o desde la conveniencia política. Pero difícilmente pueda ser separada de la historia que representa. Y algo parecido ocurre con el debate sobre la propiedad de la tierra.

Porque detrás de un artículo de una ley puede existir una discusión mucho más profunda: qué país queremos construir y qué cosas estamos dispuestos a preservar.

Tal vez ésa sea la verdadera discusión sobre soberanía que Argentina necesita dar. Una discusión que no se limite a cantar el himno, levantar una bandera o recordar una guerra. Una discusión sobre el territorio, los recursos, la producción, la identidad y, fundamentalmente, sobre quién tiene la última palabra cuando se toman decisiones que pueden comprometer el futuro.

Antes que una nueva licitación o una discusión tarifaria, el transporte público de pasajeros atraviesa hoy una crisis que pone en riesgo uno de los servicios esenciales de cualquier ciudad. En Necochea, la continuidad del sistema dejó de ser una cuestión exclusivamente administrativa para convertirse en un problema social, laboral y político.

La decisión del Departamento Ejecutivo de convocar a un segundo llamado a licitación, tras quedar desierto el primero, las reuniones que mantienen los concejales para analizar alternativas y la dramática situación que atraviesan los trabajadores reflejan un escenario donde ya no alcanza con resolver la coyuntura: es necesario repensar el modelo de transporte urbano para los próximos años.

Durante décadas, el transporte público fue considerado un servicio básico para garantizar el derecho a la movilidad. No sólo permite que miles de vecinos lleguen a sus trabajos, escuelas o centros de salud, sino que constituye una herramienta de integración social. Sin colectivos, una ciudad deja de funcionar con normalidad.

Sin embargo, la realidad de Necochea muestra un sistema que viene acumulando problemas desde hace años y que hoy parece haber llegado a un punto crítico.

La licitación convocada por el Municipio para adjudicar el servicio por los próximos años quedó desierta. Ninguna empresa presentó una oferta. Ese dato, por sí solo, resulta contundente. No se trata de un problema burocrático sino de una señal que el mercado está enviando con claridad: en las condiciones actuales, explotar el transporte urbano en Necochea no resulta atractivo desde el punto de vista económico. O, al menos, eso parece.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió insistir con un segundo llamado utilizando el mismo pliego, mientras analiza eventuales modificaciones si el proceso vuelve a fracasar. Entre las alternativas aparecen cambios en la cantidad mínima de unidades, las frecuencias y otros aspectos operativos. Pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿Es suficiente modificar algunos requisitos o el sistema necesita una transformación mucho más profunda?

La crisis del transporte no comenzó con esta licitación. Es el resultado de una combinación de factores que fueron deteriorando su sustentabilidad: la caída constante en la cantidad de pasajeros, el aumento de los costos operativos, la reducción de subsidios nacionales y una inflación que hace cada vez más difícil mantener el equilibrio entre tarifa, calidad del servicio y rentabilidad empresarial.

En ese contexto, el usuario también queda atrapado en una contradicción permanente. Reclama, con razón, mejores frecuencias, unidades más modernas y recorridos más eficientes. Pero al mismo tiempo enfrenta boletos cada vez más caros en un escenario económico donde el salario perdió poder adquisitivo.

Es un equilibrio extremadamente frágil.

Sin embargo, detrás de los números aparecen las personas. Los choferes son quienes primero sienten el impacto de un sistema que funciona al límite. Salarios atrasados, incertidumbre sobre la continuidad laboral y conflictos permanentes generan un clima de enorme preocupación.

La delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Natalia Steffen, describió la situación con una frase que no necesita demasiadas interpretaciones: "Los choferes de colectivos atraviesan una situación extrema". Esa definición no sólo alude al conflicto laboral inmediato, sino al desgaste de trabajadores que sostienen un servicio esencial mientras desconocen qué ocurrirá con sus fuentes de empleo. Según explicó, el objetivo de la intervención estatal ha sido preservar los puestos de trabajo durante la transición hacia un nuevo esquema de concesión.

Resulta imposible pensar cualquier reforma del sistema sin contemplar esa dimensión humana. Porque discutir transporte no significa únicamente hablar de recorridos, frecuencias o tarifas. También significa hablar de familias que dependen de esa actividad para vivir.

En paralelo, el Concejo Deliberante comenzó a analizar distintos escenarios posibles.

Las reuniones entre concejales y funcionarios buscan encontrar herramientas que permitan garantizar la continuidad del servicio aun si la nueva licitación volviera a quedar desierta. Esa actitud resulta saludable. La política debe anticiparse a los problemas y no limitarse a reaccionar cuando la crisis ya explotó.

Pero el desafío va mucho más allá de esta coyuntura. Necochea necesita discutir qué transporte quiere tener dentro de diez o quince años.

Las ciudades están cambiando. También cambian los hábitos de movilidad. Las aplicaciones, las bicicletas, las nuevas formas de trabajo y la propia expansión urbana obligan a repensar recorridos diseñados hace décadas.

Quizás sea el momento de abandonar la lógica de administrar urgencias para comenzar a diseñar un sistema verdaderamente adaptado a las necesidades actuales.

Eso implica revisar recorridos, incorporar tecnología, fortalecer el sistema SUBE, mejorar la información para los usuarios, garantizar accesibilidad y encontrar mecanismos de financiamiento que no hagan recaer todo el peso sobre el boleto.

La próxima licitación probablemente defina mucho más que quién prestará el servicio. Definirá si Necochea logra construir un transporte público sostenible o si continuará atravesando prórrogas, conflictos y soluciones transitorias.

Porque un sistema que sobrevive únicamente gracias a extensiones precarias difícilmente pueda planificar inversiones, renovar unidades o mejorar la calidad del servicio.

Y allí aparece también la responsabilidad compartida.

El Municipio debe generar reglas claras y previsibles. El Concejo tiene la obligación de construir consensos pensando en el interés general. Las empresas deberán demostrar capacidad para prestar un servicio eficiente. Y los gobiernos nacional y provincial no pueden desentenderse de un sistema que, por definición, cumple una función social.

El transporte público nunca fue solamente un negocio. Es una política pública. Y como toda política pública, requiere planificación, acuerdos y una mirada que trascienda la coyuntura.

Porque cuando los colectivos dejan de circular, no sólo se paraliza un servicio. Se detiene, aunque sea por unas horas, una parte de la vida cotidiana de toda nuestra ciudad.

Hay obras públicas que se discuten en función de su impacto económico. Otras, por su aporte al desarrollo productivo. Y hay un tercer grupo cuya necesidad se mide de una manera mucho más dolorosa: por la cantidad de vidas que podrían haberse salvado si hubieran existido.

La Ruta Provincial 88 pertenece, desde hace demasiado tiempo, a esa última categoría. Une dos de las ciudades más importantes del sudeste bonaerense. Es el camino que recorren diariamente trabajadores, estudiantes, deportistas, pacientes que deben atenderse en centros de mayor complejidad, turistas, transportistas y productores. Es, además, uno de los principales corredores de vinculación con el Puerto Quequén, uno de los motores económicos de la región.

Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, continúa siendo una ruta de una sola calzada, con sobrepasos permanentes, tránsito pesado, sectores de escasa visibilidad y una larga historia de accidentes fatales.

Durante años, el reclamo por convertirla en autovía apareció una y otra vez en campañas electorales, anuncios oficiales y promesas de gestión. Distintos gobiernos, de diferentes signos políticos, hablaron de estudios, proyectos y prioridades. Pero el tiempo siguió pasando y la obra nunca dejó de ser una promesa.

Hasta que una nueva tragedia volvió a poner el tema en el centro de la escena. La muerte de Anita no sólo conmovió a Necochea. También transformó el dolor de una familia en un reclamo colectivo que rápidamente encontró eco en miles de vecinos de toda la región.

Su mamá, Andrea Rondanina, tomó una decisión que conmueve por su enorme fortaleza. "Voy a luchar por la autovía para que nadie más muera en la Ruta 88", dijo apenas unos días después de perder a su hija. Y agregó una frase que explica el sentido profundo de esa lucha: "No me puedo quedar en casa acostada y ya está. Necesito transformar este dolor en algo que sirva para que otra familia no pase por lo mismo".

Hay quienes, frente a una tragedia semejante, eligen el silencio. Andrea eligió el compromiso. Lo hizo entendiendo que ninguna obra devolverá la vida de Anita, pero también sabiendo que cada mejora en la infraestructura vial puede evitar que otras familias vivan el mismo infierno. Y esa decisión logró algo que durante años parecía imposible: volver a instalar la Ruta 88 en la agenda pública.

El reclamo dejó de pertenecer exclusivamente a quienes transitan diariamente ese camino. Comenzó a ser una causa regional. La respuesta política no tardó en llegar. Luego de reunirse con Andrea, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció el primer compromiso concreto. "El compromiso es tener el proyecto para convertir la Ruta 88 en una autovía", afirmó, explicando que el primer paso será desarrollar el proyecto ejecutivo para luego buscar el financiamiento necesario que permita ejecutar una obra de semejante magnitud.

No es todavía la obra. No hay licitaciones, ni presupuesto asignado, ni plazos de ejecución. Pero sí aparece, al menos, una definición política que durante muchos años estuvo ausente: reconocer que la transformación de la Ruta 88 ya no puede seguir postergándose.

Claro que el anuncio también obliga a cierta prudencia. La historia reciente de la infraestructura argentina está llena de proyectos que nunca pasaron del papel. Por eso la expectativa deberá ir acompañada del seguimiento permanente de cada avance administrativo. Porque las familias del sudeste bonaerense ya escucharon demasiadas promesas.

Y las rutas no se transforman con declaraciones. Se transforman con máquinas, inversión y decisión política sostenida.

La Ruta 88 no necesita solamente una reparación de banquinas o tareas periódicas de mantenimiento. Necesita una solución estructural.

No sólo por seguridad vial. También porque constituye uno de los corredores productivos más importantes de la región. Por allí circula buena parte de la producción agropecuaria destinada al Puerto Quequén. También miles de turistas durante la temporada estival y cientos de estudiantes y trabajadores que diariamente viajan entre Necochea y Mar del Plata.

La infraestructura vial dejó hace tiempo de ser únicamente una cuestión de tránsito. Es una política de desarrollo. Es competitividad económica. Es integración regional. Y, sobre todo, es preservación de vidas.

Quizás el aspecto más valioso de todo este proceso sea precisamente el lugar desde donde nació el nuevo impulso. No fue una decisión política. No surgió desde un despacho oficial. Nació del dolor inmenso de una madre que decidió transformar una pérdida irreparable en una causa colectiva.

Andrea Rondanina no reclama privilegios ni homenajes. Reclama que ninguna otra familia tenga que atravesar lo que ella está viviendo. Ese pedido trasciende cualquier diferencia partidaria.

Porque las rutas no distinguen ideologías. Los accidentes tampoco.

Por eso la futura autovía no debería convertirse en una bandera de un gobierno ni en una herramienta de disputa política. Debería transformarse en una política de Estado. Porque cada año que pasa sin esa obra significa seguir transitando una ruta donde el azar muchas veces ocupa el lugar que debería ocupar la infraestructura. Y porque ninguna sociedad debería necesitar nuevas tragedias para comprender que hay obras cuya verdadera rentabilidad no se mide en kilómetros de asfalto. Se mide en las vidas que se consiguen salvar.

Las instituciones democráticas tienen una particularidad que muchas veces pasa inadvertida: funcionan correctamente cuando quienes las integran comprenden que las responsabilidades del cargo están por encima de las posiciones personales o partidarias. Allí radica buena parte de la fortaleza del sistema republicano. No alcanza con ser elegido por el voto popular; también es necesario conocer las normas que regulan el ejercicio de la función pública y actuar dentro de ellas.

En esta misma página, ya hemos abordado estas cuestiones a lo largo del último tiempo.

En el ámbito municipal, el Concejo Deliberante constituye una de las instituciones más importantes de la vida democrática necochense. Es el espacio donde confluyen las distintas representaciones políticas surgidas de las urnas y donde, a través del debate, el consenso o la confrontación de ideas, se construyen las ordenanzas que regirán buena parte de la vida cotidiana de nosotros, quienes habitamos esta ciudad.

Pero esa tarea no se limita únicamente a levantar la mano para aprobar o rechazar proyectos. Ser concejal implica asumir una responsabilidad institucional que exige preparación, estudio y conocimiento de las herramientas legales que regulan el funcionamiento del cuerpo. Cada decisión, cada procedimiento y cada actuación administrativa encuentra su fundamento en un conjunto de normas que garantizan el equilibrio entre los poderes y la seguridad jurídica de los actos públicos.

En la provincia de Buenos Aires, ese marco está definido principalmente por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por el Reglamento Interno de cada Concejo Deliberante. Ambos instrumentos establecen no sólo las atribuciones del Departamento Ejecutivo y del Legislativo, sino también las obligaciones, facultades y responsabilidades que corresponden a cada concejal y, especialmente, a quienes ocupan cargos de conducción dentro del cuerpo.

No se trata de una cuestión meramente técnica. El conocimiento de esas normas es parte esencial de la función pública. Así como nadie imaginaría a un juez desconociendo los códigos que debe aplicar o a un médico ignorando los protocolos básicos de su profesión, tampoco resulta razonable que quienes tienen la responsabilidad de legislar desconozcan el marco jurídico que regula el funcionamiento de la institución que integran.

Las mayorías y las minorías cambian con el paso de los años. Los oficialismos se convierten en oposiciones y las oposiciones pasan a gobernar. Lo único que permanece son las instituciones y las reglas que garantizan su continuidad. Precisamente por eso, el respeto por esas normas no puede depender de la conveniencia política del momento ni de la pertenencia partidaria de quienes circunstancialmente ocupan una banca.

Cada concejal representa a los vecinos que lo eligieron, pero también integra un órgano colegiado cuya legitimidad depende del cumplimiento estricto de procedimientos previamente establecidos. Cuando esos procedimientos se respetan, la democracia se fortalece. Cuando se desconocen o se interpretan según las necesidades coyunturales, comienza a deteriorarse la confianza pública en las instituciones.

