Hay canciones que, con el paso del tiempo, terminan adquiriendo significados que van mucho más allá de la intención de quien las escribió. “Raros peinados nuevos”, de Charly García, es una de ellas. Una invitación a mirar aquello que incomoda, que se sale de lo establecido y que muchas veces es señalado simplemente por ser diferente. En una sociedad que todavía tiene dificultades para convivir con las diversidades, la frase adquiere total actualidad. Porque detrás de ciertos prejuicios, de algunas burlas y de determinadas expresiones de intolerancia, persiste una violencia que puede pasar de las palabras a los golpes.

Lo ocurrido días atrás en los bosques de Palermo es una muestra brutal de esa realidad. Un grupo de jóvenes y adolescentes persiguió y atacó a mujeres trans con palos, piedras, conos viales y otros elementos, mientras registraba las agresiones con sus teléfonos celulares.

Los videos, que luego circularon por las redes sociales, muestran una escena difícil de comprender: personas convertidas en blanco de una persecución colectiva, insultadas y golpeadas por su identidad de género, mientras algunos de los agresores parecían encontrar diversión en lo que estaban haciendo.

Según las primeras reconstrucciones, al menos seis mujeres resultaron lesionadas y una de ellas sufrió una lesión gravísima, con la pérdida de una oreja. La Defensoría LGBT porteña anunció que trabajaba en una denuncia penal y la Fiscalía especializada en discriminación inició actuaciones para identificar a los responsables. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales, pero hay algo que las imágenes ya dejaron en evidencia: no se trató de una discusión callejera que terminó mal ni de una simple provocación juvenil. Hubo persecución, violencia física, insultos discriminatorios y una decisión de exhibir lo ocurrido como si fuera un espectáculo.

Quizás uno de los aspectos más preocupantes sea precisamente ese último detalle. La agresión no terminó cuando los atacantes se alejaron. Continuó en las redes, donde las imágenes fueron compartidas y celebradas por algunos de sus protagonistas.

La violencia convertida en “contenido”, la humillación ajena como entretenimiento y la identidad de las víctimas como motivo de burla. Una escena que obliga a preguntarse qué clase de sociedad estamos construyendo cuando el sufrimiento de otra persona puede transformarse en una publicación acompañada de risas.

No alcanza con condenar el episodio una vez que los videos se viralizan. Es necesario investigar, sancionar a quienes participaron y acompañar a las víctimas. Pero también resulta imprescindible discutir el contexto en el que estas conductas se desarrollan. Los discursos que descalifican, ridiculizan o presentan a las diversidades como una amenaza no son inocuos. No convierten automáticamente a alguien en agresor, pero contribuyen a construir un clima en el que la discriminación encuentra justificaciones y la violencia puede terminar naturalizándose.

La Argentina ha recorrido un camino importante en materia de reconocimiento de derechos. Sin embargo, las leyes no modifican por sí solas las prácticas sociales ni eliminan los prejuicios. La igualdad formal puede convivir con situaciones cotidianas de exclusión, hostigamiento y violencia. Para muchas personas trans, caminar por la calle, acceder a un empleo, recibir atención sanitaria o simplemente mostrarse tal como son continúa implicando enfrentar obstáculos que buena parte de la sociedad ni siquiera advierte.

En ese escenario, las marchas del Orgullo son espacios de visibilidad, memoria y reivindicación. También son una respuesta colectiva a una historia de persecución y silenciamiento. Por eso resulta necesario mirar lo que sucede en Necochea, donde cada verano el colectivo LGBTIQ+ organiza su movilización y ocupa las calles de la zona de la playa para expresar sus demandas.

La 14ª Marcha del Orgullo y Lucha, realizada en febrero de 2026, estuvo atravesada por una situación que no debería pasar inadvertida. La organización denunció dificultades inéditas para conseguir las autorizaciones vinculadas con el uso del espacio público. Según sus representantes, pese a haber presentado la documentación con anticipación, aparecieron nuevas exigencias, demoras y cuestionamientos sobre el lugar donde debía desarrollarse el festival posterior a la movilización.

La discusión llegó al Concejo Deliberante, donde se plantearon requisitos vinculados con la utilización del espacio público, los baños químicos y los seguros. Desde la organización cuestionaron que se aplicaran condiciones que, a su entender, no correspondían a una movilización autogestiva y reclamaron que no se confundiera una manifestación política con un espectáculo privado. También expresaron su preocupación por la insistencia en trasladar el cierre al anfiteatro, un espacio donde, según denunciaron, habían sufrido agresiones en una edición anterior.

Finalmente, la marcha se realizó y reunió a alrededor de 300 personas. Pero el episodio dejó una señal que merece atención. Durante años, la convocatoria había formado parte del calendario de actividades de la ciudad sin que la confirmación de su fecha y recorrido se convirtiera en una discusión de semejante magnitud. Que una movilización de estas características deba atravesar tantos condicionamientos administrativos para ocupar un espacio público resulta, como mínimo, preocupante.

Es cierto que el Estado debe garantizar la seguridad, ordenar el tránsito y establecer condiciones razonables para la utilización de los espacios comunes. Nadie discute la necesidad de coordinar esos aspectos. La cuestión es otra: que los procedimientos no terminen transformándose en obstáculos desproporcionados ni en una herramienta para condicionar el contenido, la visibilidad o el lugar de una expresión colectiva.

La Marcha del Orgullo no es solamente un evento cultural o turístico, aunque también convoque visitantes y forme parte de la agenda de verano. Es, ante todo, una manifestación política y social. Su razón de ser está vinculada con derechos que todavía necesitan ser defendidos. Y esa dimensión no debería incomodar a ninguna institución democrática.

La próxima edición, prevista para el 15 de enero de 2027, ya comenzó a organizarse y sus representantes volvieron a presentarse ante el Concejo para coordinar el uso de los espacios y las actividades. La fecha está anunciada, aunque todavía quedan cuestiones organizativas por resolver. Sería deseable que esta vez el diálogo institucional permita anticipar las necesidades y evitar que la discusión vuelva a convertirse en una carrera de obstáculos.

Palermo y Necochea son escenarios diferentes, pero hay un hilo que permite relacionar ambos episodios: la manera en que una sociedad trata a quienes no encajan en los modelos que algunos consideran aceptables. En un caso, la violencia física y explícita de un grupo que persigue y golpea. En el otro, las dificultades institucionales que debió enfrentar una comunidad para garantizar su derecho a manifestarse. No son hechos equivalentes, pero ambos invitan a reflexionar sobre los límites de la tolerancia y el lugar que ocupan las diversidades en la vida pública.

Tal vez el problema nunca haya sido tener raros peinados nuevos. El problema aparece cuando alguien cree que tiene derecho a decidir cómo deben vestirse, amar, expresarse o vivir los demás. Y se vuelve mucho más grave cuando esa intolerancia se transforma en golpes o cuando las instituciones, en lugar de facilitar el ejercicio de los derechos, parecen olvidar que también tienen la obligación de protegerlos.

A lo largo de la historia, algunas fórmulas matemáticas y físicas transformaron radicalmente nuestra manera de comprender el universo. El teorema de Pitágoras permitió establecer relaciones fundamentales entre los lados de un triángulo rectángulo; las leyes del movimiento de Newton, junto con su célebre fórmula F = ma, explicaron cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos y sentaron las bases de la mecánica clásica. Más tarde, la ley de la gravedad universal describió la atracción entre los cuerpos con masa, mientras que la ecuación de equivalencia entre masa y energía de Einstein, E = mc², revolucionó la física moderna al demostrar que ambas son manifestaciones de una misma realidad.

Otras expresiones matemáticas cambiaron para siempre la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Las ecuaciones de Maxwell unificaron la electricidad y el magnetismo; la segunda ley de la termodinámica permitió entender la dirección de los procesos físicos y el concepto de entropía, y la fórmula de Euler conectó cinco constantes fundamentales en una sola igualdad. Desde la construcción de edificios hasta la exploración espacial, estas fórmulas demostraron que unas pocas relaciones matemáticas pueden contener ideas capaces de cambiar el destino de la humanidad.

En Necochea, sin embargo, la precisión que se le atribuye a una fórmula que, en teoría, debía contribuir a resolver los problemas del transporte público de pasajeros no tuvo la misma eficacia. La fórmula polinómica utilizada para actualizar el valor del boleto, observada con la perspectiva que ofrece el tiempo, dejó más interrogantes que certezas. Y aunque sería injusto atribuirle toda la responsabilidad por la crisis del sistema, resulta difícil ignorar el papel que desempeñó en una discusión que, dos años después, sigue sin encontrar un punto de equilibrio.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Bartolomé Zubillaga, cuando todavía integraba el oficialismo de Nueva Necochea, y aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre de 2024. El mecanismo estableció una actualización automática del boleto plano cada dos meses, a partir de las variaciones de cuatro componentes considerados centrales para la estructura de costos: el salario de los choferes, el gas oil, los repuestos y las cubiertas.

La ponderación elegida fue de 45% para los salarios, 34% para el combustible, 18% para los repuestos y 3% para los neumáticos. Un reparto que podía parecer razonable a primera vista, porque contemplaba gastos concretos de la actividad, pero cuya fundamentación pública no terminó de despejar todos los interrogantes.

¿Por qué esos porcentajes y no otros? ¿Qué estudio de costos respaldaba semejante distribución? ¿En qué medida representaba la realidad de las empresas que debían sostener el servicio?

La propuesta se presentó como una herramienta para evitar discusiones tarifarias permanentes y darle previsibilidad al sistema. La lógica era sencilla: si aumentaban los principales insumos, el boleto acompañaría esas variaciones mediante un mecanismo previamente establecido. El problema es que la previsibilidad de una tarifa no equivale, necesariamente, a la sustentabilidad económica de una concesión. Una fórmula puede actualizar correctamente determinados costos y, aun así, dejar afuera variables decisivas para explicar el funcionamiento real del servicio.

El número, por sí solo, no garantiza el resultado. También importa qué se mide, cómo se mide y qué peso se le asigna a cada componente. La cantidad de pasajeros transportados, los kilómetros recorridos, la frecuencia de las unidades, el estado de la flota, los subsidios y la estructura general de gastos conforman una realidad bastante más compleja que la suma de cuatro porcentajes.

La discusión posterior terminó por poner esa limitación sobre la mesa. Durante 2026, las empresas prestatarias reclamaron una recomposición de la base de cálculo de la fórmula, al considerar que los valores vigentes ya no reflejaban sus costos operativos. Las compañías plantearon que el boleto debía ubicarse en torno a los 2.300 pesos, mientras que los cálculos técnicos del área municipal manejaron una cifra inferior, cercana a los 1.900 pesos. La diferencia no era menor: detrás de esos números se encontraba la discusión acerca de cuánto cuesta realmente mantener los colectivos en la calle y quién debe hacerse cargo de esa diferencia.

El Concejo Deliberante no resolvió inicialmente el planteo, y la discusión continuó mientras se acercaba el vencimiento de la concesión. Las empresas llegaron incluso a advertir sobre las dificultades para aceptar nuevas prórrogas y participar de la futura licitación bajo las condiciones económicas existentes. La fórmula que había nacido para ordenar la actualización del boleto se convirtió así en otro frente de conflicto entre las prestatarias, el Ejecutivo y los concejales.