En la última sesión del Cuerpo legislativo local, el pasado miércoles, se observaron cuestiones que llaman poderosamente la atención. Pero no hablamos de cuestiones netamente políticas o posturas contrapuestas que no logran consensuar un mínimo de diálogo. Sino de cuestiones netamente personales que ingresaron en un campo al cual no deberían haberlo hecho.

En principio, la séptima sesión ordinaria comenzó con la utilización de la denominada Banca Abierta. Ésta, es un mecanismo de participación ciudadana que permite a vecinos y representantes de instituciones exponer reclamos, opiniones o propuestas directamente ante el cuerpo legislativo.

Para hacer uso de la misma, se debe presentar por escrito una solicitud formal que contenga tus nombres, apellidos, número de documento y domicilio, y en caso de representación institucional, se debe incluir la autorización, el nombre, los fines y el domicilio de la entidad.

Pero lo más importante es que quien quiera utilizar dicha herramienta, tiene que adjuntar una descripción breve y precisa del tema a exponer, el cual debe ser competencia del Concejo Deliberante. Esto último, es lo que está en tela de discusión.

El primer vecino en hacer uso de la palabra fue el popularmente conocido Payaso Abelardo. Quien ya había participado de la reunión de la Comisión de Cultura del Concejo y que expuso una situación netamente personal sobre la necesidad suya de poder contar con el Teatro Municipal en mayor cantidad de oportunidades durante el receso invernal.

Lo más llamativo fue el final: antes de cerrar su alocución, aprovechó la oportunidad para “pasar aviso” de charlas que había tenido con vecinos que reclamaron por la falta de trabajo, las calles de tierra en mal estado y un final acorde a lo ocurrido con un “aguante Argentina”, en referencia a la Selección de fútbol.

La segunda Banca Abierta también dejó algunas dudas respecto a su aprobación por parte de los ediles. Una vecina se acercó y brindó una extensa charla sobre la problemática de la “obstrucción del vínculo” familiar a causa de “falsas denuncias”. No sólo llama la atención el tema abordado, ya que el Concejo Deliberante no tiene atribución alguna en el mismo; sino que la alocución finalizó diciendo: “Soy una ciudadana, preocupada por algo que me afecta personalmente”.

Queda a las claras el desconocimiento, por parte de los concejales sobre qué aspectos deben cumplirse para poder hacer uso de la palabra.

Pero lo más preocupante de la sesión fue lo ocurrido casi en el cierre de la misma, cuando los ediles trataron y aprobaron un proyecto para declarar de “interés público” una obra que realizará el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para reparar unos 500 metros cuadrados de asfalto en la avenida “La Guillermina”.

Tras la exposición del autor del proyecto, Marcelo Rivero, otro concejal del mismo signo político, Julián Kristiansen, utilizó una frase realmente llamativa: “Me encanta que haya una interacción de lo privado y una preocupación, pero también me reservo y lo digo en forma personal, que no lo quiero tomar como que sea una dádiva” (sic).

La primera pregunta que resuena es sencilla: ¿sabe el concejal el significado de la palabra dádiva? La primera definición de la Real Academia Española es “acción de dar gratuitamente”. La segunda, es “intentar o pretender cohecho o soborno”.

Si lo sabe, lo que debería hacer es, primero, no aprobar el proyecto en cuestión y; segundo, acudir a la Justicia y realizar la denuncia pertinente.

Pero el otro aspecto que debería entender es que su banca no es para utilizarla “de manera personal” o para hacer afirmaciones en ese tono, sino que su rol es el que explicábamos en el comienzo de esta página.

La política necesita debate, confrontación de ideas y diferencias. Es natural que existan posiciones enfrentadas sobre los grandes temas que atraviesan una comunidad. Lo que no debería estar en discusión son las reglas de funcionamiento de las instituciones. Allí no hay lugar para interpretaciones partidarias, sino para el cumplimiento de obligaciones claramente establecidas por la ley.

Porque, en definitiva, la calidad de una democracia no se mide únicamente por la legitimidad de quienes son elegidos, sino también por la capacidad de sus representantes para ejercer el cargo con responsabilidad, conocimiento y pleno respeto por las instituciones que la sociedad les confió.

¿Se puede esperar a un ser querido medio siglo, sin saber absolutamente nada de él? Si nos detenemos a mirar lo relatado por Ecos Diarios días atrás, parece que hay personas que pueden hacerlo.

Porque hay historias que no terminan cuando alguien desaparece. Tampoco cuando la Justicia dicta una sentencia o cuando pasan los años. Hay historias que parecen permanecer suspendidas en el tiempo, detenidas en la incertidumbre, condenadas a convivir con una pregunta que nunca encuentra respuesta. Y pocas cosas son tan crueles para una familia como no saber qué ocurrió con un ser querido.

Por eso lo vivido esta semana en Quequén por la familia Ibarra Britos trasciende el plano de la noticia. No se trató solamente de la restitución de unos restos óseos. Fue el final de una búsqueda que se prolongó durante 51 años, el cierre de una herida que atravesó generaciones y la posibilidad, finalmente, de poner un nombre allí donde durante décadas sólo existió un "NN".

La imagen de los hermanos recibiendo el pequeño cofre de madera que contenía los restos de Horacio Alfredo Ibarra Britos sintetiza una de las escenas más conmovedoras que haya vivido Necochea en mucho tiempo. No había lugar para los discursos grandilocuentes. Sólo había silencio, abrazos, lágrimas y la sensación de que, aunque el dolor nunca desaparece, al menos la incertidumbre había llegado a su fin.

"Hoy nuestro hermano Horacio puede descansar en paz y cerca nuestro. Cerramos una intensa y dolorosa búsqueda que nos llevó 51 años", dijeron los hermanos Ibarra Britos al recibir los restos de quien salió de su casa de Quequén con apenas 18 años y nunca regresó.

Esa frase resume medio siglo de angustia.

Durante cinco décadas, la familia buscó respuestas. Recorrió organismos públicos, golpeó puertas, realizó consultas, participó incluso del recordado programa "Gente que busca gente", con la esperanza de que alguien pudiera aportar un dato que permitiera reconstruir el destino de Horacio. Nunca dejaron de buscarlo.

Ni siquiera cuando parecía imposible encontrar una respuesta.

Hay un detalle profundamente humano que atraviesa toda esta historia. La madre de Horacio murió apenas un año después de su desaparición, pero antes les pidió a sus hijos que nunca dejaran de buscarlo. Esa promesa familiar sobrevivió al paso del tiempo. Sobrevivió a las frustraciones, a los cambios políticos, al desgaste emocional y a la resignación que muchas veces suele imponerse cuando pasan tantos años sin noticias.

No fue así. "Siempre tuve fe de que algún día lo íbamos a encontrar", expresó María Cristina, una de las hermanas que encabezó la búsqueda durante décadas.

La identificación de Horacio también vuelve a poner en valor una institución argentina cuya tarea muchas veces permanece silenciosa, aunque resulta fundamental para cientos de familias: el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Desde su creación en 1984, el EAAF desarrolló un trabajo científico reconocido internacionalmente para recuperar, identificar y restituir los restos de personas desaparecidas, utilizando investigaciones documentales, arqueología, antropología y análisis genéticos. Su objetivo no es solamente aportar pruebas judiciales. También busca restituir identidad y permitir que las familias puedan elaborar el duelo que durante años les fue negado.

Detrás de cada identificación existe un trabajo paciente que puede extenderse durante décadas. Se recopilan testimonios, archivos judiciales, registros policiales, documentación histórica, muestras de ADN y evidencias forenses hasta lograr establecer una identidad con rigor científico. No hay improvisación. Hay años de investigación.

Carlos Somigliana y Mariella Fumagali fueron quienes llegaron hasta Quequén para entregar los restos de Horacio y explicar a la familia el proceso que permitió identificarlo. Ese momento, profundamente íntimo, fue también el resultado de una labor colectiva que combina ciencia, memoria y compromiso con los derechos humanos.

Pero la restitución de Horacio también deja otra reflexión.

Durante muchos años se discutió la importancia de preservar archivos, mantener bancos genéticos o continuar las investigaciones sobre personas desaparecidas. Casos como éste demuestran por qué esas políticas públicas siguen siendo necesarias. Porque mientras exista una familia esperando respuestas, la búsqueda nunca pierde sentido.

No se trata únicamente del pasado.

Se trata del derecho de cualquier persona a conocer la verdad sobre el destino de un padre, una madre, un hermano o un hijo. Se trata de devolverles una identidad a quienes fueron enterrados como NN y, al mismo tiempo, devolverles a sus familias la posibilidad de cerrar una historia que permanecía inconclusa.

En la excelente entrevista realizada por Raúl Jáuregui para Ecos Diarios, Abel Ibarra fue contundente al reconstruir aquel día de 1975: "Salió como para volver y no volvió más. Nunca supimos qué pasó". Esa incertidumbre fue la que acompañó a toda una familia durante medio siglo. Hoy, aunque el dolor permanece, esa frase ya tiene una respuesta.

Ninguna restitución devuelve el tiempo perdido. Ningún hallazgo puede reemplazar un abrazo que nunca ocurrió, un cumpleaños ausente o una madre que murió sin volver a ver a su hijo. Hay dolores que no prescriben y ausencias que ninguna ceremonia consigue reparar completamente.

Pero sí existe algo profundamente reparador en la verdad.

Porque la verdad devuelve nombres. Devuelve historias. Devuelve humanidad.

Y cuando después de 51 años una familia puede finalmente llevar a su hermano hasta el cementerio de Quequén para que descanse junto a sus padres, no sólo se cierra una búsqueda. También se confirma que la memoria, la perseverancia y la ciencia pueden derrotar al olvido.

Quizá esa sea la enseñanza más profunda que deja esta historia para Necochea. Que detrás de cada expediente, de cada muestra de ADN y de cada investigación forense hay personas que esperan, familias que resisten y abrazos que quedaron pendientes durante demasiados años.

Y que, a veces, la verdad tarda medio siglo en llegar. Pero cuando finalmente lo hace, también encuentra un rostro, un nombre y un lugar donde descansar. Hoy, Horacio, tal como reza la canción que da título a esta página, caminao su propia luz y se siente un haz de luz: “Claridad de propio ser, luz, luz, luz del alma, soy un hombre que espera el alba”.

La política suele construirse tanto con discursos como con votos. Y, muchas veces, son estos últimos los que terminan revelando afinidades circunstanciales que los posicionamientos públicos intentan disimular.

El Concejo Deliberante de Necochea viene mostrando, desde el inicio de la nueva conformación surgida tras las elecciones de 2025, una dinámica legislativa que merece ser observada con atención. Más allá de las diferencias ideológicas que separan a Javier Milei del peronismo a nivel nacional, en el plano local comenzaron a registrarse coincidencias entre los concejales de La Libertad Avanza, liderada por Juan Cerezuela y Eduardo Caballero, y del bloque Fuerza Patria - Movimiento Derecho al Futuro, de Julián Kristiansen y Evangelina Almada, en distintas votaciones relevantes del cuerpo deliberativo.

El último ejemplo se dio en la sexta sesión ordinaria realizada el pasado miércoles. Ambos bloques votaron en contra de la modificación de la fórmula polinómica con la cual se actualiza el valor del pasaje de colectivos urbanos en la ciudad.

No se trata de un acuerdo político formal ni existe, al menos públicamente, una alianza declarada entre ambos espacios. Pero la práctica legislativa muestra que, en temas sensibles, esas bancadas han coincidido en la conformación de mayorías que muchas veces dejaron en minoría al oficialismo municipal.

Uno de los casos más visibles fue la insistencia de la ordenanza que ampliaba beneficios para los veteranos de Malvinas luego del veto del Departamento Ejecutivo. Allí confluyeron distintos bloques opositores para reunir la mayoría especial necesaria, decisión que posteriormente derivó en el conflicto de poderes planteado por el intendente ante la Suprema Corte bonaerense.

Más recientemente, durante el tratamiento del nuevo pliego del transporte público, así como en diferentes debates vinculados al funcionamiento del Estado municipal, volvieron a observarse coincidencias legislativas entre sectores que, en el escenario nacional, aparecen enfrentados por profundas diferencias ideológicas.

La pregunta entonces deja de ser estrictamente matemática para transformarse en política.

¿Qué explica estas coincidencias?

Una primera interpretación podría indicar que cada proyecto merece un análisis independiente y que las mayorías circunstanciales forman parte del funcionamiento natural de cualquier cuerpo legislativo.

Otra lectura, igualmente válida, sostiene que en el Concejo comenzó a consolidarse una oposición con capacidad de articular votos suficientes para condicionar buena parte de las iniciativas del Departamento Ejecutivo.

Y probablemente ambas explicaciones contengan parte de la verdad.

No hay que dejar de lado, tampoco, que Cerezuela, Caballero, Kristiansen y Almada ya empiezan a ver el 2027 con otros ojos: el de posibles candidatos. Tal vez, entienden que pueden ser una buena opción de gobierno para reemplazar al actual oficialismo. De todas formas, pareciera que desde el sector libertario el candidato final no será uno de estos nombres recién ingresados a la arena política y, desde el peronismo, pareciera que será Marcelo Rivero quien vuelva a encabezar una lista en el busca del sillón de Murga.

Después de todo, la política municipal suele responder a lógicas diferentes de las nacionales. Las problemáticas locales, las relaciones personales entre dirigentes y las necesidades concretas de gestión muchas veces terminan relativizando las fronteras partidarias.

Sin embargo, también resulta inevitable advertir cierta contradicción discursiva.

Mientras en el plano nacional los principales referentes de La Libertad Avanza construyen buena parte de su identidad política confrontando permanentemente con el kirchnerismo y el peronismo, en Necochea las votaciones muestran que esa distancia ideológica no siempre se traduce en comportamientos legislativos completamente opuestos.