No se trata de afirmar que el mecanismo tarifario haya provocado, por sí solo, la crisis del transporte. La pérdida de subsidios, el aumento generalizado de los costos, las dificultades financieras de las empresas, el deterioro de las unidades y los problemas para garantizar las frecuencias también forman parte de una situación estructural. Pero precisamente por eso resulta necesario revisar con seriedad las decisiones adoptadas, en lugar de defenderlas como si fueran verdades inalterables.

La realidad terminó de exhibir la magnitud del problema cuando los dos llamados a licitación quedaron desiertos. Ninguna empresa se presentó a competir por la concesión, obligando al municipio a extender transitoriamente la prestación y a trabajar sobre un nuevo pliego. La discusión ya no se limita al precio del boleto: también alcanza las condiciones de explotación, los recorridos, las unidades necesarias y la rentabilidad que puede ofrecer un servicio que debe funcionar durante los próximos años.

En ese contexto, la fórmula polinómica continúa formando parte del esquema tarifario mientras se procura una solución más amplia. La prórroga del servicio permite evitar una interrupción que afectaría de manera directa a miles de vecinos de Necochea y Quequén, pero no puede confundirse con una respuesta definitiva. Cada extensión contractual compra tiempo, pero no necesariamente resuelve el problema que obligó a concederla.

El recorrido de Zubillaga en el cuerpo deliberativo ofrece, además, otros antecedentes que merecen ser observados desde la misma perspectiva. En septiembre de 2023, el concejal presentó un proyecto para solicitar al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén información sobre una eventual licitación de los elevadores utilizados por Terminal Quequén. El pedido de informes es una herramienta habitual de los concejos deliberantes, aunque su alcance y el procedimiento elegido deben ajustarse al marco institucional correspondiente. El Consorcio, por su condición de ente autárquico, no se encuentra en la misma relación administrativa que una dependencia municipal.

La cuestión no consiste en convertir cada diferencia reglamentaria en una condena política, sino en recordar que la función legislativa exige algo más que presentar iniciativas o defender cálculos. Requiere estudiar las normas, fundamentar las decisiones y anticipar sus consecuencias. En materia de transporte, esos efectos no quedan encerrados en un expediente: terminan repercutiendo en el bolsillo de los pasajeros, en los trabajadores y en la posibilidad concreta de que un vecino llegue a horario a su empleo, a la escuela o a un turno médico.

La política suele buscar respuestas rápidas para problemas complejos. Una fórmula, por su apariencia objetiva, puede ofrecer la ilusión de que las decisiones quedan en manos de los números y dejan de ser materia de discusión. Pero los números también expresan decisiones humanas: qué costos se reconocen, cuáles se ponderan y qué intereses se priorizan.

Newton, Einstein o Euler dejaron herramientas que todavía permiten comprender fenómenos complejos porque sus formulaciones resisten la prueba de la realidad. En Necochea, la cuenta del boleto continúa abierta.

La aprobación por unanimidad del nuevo pliego para concesionar el transporte público de pasajeros representa bastante más que un trámite administrativo para el Concejo Deliberante de Necochea. Después de dos llamados que quedaron desiertos, el distrito necesita encontrar una salida a un problema que se prolonga en el tiempo y que tiene como principales perjudicados a los usuarios, los trabajadores y una ciudad que no puede organizar su movilidad sobre la base de prórrogas sucesivas.

El acuerdo alcanzado entre el Departamento Ejecutivo y los distintos bloques del cuerpo deliberativo es una señal positiva. No porque garantice que esta vez habrá oferentes, sino porque permitió revisar las condiciones que no consiguieron despertar el interés de ninguna empresa. La experiencia de las dos convocatorias anteriores dejó una conclusión difícil de eludir: insistir con un esquema que el mercado no acepta no conduce a una solución. Había que modificarlo.

El nuevo pliego busca justamente eso. La concesión se proyecta por veinte años, con posibilidad de una extensión adicional, y establece un sistema de nueve líneas, de las cuales cuatro serán obligatorias (502, 510, 511 y 512) y cinco optativas. La línea 502 absorberá parte del recorrido que hasta ahora correspondía a la 503. También se flexibilizaron exigencias vinculadas con la cantidad de unidades, las frecuencias y los recorridos, con una flota mínima de 16 colectivos para cubrir las prestaciones obligatorias. A la vez, las ofertas podrán obtener mejores puntajes si incluyen una mayor cantidad de líneas y recorridos, y se contemplan criterios relacionados con la antigüedad de las unidades.

La modificación apunta a encontrar un equilibrio que hasta ahora no apareció: construir un pliego suficientemente atractivo para las empresas sin resignar cobertura, calidad y controles. Porque una licitación puede ser económicamente viable para un prestador y, sin embargo, resultar insuficiente para los vecinos si deja barrios con menos frecuencias o recorridos que no responden a sus necesidades.

Por eso, la flexibilización no debería confundirse con una renuncia a las obligaciones del concesionario. El nuevo esquema también incorpora herramientas de fiscalización, controles sobre las unidades y las frecuencias, seguimiento mediante GPS y garantías para los trabajadores, incluida la continuidad laboral con reconocimiento de la antigüedad. El desafío consiste en que esas exigencias no queden reducidas a una enumeración de buenas intenciones, sino que se traduzcan en mecanismos efectivos de cumplimiento durante los veinte años de concesión.

En ese escenario aparece una novedad que merece atención: la posible participación de la Compañía de Transportes Necochea, la empresa que actualmente presta el servicio y que no se presentó en los dos llamados anteriores. Su representante, Érica Giancarelli, anticipó que la firma tiene intención de adquirir el pliego y evaluar una oferta, aunque la decisión definitiva dependerá de las condiciones establecidas. No es todavía una candidatura formal ni una garantía de que vaya a competir, pero sí una señal relevante.

La pregunta es inevitable: ¿Qué cambió para que la actual prestataria vuelva a considerar una participación que antes no concretó? La respuesta deberá buscarse en las condiciones del nuevo pliego, en la estructura económica del servicio y en las posibilidades reales de sostener una operación que exige inversiones, unidades disponibles, personal y una organización capaz de responder a las necesidades de Necochea y Quequén.

Existe, también hay que decirlo, una situación muy compleja para la mencionada empresa y para los usuarios. Estos últimos han mostrados sus quejas casi permanente para quien presta el servicio; y la primera, hasta el momento siempre ha dicho que no es viable la funcionalidad del transporte, pero sin embargo volvería a presentarse con la idea de mantener el control de los colectivos.

La eventual presentación de la empresa local también introduce un elemento particular. Su conocimiento de los recorridos, de la demanda y de las dificultades cotidianas puede representar una ventaja operativa. Pero esa experiencia no debería transformarse en un privilegio ni anticipar el resultado. Si aparecen otros interesados, todos deberán competir bajo las mismas reglas y con criterios de evaluación transparentes. La continuidad de la prestataria actual no puede darse por descontada, del mismo modo que tampoco corresponde descartarla por no haber participado en los procesos anteriores.

La aprobación unánime del pliego despeja una etapa, pero no resuelve el problema. El paso siguiente será comprobar si las nuevas condiciones consiguen transformar el interés potencial en ofertas concretas. Después habrá que evaluar esas propuestas y determinar si alguna reúne las condiciones necesarias para garantizar un servicio regular, accesible y sostenible.

Mientras tanto, el transporte sigue funcionando bajo una prórroga que busca asegurar la continuidad de las prestaciones. Esa solución transitoria es necesaria, pero no puede convertirse en un modelo permanente de gestión. Cada extensión contractual posterga una definición que la ciudad necesita para planificar su futuro.

Los dos llamados desiertos dejaron una advertencia. La aprobación del nuevo pliego abre una oportunidad para corregir el rumbo, pero el éxito no se medirá por la unanimidad de los concejales ni por la cantidad de páginas del documento. Se medirá por algo mucho más concreto: que haya empresas dispuestas a competir, que el servicio responda a las necesidades de los vecinos y que Necochea deje de vivir pendiente de la próxima prórroga.

El título de aquella canción de Fito Páez, incluida en “El amor después del amor”, parece ofrecer una imagen apropiada para describir el camino que ha recorrido el transporte público de pasajeros en Necochea. Un tránsito complicado, con obstáculos, desvíos y más de una pared que parece difícil de atravesar. Después de dos licitaciones desiertas, la aprobación de un nuevo pliego por parte del Concejo Deliberante abre otra posibilidad para encontrar una salida. Pero, como suele ocurrir, entre la intención y el destino todavía queda un trecho por recorrer.

Hay historias que no terminan cuando termina la noticia. Algunas quedan allí, dando vueltas, esperando una respuesta que nunca llega del todo. La de Bautista Coronel es una de ellas.

Casi un año después de aquella madrugada en la que una pelea entre adolescentes frente al Complejo Casino terminó con la vida de Bautista, de 17 años, la causa vuelve a quedar suspendida en una instancia que parece prolongar el tiempo y la incertidumbre.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil rechazó por unanimidad el pedido de sobreseimiento por inimputabilidad presentado por la defensa del único acusado. Pero, al mismo tiempo, los tres jueces que intervenían en el expediente decidieron apartarse. Ahora deberán sortearse nuevos magistrados especializados para continuar con el proceso.

Una decisión judicial que resuelve una cuestión, pero abre otra.

El pedido de la defensa buscaba que el adolescente acusado fuera considerado inimputable y, en consecuencia, sobreseído y puesto en libertad. Ese planteo fue rechazado. El joven, que tenía 16 años al momento de la pelea, continúa detenido en el Centro Cerrado de Contención de Menores de Batán.

Pero el juicio todavía no comenzó. La Fiscalía había planteado la posibilidad de avanzar mediante un juicio abreviado, aunque hasta ahora no existe acuerdo entre las partes. De no prosperar esa alternativa, debería comenzar el juicio oral antes del próximo 26 de octubre. Para que eso suceda, primero deberá conformarse el nuevo tribunal.

Y ahí aparece nuevamente esa sensación de estar “en el limbo”.

No porque la Justicia no esté actuando. Todo lo contrario: hay resoluciones, audiencias, pericias, planteos y decisiones. Pero para quienes esperan una respuesta definitiva, cada nuevo movimiento procesal puede sentirse como otro paso que vuelve a colocar el desenlace un poco más lejos.

En noviembre del año pasado, cuando todavía estaba fresco el impacto de la muerte de Bautista, el comentario “Mirar para el lado correcto” intentaba correr la mirada del expediente para preguntarse qué había sucedido alrededor de aquella pelea. No solamente quién había atacado a quién, sino qué había hecho el resto. Quiénes habían visto. Quiénes habían pasado por el lugar. Quiénes pudieron haber llamado, intervenido o intentado detener aquella violencia.

Aquella reflexión planteaba que el problema no terminaba en la pelea. Que detrás de una tragedia semejante había una cultura de la confrontación, una violencia que muchas veces se exhibe, se filma y se comparte, y una comunidad que puede terminar acostumbrándose a observar los conflictos desde afuera. También advertía que la responsabilidad no podía quedar exclusivamente en manos de la Policía o de la Justicia: familias, escuelas, clubes, instituciones y vecinos forman parte de una trama mucho más amplia.

Casi un año después, esa pregunta sigue vigente.

Porque la Justicia tendrá que establecer las responsabilidades que correspondan. Ese es su papel y debe hacerlo con todas las garantías que exige un proceso penal juvenil. Pero existe otra responsabilidad que ningún tribunal puede resolver mediante una sentencia.

¿Qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Es una pregunta mucho más incómoda.

Porque resulta relativamente sencillo esperar una resolución judicial. Es mucho más difícil preguntarse qué sucede antes de que una pelea termine en una tragedia. Qué herramientas existen para detectar los conflictos. Qué espacios tienen los adolescentes para canalizar la violencia. Qué hacen las instituciones cuando advierten situaciones que pueden escalar. Cuánto estamos dispuestos a involucrarnos cuando el problema sucede delante de nuestros ojos.

Bautista no debería convertirse solamente en el nombre de una causa. Tampoco en una estadística policial.

Su muerte debería seguir funcionando como una señal de alarma para una ciudad que, en noviembre de 2025, se preguntaba precisamente hacia dónde estaba mirando.

Ahora el expediente vuelve a cambiar de manos. Los jueces Nicolás Lamberti, de Necochea; Luis Surjet, de Azul; y Marcos Milano, de Dolores, resolvieron apartarse y deberán ser reemplazados mediante sorteo por magistrados especializados, que en principio serían de otros departamentos judiciales de la Provincia. Es otra espera.

Y para una familia que perdió a un hijo, esperar no significa simplemente dejar pasar los días.

El calendario judicial tiene fechas. Las audiencias tienen horarios. Los expedientes tienen plazos. Pero el dolor no funciona de esa manera. Para la familia de Bautista, aquella madrugada del 1° de noviembre de 2025 continúa siendo una frontera entre una vida que estaba transcurriendo y otra que nunca volvió a ser igual.

Mientras la causa espera nuevos jueces, nuevas decisiones y eventualmente un juicio, la vida continúa alrededor.

Continúa para quienes estuvieron aquella noche. Para quienes investigaron. Para quienes declararon. Para quienes siguieron el caso. Para quienes conocieron a Bautista.

Pero hay una familia para la que la vida quedó partida.

Por eso la Justicia necesita llegar a una conclusión. No para cerrar mágicamente una herida que nunca podrá cerrarse por completo, sino para establecer, con las garantías correspondientes, qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades que correspondan.

Y la sociedad necesita hacer algo más. Necesita no mirar para otro lado.

Porque si después de una tragedia semejante solamente esperamos una sentencia, habremos atendido una parte del problema. La otra seguirá allí, esperando la próxima pelea, el próximo conflicto, la próxima escena que alguien filme con un teléfono mientras otros pasan.

La historia de Bautista debería servir para que esa escena no vuelva a repetirse. Casi un año después, la causa continúa buscando su camino. La Justicia está en movimiento, pero el desenlace todavía parece estar en el limbo.

La pregunta, en cambio, ya debería tener una respuesta mucho más concreta: ¿Qué estamos haciendo, como comunidad, para que no haya otro Bautista Coronel?

Hay una vieja frase peronista que habla de la unidad como condición indispensable para cualquier proyecto político. En Necochea, sin embargo, esa unidad parece existir más en los documentos que en los hechos.

El Partido Justicialista tiene autoridades. Marcelo Rivero fue confirmado como presidente después de un acuerdo entre los sectores de Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Andrea Cáceres, a su vez, fue incorporada a la conducción provincial del PJ como consejera por la Quinta Sección. Formalmente, entonces, el peronismo tiene una estructura partidaria ordenada.

Pero cuando se mira un poco más allá de la sede partidaria de calle 61, el mapa aparece bastante más fragmentado.

Está el PJ de Rivero. Está Renacer Peronista, con Cáceres como una de sus principales referentes locales. Está el Movimiento Evita, que en algún momento supo tener una fuerte estructura territorial (prácticamente nula hoy, tras el retiro de planes sociales del gobierno nacional). Está el Frente Renovador, con Jimena López como una de sus figuras centrales. Y está el Movimiento Derecho al Futuro, la corriente que conduce Kicillof.

Todos forman parte de un universo político que comparte buena parte de su identidad histórica. Pero no necesariamente la misma hoja de ruta.

La contradicción se vuelve especialmente evidente cuando el debate llega al Concejo Deliberante. Allí existen dos bancadas que se identifican con Fuerza Patria: por un lado, Marcelo Rivero y Silvia Blanco; por otro, Julián Kristiansen y Evangelina Almada, vinculados al Movimiento Derecho al Futuro. Y no siempre votan de la misma manera.

El caso de los “trapitos” fue la última postal. La iniciativa impulsada originalmente por La Libertad Avanza terminó aprobándose con una mayoría que incluyó a Fuerza Patria, pero no a toda Fuerza Patria. Rivero y Blanco acompañaron el proyecto, mientras que el otro sector votó en contra junto con Nueva Necochea y otras bancadas.

La diferencia no fue solamente una cuestión de procedimiento. Rivero había planteado meses atrás una alternativa de registración y regulación de la actividad, con controles y requisitos. El sector del MDF, en cambio, terminó rechazando la ordenanza aprobada y, a través de Andrea Cáceres, cuestionó públicamente que una iniciativa nacida en La Libertad Avanza encontrara respaldo en dirigentes vinculados al justicialismo.

Cáceres fue contundente al sostener que “el peronismo tiene que incluir, no poner a la gente afuera” y que el contexto social obligaba a pensar respuestas antes que restricciones. Pero lo más significativo de su planteo fue otro aspecto: sostuvo que la discusión no debía interpretarse como una interna, sino como una defensa de las banderas históricas del peronismo.

Y allí aparece precisamente el problema.

Cuando una dirigente necesita aclarar que una diferencia con otros dirigentes de su propio espacio “no tiene que ver con internas”, probablemente es porque la interna ya forma parte de la discusión política.

No se trata solamente de los “trapitos”. El transporte público volvió a mostrar la misma fotografía. En la votación por la emergencia del servicio, Rivero y Blanco acompañaron la iniciativa, mientras que Kristiansen y Almada votaron en contra. El resultado fue 10 a 9. Dos bancadas que comparten espacio político terminaron nuevamente ubicadas en lados diferentes del recinto.

Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿cuántos peronismos hay hoy en Necochea? Quizás sean demasiados para una estructura que necesita presentar una propuesta común hacia 2027.

Porque no sólo existen diferencias entre Rivero, Cáceres, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el MDF. También existen cuestionamientos cruzados sobre quién representa realmente al peronismo, quién conduce, quién tiene derecho a definir las candidaturas y quién debería ocupar los lugares de representación institucional.

La historia reciente ofrece algunos ejemplos de esa tensión. En una reunión partidaria de la Quinta Sección, Rivero cuestionó en su momento la designación de Jimena López al frente de Puerto Quequén, mientras Cáceres respondió duramente y lo acusó de cerrar las puertas del PJ a otros sectores kirchneristas. Aquella escena expuso públicamente una disputa que ya estaba instalada desde hacía tiempo.

Y el puerto vuelve ahora a poner una pieza sobre el tablero. Ernesto Povilaitis, exsecretario de Legal y Técnica de Arturo Rojas, fue designado por el gobernador Axel Kicillof como presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. La designación quedó formalizada mediante el Decreto 1865/2026 y el nuevo titular asumió la representación de la Provincia en el Directorio.

La particularidad política no pasa inadvertida. El abogado llega al organismo desde una experiencia directa en la administración de Rojas, mientras la designación corresponde a un gobierno provincial que, al menos en el discurso partidario, mantiene fuertes diferencias con el oficialismo municipal.

La política, una vez más, demuestra que las fronteras partidarias no siempre coinciden con las fronteras de la gestión. Y esto también debería ser observado por el peronismo local.

Porque mientras los distintos sectores se disputan espacios, nombres y lugares, otros dirigentes construyen relaciones institucionales que atraviesan esas fronteras. Rojas, incluso, participó recientemente de un acto de Kicillof en Avellaneda y se ubicó en el palco junto a funcionarios centrales del gobierno provincial.

Nada de esto significa que hayan desaparecido las diferencias ideológicas o partidarias. Significa, simplemente, que la política real suele ser bastante más compleja que las etiquetas.

El problema del peronismo de Necochea es que todavía no parece haber encontrado la manera de transformar esa diversidad en una síntesis. Y diversidad no es necesariamente división.

Un espacio político puede contener distintas corrientes, distintas miradas y hasta dirigentes con aspiraciones diferentes. El problema aparece cuando esas diferencias dejan de ser parte de una discusión interna y comienzan a convertirse en comportamientos políticos incompatibles.

Ahí es donde el electorado empieza a recibir mensajes contradictorios.

Un concejal peronista vota una cosa. Otro, otra. Una dirigente cuestiona públicamente a los propios. Otro sector responde. El PJ proclama unidad mientras las estructuras continúan funcionando por separado.

Y afuera del recinto, los militantes observan. Muchos de ellos siguen identificándose con el peronismo, con sus banderas históricas y con una oposición al gobierno de Javier Milei. Pero también reciben un interrogante cada vez más difícil de responder: ¿quién conduce?

La pregunta adquiere mayor dimensión cuando desde el propio espacio de Kicillof se reclama unidad para 2027. Carlos Bianco, por ejemplo, sostuvo que quien plantea que el campo popular debe ir dividido “quiere perder” y defendió la necesidad de construir una candidatura única.

La discusión nacional y provincial puede pedir unidad. Pero en Necochea esa unidad todavía tiene que demostrarse en el territorio. Porque una cosa es compartir una boleta. Otra, bastante diferente, es compartir un proyecto.

El peronismo necochense llega a esta etapa con demasiadas referencias, demasiados espacios y demasiadas discusiones pendientes. Rivero, Cáceres, el Evita, el Frente Renovador, el MDF y otras expresiones conviven dentro de un mismo universo electoral, pero todavía no queda claro qué los une más allá de su pertenencia histórica o de la necesidad de enfrentar a otros espacios.

Y el calendario no espera. Falta aproximadamente un año para volver a votar intendente y concejales en Necochea. Las reglas todavía tienen interrogantes, pero la discusión política ya comenzó.

Por eso el desafío no será solamente resolver quién encabeza una lista. Será bastante más profundo. Habrá que decidir si todos esos pedazos pueden volver a formar una misma figura.

Porque hoy el peronismo local parece eso: una identidad común despedazada por mil partes, donde cada sector conserva una porción de la historia, una estructura, un dirigente y una verdad propia.

La pregunta es si esas partes pueden volver a reconocerse como integrantes de un mismo proyecto. O si, cuando llegue 2027, cada una terminará convencida de que puede caminar sola.

Hay decisiones que, cuando finalmente llegan, adquieren una dimensión mayor que la de un simple nombramiento. La designación de Ernesto Povilaitis como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén (CGPQ) pertenece a esa categoría. Permite cerrar un período de transición y, al mismo tiempo, abre una oportunidad para fortalecer la conducción de uno de los principales motores económicos de Necochea y de la región.

Después de varios meses de conducción provisoria, el gobierno bonaerense formalizó mediante el decreto 1865/2026 la designación del nuevo titular del Directorio, en representación de la Provincia de Buenos Aires. La norma, firmada por Axel Kicillof y publicada el pasado martes 29 de septiembre, establece que el nombramiento tiene vigencia desde el 25 de agosto.