Eso no significa que exista un pacto político permanente ni una coalición estable. Sería una afirmación que no encuentra respaldo público.

Pero sí permite observar la aparición de coincidencias que empiezan a repetirse con cierta frecuencia.

El oficialismo municipal parece haber tomado nota de esa situación y en varias oportunidades ha señalado que determinados proyectos terminan prosperando gracias a la convergencia de bloques opositores, aun cuando esos mismos espacios mantienen discursos muy diferentes fuera del recinto.

La oposición, por su parte, sostiene que simplemente ejerce su rol de control sobre el Ejecutivo y que cada votación responde al análisis puntual de los expedientes.

La discusión, entonces, trasciende una sesión determinada. Porque las mayorías legislativas también construyen mensajes políticos.

Si esas coincidencias continúan repitiéndose en temas estratégicos, como pueden ser presupuesto, concesiones, ordenanzas fiscales, transporte o atribuciones del Ejecutivo, comenzarán a configurar una nueva geometría política dentro del Concejo.

Y allí aparecerá otro desafío para el oficialismo: cómo construir consensos en un escenario donde ya no alcanza con administrar las diferencias tradicionales entre oficialismo y oposición, sino que debe enfrentar una oposición fragmentada en lo discursivo, pero que en determinadas votaciones encuentra puntos de coincidencia suficientes para imponer su criterio.

En definitiva, más allá de las etiquetas partidarias, el Concejo Deliberante parece estar ingresando en una nueva etapa.

Una etapa donde los discursos continúan marcando diferencias.

Pero donde, al momento de levantar la mano, las mayorías empiezan a escribirse de otra manera.

“Fijate de que lado, de la mecha te encontrás”, sostiene la primera estrofa de la canción que da título a esta página. ¿Sabrán Cerezuela, Caballero, Kristiansen y Almada la respuesta?

Antes que una conferencia sobre economía, lo ocurrido el último viernes en el marco del 105º aniversario de Ecos Diarios fue una demostración de que Necochea mantiene intacta una virtud que muchas veces pasa desapercibida: cuando se generan espacios serios para debatir ideas, la comunidad responde.

El auditorio colmado y una segunda sala habilitada para seguir la exposición en vivo, reflejó el interés que despierta comprender un escenario económico tan complejo como el actual. Allí coincidieron dirigentes políticos de distintos espacios, funcionarios, representantes del Poder Judicial, empresarios, profesionales, instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil, en una imagen poco frecuente en tiempos de fuerte polarización.

La presencia de Claudio Zuchovicki aportó un valor agregado que explica, en buena medida, semejante convocatoria. No solamente por tratarse de uno de los economistas más escuchados del país, sino por una característica que lo distingue desde hace años: la capacidad de traducir conceptos complejos a un lenguaje cotidiano, permitiendo que quienes no pertenecen al mundo de las finanzas también puedan comprender procesos que terminan influyendo en la vida diaria.

En una Argentina donde la economía dejó hace tiempo de ser un tema reservado para especialistas, comprender qué ocurre con la inflación, el crédito, el consumo, las inversiones o el empleo se convirtió en una necesidad casi tan importante como entender cualquier otra política pública. La economía atraviesa cada decisión familiar, empresarial e institucional. Está presente cuando una pyme decide incorporar personal, cuando un comerciante analiza una inversión o cuando una familia define cómo administrar sus ingresos.

Por eso resulta tan valioso que existan espacios abiertos donde esas discusiones puedan darse cara a cara, con preguntas, intercambio de ideas y tiempo para la reflexión.

Durante demasiado tiempo la discusión económica quedó atrapada entre tecnicismos incomprensibles o consignas simplificadoras. Se hablaba para convencer antes que para explicar. En ese contexto, conferencias como la organizada por Ecos Diarios recuperan algo esencial: la posibilidad de que la sociedad participe de un debate informado.

No es un dato menor que el auditorio haya estado integrado por actores muy diversos de la vida necochense. Allí convivieron representantes de distintos sectores políticos con empresarios, productores, integrantes de instituciones, profesionales y vecinos interesados simplemente en escuchar. Esa pluralidad habla de una comunidad que entiende que los desafíos económicos no distinguen ideologías ni actividades.

Porque, en definitiva, una economía estable beneficia al comerciante, al productor, al trabajador, al emprendedor y también al Estado.

Uno de los aspectos más interesantes de la exposición fue precisamente su enfoque. Más allá de compartir o no determinadas miradas sobre el rumbo económico nacional, el eje estuvo puesto en la toma de decisiones frente a un mundo que cambia aceleradamente. La transformación tecnológica, las nuevas formas de consumo y la necesidad permanente de adaptación aparecieron como ideas centrales de una charla que buscó mucho más provocar reflexión que ofrecer recetas.

Y esa quizá sea una de las principales virtudes de este tipo de encuentros.

Las ciudades del interior suelen reclamar, con razón, mayor presencia de figuras nacionales en distintos ámbitos. Sin embargo, cuando esas oportunidades aparecen, también resulta importante que exista una comunidad dispuesta a aprovecharlas. La convocatoria registrada demuestra que Necochea posee un capital social dispuesto a involucrarse, a escuchar y a debatir sobre cuestiones que trascienden la coyuntura inmediata.

En ese contexto también merece destacarse el rol que cumplen los medios de comunicación cuando deciden ir más allá de la tarea cotidiana de informar.

Un diario no se limita a publicar noticias. También puede convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo actividades que acerquen conocimiento, fomenten el intercambio de ideas y contribuyan a enriquecer el debate público.

A lo largo de sus 105 años de historia, Ecos Diarios ha acompañado las principales transformaciones de Necochea. Lo hizo registrando acontecimientos, reflejando opiniones y documentando la evolución de la ciudad. Pero también asumió, en distintos momentos, un papel activo en la organización de propuestas culturales, académicas y de reflexión que exceden el ejercicio periodístico tradicional.

La conferencia organizada con motivo de su aniversario se inscribe precisamente en esa línea. No fue un acto institucional cerrado ni una celebración dirigida únicamente al propio medio. Fue una actividad abierta a toda la comunidad, pensada para generar conocimiento y promover un diálogo necesario sobre el presente y el futuro de la economía argentina. También tiene un concepto claro: generar agenda.

En tiempos donde la inmediatez domina buena parte de la comunicación, apostar por el análisis, el intercambio presencial y la reflexión colectiva representa casi una declaración de principios.

Porque las redes sociales multiplican información, pero no siempre generan comprensión. Los algoritmos acercan contenidos, pero difícilmente construyan espacios reales de diálogo entre personas con experiencias y miradas diferentes.

Por eso siguen siendo importantes los encuentros cara a cara.

Porque allí aparecen las preguntas, los matices y las diferencias enriquecedoras. Allí se construye ciudadanía.

La imagen de un auditorio completo, con representantes de prácticamente todos los sectores de la comunidad compartiendo un mismo espacio para pensar la economía, deja además un mensaje alentador.

Más allá de las diferencias políticas, de las dificultades económicas o de la incertidumbre que atraviesa el país, sigue existiendo una sociedad interesada en comprender, debatir y prepararse para los desafíos que vienen.

Y esa quizá sea la mejor noticia que dejó la celebración de un nuevo aniversario de Ecos Diarios: comprobar que, además de informar todos los días, un multimedio también puede contribuir a generar pensamiento, fortalecer el debate democrático y reunir a una comunidad alrededor de las ideas.

En una época marcada por la fragmentación y el consumo acelerado de información, promover estos espacios constituye una forma de ejercer periodismo que trasciende el papel o las pantallas. Es, en definitiva, otra manera de cumplir con la misión esencial de un medio de comunicación: ayudar a que la sociedad comprenda mejor el tiempo que le toca vivir.

La Ley Orgánica de las Municipalidades es el marco legal normativo que rige la organización, estructura, funcionamiento y competencias de los gobiernos locales. En la Provincia de Buenos Aires, establece claramente la división de poderes.

Por un lado, el Departamento Ejecutivo, encabezado por el Intendente, quien tiene a su cargo la administración y ejecución de las ordenanzas; y por otro el Legislativo, compuesto por los ediles que integran el Concejo Deliberante, responsables de crear las normas, aprobar presupuestos y controlar al Ejecutivo.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de analizar la posibilidad de un “conflicto de poderes” entre el Ejecutivo que encabeza Arturo Rojas y el Concejo Deliberante, tras la sanción de una ordenanza que extiende beneficios hacia los excombatientes de Malvinas y sus familias, generó una semana de tensión dentro del legislativo necochense y, a su vez, mostró la falta de conocimiento de varios de los ediles sobre los roles que cada uno debe ocupar.

Tras la presentación del Departamento Ejecutivo ante el máximo tribunal de justicia de la Provincia, éste resolvió “conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante de Necochea, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y689, CPCC)”.

Básicamente, lo que la Corte pide es que el legislativo local envíe la información necesaria sobre la ordenanza que fuera aprobada, luego vetada por Rojas y finalmente insistida por los ediles al tener los votos positivos de los dos tercios de los 20 ediles que componen el Concejo.

Lo que es simplemente un trámite burocrático y administrativo, se terminó transformando en una situación política que derivó en el pedido de licencia del propio presidente del cuerpo, Marcelo Schwarz, el cual le fue otorgado por sus pares en la sesión del pasado jueves.

Pero antes de tomarse tal decisión, el edil de Nueva Necochea intentó explicar las razones por las cuales no iba a firmar y enviar lo que la Suprema Corte solicitó. Y allí, al expresar sus razones, es que quedó en claro la falta de conocimiento que existe en gran parte de los ediles sobre cuál es el rol que cada uno debe ocupar.

Schwarz dijo ante sus pares que como él no había votado favorablemente la ordenanza, entendía que no debía firmar el requerimiento de la Corte, ya que encontraba una cierta contradicción entre su opinión política en favor del oficialismo local y lo que había decidido la mayoría del Concejo.

Por supuesto, algunos de sus pares de la oposición, le aclararon que lo que debía producirse era simplemente un acto administrativo, no político; y que dentro de las funciones que tiene como presidente del Cuerpo, está la de representar a todo el Concejo Deliberante en situaciones como las aquí descriptas.

Más allá de las cuestiones políticas esgrimidas por Schwarz, la realidad es que el cargo que actualmente ocupa no lo hace representante del Ejecutivo ante los concejales, sino lo inverso.

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido hace unos pocos años en nuestra ciudad, cuando el Concejo Deliberante inició el proceso que culminó con la destitución del por entonces intendente Horacio Tellechea.

En aquel entonces, el presidente del cuerpo era José Luis Vidal, quien había encabezado la lista de concejales del propio Tellechea. Cada acto administrativo debió ser firmado por él y el secretario del Concejo, más allá que nunca votó a favor de ninguna de las cuestiones que planteó la Comisión Investigadora conformada en aquellos tiempos.

El actual presidente del legislativo local, que fue votado de forma unánime para acceder a ese cargo por el resto de los ediles, fue protagonista de una fuerte discusión en la reunión de Labor Parlamentaria y, finalmente, aceptó que debía solicitar licencia para de esa forma el vicepresidente primero, Juan Cerezuela, firme el requerimiento y envíe lo solicitado por la Corte. Incluso, alguno de los pares de Schwarz se preguntaron para qué lo votaron, si finalmente ante la necesidad de ser representados ante una institución como la Corte, finalmente declinó su responsabilidad.

Lo ocurrido durante la última semana deja además una enseñanza que excede largamente la discusión puntual sobre los beneficios a los veteranos de Malvinas. Lo que quedó expuesto fue una preocupante confusión entre las convicciones políticas personales y las responsabilidades institucionales que cada dirigente asume cuando ocupa un cargo público.

La democracia funciona precisamente porque las instituciones están por encima de las personas. Los concejales llegan al recinto representando espacios políticos, ideologías y proyectos de gobierno distintos, pero una vez elegidos para determinadas funciones, deben comprender que existen obligaciones que trascienden sus preferencias individuales. Quien preside un cuerpo legislativo no representa únicamente a su bloque; representa al conjunto del Concejo Deliberante. Del mismo modo que un intendente debe gobernar para todos los vecinos y no solamente para quienes lo votaron.

Detrás de la discusión jurídica existe un problema político que no puede ser ignorado. Las instituciones son tan fuertes como la capacidad de quienes las integran para comprender y respetar sus funciones. Cuando los roles se confunden, cuando las responsabilidades se interpretan según las conveniencias del momento o cuando las decisiones administrativas se transforman en disputas personales, el riesgo es que se termine debilitando la confianza ciudadana en los organismos que sostienen la vida democrática.

Quizás allí radique la principal enseñanza de este episodio. Más allá de la ordenanza, del veto, de la insistencia legislativa o de la intervención de la Suprema Corte, lo que quedó en evidencia es la necesidad de recuperar una cultura política basada en el respeto institucional. Porque las personas pasan, los gobiernos cambian y las mayorías se modifican. Pero las instituciones permanecen. Y son ellas, en definitiva, las que garantizan que la democracia siga funcionando aun cuando los conflictos políticos parezcan imposibles de resolver.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de suspender la ordenanza que otorgaba nuevos beneficios tributarios a veteranos de Malvinas en Necochea trasciende largamente el contenido específico de la norma. Lo que está en discusión ya no son únicamente exenciones vinculadas a patentes, licencias de conducir o estacionamiento medido, que es lo que presentaba la norma. Lo que la Corte puso bajo análisis es una cuestión mucho más profunda: los límites entre las facultades del Departamento Ejecutivo y las atribuciones del Concejo Deliberante.

La medida cautelar implica que la ordenanza queda sin aplicación mientras el máximo tribunal provincial analiza el conflicto de poderes planteado por el intendente Arturo Rojas. No significa una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, pero sí constituye una señal institucional relevante: la Corte entendió que existen elementos suficientes para intervenir y congelar temporalmente los efectos de la norma hasta determinar si efectivamente el Concejo avanzó sobre facultades que corresponden al Ejecutivo.