Con esta decisión concluye la etapa iniciada con la salida de la licenciada María Jimena López de la Presidencia del Consorcio -actual diputada nacional- y durante la cual el doctor Mariano Carrillo ejerció la conducción interina.

La formalización tiene importancia porque Puerto Quequén necesita continuidad institucional y previsibilidad. Detrás de cada decisión de su Directorio hay productores, exportadores, trabajadores, transportistas, empresas y prestadores de servicios.

En definitiva, se mueve aquí una parte sustancial de la economía regional, que requiere reglas claras, planificación sostenida y capacidad para anticiparse a los desafíos que plantea una actividad cada vez más competitiva.

Su trayectoria en la administración municipal constituye un antecedente que puede resultar valioso. Como ex secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea, Povilaitis conoce el funcionamiento del Estado local, las necesidades del distrito y las dificultades que muchas veces aparecen cuando deben coordinarse responsabilidades entre distintos organismos.

Ese conocimiento puede contribuir a fortalecer un vínculo indispensable, o sea la sinergia entre el puerto y la ciudad. Ambas realidades forman parte de una misma comunidad y de un idéntico entramado económico y social.

La infraestructura vial, el tránsito de camiones, los servicios y el mantenimiento de los accesos forman parte de una agenda compartida. El debate sobre la tasa portuaria impulsada por el municipio de Necochea refleja, precisamente, la necesidad de encontrar acuerdos sobre cómo atender esas demandas.

En ese contexto, existen señales y conversaciones que permitirían advertir que la posibilidad de llevar a la práctica esa gabela continúa sobre la mesa y podría encontrar un cauce a partir del diálogo entre las partes.

La nueva Presidencia puede aportar una mirada que facilitará ese entendimiento. Su experiencia municipal puede ayudar a comprender las distintas dimensiones de una relación que necesita coordinación, continuidad y objetivos comunes.

El Puerto de Quequén requiere de Necochea y Quequén, y ambas ciudades precisan del puerto. Esa interdependencia debe expresarse en alianzas concretas, capaces de acompañar el crecimiento de la actividad y, al mismo tiempo, mejorar sus efectos sobre la comunidad.

Nuestra estación marítima ha sostenido un papel relevante dentro del esquema exportador argentino. Esa fortaleza constituye una base, pero también impone exigencias, porque un mayor movimiento requiere infraestructura adecuada, servicios eficientes y decisiones que preserven la competitividad.

La agenda que encontrará Ernesto Povilaitis es amplia. Peticiones por obras, accesos viales adecuados, el ansiado regreso del servicio de trenes, costos logísticos razonables, seguridad, modernización de los procesos y, especialmente, la resolución del futuro de las concesiones.

Son cuestiones que demandan una mirada de largo plazo y capacidad para articular al sector público y al privado. Un puerto no se fortalece solamente dentro de sus límites físicos, dado que necesita que todo el sistema que lo rodea funcione con eficiencia.

Dentro de esa agenda, un asunto central será avanzar hacia la tan ansiada licitación de Terminal Quequén, cuya operación viene sosteniéndose mediante la autorización de sucesivas prórrogas. La última extensión, aprobada por el Directorio en mayo último por 18 meses -hasta fines de 2027-, contempla la continuidad de la actividad y el cumplimiento de un cronograma de obras mientras se prepara una nueva concesión.

La llegada de una conducción formalmente designada ofrece una oportunidad para impulsar ese proceso, establecer reglas claras y compromisos de inversión y fortalecer la competitividad del conjunto portuario.

Será una de las decisiones más relevantes de este nuevo ciclo y una primera prueba de la capacidad de transformar la previsibilidad institucional en decisiones concretas.

En ese marco, la normalización institucional del CGPQ representa un punto de partida necesario. Posibilita ordenar prioridades, dar continuidad a los proyectos y establecer una perspectiva sustentable para quienes trabajan, producen e invierten alrededor de la actividad portuaria.

También será importante sostener un diálogo fluido con los distintos actores del puerto. La diversidad de intereses exige escuchar, construir acuerdos y decidir en función del desarrollo del conjunto. Y en ese esquema, el vínculo con la administración municipal del intendente Arturo Rojas aparece como una pieza relevante.

Puerto y ciudad comparten problemas, oportunidades y, sobre todo, un futuro que no puede pensarse por separado.

La normalización que Ernesto Povilaitis planteó como objetivo puede adquirir así un sentido más amplio, o sea consolidar una forma de gestión que combine planificación, capacidad de decisión y cercanía con las necesidades de la región.

Para Necochea y Quequén, esta nueva fase representa una oportunidad para profundizar la integración con su principal terminal portuaria, sita -no nos olvidamos- en la desembocadura del río Quequén Grande. El desafío compartido consiste en conseguir que el crecimiento de la actividad se traduzca en mejores condiciones para la producción, el trabajo y el desarrollo local.

Estamos hablando del presente y del futuro de nuestras comunidades y del amplio hinterland que encuentra en este puerto una vía fundamental para el movimiento de su producción.

Con la designación formalizada, están dadas las condiciones para avanzar con responsabilidad y sapiencia. Ernesto Povilaitis asume un cometido y, también, una oportunidad valiosa. Cuenta con una experiencia en el tratamiento de cuestiones públicas que puede resultar útil para construir los acuerdos que esa tarea demanda.

Su desembarco merece cierta expectativa, pero también una mirada atenta. Puerto Quequén urge contar con respaldo institucional, disposición al diálogo y una visión estratégica. Esa expectativa deberá traducirse, con el tiempo, en hechos.

La flamante Presidencia abre la posibilidad de fortalecer ese camino. No se trata solamente de comenzar una nueva etapa administrativa, sino de darle un nuevo propósito, consolidando un puerto competitivo, moderno, eficiente e integrado a la comunidad.

Si esa combinación de conducción, diálogo, inversión y planificación logra sostenerse, el resultado no será solamente para el Consorcio. Será para Necochea, Quequén y toda la región. Porque cuando el puerto crece de manera ordenada y la ciudad y la zona acompaña ese crecimiento, el beneficio deja de ser portuario para convertirse en desarrollo colectivo.

Hay viajes que son solamente viajes. Y hay otros que, por el momento político en el que ocurren, terminan funcionando como una fotografía anticipada de lo que viene.

La coincidencia de Javier Milei y Axel Kicillof en Nueva York tuvo algo de eso. El Presidente llegó para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas para desplegar una agenda vinculada con la política internacional, los mercados, los inversores y la defensa de su programa económico. El gobernador bonaerense, en paralelo, mantuvo reuniones con fondos de inversión y empresarios, participó de encuentros políticos, académicos y buscó instalar su propia mirada sobre el futuro económico y político de la Argentina.

Dos agendas diferentes. Dos discursos diferentes. Y, cada vez con mayor claridad, dos espacios políticos que comienzan a mirar hacia 2027.

Milei habló ante la ONU el miércoles. Allí volvió a defender su alineamiento internacional con Occidente, la libertad económica y su política exterior, además de ratificar el reclamo argentino por Malvinas. “También hicimos una elección geopolítica: nos alineamos sin ambigüedades con Occidente”, afirmó ante la Asamblea General. Y agregó: “Hemos decidido cooperar con el mundo, pero hacerlo de pie”.

Pero la parte más directamente vinculada con la política doméstica apareció en su agenda económica.

En el Economic Club of New York, ante inversores y referentes financieros, Milei llevó el horizonte hasta 2027 y 2028. La frase fue inequívoca: “Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”. El Presidente presentó así la continuidad del programa libertario como condición para profundizar las transformaciones económicas.

No fue un detalle menor. Porque en esa frase aparece una campaña electoral antes de que la campaña electoral haya comenzado formalmente. El mensaje de Milei no estuvo dirigido solamente a los mercados. También estuvo dirigido al electorado argentino: continuidad, reformas y profundización del modelo.

Kicillof hizo prácticamente el recorrido inverso. También buscó inversores. También habló de las posibilidades económicas de la Argentina. También presentó una agenda productiva. Pero lo hizo desde un diagnóstico completamente diferente.

En una reunión con representantes de unas 20 empresas y fondos de inversión en Nueva York, sostuvo que la Argentina atraviesa un momento de oportunidades que, a su entender, está siendo desaprovechado por las decisiones del Gobierno nacional. La Provincia informó que el gobernador cuestionó la ausencia de un “plan concreto de desarrollo”.

Y después llegó el discurso político. Durante un desayuno organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente español Pedro Sánchez y otros dirigentes internacionales, Kicillof buscó responder directamente a la imagen económica que Milei intenta instalar en el exterior.

“Quiero aprovechar esta reunión para aclarar un malentendido”, comenzó. Y después fue mucho más contundente: “No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Difícil encontrar una síntesis más clara de la distancia entre ambos.

Para Milei, la Argentina está atravesando el comienzo de una transformación que necesita continuidad.

Para Kicillof, el mismo proceso constituye una oportunidad desperdiciada y está provocando consecuencias negativas sobre el empleo, los salarios y la actividad productiva.

Y hay otro dato interesante: ninguno de los dos se limitó a hablarle al público argentino.

Ambos buscaron mostrarse ante inversores, empresarios, dirigentes internacionales y ámbitos académicos. Ambos intentaron explicar qué país imaginan y cómo debería insertarse la Argentina en el mundo. La diferencia estuvo en el modelo.

En la Universidad de Columbia, Kicillof habló de los recursos naturales estratégicos, las universidades públicas, la ciencia y tecnología y el entramado industrial. “Argentina, en ese escenario, cuenta con un potencial enorme para ser un actor clave”, afirmó. Y planteó la necesidad de construir un orden global basado, entre otros conceptos, en “la justicia social, la soberanía nacional y una mayor igualdad”.

Milei, desde la ONU, planteó otra hoja de ruta: capitalismo de libre empresa, alineamiento con Occidente, apertura económica y una crítica frontal a organismos y agendas internacionales que considera alejados de los principios de las democracias liberales.

No hace falta elegir entre uno y otro para advertir lo que está sucediendo. La disputa ya tiene contenido. Y probablemente ese sea el dato político más importante que dejó Nueva York.

Porque durante mucho tiempo se habló de 2027 como una elección que estaba lejos. Ahora empiezan a aparecer señales de que, para los principales protagonistas, ese calendario ya forma parte de la discusión.

Milei habló explícitamente de la reelección. Kicillof viene construyendo una agenda nacional y, desde Nueva York, volvió a presentar su modelo como alternativa al Gobierno nacional.

No son todavía las boletas de una elección. Pero sí son discursos que comienzan a ordenar una futura competencia.

Y eso tendrá consecuencias también en la provincia de Buenos Aires. Porque la disputa entre Milei y Kicillof no quedará encerrada en los límites de la Casa Rosada o de la Gobernación. Se proyectará sobre los intendentes, los concejos deliberantes, las legislaturas y cada distrito donde en 2027 se discuta quién administra y bajo qué modelo.

También sobre Necochea. En los municipios, las discusiones nacionales terminan convirtiéndose en problemas concretos: recursos, obras, rutas, salud, seguridad, producción, transporte y autonomía financiera. La pelea entre modelos nacionales y provinciales inevitablemente terminará bajando a tierra.