El origen del conflicto es conocido. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que ampliaba beneficios tributarios para veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes. Entre otros puntos, incorporaba exenciones vinculadas a patentes, derechos de oficina para licencias de conducir y estacionamiento medido, además de establecer que esos beneficios debían contemplarse obligatoriamente en futuras ordenanzas fiscales, empezando por la del año próximo.

El Ejecutivo respondió con un veto y posteriormente presentó un conflicto de poderes ante la Suprema Corte. Su argumento central fue que el Concejo se había extralimitado al intervenir sobre aspectos tributarios y presupuestarios que, según la interpretación oficial, forman parte de las facultades propias de la administración municipal.

La suspensión dictada por la Corte abre ahora una nueva etapa.

Desde el punto de vista institucional, el primer paso será la respuesta formal del Concejo Deliberante. El cuerpo deberá defender jurídicamente la validez de la ordenanza y justificar que actuó dentro de las competencias que le reconoce la Ley Orgánica de las Municipalidades. La Corte escuchará los argumentos de ambas partes antes de resolver definitivamente el conflicto.

Pero más allá de los aspectos procesales, el caso deja abiertos varios interrogantes políticos.

El primero tiene que ver con el alcance futuro de la decisión judicial. Si la Corte finalmente ratifica la postura del Ejecutivo y declara inválida la ordenanza, podría quedar establecido un criterio restrictivo respecto de la capacidad del Concejo para impulsar iniciativas con impacto tributario o presupuestario sin acuerdo previo del Departamento Ejecutivo.

Y allí aparece una pregunta clave: ¿cómo legislará el Concejo en adelante?

Porque si el fallo definitivo confirma que determinadas iniciativas sólo pueden surgir desde el Ejecutivo, muchos proyectos impulsados históricamente por concejales podrían comenzar a enfrentar límites mucho más estrictos.

La discusión excede ampliamente el caso de los veteranos de Malvinas.

En cualquier municipio, buena parte de las ordenanzas de impacto social terminan teniendo consecuencias económicas. Exenciones, subsidios, beneficios, reducciones de tasas o programas especiales afectan de una u otra manera los recursos públicos. Si la interpretación judicial consolida una visión restrictiva sobre esas facultades, el equilibrio de poder entre Ejecutivo y Legislativo podría modificarse sustancialmente.

Por eso la resolución de la Corte será observada con atención no solamente en Necochea, sino también en otros municipios bonaerenses.

Sin embargo, existe otro aspecto igualmente importante. La creciente judicialización de la política. Cada vez con mayor frecuencia, discusiones que antes se resolvían exclusivamente en el ámbito legislativo o mediante acuerdos políticos terminan trasladándose a los tribunales. Lo que no se resuelve mediante negociación, consenso o construcción de mayorías encuentra una salida judicial.

Y eso plantea un dilema complejo.

Por un lado, el control judicial constituye una herramienta indispensable para garantizar el respeto a las normas y evitar excesos institucionales. Las cortes existen precisamente para resolver conflictos de competencias entre distintos poderes del Estado.

Pero, por otro lado, cuando la política deposita sistemáticamente sus diferencias en los tribunales, corre el riesgo de debilitar su propia capacidad de construcción democrática.

Porque los jueces pueden determinar qué es legal o ilegal. Lo que no pueden hacer es reemplazar el debate político. El caso de Necochea expone claramente esa tensión. La ciudad ya tiene una “historia” con cuestiones político judiciales. Recordemos las destituciones de los intendentes Alfredo Vidal y Horacio Tellechea.

Nadie discute la legitimidad del reconocimiento a los veteranos de Malvinas. De hecho, la Argentina posee una extensa tradición normativa de beneficios y reconocimientos hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

La controversia gira en torno a quién tiene facultades para establecer esos beneficios y bajo qué mecanismos institucionales deben implementarse.

En otras palabras, el conflicto no es sobre el homenaje a los excombatientes. Es sobre el funcionamiento de las instituciones.

Y allí surge quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dicte sentencia definitiva?

Si avala al Ejecutivo, el Concejo deberá revisar sus estrategias legislativas y probablemente construir mayores consensos antes de impulsar iniciativas con impacto económico. Si avala al Concejo, quedará fortalecido el rol legislativo en materia tributaria y presupuestaria.

En cualquiera de los dos escenarios habrá consecuencias políticas.

Porque los fallos judiciales no sólo resuelven conflictos concretos. También fijan precedentes. Marcan límites. Definen reglas de juego.

Por eso lo que hoy parece una discusión puntual sobre beneficios tributarios para veteranos de Malvinas podría terminar convirtiéndose en uno de los fallos institucionales más importantes de los últimos años para la política local.

Y quizá allí radique la verdadera dimensión del caso. La Corte no solamente deberá decidir sobre una ordenanza. Deberá definir hasta dónde llega el poder de cada institución y cuánto espacio seguirá teniendo la política para resolver por sí misma los conflictos que la atraviesan.

“Ser heraldo de buenas noticias…”

Indio Solari

Cada 7 de junio, en la Argentina, el Día del Periodista invita a una reflexión que va mucho más allá de los saludos protocolares o los reconocimientos de ocasión. Es una fecha que obliga a pensar cuál es hoy el papel del periodismo en una sociedad atravesada por la polarización, la velocidad de las redes sociales, la desinformación y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Nunca fue fácil ejercer el periodismo. Informar siempre implicó una responsabilidad enorme: verificar, contextualizar, contrastar fuentes y asumir el compromiso de acercar a la sociedad una versión lo más verídica posible a los hechos. Pero en estos tiempos, el desafío parece haberse multiplicado.

La irrupción de las redes sociales transformó para siempre la circulación de la información. Hoy cualquier persona puede comunicar, transmitir en vivo, publicar una denuncia o compartir un dato en cuestión de segundos. Esa democratización de la palabra tiene aspectos positivos indiscutibles. Amplió voces, permitió romper monopolios informativos y acercó herramientas que antes estaban reservadas a pocos actores.

Sin embargo, también abrió la puerta a uno de los grandes problemas contemporáneos: la circulación masiva de información falsa o manipulada.

Las llamadas “fake news” dejaron de ser una anomalía para convertirse en una parte cotidiana del ecosistema digital. Noticias falsas, imágenes alteradas, videos editados fuera de contexto y campañas coordinadas de desinformación circulan a una velocidad imposible de igualar por los mecanismos tradicionales de verificación.

Y ahí aparece una paradoja de época. Mientras más información existe, más difícil resulta encontrar información confiable. Por eso es que el rol que tenemos los periodistas sigue siendo necesario.

No porque tengamos el “monopolio de la verdad”, sino porque mantenemos un método. Porque detrás de una noticia profesional existe una tarea de chequeo, contraste y responsabilidad editorial que no siempre está presente en otros ámbitos de la comunicación.

La diferencia entre un rumor y una noticia no está en la velocidad de difusión. Está en el trabajo previo.

Sin embargo, el contexto actual también nos expone a nuevos cuestionamientos y desafíos.

La crisis económica que atraviesan muchos medios de comunicación debilitó estructuras históricas, redujo planteles profesionales y obligó a trabajar con menos recursos. La precarización laboral afecta a miles de periodistas en todo el país, especialmente en medios locales y regionales, donde sostener una redacción se vuelve cada vez más complejo. En Ese sentido, Ecos Diarios va en un camino inverso. Sin embargo, hay cuestiones que también nos afectan aquí en Necochea.

A eso se suma un clima de creciente hostilidad hacia la prensa.

El presidente Javier Milei convirtió a los medios y a los periodistas en uno de sus principales adversarios discursivos. En reiteradas oportunidades utilizó términos como "ensobrados", "operadores" o "mentirosos" para referirse a profesionales de la comunicación, instalando una narrativa que presenta al periodismo como parte de una supuesta estructura de poder enfrentada a la ciudadanía.

Es cierto que el periodismo, como cualquier actividad humana, está lejos de ser perfecto. Existen errores, intereses, sesgos y prácticas cuestionables. También es legítimo que los medios sean sometidos al escrutinio público. La crítica al periodismo forma parte de cualquier democracia saludable.

Lo preocupante aparece cuando la crítica se transforma en deslegitimación sistemática.

Porque cuando desde los máximos niveles de poder se instala la idea de que todo periodista es sospechoso, corrupto o parte de una conspiración, no se debilita solamente a los medios. Se debilita uno de los mecanismos fundamentales del control democrático.

La relación entre el poder político y el periodismo siempre fue tensa. Debe serlo. El periodismo está llamado a preguntar, investigar y cuestionar. Los gobiernos, muchas veces, prefieren comunicar sin intermediarios. Esa tensión forma parte del funcionamiento normal de una república.

Lo que resulta novedoso, lamentablemente, es el nivel de agresividad que muchas veces adquiere el debate público actual.

Las redes sociales amplifican esa dinámica. El insulto reemplaza al argumento. La descalificación sustituye a la discusión. Y en ese escenario, periodistas de distintas líneas editoriales terminan expuestos a campañas de hostigamiento, amenazas o ataques personales.

No se trata de defender privilegios corporativos. Se trata de defender la posibilidad de preguntar.

Porque una democracia donde los periodistas tienen miedo de preguntar es una democracia más débil.

Y ese desafío también interpela a la propia profesión. El periodismo del futuro deberá recuperar algo que quizás se fue perdiendo entre la urgencia de las redes y la competencia por la atención: la credibilidad. La confianza ya no se reclama. Se construye.

Se construye con rigor profesional, con transparencia, con capacidad de reconocer errores y con la decisión permanente de separar información de opinión.

También exige adaptarse a nuevas formas de comunicación sin resignar calidad. Las redes sociales no son el enemigo. Son una herramienta. El desafío consiste en utilizarlas para ampliar el alcance de la información verificada y no para replicar la lógica de la viralización permanente.

En ciudades como Necochea, además, el periodismo cumple una función particularmente importante. Los medios locales nos convertimos muchas veces en el primer espacio donde se discuten los problemas cotidianos de la comunidad, donde se visibilizan demandas vecinales y donde se ejerce control sobre los distintos niveles del poder.

En tiempos de fragmentación informativa, esa tarea adquiere aún más valor.

Por eso el Día del Periodista no debería ser solamente una celebración del pasado ni un homenaje a quienes ejercen la profesión. Debería ser también una reflexión sobre el futuro. Porque informar seguirá siendo necesario.

Seguirá siendo necesario verificar cuando otros especulan. Contextualizar cuando otros simplifican. Preguntar cuando otros prefieren callar. Y buscar hechos cuando abundan las opiniones.

En una época donde cualquiera puede publicar, el desafío del periodismo ya no es ser el primero en contar algo.

Es seguir siendo confiable cuando todos hablan al mismo tiempo. Y quizás, precisamente ahí, radique su misión más importante para los años que vienen.

La Municipalidad de Necochea quedó oficialmente habilitada para avanzar con la subasta pública del complejo Casino, luego de la aprobación del Concejo Deliberante y de las resoluciones administrativas y judiciales necesarias para iniciar el proceso. El intendente Arturo Rojas incluso anunció, en Ecos Radio, que la operación se concretará el próximo 10 de junio, en lo que representa uno de los movimientos políticos y urbanísticos más importantes de los últimos años para la ciudad.

Hay obras que exceden el cemento, los ladrillos o los expedientes administrativos. Son decisiones que terminan definiendo el perfil de una ciudad durante décadas. Y en Necochea, pocas discusiones tienen hoy tanta carga simbólica, política y económica como la recuperación integral del complejo Casino y su entorno.

La reciente habilitación judicial y política para avanzar con la subasta del histórico edificio volvió a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿Puede Necochea iniciar finalmente un proceso serio de transformación turística o seguirá atrapada en el deterioro estructural que arrastra desde hace años?

La noticia se trata, posiblemente, de la decisión urbana y turística más importante de las últimas décadas para la ciudad.

Porque el deterioro del Casino no es solamente el deterioro de un edificio. Es también el reflejo de una ciudad que durante mucho tiempo fue perdiendo capacidad de inversión, planificación y modernización de su principal frente turístico.

Durante años, el edificio permaneció como una postal incómoda: una estructura icónica ubicada frente al mar, pero convertida progresivamente en símbolo de abandono. Y ese deterioro tuvo consecuencias mucho más profundas que las estéticas. Necochea empezó a perder competitividad frente a otros destinos turísticos que sí lograron renovar infraestructura, diversificar propuestas y modernizar servicios.

Mientras ciudades costeras avanzaban en reconversión urbana, recuperación de espacios públicos y nuevos desarrollos privados, Necochea quedó muchas veces detenida en debates interminables, judicializaciones y proyectos inconclusos.

Por eso la posibilidad concreta de avanzar con la subasta marca un punto de inflexión político.

No casualmente, el oficialismo logró aprobar en el Concejo Deliberante las herramientas necesarias para continuar el proceso, en una sesión atravesada por tensiones, discusiones y posiciones encontradas.

Porque detrás de la discusión técnica aparece otra mucho más profunda: qué modelo turístico quiere construir Necochea para los próximos veinte o treinta años.

La ciudad enfrenta hoy un desafío estructural. Ya no alcanza solamente con el atractivo natural de sus playas o su paisaje costero. El turismo cambió. Los visitantes demandan infraestructura moderna, servicios de calidad, propuestas gastronómicas, actividades culturales y espacios urbanos renovados.

Y ahí aparece el verdadero peso estratégico de la reconversión del Casino.

La obra no se limita al edificio en sí mismo. Implica potencialmente una reconfiguración completa del frente costero más emblemático de la ciudad. Puede convertirse en un polo gastronómico, comercial, hotelero y recreativo capaz de dinamizar inversiones privadas y revitalizar toda la zona.

La pregunta es si Necochea podrá sostener políticamente ese proceso.

Porque la ciudad arrastra una larga historia de proyectos truncos, anuncios fallidos y discusiones que terminan paralizadas por conflictos políticos o judiciales. El propio Casino se transformó durante años en un símbolo de esa imposibilidad de avanzar.

En ese sentido, la gestión de Arturo Rojas parece haber decidido asumir el costo político de impulsar una definición concreta, aun en un contexto económico nacional extremadamente complejo.

Y ahí aparece otro elemento clave: la ausencia del Estado nacional.

La paralización de la obra pública impulsada por el gobierno de Javier Milei obliga a los municipios a buscar alternativas propias para generar desarrollo e infraestructura. En ese contexto, la recuperación del Casino aparece también como una estrategia de supervivencia económica local.

Necochea necesita reactivar inversión privada porque el escenario actual muestra escasas posibilidades de financiamiento nacional para grandes obras urbanas o turísticas.

Por eso el proyecto adquiere además una dimensión económica urgente.

La ciudad depende fuertemente del turismo, pero al mismo tiempo arrastra problemas históricos de estacionalidad. El gran desafío es cómo construir una estructura turística capaz de generar actividad durante más meses del año y no solamente en temporada alta.

La recuperación del Casino podría transformarse en una herramienta central para ese objetivo.

No solamente por el impacto directo de la obra, sino por el efecto multiplicador que puede generar sobre hotelería, gastronomía, comercio y empleo.

Las ciudades turísticas modernas funcionan cada vez más como ecosistemas integrados. Un gran desarrollo urbano no impacta únicamente sobre un sector puntual: modifica circulación económica, atrae inversiones y mejora competitividad general.

Por eso la discusión sobre el Casino excede ampliamente el debate arquitectónico.

Lo que está en juego es la capacidad de Necochea para reposicionarse turísticamente en los próximos años.

Y ahí surge una tensión importante.

Porque el entusiasmo político por avanzar convive también con dudas legítimas sobre el alcance real del proyecto, el perfil de los inversores interesados y las condiciones futuras de explotación del predio.

La experiencia argentina muestra numerosos ejemplos de privatizaciones o concesiones urbanas que terminaron alejadas de los objetivos originales. Por eso una parte importante de la sociedad mantiene cautela.

Sin embargo, también resulta evidente que la situación previa era insostenible. El deterioro progresivo del complejo no solamente afectaba la imagen urbana de la ciudad, sino que funcionaba como un freno psicológico para cualquier estrategia seria de modernización turística.

Una ciudad que no logra resolver el estado de su principal edificio frente al mar transmite una señal de estancamiento.

Y Necochea necesita exactamente lo contrario. Necesita reconstruir expectativa. Porque el turismo contemporáneo no compite solamente con paisajes. Compite con infraestructura, conectividad, servicios y experiencias urbanas.

Durante mucho tiempo, Necochea pareció confiar en que sus condiciones naturales alcanzarían por sí solas. Pero el mercado turístico cambió y las ciudades que crecieron fueron aquellas que entendieron la necesidad de invertir y renovarse constantemente.

A ese proceso de recuperación urbana se suma además otra discusión estratégica: la futura concesión de la Terminal de Ómnibus. Aunque muchas veces queda relegada frente al peso simbólico del Casino, la terminal representa otro punto clave para pensar el desarrollo turístico y la conectividad de Necochea en los próximos años. Porque una ciudad turística moderna no puede sostenerse únicamente sobre atractivos naturales; necesita infraestructura de acceso acorde al volumen y a las exigencias actuales del movimiento de pasajeros.

Durante años, la Terminal funcionó también bajo una lógica de deterioro progresivo, con falencias estructurales, escasa modernización y servicios limitados. Su recuperación y eventual reconversión aparecen hoy como parte de un mismo esquema político y urbanístico: el intento de reordenar espacios centrales de la ciudad que llevan décadas de atraso. La combinación entre un Casino renovado y una Terminal modernizada podría modificar no solo la imagen urbana de Necochea, sino también su capacidad de recepción turística, articulando mejor transporte, servicios y circulación de visitantes en una ciudad que necesita recuperar competitividad frente a otros destinos de la costa bonaerense.

La recuperación del Casino podría convertirse, justamente, en el inicio de esa nueva etapa.

Claro que ninguna obra por sí sola resolverá todos los problemas estructurales de la ciudad. La conectividad vial, el transporte interno, la infraestructura urbana y los servicios públicos siguen siendo desafíos centrales.

Pero hay momentos donde determinadas decisiones funcionan como señales políticas hacia adelante. Y esta parece ser una de ellas. La posibilidad concreta de transformar uno de los espacios más emblemáticos de Necochea puede marcar el inicio de un nuevo ciclo turístico o terminar diluyéndose, una vez más, entre disputas y demoras.

La diferencia entre uno y otro escenario no será solamente económica. Será, sobre todo, una definición sobre el futuro mismo de la ciudad.

Durante años, la discusión sobre la salud en la Argentina se dividió en compartimentos relativamente claros: el sistema público para quienes no podían acceder a una cobertura, las obras sociales como sostén de los trabajadores formales y la medicina prepaga como alternativa para sectores medios y altos. Hoy, esa división empieza a desdibujarse, ya que la crisis económica, el aumento de costos y la creciente judicialización muestran que el problema ya no pertenece solamente al ámbito privado: el sistema sanitario en su conjunto atraviesa un estado de tensión permanente.

Las declaraciones del juez federal, Bernardo Bibel, funcionan como una señal de alarma sobre esa situación. “La mayor cantidad de amparos que tenemos son por salud”, advirtió en una entrevista con Ecos Radio durante la última semana.

La frase no describe únicamente una estadística judicial. Sino una transformación profunda: cada vez más personas necesitan recurrir a la Justicia para acceder a tratamientos, medicamentos, prestaciones o coberturas que antes formaban parte del funcionamiento normal del sistema.

Y cuando eso ocurre de manera masiva, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural.

En Necochea, como en muchas otras ciudades del país, el deterioro sanitario se percibe de manera transversal. El sistema privado enfrenta aumentos constantes de costos, restricciones de cobertura y expulsión de afiliados que ya no pueden sostener cuotas cada vez más elevadas. Pero al mismo tiempo, el sistema público absorbe una demanda creciente sin contar con recursos suficientes para responder a ese incremento.

La consecuencia es un doble colapso silencioso: el privado restringe y el público se sobrecarga. Algo que suele decir el gobierno provincial de Axel Kicillof y que suele callar el nacional, de Javier Milei.

Bibel explicó que muchos de los amparos están relacionados con medicamentos de alto costo, discapacidad, tratamientos oncológicos y prestaciones integrales. Es decir, justamente aquellas áreas donde el impacto económico resulta más fuerte y donde la interrupción de una cobertura puede tener consecuencias graves o irreversibles.

El fenómeno revela además otra realidad incómoda: la salud empezó a depender cada vez más de la capacidad de reclamar, insistir o judicializar.

Porque detrás de cada expediente hay personas concretas. Pacientes esperando una medicación. Familias intentando conseguir acompañantes terapéuticos. Adultos mayores que no logran autorizaciones. Personas con discapacidad atrapadas en trámites burocráticos interminables.

Y en ese escenario, la Justicia termina funcionando como una especie de válvula de emergencia del sistema sanitario.

El problema es que ninguna sociedad puede sostener indefinidamente un esquema donde los jueces reemplazan a la planificación sanitaria.

La crisis actual tiene múltiples causas. Por un lado, el fuerte incremento de costos médicos: medicamentos dolarizados, tecnología importada, insumos hospitalarios y salarios profesionales presionados por la inflación. Por otro, un deterioro económico general que afecta tanto a las familias como a las instituciones de salud.

Pero hay también un trasfondo político.

El sistema sanitario argentino arrastra desde hace años problemas de fragmentación, superposición y desigualdad territorial. La diferencia es que hoy esas debilidades quedaron expuestas con mayor crudeza. El retiro progresivo del Estado nacional en distintas áreas, los recortes presupuestarios y la reducción de programas sanitarios impactan directamente en provincias y municipios, que deben sostener cada vez más demanda con recursos limitados.

En Necochea, esa situación se vuelve particularmente visible. El Hospital Municipal y los centros de salud barriales reciben una presión creciente mientras aumentan las dificultades para acceder a prestaciones privadas. La crisis económica empuja nuevamente a muchos sectores medios hacia el sistema público, que ya venía funcionando al límite.

Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de las ciudades intermedias: la capacidad de respuesta.

A diferencia de los grandes centros urbanos, donde existen mayores niveles de complejidad médica y oferta privada, en ciudades como Necochea cualquier desequilibrio impacta rápidamente sobre toda la estructura sanitaria. La falta de especialistas, las dificultades para cubrir guardias y la escasez de recursos humanos empiezan a sentirse con fuerza.

La situación reciente en localidades del interior del distrito, como La Dulce, expuso precisamente esa fragilidad. La dificultad para garantizar cobertura médica permanente reabrió una discusión de fondo sobre cómo sostener un sistema sanitario equitativo en territorios dispersos y con recursos limitados.

El problema no es solamente presupuestario. También es estructural. Cada vez cuesta más conseguir profesionales dispuestos a radicarse en localidades pequeñas, sostener guardias críticas o trabajar en condiciones de alta demanda y salarios deteriorados.

Mientras tanto, el desgaste del personal sanitario se profundiza. Médicos, enfermeros y trabajadores de salud pública enfrentan sobrecarga laboral, presión constante y sistemas administrativos cada vez más complejos.

En ese contexto, la judicialización crece como síntoma de una confianza social que empieza a quebrarse.

Bibel señaló además que muchas personas llegan al juzgado “después de haber agotado todas las instancias”. Eso significa que el amparo ya no aparece como excepción, sino como último recurso frente a un sistema que no responde.

Y ese es quizás el dato más preocupante.

Porque la salud deja de funcionar cuando el acceso depende de la capacidad de insistir, reclamar o litigar. Un sistema sanitario eficiente no debería obligar a un paciente oncológico a iniciar una acción judicial para recibir un medicamento. Tampoco debería convertir cada autorización médica en un conflicto administrativo.

La Argentina atraviesa hoy una paradoja compleja: posee uno de los sistemas sanitarios más amplios de América Latina en términos de cobertura formal, pero al mismo tiempo muestra crecientes dificultades para garantizar acceso real y oportuno.

La fragmentación entre hospitales públicos, obras sociales y prepagas genera además profundas desigualdades. Hay ciudadanos que logran respuestas rápidas y otros que quedan atrapados en demoras interminables.

En ciudades como Necochea, esas desigualdades se vuelven todavía más visibles porque todos los sistemas terminan interconectados. Cuando falla uno, los demás absorben el impacto.

Por eso el aumento de amparos en el Juzgado Federal no debe leerse solamente como un dato judicial. Es un indicador social y político. La evidencia de un sistema sanitario que funciona cada vez más tensionado y donde las respuestas llegan muchas veces tarde.

La discusión de fondo ya no pasa únicamente por cuánto cuesta sostener la salud, sino por qué modelo sanitario quiere construir la Argentina.

Uno donde la atención sea efectivamente un derecho garantizado o uno donde el acceso dependa de ingresos, burocracias o decisiones judiciales. El problema, sin dudas, está en el sistema.

Hay una lógica que atraviesa buena parte de la política argentina contemporánea, sea cual sea el partido político que se encuentre en el poder: la centralidad. Un país pensado desde la mirada del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde las discusiones públicas, las prioridades económicas y hasta las decisiones de infraestructura parecen definirse a cientos de kilómetros de distancia de los problemas reales del interior.

Y cuando esa distancia se profundiza, ocurre algo peligroso: de deja de observar. No se ve la ruta destruida que une ciudades productivas. No se ve el camión que demora más horas para llegar al puerto, en nuestro caso el de Quequén. No se ve la ambulancia obligada a desviarse kilómetros por un corte. No se ve el municipio que intenta sostener servicios esenciales mientras el Estado nacional se retira de áreas históricamente estratégicas.

Eso es, en esencia, lo que hoy sucede en Necochea y buena parte del sudeste bonaerense con la situación de la Ruta Nacional 228 y el vínculo cada vez más distante entre los municipios y el gobierno nacional.

La frase del intendente Arturo Rojas en Ecos Radio esta semana fue contundente: “Nos dejaron solos en muchas responsabilidades”.

No es solamente de una declaración política. Es la síntesis de un modelo de gestión nacional que, bajo la lógica del ajuste y el retiro del Estado, trasladó gran parte de las obligaciones a provincias y municipios, pero sin recursos equivalentes para afrontarlas.

Un modelo de gestión que fue votado mayoritariamente hace 3 años y a sabiendas de lo que iba a suceder, ya que el principal eslogan de aquella campaña de Javier Milei fue mostrar una motosierra en cuanta pantalla exista (llámese redes sociales, videos de Youtube o canales de streaming y televisión)

La situación de la Ruta Nacional 228 funciona casi como una metáfora perfecta de ese esquema.

La traza, fundamental para la conectividad regional entre Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, volvió a quedar en estado crítico tras el último temporal. La rotura de una alcantarilla provocó un corte total y dejó expuesta una infraestructura vial que arrastra años de deterioro.

Pero el problema no es solamente climático. El temporal mostró el daño; no lo generó. El deterioro venía de antes. Y ahí aparece el verdadero trasfondo político: el abandono progresivo de la infraestructura nacional en el interior del país.

Mientras desde Nación se sostiene un discurso centrado casi exclusivamente en el equilibrio fiscal, los municipios quedan atrapados en una contradicción permanente: deben responder a demandas cada vez mayores con herramientas cada vez más reducidas.

Rojas lo planteó claramente al referirse al estado de las rutas nacionales: “El estado de las rutas es una preocupación permanente”.

Y no es una exageración. Las rutas del interior no son un lujo ni una obra secundaria. Son el sistema circulatorio de la economía regional. Por allí pasa la producción agropecuaria, el turismo, el abastecimiento, los trabajadores y hasta la atención sanitaria.