Nueva York dejó, entonces, una imagen particular. Mientras uno habló de continuidad para alcanzar en 2028 el que, según su propia proyección, será “el mejor año económico de la historia argentina”, el otro habló de una “verdadera catástrofe”.

Entre ambas frases hay mucho más que una diferencia de diagnóstico. Hay dos proyectos políticos. Y, aunque todavía falte bastante para 2027, parece que la campaña ya encontró uno de sus primeros escenarios internacionales: Nueva York.

Hay noticias que, por repetirse demasiado, corren el riesgo de dejar de sorprender. Un choque en una esquina, una moto contra un auto, una ambulancia que llega, un traslado al Hospital Municipal, algunos vehículos destrozados y, después, el tránsito que vuelve a ponerse en marcha. Al día siguiente, o apenas unas horas más tarde, la escena vuelve a repetirse en otro punto de Necochea.

Los últimos días ofrecen un nuevo capítulo de una problemática que ya no puede ser mirada como una sucesión de hechos aislados. El tránsito de la ciudad continúa dejando un registro cotidiano de colisiones, personas heridas, vehículos dañados y situaciones que, aunque en muchos casos no terminan en consecuencias graves, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de discutir qué está pasando en las calles y qué se puede hacer para evitarlo.

Un repaso por las publicaciones de Ecos Diarios permite dimensionar, al menos parcialmente, la frecuencia con la que se producen estos episodios. El 5 de septiembre, dos automóviles chocaron en avenida 75 y calle 68. El impacto fue suficientemente fuerte como para que uno de los vehículos hiciera un trompo y terminara en el carril contrario. No hubo heridos, pero el episodio terminó con una pelea a golpes entre los dos conductores. La discusión posterior al accidente agregó una escena que también forma parte de la problemática vial: la violencia y la dificultad para manejar los conflictos que se producen detrás del volante.

Tres días después, el 8 de septiembre, otro choque entre dos automóviles, esta vez en calles 55 y 72, dejó importantes daños materiales aunque sus conductores resultaron ilesos. El episodio demandó la intervención del Comando de Patrullas, de la División Tránsito y del servicio de emergencias.

Pero la sucesión de hechos tomó otra dimensión el 11 de septiembre. Ese día, en la esquina de calles 63 y 80, dos automóviles protagonizaron una violenta colisión. Uno de ellos terminó contra un poste de madera ubicado sobre la vereda. Las ocupantes salieron por sus propios medios y no necesitaron ser trasladadas al hospital. Horas antes, en avenida 75 y calle 28, una moto y una camioneta habían protagonizado otro siniestro que dejó a un joven motociclista con heridas y derivado al Hospital Municipal Ferreyra.

No fue una jornada excepcional. Al día siguiente, el 12 de septiembre, un motociclista fue embestido por un automóvil frente al semáforo de avenidas 59 y 74. El hombre sufrió golpes y fue llevado al hospital, aunque posteriormente recibió el alta médica. La acompañante de la moto y el conductor del automóvil resultaron ilesos.

El 15 de septiembre volvió a aparecer la combinación que tantas veces se encuentra en las crónicas policiales: una motocicleta y un automóvil. En la intersección de avenidas 75 y 98, una Motomel de 110 centímetros cúbicos chocó contra un Chevrolet Corsa. La conductora de la moto sufrió golpes leves y fue asistida en el lugar. No necesitó ser trasladada al hospital. Sin embargo, el episodio tuvo otro dato: la motocicleta fue secuestrada porque su conductora no contaba con la documentación requerida para circular.

Al día siguiente, la escena se trasladó a 75 y 18. Allí colisionaron un Peugeot 308 y una Honda 150. El conductor de la motocicleta, un hombre de 80 años, sufrió golpes y fue trasladado al hospital. La propia crónica de Ecos Diarios aportó un dato que debería llamar la atención: se trataba del tercer choque registrado durante esa mañana en distintos sectores de la ciudad.

Y cuando todavía no había terminado la semana, el 17 de septiembre, una nueva colisión volvió a involucrar a una motocicleta. En la esquina de calles 63 y 52, una Motomel Blitz chocó contra un Toyota Corolla y el conductor del rodado menor tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal. Nuevamente aparecieron en la escena efectivos policiales, personal de Tránsito, Defensa Civil y una ambulancia del SAME.

El repaso no pretende convertir una serie de noticias policiales en una estadística oficial de siniestralidad. Las publicaciones periodísticas no reemplazan un registro integral y sistemático de todos los accidentes ocurridos en la ciudad. Tampoco permiten establecer, por sí solas, cuáles fueron las causas de cada colisión. En varios de los episodios mencionados, precisamente, las circunstancias permanecían bajo investigación.

Pero hay algo que sí permiten hacer: observar una realidad que aparece repetidamente frente a los ojos de todos.

Y decirlo no significa señalar a un único responsable. Sería demasiado sencillo reducir cada accidente a una infracción, a una mala maniobra, a la imprudencia de un conductor, al estado de una calle o a la falta de controles. La realidad suele ser bastante más compleja.

En las calles conviven automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones. Hay esquinas de intensa circulación, avenidas que concentran buena parte del movimiento urbano y una cantidad importante de motos que forman parte del paisaje cotidiano. Hay conductores experimentados y otros menos habituados al tránsito; personas que respetan las normas y otras que las incumplen; vehículos en buenas condiciones y otros cuya situación puede no ser la adecuada.

El tránsito no es solamente una cuestión de inspectores, multas o semáforos. Es, fundamentalmente, una cuestión de convivencia. Cada persona que se sienta detrás de un volante o se sube a una moto toma decisiones que pueden afectar la vida de los demás. Una velocidad excesiva, una distracción, una maniobra imprudente, el desconocimiento de una prioridad de paso o simplemente la falta de atención pueden convertir una situación cotidiana en un accidente.

Por eso, frente a la repetición de estos hechos, la pregunta no debería ser solamente cuántas multas se hicieron esta semana o cuántas motos fueron secuestradas. También habría que preguntarse qué se está haciendo para que el próximo choque no ocurra.

La presencia de Tránsito y de las fuerzas de seguridad después de cada accidente resulta indispensable. También lo son las pericias, la asistencia médica y el control de la documentación. Pero actuar después del choque es, por definición, llegar cuando el riesgo ya se convirtió en daño.

Eso supone controles, pero también educación vial. Supone revisar aquellos lugares donde los accidentes se repiten, analizar la señalización, evaluar la visibilidad en las esquinas, observar el funcionamiento de los semáforos y estudiar los horarios y sectores donde se concentran los siniestros. Supone, además, contar con información pública que permita conocer cuáles son los puntos más conflictivos y qué tipo de accidentes se producen con mayor frecuencia.

Y supone una responsabilidad que no puede recaer exclusivamente en el Estado.

También hay una tarea que corresponde a quienes circulamos todos los días por la ciudad. Frenar en una esquina no debería depender de que haya un inspector. Usar casco no debería depender de una multa. Respetar una señal de tránsito no debería depender de la presencia de una cámara. Dar prioridad a un peatón o reducir la velocidad cuando las condiciones lo exigen debería formar parte de las conductas básicas de cualquier persona que participa del tránsito.

El problema es que, con el paso del tiempo, la repetición puede generar acostumbramiento. Un nuevo choque se incorpora rápidamente a la conversación cotidiana y después desaparece. Se arregla un vehículo, se reemplaza un paragolpes, se hace la denuncia al seguro y la vida continúa. Hasta que vuelve a sonar una sirena.

El verdadero costo de la inseguridad vial, sin embargo, no se mide solamente en chapa abollada.

Está en las horas de una familia esperando noticias afuera de una guardia. Está en una persona que debe recuperarse de una lesión. Está en quienes quedan con secuelas. Está también en el temor que genera cruzar determinadas avenidas o circular en moto por una ciudad donde los accidentes forman parte demasiado frecuente de las noticias.

Los últimos antecedentes publicados por Ecos Diarios no permiten afirmar que Necochea esté atravesando una determinada tasa de siniestralidad sin contar con estadísticas oficiales completas. Pero sí muestran una sucesión de hechos que merece atención: en menos de dos semanas, distintas esquinas de la ciudad volvieron a ser escenario de colisiones, con motociclistas entre los protagonistas de varios de los episodios y con varios traslados al Hospital Municipal.

La seguridad vial suele ocupar el centro de la conversación cuando un accidente tiene consecuencias irreparables. Después, con el paso de los días, vuelve a perder espacio. El desafío consiste justamente en evitar que la discusión dependa de una tragedia.

Necochea necesita discutir su tránsito antes de que las estadísticas se conviertan en nombres y apellidos.

Porque detrás de cada choque hay algo más que dos vehículos que se encuentran violentamente en una esquina. Hay personas. Hay familias. Hay responsabilidades. Y hay una pregunta que vuelve a quedar planteada después de cada sirena: ¿cuánto más vamos a esperar para asumir que el problema no está en el accidente de hoy, sino en la forma en que estamos construyendo, o permitiendo, el tránsito de todos los días?

Una ciudad que se acostumbra a chocar corre el riesgo de acostumbrarse también a las consecuencias.

Y eso es precisamente lo que no debería suceder.

“El pueblo pide sangre”, Charly García

La política de Necochea acaba de incorporar un nombre que puede modificar buena parte de las especulaciones de cara a 2027. No porque Miguel Gargaglione haya confirmado su candidatura a intendente, sino precisamente porque todavía no lo hizo y, aun así, su posible desembarco ya obliga a varios sectores a mirar el tablero de otra manera.

El intendente de San Cayetano habló públicamente sobre la posibilidad de ser candidato en Necochea y aseguró que “lo antes posible” definirá su futuro. La frase esbozada en el programa “Punto de vista” de Ecos Radio, aparentemente sencilla, tiene bastante más peso político del que podría suponerse. Porque no se trata de un dirigente sin experiencia, de alguien que recién busca instalarse o de una figura que necesita ser conocida.

Por supuesto, hay una pregunta previa que debe responderse: ¿Puede ser candidato a intendente en nuestra ciudad? La respuesta es sí. Según la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, para que un ciudadano pueda presentarse como candidato debe tener una edad mínima de 25 años y ser “vecino del distrito con antigüedad de un año de domicilio anterior a la elección”.

Es decir, el jefe comunal sancayetanense debería renunciar a su actual cargo y fijar una residencia en Necochea antes de octubre próximo. ¿Puede ocurrir? Sí.

Gargaglione llega a esta discusión después de una extensa trayectoria al frente de San Cayetano. Y eso, en una elección municipal, puede valer mucho.

En tiempos en los que los discursos partidarios parecen perder fuerza frente a la evaluación concreta de las gestiones, presentar como candidato a un intendente con años de experiencia puede convertirse en una carta electoral atractiva. Sobre todo en una ciudad como Necochea, donde una parte importante de las discusiones políticas gira alrededor de la administración municipal, los servicios, las obras, la seguridad, la salud, el orden de las cuentas y la capacidad para resolver problemas cotidianos.

Pero justamente allí aparece el primer interrogante: ¿puede un intendente de una ciudad mucho más pequeña trasladar su experiencia política y de gestión a Necochea? La respuesta no es automática.