Cuando una ruta colapsa, no se corta solamente el tránsito. Se interrumpe la vida cotidiana de una región entera.

Lo más llamativo es que incluso las soluciones terminan dependiendo de los propios municipios. Según se informó tras la reunión entre autoridades locales y Vialidad Nacional, tanto Necochea como San Cayetano deberán colaborar con maquinaria y materiales para avanzar en las reparaciones.

Es decir: los gobiernos locales terminan asumiendo responsabilidades que corresponden a Nación.

Y ahí vuelve la sensación de lejanía.

Porque mientras en Buenos Aires se discuten variables macroeconómicas, superávit fiscal y equilibrio de cuentas públicas, en el interior se discute algo mucho más básico: si una ruta puede seguir funcionando o no. La centralidad porteña genera además otro problema: invisibiliza las consecuencias territoriales del ajuste.

Cuando se paraliza la obra pública nacional, cómo ya hemos marcado en otras oportunidades en esta misma página, el impacto no se percibe igual en todos lados. En ciudades intermedias como Necochea, la ausencia del Estado nacional se vuelve mucho más evidente porque afecta directamente cuestiones esenciales: caminos, infraestructura hidráulica, mantenimiento vial, conectividad y servicios.

La Ruta 228 es estratégica no solo para Necochea, sino para toda la región productiva. Une corredores agrícolas, conecta puertos y articula localidades donde la circulación diaria de personas es indispensable. Su deterioro impacta en costos logísticos, seguridad vial y actividad económica.

Sin embargo, durante mucho tiempo el tema quedó relegado.

Y eso ocurre porque desde lejos no se ve el desgaste cotidiano. No se ven los baches permanentes. No se ven las banquinas destruidas. No se ve el riesgo constante con el que conviven quienes transitan esas rutas todos los días.

La política nacional actual parece partir de una premisa: reducir al mínimo la intervención del Estado central y dejar que cada jurisdicción resuelva como pueda. El problema es que los municipios no tienen capacidad financiera para reemplazar a Nación.

Ahí aparece otra tensión de fondo: la autonomía municipal muchas veces es más formal que real. Porque sin financiamiento nacional o provincial suficiente, las comunas administran escasez, no desarrollo.

Rojas viene insistiendo en esa idea desde hace meses. Y no es casual que otros intendentes de distintos signos políticos planteen diagnósticos similares. Lo que emerge es una percepción compartida: el interior productivo siente que quedó fuera del radar nacional.

No es solamente un problema económico. También es cultural y político.

La Argentina sigue funcionando bajo una lógica profundamente centralista/unitaria, donde las prioridades del interior aparecen muchas veces subordinadas a las urgencias metropolitanas. Y en ese esquema, las rutas nacionales del sudeste bonaerense difícilmente ocupen un lugar central en la agenda.

Pero para quienes vivimos en Necochea, San Cayetano o Tres Arroyos, estas rutas no son una estadística presupuestaria. Son parte de nuestra vida diaria.

Por eso el debate excede la coyuntura del temporal o las obras anunciadas. La discusión de fondo es otra: qué lugar ocupa el interior en el modelo de país que propone el gobierno nacional.

Porque cuando la infraestructura se deteriora, cuando los municipios quedan solos y cuando las soluciones llegan tarde o dependen de recursos locales, lo que aparece no es solo un problema de gestión. Aparece una señal política. La de un país cada vez más centralizado en sus decisiones, pero cada vez más distante de las realidades concretas del interior.

Y desde lejos, efectivamente, muchas veces no se ve.

El transporte público de pasajeros en Necochea parece haber llegado a un punto límite. Años de frecuencias irregulares, unidades envejecidas, recorridos poco eficientes y una pérdida sostenida de pasajeros fueron deteriorando un servicio que, lejos de consolidarse como una alternativa de movilidad moderna, terminó funcionando bajo una lógica de supervivencia.

En ese contexto, la reciente aprobación del nuevo pliego de licitación para los colectivos urbanos abre una discusión de fondo: ¿la ciudad está pensando un verdadero rediseño estructural del sistema o simplemente una forma de sostenerlo sin que colapse?

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un esquema que habilita concesiones por 20 años, unificación de líneas y una reorganización parcial de recorridos. Pero detrás de esa aparente modernización aparecen también señales preocupantes sobre el horizonte real del transporte local.

El primer dato que llama la atención es justamente la duración de la concesión. Veinte años no es un plazo administrativo cualquiera: implica definir cómo se moverá la ciudad durante las próximas dos décadas. Es decir, se trata de una decisión estratégica. Sin embargo, el pliego parece construido más desde las limitaciones del presente que desde las necesidades futuras de Necochea.

La propia explicación oficial lo deja entrever. El director de Transporte, Facundo Croci, reconoció que el sistema funciona con niveles muy bajos de demanda, rondando apenas los 130.000 boletos mensuales, y advirtió en Ecos Radio y Ecos Diarios que “el transporte se está achicando en todos lados”.

Ese diagnóstico es real. El problema es que el pliego parece asumir esa retracción como irreversible, en lugar de pensar cómo revertirla.

Porque el deterioro del sistema no es solamente consecuencia de una crisis nacional que lleva varios años. También responde a años de pérdida de calidad del servicio. En Necochea, tomar un colectivo dejó de ser, para muchos vecinos, una opción confiable. Las demoras, las escasas frecuencias nocturnas, la dificultad de conexión entre barrios y la limitada cobertura terminaron expulsando usuarios.

Y ahí aparece una paradoja: el sistema pierde pasajeros porque funciona mal, pero al perder pasajeros tiene menos recursos para mejorar. Parece el huevo y la gallina.

La nueva licitación intenta ordenar ese escenario con algunos cambios puntuales. Entre ellos, la unificación de las líneas 502 y 503, los tradicionales “verdes”, y una reorganización de recorridos para optimizar frecuencias. También se incorporan exigencias mínimas de accesibilidad y se fija una antigüedad máxima de 15 años para las unidades.

Sin embargo, ahí surge otra discusión central: ¿alcanza con exigir colectivos de hasta 15 años de antigüedad en una licitación pensada para dos décadas?

En términos prácticos, eso significa que Necochea podría tener circulando durante buena parte de la concesión unidades tecnológicamente atrasadas respecto de estándares que hoy ya empiezan a cambiar en muchas ciudades. Mientras en distintos lugares del país y del mundo se discute movilidad sustentable, electrificación y sistemas inteligentes de transporte, el pliego local parece conformarse con garantizar continuidad mínima.

No es casual que algunos sectores políticos hayan intentado reducir la antigüedad permitida a 13 años. La propuesta fue rechazada. Y esa decisión expone el verdadero corazón del debate: el pliego está pensado desde la viabilidad empresarial antes que desde la experiencia del usuario.

Claro que hay razones para eso. El contexto económico es complejo, el transporte público atraviesa una crisis nacional y las empresas del sector enfrentan fuertes aumentos de costos operativos. Pero justamente ahí aparece el gran interrogante: si el objetivo es simplemente adaptar la ciudad a un servicio cada vez más reducido, entonces la discusión pierde ambición.

Porque el problema del transporte en Necochea no es solo técnico. Es urbano y social. También es cierto que el miedo a perder el servicio es grande y eso, en términos políticos, tal vez sea algo que al Departamento Ejecutivo lo pueda complicar.

Una ciudad extensa, con fuerte dispersión territorial y crecimiento hacia barrios periféricos necesita un sistema eficiente para garantizar acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Cuando el transporte funciona mal, la desigualdad territorial se profundiza. Hay vecinos que literalmente quedan más lejos de la ciudad de lo que realmente están.

La situación se vuelve aún más sensible en horarios nocturnos y fines de semana, donde históricamente las frecuencias fueron insuficientes. El propio pliego reconoce dificultades en combinaciones de líneas y sectores aislados de Quequén. Pero nuevamente, las soluciones planteadas parecen orientadas a administrar la escasez más que a expandir el sistema.

Tampoco aparece con fuerza una mirada tecnológica integral. Más allá de los tótems de seguridad incorporados en algunas paradas, no se observa una apuesta decidida por herramientas modernas de seguimiento en tiempo real, integración digital o sistemas inteligentes de frecuencia que hoy forman parte de cualquier esquema de movilidad urbana contemporánea.

“El Zumba se colgó, del bondi a Finisterre… Rajando del amor, detrás de un beso nuevo…”, reza una de las canciones del disco que da nombre a esta columna. ¿Será esa la salida de Necochea? ¿Buscar un nuevo amor?

Hay otro aspecto clave: el contrato por 20 años puede transformarse en una trampa. Porque un servicio deficitario concesionado durante tanto tiempo corre el riesgo de cristalizar problemas estructurales difíciles de corregir después.

La pregunta de fondo, entonces, es incómoda pero necesaria: ¿Necochea está licitando un sistema pensado para crecer o simplemente formalizando un esquema de baja escala adaptado a la crisis?

Una ciudad que piensa el transporte como herramienta de desarrollo urbano invierte en conectividad, accesibilidad y calidad. Busca recuperar pasajeros. Integra barrios. Mejora frecuencias. Genera previsibilidad. Entiende que un colectivo no es solo un vehículo: es parte de la estructura cotidiana de la comunidad.

En cambio, una ciudad que asume el deterioro como inevitable termina administrando un servicio mínimo, cada vez más reducido y menos competitivo frente al transporte individual.

Hoy, el riesgo parece estar más cerca de este segundo escenario. Y eso es lo verdaderamente preocupante.

Porque detrás de cada discusión técnica sobre recorridos, antigüedad de unidades o cantidad de líneas, lo que se define es otra cosa mucho más profunda: qué tipo de ciudad quiere ser Necochea y quiénes podrán realmente moverse dentro de ella en los próximos veinte años.

Hay un punto en el que las discusiones macroeconómicas dejan de ser abstractas y se vuelven concretas, cotidianas, palpables. Ese punto es el empleo. Y hoy, en la Argentina, ese es precisamente el terreno donde el modelo económico impulsado por Javier Milei empieza a mostrar sus tensiones más profundas.

El discurso oficial plantea con claridad un objetivo: equilibrio fiscal, baja de la inflación y desregulación de la economía. Sin embargo, ese camino tiene efectos colaterales que impactan de lleno en el mercado laboral. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) evidencian un deterioro sostenido en el empleo registrado durante los primeros tramos de la actual gestión, acompañado por un aumento de la desocupación y, sobre todo, de la informalidad.

Más allá de la tasa puntual —que volvió a ubicarse por encima del 7% en distintos momentos recientes—, el dato estructural es otro: la pérdida de empleo formal. Distintas mediciones basadas en registros administrativos muestran que desde diciembre de 2023 se han destruido más de 250.000 puestos de trabajo registrados, con fuerte impacto en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, la industria y el comercio.

El caso de la construcción es, al menos, paradigmático. La decisión de frenar la obra pública nacional, una de las principales banderas del ajuste, generó una caída abrupta en la actividad y la pérdida de decenas de miles de empleos en pocos meses. La industria, por su parte, arrastra un proceso similar, con plantas que reducen turnos o directamente cierran ante la caída del consumo y el aumento de costos.

Ese fenómeno se vincula con otro dato clave: el cierre de empresas. En el mismo período, se estima que más de 20.000 firmas dejaron de operar en el país, muchas de ellas pequeñas y medianas. Las PyMEs, que constituyen el núcleo del empleo privado, son particularmente sensibles a los cambios en la demanda y al encarecimiento de insumos, tarifas y financiamiento.

La ecuación es directa: menos empresas implican menos empleo. Y menos empleo implica menor consumo, lo que a su vez retroalimenta la caída de la actividad. Es un círculo que, lejos de estabilizarse rápidamente, tiende a profundizarse en el corto plazo.

Desde el gobierno se insiste en que este proceso es transitorio. Que se trata de un “sinceramiento” de la economía y que, una vez estabilizadas las variables macro, llegará una etapa de crecimiento. El problema es el “mientras tanto”. Porque ese tránsito tiene costos sociales concretos.

Uno de los aspectos más discutidos de la gestión libertaria es la política laboral. Las reformas impulsadas apuntan a flexibilizar condiciones de contratación, reducir costos para los empleadores y fomentar esquemas más dinámicos. Según la teoría del presidente Javier Milei, esto debería incentivar la creación de empleo. En la práctica, en un contexto recesivo como el que está viviendo el país por estos días, el efecto es bastante claro: no se generan nuevos puestos, sino que se deterioran los existentes.

Especialistas señalan que la flexibilización, sin crecimiento económico, tiende a aumentar la precariedad más que el empleo. Es decir, cambia la calidad del trabajo, pero no su cantidad.

A esto se suma un elemento estructural: la caída del consumo. Con una retracción superior al 10% en varios sectores durante 2024, el “mercado interno” se debilitó significativamente. Sin dinero en el bolsillo de los trabajadores, difícilmente haya demanda. Y sin demanda, difícilmente haya inversión o expansión del empleo.

En ciudades como Necochea, el impacto es aún más visible. Cada cierre de comercio o reducción de personal tiene un efecto directo en la trama social. Nuestra ciudad no es un conglomerado industrial, sino una localidad donde el empleo y el consumo están estrechamente vinculados.

El resultado es un escenario de creciente fragilidad. Más trabajadores informales, más “changas”, más ingresos inestables. Un mercado laboral que se achica en su segmento formal y se expande en su versión más precaria.

En nuestra ciudad, en los primeros cuatro meses de este 2026, empresas y Pymes locales despidieron a 137 trabajadores, según la estadística que muestra el propio Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

A este dato estadístico, habría que agregarle un número similar o, tal vez, mayor, de personas que han perdido su empleo, pero no pasaron por la Delegación local de dicho ministerio. Es decir, gente que no se encontraba registrada o tuvo un acuerdo con su empleador de forma privada, sin la necesidad de acercarse hasta la dependencia pública.