Necochea tiene otra dimensión, otra estructura productiva, un puerto que modifica completamente la ecuación económica, una ciudad cabecera con una dinámica social compleja, Quequén, un sector turístico importante y una cantidad de demandas que obligan a cualquier candidato a construir una mirada mucho más amplia.

Gargaglione tendría que convencer a los necochenses de que su experiencia no solamente es transferible, sino que puede transformarse en una propuesta concreta para este distrito.

Pero antes de llegar a esa discusión existe otra cuestión: ¿qué lugar ocuparía dentro de la política local? Ahí es donde su eventual candidatura puede resultar verdaderamente disruptiva.

Para el radicalismo, podría representar una oportunidad de recuperar protagonismo con una figura de gestión y con posibilidades de trascender las fronteras partidarias. Pero también podría generar tensiones internas, porque una cosa es construir un candidato desde las estructuras tradicionales y otra muy diferente es que aparezca una figura con suficiente peso propio como para condicionar esas mismas estructuras.

Y para el resto de la oposición, la situación tampoco sería sencilla. Porque si Gargaglione consigue reunir detrás suyo a sectores radicales, independientes y dirigentes que actualmente buscan una alternativa al oficialismo, podría convertirse en un factor de concentración electoral. Pero si cada espacio decide conservar su identidad y competir por separado, su aparición podría terminar fragmentando todavía más un escenario que ya presenta múltiples opciones.

El oficialismo tampoco puede mirar el fenómeno con indiferencia. Una candidatura competitiva obliga a revisar estrategias. Obliga a preguntarse quién será el adversario, qué discurso deberá profundizarse, dónde estarán las fortalezas y cuáles serán los puntos débiles. Y, sobre todo, obliga a no dar por descontado que la elección de 2027 será una repetición de las anteriores.

Ese es quizás el principal efecto político que tiene hoy el nombre de Gargaglione: todavía no es candidato, pero ya puede empezar a modificar el comportamiento de los demás.

Porque las campañas electorales comienzan mucho antes de que aparezcan las boletas. Empiezan cuando los dirigentes empiezan a medir escenarios, cuando se buscan acuerdos, cuando se observan encuestas, cuando se tantean nombres y cuando una figura puede generar la suficiente expectativa como para obligar al resto a tomar posición. Y Gargaglione acaba de entrar en esa conversación.

Si Gargaglione decide avanzar, la pregunta no será solamente si puede ganar una interna o encabezar una lista. Será si consigue construir un proyecto necochense.

Pero la “revolución” política de esta última semana no sólo estuvo en esta posibilidad que reflejó el propio Gargaglione, sino también en la ¿definición? sobre la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

En La Plata, días atrás, el ahora exsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea, Ernesto Povilaitis, obtuvo la foto con el gobernador, Axel Kicillof, el ministro de Producción y Turismo, Augusto Costa; y el subsecretario de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero; lo que sumado a sus propias declaraciones en la agencia DIB hacía suponer su inmediato desembarco al frente de la estación marítima local.

Pero más allá de esta situación y el revuelo político generado (sobre todo en el plano interno del MDF y el kirchnerismo vernáculo) al tomarse conocimiento de esa decisión gubernamental, lo cierto es que, hasta el cierre de esta edición, el decreto con la rúbrica de Kicillof con el nombramiento de Povilaitis no ha aparecido.

¿Esto puede afectar la definición? No necesariamente, pero también es cierto que no sería ni la primera ni la última vez que un anuncio termina solamente en eso y el nombramiento nunca llega a concretarse. Ejemplos sobran, pero habrá que ver si en esta oportunidad, el abogado más cercano al intendente Arturo Rojas engrosa alguna de las dos listas: la de “flamante presidente” o la de “anuncio sin concreción”.

El próximo sábado, el Movimiento Derecho al Futuro, eje de la conducción del gobernador bonaerense, realizará un “plenario nacional” en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico. Allí estarán dirigentes locales y ¿también Arturo Rojas y Ernesto Povilaitis?

Hay decisiones que, por su dimensión, exceden el trámite administrativo que las origina. La futura subasta del Teatro Auditórium del Complejo Casino es una de ellas. No se trata solamente de poner a la venta una parcela municipal ni de completar un procedimiento previsto en una ordenanza. Se trata, fundamentalmente, de avanzar sobre uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de Necochea: qué hacer con un espacio emblemático que durante décadas fue perdiendo brillo hasta convertirse en una postal del abandono.

La Municipalidad acaba de dar un nuevo paso en ese camino. Después de la subasta de las principales parcelas del Complejo Casino, que permitió adjudicar los sectores A, B1, B2, B2.1 y B2.2 por $4.878 millones, ahora puso en marcha la segunda etapa, correspondiente a la Parcela C, donde se encuentra el Teatro Auditórium.

El procedimiento tiene, además, una particularidad que merece ser destacada: el inmueble mantiene su destino urbanístico como teatro. Es decir, la venta no implica modificar ese uso ni los indicadores vigentes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires realizó la tasación oficial y estableció un valor estimado de $575,7 millones, mientras que el precio base para la subasta quedó fijado en $383.819.190. Esa cifra no será necesariamente el valor final, ya que dependerá de las ofertas que se presenten.

Allí aparece uno de los aspectos más interesantes del proceso. La discusión sobre el Casino durante muchos años estuvo atrapada entre dos posiciones aparentemente irreconciliables: conservarlo tal como estaba, aun cuando el deterioro hiciera cada vez más difícil esa alternativa, o permitir una transformación que posibilitara su recuperación. Lo concreto es que durante demasiado tiempo no ocurrió ni una cosa ni la otra.

Ahora, al menos, existe un proceso en marcha. Y eso no es un dato menor.

La decisión municipal de avanzar con la venta de las parcelas no debería analizarse solamente desde la lógica de una operación inmobiliaria. Debe observarse desde una perspectiva más amplia: qué hace una ciudad con un patrimonio que ya no puede sostener en las condiciones en las que se encuentra. En el caso del Auditórium, además, existe un componente cultural que obliga a mirar la operación con especial atención.

El edificio tiene historia. Como señaló el propio martillero sorteado, Sergio Gertie, se trata de un inmueble que forma parte de la historia de Necochea. Pero justamente por eso la mejor manera de preservar esa historia quizá no sea mantenerla congelada en el abandono, sino conseguir que vuelva a tener vida.

El municipio y el Colegio de Martilleros eligieron repetir para esta segunda subasta el mecanismo utilizado anteriormente: convocatoria de profesionales, inscripción, asignación de números y sorteo público ante escribano. La presidenta del Colegio, Romina Casal, destacó precisamente la intención de mantener los mismos criterios de transparencia empleados en la primera etapa.

Y entonces apareció nuevamente la curiosidad del número. La bolilla 10 volvió a ser protagonista.

En enero, cuando se sorteó el martillero que tendría a su cargo la subasta de las parcelas principales del Casino, también había salido la número 10, favoreciendo a Mariana Ortega. Esta vez, entre 21 profesionales inscriptos, la misma bolilla volvió a aparecer primero y determinó que Sergio Marcelo Gertie será el martillero titular, mientras que Samanta Lucía Rumi quedó como suplente.

En cualquier otro ámbito podría ser apenas una coincidencia. Pero cuesta no encontrarle una pequeña cuota de poesía a que la 10 vuelva a salir justo ahora.

Sobre todo porque el fútbol argentino acaba de despedir a uno de los hombres que convirtió ese número en una parte de nuestra identidad. Lionel Messi anunció el retiro de la Selección Argentina después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Antes que él, Diego Maradona había hecho de la 10 una marca universal. Dos épocas distintas, dos estilos diferentes, una misma camiseta y un número que terminó siendo mucho más que un número.

Quizás sea solamente una casualidad. Seguramente lo sea. Pero las ciudades, como las personas, también construyen sus historias a partir de esas pequeñas coincidencias que quedan flotando en el tiempo.

La verdadera historia, sin embargo, no estará en la bolilla que salió del bolillero. Estará en lo que ocurra después.

Porque vender el Auditórium no significa, por sí mismo, recuperarlo. El verdadero desafío comenzará cuando exista un nuevo propietario y haya que transformar una parcela deteriorada en un espacio capaz de recuperar su función, generar actividad y devolverle al sector del Casino una parte del movimiento que alguna vez tuvo.

En ese sentido, las señales que surgen de la primera etapa permiten cierto grado de expectativa. El Municipio ya entregó la tenencia de los inmuebles adjudicados a A Toda Vela Mar S.A., que pagó $4.878 millones por las parcelas subastadas, y Arturo Rojas señaló que los adquirentes estarían trabajando en proyectos técnicos que incluyen una nueva sala de juegos y la refuncionalización de sectores existentes, además de posibles propuestas gastronómicas y hoteleras.

Es decir que, por primera vez en mucho tiempo, el debate empieza a desplazarse desde el abandono hacia los proyectos. Y ese cambio de escenario es posiblemente el principal mérito de la decisión.

Necochea no puede seguir administrando sus grandes espacios urbanos desde la nostalgia. La nostalgia sirve para recordar lo que fuimos, pero no alcanza para construir lo que queremos ser. El Casino fue una postal, un lugar de encuentro, un atractivo turístico y cultural. Pero durante años también fue un edificio deteriorado, con incendios, clausuras y proyectos que no lograron concretarse.

La ciudad necesita dejar de discutir exclusivamente lo que perdió para empezar a pensar qué puede recuperar.

La subasta del Auditórium representa, en ese sentido, una segunda oportunidad dentro de una transformación mayor. No garantiza el éxito, pero abre una puerta. Y cuando una ciudad consigue que un espacio abandonado vuelva a ser objeto de inversión, proyectos, trabajo y actividad, ya está modificando su relación con ese lugar.

El intendente Rojas habló de “cerrar un ciclo y empezar a pensar en una recuperación de lo que fue un emblema, un portal de nuestro distrito”. Tal vez esa sea la mejor manera de entender lo que está ocurriendo.

Cerrar un ciclo no significa borrar la historia del Casino. Significa impedir que su historia termine en el abandono.

Y mientras la bolilla 10 vuelve a salir, como si quisiera dejar una última señal en el camino, queda planteado el verdadero desafío: que esta vez el número no sea solamente una coincidencia, sino el comienzo de una nueva etapa para un lugar que durante demasiado tiempo esperó que alguien volviera a ponerlo en juego.

Maximiliano Caloni

Redacción

A las cuatro de la mañana, cuando buena parte de Necochea duerme, hay una puerta que se abre. No es la de una oficina pública, ni la de un comercio de guardia. Es la de la Parroquia Santa María del Carmen, donde funciona “El Cafecito”, un espacio que nació en 2022 como una iniciativa sencilla para entregar viandas a trabajadores nocturnos y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en un lugar de encuentro para personas en situación de calle.

La escena debería, al menos, interpelarnos. Mientras la ciudad duerme, un grupo de voluntarias recibe a personas que no tienen dónde refugiarse. Llegan cuando otros espacios ya cerraron y encuentran allí algo que puede parecer elemental, pero que para quien vive en la calle adquiere una dimensión enorme: un lugar donde entrar, sentarse, comer, bañarse, cambiarse de ropa y, durante unas horas, dormir tranquilo.

Porque quizás lo más importante de “El Cafecito” no sea el café. Ni siquiera la comida. Es la posibilidad de recuperar, aunque sea momentáneamente, algo que la vida en la calle suele arrebatar: la dignidad de sentirse persona y no parte del paisaje urbano.

El informe que dio origen a este comentario cuenta que son más de 80 las personas que concurren al lugar y que existe un registro de sus nombres y fechas de nacimiento. Pero no se trata de una planilla administrativa. Se utilizan esos datos para algo tan sencillo como celebrar los cumpleaños. Ese gesto permite comprender que detrás de cada persona hay una historia y que reconocerla por su nombre puede ser, en determinadas circunstancias, una forma de devolverle una identidad que muchas veces el sistema terminó borrando.

Y allí aparece uno de los aspectos más dolorosos de esta realidad: la invisibilidad.

Las personas en situación de calle están ahí. Caminan por nuestras calles, duermen donde pueden, buscan refugio, piden ayuda, sobreviven. Sin embargo, buena parte de la sociedad aprende a no verlas.

Se las cruza. Se las esquiva. Se las mira durante algunos segundos y se continúa caminando.

Quizás porque resulta incómodo detenerse y pensar qué historia existe detrás de esa persona. Porque hacerlo obliga a abandonar la explicación fácil, el prejuicio y la idea de que quien está en la calle simplemente “eligió” estar allí.

Las voluntarias de la parroquia cuentan precisamente lo contrario. El contacto cotidiano las llevó a comprender que detrás de cada rostro existe una historia. Y una de ellas plantea una reflexión especialmente fuerte: antes de que alguien termine en la calle, sucedieron muchas cosas y, como sociedad, también existe una cuota de responsabilidad.

Esa frase debería salir de las paredes de la parroquia y llegar a las instituciones.

Porque la solidaridad de los vecinos es indispensable, pero no puede reemplazar a las políticas públicas.

Una iglesia puede ofrecer comida. Puede conseguir ropa. Puede habilitar duchas. Puede tender frazadas sobre el piso para que alguien duerma algunas horas sin miedo a ser echado. Puede escuchar y acompañar.

Pero no puede, por sí sola, resolver las causas que llevaron a una persona hasta allí. Y ése es quizás el principal desafío que tiene la política necochense.

Está claro que no alcanza con asistir. Hay que conocer. Hay que registrar. Hay que acompañar.

Hay que generar mecanismos que permitan reconstruir vínculos familiares cuando sea posible, garantizar acceso a documentación, salud, alimentación, higiene, capacitación y empleo. Y, fundamentalmente, establecer un seguimiento que no termine cuando la persona abandona un comedor o un refugio.

Porque uno de los problemas más graves que aparecen en el relato es precisamente la discontinuidad. Las voluntarias conocen nombres y rostros, pero muchas veces no tienen forma de saber qué ocurrió con alguien que dejó de concurrir. Algunos no tienen teléfono y simplemente desaparecen del radar.

¿Dónde están esas personas? ¿Qué les ocurrió? ¿Volvieron a dormir en la calle? ¿Consiguieron trabajo? ¿Regresaron con sus familias? ¿Están enfermas? ¿Murieron? Son preguntas incómodas. Pero una ciudad que pretende construir políticas sociales serias debería poder responderlas.

La tarea de “El Cafecito” también demuestra que la vulnerabilidad no se resuelve solamente con recursos materiales. Las voluntarias hablan de personas que llegan buscando sentirse “familia” y ser reconocidas por su nombre. El café, el desayuno y la ducha terminan siendo la puerta de entrada a algo mucho más profundo: la necesidad de ser escuchado y reconocido.

Por eso también hay que mirar a quienes sostienen esta tarea.

Las propias voluntarias reconocen que salen “rotas” después de escuchar determinadas historias. También cuentan que la experiencia les enseñó a dejar de lado prejuicios y a no juzgar. Y quizás allí exista otra enseñanza para el resto de la sociedad: nadie debería acostumbrarse al dolor ajeno. El problema es que Necochea corre el riesgo de acostumbrarse.

Acostumbrarse a ver personas durmiendo en una plaza. Acostumbrarse a observarlas buscando comida. Acostumbrarse a que una parroquia abra sus puertas de madrugada porque no existen suficientes alternativas. Acostumbrarse a que sean siempre los mismos vecinos quienes respondan cuando el Estado no llega. Y una sociedad que se acostumbra a la vulnerabilidad termina naturalizándola.

Por eso la política local debería mirar hacia ese lugar. No para apropiarse de una tarea que nació desde la solidaridad, sino para escuchar, acompañar y transformar esa experiencia en información para diseñar políticas públicas.

La parroquia puede ser mucho más que un espacio de contención. Puede convertirse en un punto de partida para conocer una problemática que muchas veces permanece oculta detrás de las estadísticas y de las discusiones cotidianas de la ciudad.

La pregunta es si habrá voluntad para hacerlo.

Porque mientras algunos discuten presupuestos, obras, tasas, campañas y elecciones, hay más de 80 personas que encontraron en una parroquia un lugar donde alguien sabe cómo se llaman y, al menos durante algunas horas, se preocupa por ellas.

No debería ser necesario llegar a las cuatro de la mañana para descubrir una realidad que está frente a nuestros ojos durante todo el día. La ciudad tiene que aprender a mirar. Y la política, especialmente, tiene que aprender a hacerlo.

Porque detrás de cada persona que duerme en la calle no hay solamente una necesidad: Hay una historia.

Y si una institución religiosa y un grupo de voluntarios lograron descubrirla, acompañarla y ponerle un rostro, quizás haya llegado el momento de que el Estado haga lo mismo.

No para contar cuántas personas viven en la calle, sino para empezar a preguntarse por qué llegaron hasta allí y qué puede hacer una comunidad para que alguna vez puedan dejarla.

Hay datos que, por sí solos, deberían alcanzar para encender una luz de alerta. Al menos 18 vehículos con pedido de secuestro originado en Mar del Plata fueron encontrados en Necochea y Quequén durante lo que va de 2026. El relevamiento de Ecos Diarios aclara que se trata de un piso de casos comprobables a partir de información pública y que la cifra podría ser mayor, ya que no todos los procedimientos llegan a difundirse. De esos 18 rodados, 14 eran motocicletas y cuatro automóviles o camionetas.

El número no debería generar una conclusión apresurada acerca de que Necochea se haya convertido en destino de vehículos robados. Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que entra y sale de nuestra ciudad estamos efectivamente controlando?

Porque Necochea tiene una particularidad geográfica que no puede ser ignorada cuando se habla de seguridad. Está conectada con importantes ciudades de la región a través de rutas provinciales y caminos vecinales que permiten múltiples alternativas de ingreso y egreso. Y cuando se observa que varios vehículos buscados en Mar del Plata terminan siendo encontrados en nuestro distrito, resulta evidente que la prevención del delito no puede pensarse solamente dentro del ejido urbano.

Las rutas son también parte de la política de seguridad. En ese sentido, los controles que se vienen realizando son una buena noticia. No solamente porque permiten detectar infracciones vinculadas con la documentación o las condiciones de los vehículos, sino porque, como ocurrió en distintos procedimientos, terminan poniendo al descubierto situaciones que de otra manera podrían pasar inadvertidas.

La Ruta 88 ofrece un ejemplo concreto. En apenas quince días, dos inspecciones vehiculares realizadas por efectivos del Destacamento Vial Quequén terminaron con el secuestro de armas de fuego. En uno de los casos se encontró una pistola 9 milímetros, dos cargadores y diez municiones; en el segundo, otra arma junto con municiones. Ambos procedimientos derivaron en actuaciones judiciales.

Es decir, el control funciona. Y justamente por eso debe profundizarse.

No se trata de instalar la idea de que cada persona que circula por la Ruta 88 es sospechosa. Tampoco de convertir los accesos a Necochea en barreras permanentes que dificulten la circulación. Se trata de aprovechar la tecnología, la información y la presencia policial para que las rutas dejen de ser espacios donde quienes cometen delitos puedan desplazarse con relativa facilidad.

Aquí aparece una cuestión que lleva tiempo planteándose: la necesidad de trasladar el Destacamento Vial Quequén hacia el acceso a Arenas Verdes.

La ubicación actual perdió buena parte de su carácter estratégico con la construcción de la Circunvalación. Existen recorridos alternativos que permiten ingresar o salir hacia la Ruta 88 sin pasar por “la vieja caminera”, incluyendo caminos vecinales y el camino costero. Desde el municipio se planteó justamente que una nueva ubicación permitiría cubrir una franja que actualmente presenta distintos puntos de escape. La propuesta no debería ser descartada como una cuestión menor.

Si existen antecedentes de vehículos robados que aparecen en Necochea y si además se detectan armas durante controles sobre la Ruta 88, mejorar la ubicación de los puestos de prevención parece una inversión razonable. Más aún cuando el problema no es exclusivamente necochense.

En 2025, desde el Concejo Deliberante volvió a plantearse el traslado de la sede de Vial Quequén y se señaló que determinados delitos, entre ellos robos de automotores, presentan conexiones con otras ciudades de la región. Incluso se analizó la posibilidad de articular con el municipio de Lobería para afrontar los costos de una eventual nueva dependencia. Y allí está, probablemente, la clave de todo este asunto.

El delito no reconoce límites municipales. La prevención tampoco debería reconocerlos.

Si un vehículo es robado en Mar del Plata y aparece en Necochea, el problema no pertenece exclusivamente a ninguno de los dos distritos. Si una persona utiliza caminos de Lobería para llegar a la Ruta 88, tampoco alcanza con que uno solo de los municipios controle su territorio.

Hace falta información compartida. Hace falta coordinación entre las policías de los distintos distritos. Hace falta que los centros de monitoreo puedan intercambiar rápidamente datos sobre vehículos, patentes y movimientos sospechosos. Hace falta fortalecer los controles sobre las rutas 88, 86, 227, 228 y los accesos secundarios.

Y hace falta, fundamentalmente, que Necochea, Lobería, General Alvarado y Mar del Plata puedan trabajar sobre una misma estrategia regional de prevención.

No es necesario esperar que ocurra un delito grave para entenderlo.

La recuperación de 18 vehículos con pedido de secuestro debería ser suficiente para advertir que existe una circulación que merece ser observada. Y los dos procedimientos que permitieron encontrar armas en la Ruta 88 en sólo quince días demuestran que cuando se controla, se encuentran situaciones que requieren intervención.

Por eso sería injusto cuestionar los operativos que se realizan. Por el contrario: hay que reconocerlos, sostenerlos y multiplicarlos.

Pero también hay que exigir que sean parte de una estrategia más amplia.

La seguridad no puede depender únicamente de que un agente tenga la fortuna de detener determinado vehículo en determinado momento. Necesita planificación, recursos, inteligencia criminal y coordinación.

Y en una ciudad como Necochea, donde las rutas constituyen puertas de entrada y salida hacia buena parte del sudeste bonaerense, esa planificación adquiere todavía mayor importancia.

El traslado de Vial Quequén hacia Arenas Verdes puede ser una pieza de esa estrategia. La articulación con Lobería, otra. El intercambio de información con Mar del Plata, una más.

Porque si los delincuentes aprovechan las rutas y los límites jurisdiccionales para moverse, el Estado debe hacer exactamente lo contrario: coordinarse para que esos límites no se conviertan en zonas grises de la prevención.