Otro dato de la realidad local es que, además de los despidos, en la Justicia se han presentado una importante cantidad de empresas con concursos preventivos de quiebra. Si bien algunas aún están funcionando, de prosperar esa situación, seguramente dejarán de existir y, por supuesto, se 2llevarán puesto” a los trabajadores.

Pero más allá de la fría estadística a la que tuvo acceso Ecos Diarios, la discusión de fondo es política. ¿Es posible sostener un programa de ajuste de esta magnitud sin afectar de manera significativa el empleo? ¿Puede el equilibrio fiscal construirse sin deteriorar la base productiva? ¿Cuál es el límite social de ese proceso?

La historia económica argentina muestra que los ajustes que descuidan el empleo tienden a generar tensiones que luego condicionan cualquier intento de crecimiento. Porque el trabajo no es solo una variable económica: es el principal mecanismo de integración social.

En ese sentido, el desafío del actual modelo no es solo estabilizar la macroeconomía, sino reconstruir un horizonte de previsibilidad para el mundo del trabajo. Sin empleo de calidad, cualquier mejora en los indicadores generales corre el riesgo de quedarse corto.

El gobierno apuesta a que el mercado, liberado de regulaciones, genere ese proceso de recomposición. Pero hasta ahora, los datos muestran todo lo contrario.

Y en esa transición, el costo no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en los sectores más vulnerables, en las pequeñas empresas, en los trabajadores que pierden su empleo o ven deterioradas sus condiciones.

La pregunta, entonces, no es si el modelo puede ordenar la economía. La pregunta es a qué costo y en qué plazos. Porque en el medio, mientras se espera ese eventual rebote, hay una realidad que es la del trabajo que falta, la empresa que cierra y la incertidumbre que crece.

En ese escenario, la imagen que propone Homero, de Viejas Locas, aparece como un cierre inevitable. La del trabajador que madruga, que viaja horas, que sostiene su rutina en medio de la precariedad, pero que vive al límite, siempre al borde de quedarse afuera del sistema. En tiempos donde el empleo deja de ser una certeza para convertirse en una incógnita, esa historia que parecía canción, se parece cada vez más a la realidad cotidiana.

Todo empezó como un “reto viral”. Mensajes que circularon en redes sociales, pintadas en baños de escuelas, advertencias que hablaban de tiroteos en fechas determinadas. Una lógica que se replicó en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país, generando alarma en comunidades educativas completas.

Pero el fenómeno no quedó en lo virtual, lamentablemente. En Necochea, las amenazas escalaron. Hubo pintadas, enfrentamientos entre estudiantes, mensajes intimidatorios y, finalmente, una respuesta judicial: allanamientos en al menos cinco domicilios vinculados a estas intimidaciones.

Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuándo deja de ser una “broma” y pasa a ser un síntoma?

Hay una escena que vuelve, insistente, como una melodía incómoda. Un chico, joven, anónimo, que de pronto se convierte en noticia. Que pasa de un aula al centro de la escena mediática. Que deja de ser un nombre cotidiano para transformarse en “el chico de la tapa”.

La canción de Fito Páez no hablaba de escuelas ni de amenazas de tiroteos (es la segunda versión, menos romántica, de los chicos de 11 y 6). Pero sí de algo más profundo: de una sociedad que llega tarde. Que mira después. Que reacciona cuando ya es noticia.

Y eso es, en esencia, lo que está ocurriendo hoy en la Argentina con esta ola de amenazas, pintadas, mensajes virales y allanamientos que pusieron en el foco de la escena al sistema educativo en la última semana.

El sistema educativo reaccionó con protocolos concretos. Desde la Jefatura Regional se explicó que ante cada amenaza se debe “dar aviso al inspector y realizar la denuncia en Fiscalía”, articulando con la Justicia.

Pero el protocolo actúa después. Ordena la emergencia. No la previene. Porque en muchos de estos casos hay señales previas. Mensajes que circulan. Conductas que cambian. Violencias que escalan lentamente. El problema es que, muchas veces, esas señales no se leen a tiempo o se minimizan.

Lo ocurrido en Santa Fe semanas atrás, cuando un adolescente ingresó armado a una escuela y mató a un compañero, dejó una advertencia brutal: las amenazas pueden dejar de ser ficción.

En ese contexto, lo que hoy aparece como un “reto viral” adquiere otra dimensión. Ya no se trata solo de adolescentes replicando conductas en redes. Se trata de una cultura que empieza a naturalizar la violencia como lenguaje.

Especialistas en convivencia escolar vienen señalando este fenómeno desde hace años. El sociólogo francés Michel Wieviorka sostiene que “la violencia no es solo un acto, es un proceso social que se construye en el tiempo”. Y en esa construcción intervienen múltiples factores: frustración, falta de pertenencia, exposición a contenidos violentos y debilitamiento de los vínculos.

En Necochea, esos elementos aparecen con nitidez. Las reuniones urgentes con familias, las jornadas de reflexión en escuelas, las intervenciones policiales. Todo indica que el problema desbordó lo estrictamente educativo.

Y cuando eso ocurre, la escuela queda sola.

Porque la escuela no puede (ni debe) ser el único espacio de contención. No puede absorber por sí sola conflictos que nacen en lo social, en lo familiar, en lo digital. Pretenderlo es, en algún punto, repetir el error que describe la canción: mirar el problema cuando ya es visible, cuando ya está en la tapa.

Aquí, el rol de las familias también se transforma en un eje central. ¿Cuánto hablamos con nuestros hijos sobre estas situaciones? ¿Sabemos realmente qué hacen ellos y cómo piensan al respecto?

Hay preguntas aún más fuertes: ¿Logramos “conectar” con nuestros hijos? Y ellos, ¿sienten la confianza necesaria para hablarnos o comunicarnos lo que les pasa? Sin dudas, estas cuestiones también son parte importante de lo que sucede en las escuelas.

Los medios también debemos hacernos cargos de una parte del problema. Tal vez, dar difusión a determinadas situaciones que se generan no contribuyen a “apaciguar las aguas”, sino que provocan un efecto contrario.

Hay algunos datos globales que no ayudan tampoco. Según informes recientes, Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad de casos graves de bullying, con cifras que superan los 200.000 episodios anuales.

Ese clima de hostilidad, muchas veces trasladado a redes sociales, encuentra en estos “retos virales” una forma de amplificación. Lo que antes quedaba en un aula, hoy se viraliza. Y lo que se viraliza, se imita.

La lógica del contagio es clave para entender este fenómeno. Lo que ocurrió en una escuela aparece replicado en otra. Lo que fue una pintada, se convierte en tendencia. Y en ese proceso, el riesgo deja de ser hipotético.

Por eso los allanamientos en Necochea no son un dato menor. Son, en realidad, un punto de inflexión. La señal de que el Estado empieza a intervenir no solo en la prevención, sino en la sanción.

Pero incluso eso abre otro debate: ¿alcanza con judicializar? ¿O el problema es anterior?

El psicólogo social Zygmunt Bauman hablaba de una “modernidad líquida” donde los vínculos son frágiles y las instituciones pierden capacidad de contención. En ese contexto, la violencia aparece como una forma de expresión de conflictos que no encuentran otro canal.

Las escuelas, entonces, quedan en el medio. Entre la contención y el desborde.

Y Necochea no es una excepción. Es, quizás, un reflejo más cercano de un fenómeno global. Como lo muestran los recientes episodios en distintos países, donde amenazas similares obligaron a suspender clases y activar protocolos de seguridad.

La diferencia es que, en ciudades más pequeñas como la nuestra, el impacto es más directo. Más personal. Más visible.

Porque ahí el “chico de la tapa” no es una abstracción. Puede ser el compañero de un hijo, el vecino, el alumno que todos conocen.

Y ahí la canción deja de ser metáfora.

Se vuelve advertencia.

Porque cada vez que un hecho así ocurre, la sociedad vuelve a preguntarse qué falló. Y casi siempre la respuesta llega tarde.

Tal vez el desafío sea otro. No esperar a que haya un nuevo nombre en la tapa. No naturalizar la amenaza como parte del paisaje. No reducir el problema a un viral pasajero.

Porque si algo deja en claro esta semana es que no se trata solo de escuelas.

Se trata de una generación que está hablando (no siempre de la mejor manera, tal vez) y de una sociedad que todavía no encuentra cómo escucharla a tiempo.

La crisis fiscal que atraviesan los municipios bonaerenses dejó de ser un diagnóstico aislado para convertirse en una advertencia transversal. Y como ejemplo de esta afirmación, en la última semana, los intendentes de Necochea (Arturo Rojas), Lobería (Pablo Barrena) y San Cayetano (Miguel Gargaglione) coincidieron en un punto central: el modelo económico nacional está trasladando el ajuste a los gobiernos locales, sin herramientas ni recursos para sostener la gestión.

Las declaraciones de Rojas, Barrena y Gargaglione reflejan una realidad que ya no admite matices partidarios.

Rojas fue directo al describir el impacto del actual esquema económico: “Tenemos esta política nacional que está fundiendo a los municipios”.

La frase no es menor. Marca un punto de quiebre en la relación entre Nación y gobiernos locales, donde el retiro del Estado nacional (sin realización de obras públicas, ejecución de programas y asistencia económica o social) deja a las comunas frente a una demanda creciente con recursos cada vez más escasos.

En Necochea, esa tensión se traduce en dificultades para sostener servicios básicos, mantener infraestructura y dar respuesta a problemáticas sociales que se profundizan en contextos de ajuste. El municipio, como muchos otros, se convierte en la primera ventanilla de reclamos ciudadanos, pero sin el respaldo económico necesario.

Desde Lobería, Barrena planteó un diagnóstico en la misma línea: “La situación es preocupante en los municipios”. Pero fue más allá al describir el efecto acumulativo de las decisiones macroeconómicas: caída de la actividad, retracción del consumo, menor recaudación y, en paralelo, una mayor demanda social. Es la tormenta perfecta para las administraciones locales.

En ese sentido, el intendente loberense dejó en claro que el problema no responde a errores de gestión, sino a un contexto que excede a los municipios: “El ahogo de las comunas no es por mala administración”.

Esa frase, funciona como una respuesta anticipada a una crítica habitual: la idea de que las dificultades municipales son consecuencia de ineficiencia. Por el contrario, lo que plantean los intendentes es que el esquema actual los coloca en una posición estructuralmente desfavorable.

En San Cayetano, un distrito históricamente ordenado en lo fiscal, el panorama no es diferente. Allí también se advierte que la falta de acompañamiento nacional obliga a reconfigurar prioridades, postergar obras y administrar con extrema cautela cada recurso disponible.

Lo que emerge de estas tres voces es un dato político relevante: la crisis ya no distingue entre oficialismos y oposiciones. Intendentes de distintos espacios coinciden en el diagnóstico porque comparten el mismo problema: la desaparición de un Estado nacional que, en mayor o menor medida, actuaba como sostén financiero y articulador de políticas públicas.

El impacto se observa en múltiples niveles. Por un lado, la paralización de la obra pública nacional no solo afecta la infraestructura, sino también el empleo local. Por otro, la reducción o eliminación de programas nacionales traslada a los municipios responsabilidades que antes eran compartidas.

A esto se suma un elemento clave: la inflación y el aumento de costos operativos. Los municipios deben afrontar gastos crecientes como el combustible, los insumos, los salarios de los trabajadores estatales locales, con ingresos que no acompañan ese ritmo. La ecuación, en muchos casos, se vuelve insostenible.

En ese contexto, la autonomía municipal aparece más como una formalidad que como una realidad efectiva. Porque sin recursos, la capacidad de decisión se reduce drásticamente.

El trasfondo de esta situación es profundamente político. El modelo libertario nacional apuesta a un ajuste fiscal que, en términos prácticos, se apoya en una fuerte reducción del gasto público. Sin embargo, ese recorte no desaparece: se redistribuye. Y en esa redistribución, los municipios quedan en el último eslabón de la cadena.

La consecuencia es clara: el ajuste baja en cascada y se refleja mayoritariamente en el territorio. Se siente en las calles, en los servicios, en la obra pública que no se hace, en la asistencia social que no alcanza. Todas cuestiones explicadas por los jefes comunales en Ecos Radio durante la última semana.

Frente a este escenario, los intendentes no solo administran recursos: administran tensiones. Entre lo que la comunidad demanda y lo que efectivamente pueden ofrecer. Entre la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado local y la imposibilidad de contar con apoyo externo.

El riesgo, si esta dinámica se profundiza, es el deterioro progresivo de la capacidad de respuesta municipal. Y con ello, el debilitamiento de uno de los niveles del Estado más cercanos a la ciudadanía.

Mientras todo esto ocurre, las voces de Rojas, Barrena y Gargaglione son señales de alerta. Expresan una preocupación compartida que trasciende lo coyuntural y plantea una pregunta de fondo: ¿pueden los municipios sostener por sí solos el entramado social en un contexto de retiro del Estado nacional?

Por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia la incertidumbre.

Y en esa incertidumbre, lo que está en juego no es solo el equilibrio fiscal de las comunas, sino la capacidad del Estado, en su escala más cercana, de seguir garantizando condiciones mínimas de funcionamiento en la vida cotidiana de sus comunidades.

Hay palabras que se repiten. Que atraviesan el tiempo, los hechos y las generaciones. En noviembre del año pasado, en estas mismas páginas, la sensación dominante era una: impotencia. Aquella reflexión, publicada tras el crimen de un adolescente en la zona del Casino, advertía sobre una violencia juvenil que dejaba de ser excepcional para convertirse en parte de un paisaje cada vez más frecuente. Hoy, meses después, esa palabra vuelve a escena, pero ya no alcanza. Porque lo que antes era alarma, hoy empieza a ser un patrón.

El caso de Bautista Coronel, que volvió a sacudir a la opinión pública y que motivó la contundente frase “no tiene que haber más Bautista Coronel”, expresada por su madre, Valeria en Ecos Radio el viernes pasado, expone con crudeza que la violencia no solo persiste, sino que encuentra nuevas formas de instalarse en la vida cotidiana de Necochea.

“No tiene que haber más Bautista Coronel” no es solo una consigna. Es, en realidad, un límite. Un punto de quiebre que la sociedad intenta marcar, aunque todavía sin las herramientas suficientes para hacerlo efectivo.

Si en el análisis de noviembre se advertía que “la violencia deja de ser extraordinaria para convertirse en habitual”, hoy esa idea se consolida con mayor preocupación. Porque lo que antes aparecía como un episodio aislado, ahora se encadena con otros hechos que refuerzan la percepción de una conflictividad social creciente, especialmente entre jóvenes.

El denominador común sigue siendo inquietante: conflictos que escalan rápidamente, ausencia de mediación, naturalización de la agresión y, en muchos casos, una preocupante falta de intervención de quienes están alrededor. Aquella “mirada ausente” que se describía meses atrás no solo no desapareció, sino que parece haberse profundizado.

En ese contexto, esta frase que hoy resuena en el debate público funciona también como un espejo incómodo. Porque la pregunta es inevitable: ¿qué se hizo, entre un caso y otro, para evitar que la historia se repita?

La problemática excede lo policial y lo judicial. Ya se dijo y vale insistir: una condena puede cerrar un expediente, pero no resuelve el entramado social que da origen a estos hechos. La violencia juvenil no surge en el vacío. Se construye en un contexto donde confluyen múltiples factores: la fragilidad de los vínculos sociales, la falta de espacios de contención, la exposición constante a dinámicas de confrontación, muchas veces amplificadas por las redes sociales, y la ausencia de referentes capaces de canalizar conflictos de otra manera.

En el texto de noviembre se señalaba un elemento clave: la dimensión “performática” de la violencia. La necesidad de mostrar, de filmar, de exponer. Esa lógica no solo sigue vigente, sino que se profundiza en un ecosistema donde la validación social muchas veces se mide en términos de visibilidad. Y en ese terreno, la violencia encuentra un terreno fértil.

Pero hay otro aspecto que también se mantiene intacto: la responsabilidad colectiva.

La escena de un conflicto que escala ante la mirada de otros, sin intervención ni freno, no es solo una postal de indiferencia. Es una señal de debilitamiento del tejido social. En ciudades como la nuestra, donde todavía persiste la idea de comunidad cercana, ese fenómeno resulta aún más alarmante. Porque implica que el “nos conocemos todos” ya no alcanza para garantizar cuidado.

El caso de Bautista Coronel, obliga a revisar ese pacto implícito de convivencia. A preguntarse qué lugar ocupan hoy las instituciones (escuela, familia, clubes, etc.) en la prevención de estos escenarios. Y, sobre todo, a asumir que la violencia no es un fenómeno externo, sino una construcción social que involucra a todos.

La reiteración de estos episodios también interpela al Estado, en sus distintos niveles. No solo en términos de seguridad, sino en políticas integrales que aborden la problemática desde la prevención: educación emocional, espacios de contención, programas de inclusión y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La Justicia, en este sentido, tendrá un rol clave en los próximos meses. Si bien desde la defensa del único acusado por el hecho se busca morigerar su situación y presentar el caso como una muerte en riña, por ahora la fiscalía mantiene la carátula en “homicidio agravado”.

Está claro que nada de lo que pueda ocurrir en el transcurso del tiempo le devolverá a la familia Coronel la paz necesaria, ni el regreso del joven Bautista. Pero no es menos cierto que, tal vez, una condena en estos términos ayude a que el pedido de la madre del joven fallecido cobre más sentido.

“Mirar para el lado correcto”, decía aquella columna de noviembre. La frase hoy cobra una dimensión distinta. Ya no se trata solo de advertir, sino de actuar.

Porque si algo dejan en claro estos hechos es que la violencia no irrumpe de un momento a otro. Se gesta, se acumula, se naturaliza. Y cuando finalmente estalla, ya es tarde.

Necochea se encuentra, otra vez, frente a una encrucijada. Puede optar por interpretar estos casos como tragedias aisladas o asumirlos como síntomas de un problema más profundo. La diferencia entre una y otra mirada no es menor: de ella depende que el próximo Bautista Coronel sea una excepción o una repetición.

Y en ese punto, la consigna deja de ser un deseo para transformarse en una obligación colectiva: no convertirnos en una “ciudad de pobres corazones”.

La postal que dejaron las últimas lluvias en Necochea no es nueva, pero sí cada vez más elocuente. Los más de 100 milímetros caídos en pocas horas no sólo pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los equipos municipales, sino que volvieron a desnudar una problemática estructural que la ciudad arrastra desde hace década: la falta de inversión sostenida en infraestructura básica.

Los datos son contundentes. Calles anegadas, viviendas con ingreso de agua, familias que debieron autoevacuarse, escuelas afectadas y hasta el colapso parcial de un ícono urbano como la Rambla. Todo en el marco de un fenómeno que, lejos de ser extraordinario, fue definido por los propios funcionarios como una lluvia intensa pero no inédita. Es decir, no se trató de un evento imprevisible, sino de una situación que el sistema urbano debería estar en condiciones de absorber.

El problema central aparece una y otra vez en los testimonios técnicos: la saturación del sistema de drenaje. Cuando en pocos minutos cae un volumen importante de agua, la ciudad no logra canalizarlo adecuadamente. El resultado es conocido: el agua corre por superficie, se acumula en zonas bajas, invade viviendas y termina generando daños materiales y sociales que podrían evitarse con obras de fondo.

Pero quizás el dato más preocupante no sea la anegación circunstancial, sino lo que ocurrió en la zona costera. El derrumbe de parte de la Rambla no es un hecho aislado ni atribuible únicamente a la lluvia. Es la consecuencia de años de falta de mantenimiento, de ausencia de obras integrales y de una planificación que no ha logrado acompañar la dinámica natural del frente marítimo. La explicación técnica es clara: la filtración del agua y la socavación del suelo, compuesto mayormente por arena, terminan debilitando las estructuras. Pero detrás de esa explicación hay una verdad más profunda: sin inversión, cualquier estructura termina cediendo.

Lo mismo ocurre en los barrios. Las calles de tierra que se parten, los sumideros que no alcanzan, los desagües obstruidos y la necesidad constante de intervenciones de emergencia configuran un escenario donde el Estado actúa más como bombero que como planificador. Se responde a la urgencia, pero no se resuelve el problema de fondo.

En ese contexto, también queda en evidencia una desigualdad territorial persistente. Las zonas más bajas o con menores recursos son las más afectadas, repitiendo un patrón que se agrava con cada tormenta. Allí, donde el escurrimiento es más difícil y las obras nunca llegan o lo hacen de manera parcial, el impacto es directo sobre la calidad de vida de los vecinos.

La suspensión de clases, incluso parcial, es otro indicador de esta fragilidad. No se trata sólo de una medida preventiva, sino de la constatación de que muchos edificios educativos tampoco están preparados para soportar estas condiciones. Filtraciones, falta de energía y problemas estructurales vuelven a aparecer como síntomas de una misma enfermedad.

Mientras tanto, el discurso oficial suele centrarse en la intensidad de la lluvia o en la conducta de los vecinos respecto a la basura. Sin desconocer estos factores, lo cierto es que desviar la atención hacia ellos implica eludir la discusión principal: la ciudad necesita obras. Obras hidráulicas de envergadura, mantenimiento sostenido de los sistemas existentes y una planificación urbana que contemple escenarios climáticos cada vez más exigentes.

La propia voz de los funcionarios reconoce la necesidad de un pluvial colector y de una reconstrucción integral en sectores críticos. Sin embargo, esas soluciones siguen en el terreno de lo pendiente, mientras los episodios se repiten.

Cada tormenta, entonces, funciona como una radiografía. Y lo que muestra Necochea es una estructura urbana vulnerable, sostenida más por la capacidad de reacción que por la previsión. Los trabajadores municipales, Defensa Civil y otras áreas cumplen un rol clave y muchas veces logran evitar consecuencias mayores. Pero no alcanza.

La discusión de fondo no es meteorológica, es política. Tiene que ver con prioridades, con decisiones de inversión y con la capacidad de pensar la ciudad a largo plazo. Porque cuando una lluvia relativamente habitual provoca evacuaciones, daños estructurales y colapsos visibles, lo que está fallando no es el clima: es la infraestructura.

Necochea no enfrenta un problema nuevo. Lo que enfrenta es la reiteración de un problema no resuelto. Y cada nuevo episodio no hace más que profundizar una sensación que ya se instaló en gran parte de la comunidad: la ciudad corre siempre detrás de la emergencia, pero nunca logra adelantarse a ella.

La escena que se vivió en la localidad de La Dulce no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la expresión más visible de un problema estructural que atraviesa al sistema de salud pública en el distrito de Necochea: la creciente dificultad para garantizar atención médica oportuna, sostenida y equitativa en todo el territorio.

La muerte de una vecina, en circunstancias que aún generan conmoción y debate, actuó como detonante de un reclamo que venía gestándose en silencio. La movilización posterior de los habitantes de La Dulce, exigiendo un médico permanente, no fue sólo una reacción emocional, sino una manifestación concreta de una demanda histórica: el derecho a la salud en condiciones de igualdad, sin importar el lugar de residencia.

En paralelo, la exposición ante concejales de la secretaria de Salud municipal, Andrea Perestiuk, puso en palabras una realidad incómoda: el sistema funciona con limitaciones severas, especialmente en las localidades del interior. La dificultad para conseguir profesionales que se radiquen en pueblos pequeños, la cobertura incompleta de guardias y la dependencia de esquemas de atención fragmentados configuran un escenario frágil, donde cualquier emergencia puede convertirse en una situación crítica.

El caso de La Dulce dejó al descubierto una lógica que, aunque habitual, resulta cada vez más cuestionada: la presencia de enfermería como primera línea de atención y la llegada posterior (no siempre inmediata) de un médico. Si bien este esquema puede responder a criterios organizativos en contextos de escasez de recursos, también plantea un interrogante central: ¿Es suficiente para garantizar respuestas efectivas ante emergencias graves?

La respuesta, a la luz de lo ocurrido, parece ser negativa. Y ese es el punto donde el sistema muestra signos de agotamiento.

Según explicó Perestiuk, ahora el gobierno municipal inició tratativas con otra médica que no vive en nuestra ciudad, pero estaría en condiciones de convertirse en la tercera profesional residente en la localidad del interior.

Aquí quedas otras preguntas en el aire: ¿Por qué ninguno de los dos profesionales estaba disponible en el momento del lamentable suceso? ¿Si un profesional estaba de vacaciones, no hubiera sido atinado enviar un refuerzo médico hacia la Unidad Sanitaria? ¿Por qué no se hizo?

Con el diario del lunes, como se dice habitualmente, es fácil obtener respuestas. Pero queda a las claras que el sistema se encuentra en una etapa crítica.

Lo que ocurre en La Dulce, es similar a lo que viven los vecinos de Juan N. Fernández, Ramón Santamarina, Claraz y Energía. Justamente, habitantes de esas localidades también se sumaron a la masiva marcha realizada hasta la Unidad Sanitaria dulcense.

Pero el problema no se limita a las localidades más pequeñas. En Necochea, el Hospital Municipal enfrenta también tensiones crecientes: demanda sostenida, recursos humanos limitados, desgaste del personal y dificultades para sostener servicios críticos. La situación en La Dulce no es más que la punta del iceberg de un sistema que funciona al límite de sus capacidades.

En términos estructurales, el déficit de profesionales es uno de los factores más determinantes. No se trata sólo de una cuestión local, sino de un fenómeno extendido en todo el país. En este punto, es totalmente real lo que plantea el Ejecutivo conducido por Arturo Rojas. Sin embargo, en distritos como Necochea, donde la dispersión geográfica exige cobertura en múltiples puntos, el impacto es aún mayor. La falta de incentivos concretos para la radicación, las condiciones laborales y las perspectivas profesionales juegan en contra de cualquier estrategia de fortalecimiento del sistema.

Otro dato a tener en cuenta es que la Provincia de Buenos Aires, más allá de algunos reclamos esporádicos y charlas informales, nunca se ha avanzado de forma concreta en la posibilidad de acompañar el sostenimiento de un sistema de salud que ya no sólo intenta dar respuesta a los necochenses, sino que por su complejidad también es utilizado por vecinos de localidades cercanas.

A esto se suma otro elemento clave: la desigualdad territorial. Mientras que en los grandes centros urbanos existen mayores niveles de cobertura, especialización y acceso, en las localidades más pequeñas la atención depende muchas veces de estructuras mínimas, con recursos acotados y capacidad de respuesta limitada.

La movilización en La Dulce, en este sentido, no sólo interpela a la gestión municipal, sino también a las políticas públicas en su conjunto. Porque garantizar un médico permanente en cada localidad no es únicamente una decisión administrativa: implica planificación, inversión y una estrategia sostenida en el tiempo.

El riesgo, si no se abordan estos problemas de fondo, es que episodios como el ocurrido dejen de ser excepcionales para convertirse en parte de una normalidad preocupante. Y cuando eso sucede, el sistema deja de ser una red de contención para convertirse en un esquema de supervivencia.

La discusión, entonces, no debería limitarse a lo ocurrido en un caso puntual, sino ampliarse hacia un debate más profundo: qué modelo de salud pública necesita Necochea y cómo se construye un sistema capaz de responder no sólo en condiciones ideales, sino también en los momentos críticos.

Porque en definitiva, lo que está en juego no es sólo la organización de un servicio, sino algo mucho más esencial: la confianza de la comunidad en que, ante una urgencia, habrá una respuesta. Y hoy, en más de un rincón del distrito, esa certeza empieza a resquebrajarse.

En este punto, la respuesta del gobierno municipal, hasta el momento, ha sido lenta (La Dulce lleva unos 6 años sin médico permanente); suave, ya que se ha ido emparchando como se ha podido; y, lamentablemente, letal.