Necochea no necesita vivir detrás de una frontera policial. Necesita controles inteligentes, permanentes y coordinados.

Las rutas deben seguir siendo vías de comunicación, producción, turismo y trabajo. Pero también deben ser espacios donde el Estado pueda saber quién circula, detectar irregularidades y actuar antes de que el delito llegue a las calles.

Los controles que ya existen demuestran que el camino es correcto. Ahora falta dar el siguiente paso: que ese esfuerzo deje de ser solamente local y se transforme en una política de seguridad regional.

La decisión de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata de revocar la medida cautelar que impedía a la Municipalidad de Necochea avanzar con el cobro de la denominada “tasa portuaria” abre una nueva etapa en una discusión que lleva años y que, lejos de ser exclusivamente tributaria, pone sobre la mesa una cuestión central para el futuro de la ciudad: quién debe pagar el costo de la infraestructura que utiliza y deteriora la actividad económica que genera Puerto Quequén.

El fallo constituye un respaldo importante para el Departamento Ejecutivo. La cautelar había frenado desde diciembre de 2025 las actuaciones municipales vinculadas con la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial. Ahora, la Cámara entendió que las empresas no habían demostrado un perjuicio concreto e inminente que justificara mantener esa protección judicial y habilitó al Municipio a continuar con los procedimientos administrativos y judiciales para intentar percibir los recursos reclamados.

La consecuencia inmediata es política y económica. Según lo expuesto por la propia Municipalidad en el expediente, la deuda correspondiente a los primeros nueve períodos fiscales alcanzaría los $4.682 millones, una cifra que equivaldría aproximadamente al 6% del presupuesto municipal de 2025.

Pero hay que hacer una aclaración importante: que la Justicia haya levantado la cautelar no significa que el Municipio tenga automáticamente ese dinero disponible en sus cuentas. Lo que se habilitó es la posibilidad de avanzar con el cobro. De hecho, Arturo Rojas explicó que ya comenzaron los juicios de apremio para ejecutar los títulos y que se solicitarán embargos sobre las cuentas de las empresas alcanzadas.

“Tengo entendido que ya ayer iniciaron los juicios de apremio, esto es decir, ejecutar los títulos ejecutivos que ya tenemos y solicitar la traba de embargos”, señaló el intendente.

Es decir, todavía queda un camino judicial y administrativo por recorrer.

Y allí aparece una de las primeras cuestiones que deberá observar la comunidad: cuánto dinero efectivamente logrará recaudar el Municipio, en qué plazos y, fundamentalmente, qué destino concreto tendrán esos recursos.

El Puerto constituye uno de los principales motores económicos de Necochea y de toda la región, pero esa actividad también genera una circulación extraordinaria de camiones sobre la infraestructura urbana. El propio intendente afirmó que “por año pasan más de 300.000 camiones solo con destino Puerto Quequén”, y vinculó directamente ese tránsito con el deterioro de calles y caminos.

Entonces aparece una pregunta elemental: si una actividad económica utiliza de manera intensiva una infraestructura pública, ¿es razonable que el costo de su mantenimiento recaiga exclusivamente sobre el conjunto de los vecinos? El Municipio sostiene que no.

“La posibilidad de cobrar esta tasa nos va a permitir recuperar la red vial”, sostuvo Rojas en Ecos Radio. La frase no debería ser tomada simplemente como una promesa política. Debería convertirse en un compromiso que la sociedad pueda controlar.

Porque si finalmente ingresan miles de millones de pesos, el destino de esos recursos deberá ser absolutamente transparente.

Pero existe otra cara de esta historia que tampoco puede ser ignorada. Las empresas exportadoras y sectores vinculados al agro vienen cuestionando desde hace años la aplicación del tributo. En 2024, entidades de la actividad agroexportadora ya habían advertido al Municipio sobre su preocupación ante la restitución de la tasa.

Y aquí aparece el gran interrogante que todavía nadie puede responder con certeza. ¿Qué impacto tendrá el nuevo costo sobre la operatoria de Puerto Quequén?

Porque una cuestión es discutir quién tiene razón desde el punto de vista jurídico y otra muy diferente es analizar las consecuencias económicas de una nueva carga sobre una actividad que compite dentro de un mercado internacional.

La tasa tiene como base cada tonelada de mercadería cargada o descargada en las terminales portuarias y la normativa establece un valor equivalente a medio litro de gasoil grado 3 por tonelada.

Eso significa que el costo no es abstracto. Está directamente relacionado con el volumen de mercadería que pasa por el puerto.

Y allí se abre una discusión que Necochea debería dar con seriedad, sin consignas y sin posiciones irreductibles. ¿La tasa será absorbida por las empresas? ¿Será trasladada al productor? ¿Terminará incorporándose a los costos logísticos? ¿Podrá afectar la competitividad de Puerto Quequén frente a otras terminales? ¿Existe riesgo de que determinadas operaciones comiencen a orientarse hacia otros puertos? ¿O el impacto será suficientemente pequeño como para no modificar las decisiones de los exportadores?

No hay, al menos por ahora, elementos suficientes para afirmar que la tasa vaya a provocar una caída de las exportaciones. Sería aventurado hacerlo. Pero tampoco sería responsable ignorar el interrogante.

Porque Puerto Quequén necesita seguir creciendo. Y Necochea necesita que ese crecimiento se traduzca en desarrollo para toda la comunidad. Esa debería ser la discusión de fondo.

Necochea no puede darse el lujo de elegir entre infraestructura y producción. Necesita las dos. Y necesita, además, que ambas crezcan juntas.

El fallo judicial modifica el escenario. Ahora el Municipio tiene una herramienta para intentar cobrar. Pero la verdadera batalla comienza después de la sentencia.

Si los vecinos pueden recorrer dentro de algunos años calles de Quequén reparadas, accesos mejorados y una red vial preparada para soportar el tránsito pesado, podrán comprobar que la discusión tuvo un resultado concreto.

Si, en cambio, los millones ingresan y se diluyen en la estructura general del gasto municipal, la legitimidad del reclamo perderá fuerza.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser simplemente si se cobra o no la tasa portuaria. La pregunta que debería hacerse Necochea es mucho más profunda: ¿cómo hacemos para que cada tonelada que salga por Puerto Quequén deje también una huella de desarrollo en la ciudad que sostiene, todos los días, buena parte de la infraestructura necesaria para que esa producción llegue al mundo?

En esta discusión aparece además una infraestructura que Necochea lleva casi tres décadas esperando recuperar: el ferrocarril. Intendentes de la región reclamaron a Nación la reactivación del ramal que conecta Ayacucho, Tandil, Lobería, Balcarce, Quequén y Necochea, actualmente inactivo desde 1998. La propuesta busca incorporarlo al nuevo esquema de concesión ferroviaria de cargas y realizar un relevamiento para determinar las inversiones necesarias. La nota sobre el reclamo por la reactivación ferroviaria

La importancia del planteo es evidente cuando se observa que Puerto Quequén moviliza millones de toneladas anuales y que buena parte de ese movimiento llega actualmente por camión. Recuperar el tren no significaría reemplazar al transporte automotor, sino complementarlo, especialmente durante los períodos de cosecha y para cargas de gran volumen.

Y aquí aparece una contradicción que Necochea debería discutir. Si el argumento para cobrar la tasa portuaria es que el tránsito generado por el puerto deteriora la red vial, resulta razonable preguntarse por qué no avanzar también en una alternativa que permita reducir esa presión sobre las rutas.

La tasa, entonces, puede aportar recursos para reparar caminos. Pero el ferrocarril podría ayudar a evitar que esos caminos continúen soportando indefinidamente todo el peso del crecimiento portuario.

Por eso, tasa portuaria, red vial, ferrocarril y Puerto Quequén deberían formar parte de una misma discusión. No se trata solamente de recaudar para reparar lo deteriorado, sino de planificar la infraestructura que Necochea necesitará para acompañar el crecimiento del puerto.

El fallo judicial abrió una oportunidad para el Municipio. La eventual recuperación ferroviaria podría abrir otra para toda la región. El desafío será que ambas cosas no queden, una vez más, en el terreno de los anuncios.

Porque Puerto Quequén necesita seguir creciendo, pero ese crecimiento debe traducirse también en infraestructura, empleo y desarrollo para la ciudad.

Y si cada tonelada que sale hacia el mundo genera riqueza, el desafío de la política será conseguir que una parte de esa riqueza también quede en Necochea, no solamente en forma de recursos, sino de caminos, trenes, obras y mejores condiciones para el futuro.

Hay palabras o luchas sociales que en la Argentina tienen un peso particular. Soberanía es una de ellas. No se trata solamente de un concepto jurídico ni de una expresión reservada para los discursos oficiales cada 2 de abril, cuando recordamos la Guerra de Malvinas. Soberanía significa, entre otras cosas, la capacidad de una sociedad de decidir sobre su territorio, sus recursos, sus instituciones y su futuro.

Por eso resulta inevitable mirar con cierta atención dos hechos que, a primera vista, parecen no tener relación entre sí: la discusión que generó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei y aquella bandera que apareció en el césped del estadio de Atlanta después de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra del Mundial.

Uno ocurrió en el Congreso. El otro, en una cancha de fútbol. Uno estuvo atravesado por artículos, dictámenes, negociaciones y votos. El otro, por una celebración deportiva que rápidamente adquirió una enorme carga simbólica. Pero ambos terminaron hablando de lo mismo: de la soberanía.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al Congreso como una de las iniciativas centrales de la administración de Milei para este 2026. El Gobierno defendió la necesidad de fortalecer el derecho de propiedad (que ya está consagrado en la Constitución Nacional, dicho sea de paso) y avanzar sobre distintas regulaciones que, según su mirada, obstaculizan la inversión y la “libertad económica”. De hecho, cuando comenzó el tratamiento legislativo, el ministro Federico Sturzenegger vinculó expresamente la iniciativa con dos de los pilares del Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica.

Pero el proyecto contenía aspectos que fueron mucho más allá de la discusión estrictamente jurídica sobre la propiedad privada.

Uno de ellos era particularmente sensible: la posibilidad de modificar las restricciones existentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Otro proponía cambios vinculados con el uso del suelo después de incendios. Y allí apareció la sociedad.

La discusión que se desarrolló durante semanas comenzó a exceder los despachos del Congreso. Organizaciones sociales, sectores políticos, productores, ambientalistas, artistas y ciudadanos hicieron escuchar sus críticas. La consigna "la patria no se vende" se transformó en una expresión recurrente en las calles y también en las redes sociales.

Finalmente, el Gobierno tuvo que retroceder. No retiró el proyecto completo. Pero sí tuvo que eliminar dos de sus capítulos más controvertidos para conseguir los votos necesarios en el Senado. El capítulo que modificaba restricciones a la venta de tierras a extranjeros fue retirado antes de la sesión y, durante el debate, también se eliminó el que habilitaba modificaciones en el uso del suelo luego de determinados incendios. El proyecto obtuvo finalmente 37 votos positivos contra 33 negativos y pasó a Diputados.

Pero el dato político más interesante no está solamente en el resultado. Está en lo que ocurrió antes.

La dupla Patricia Bullrich/ Sturzenegger había defendido durante meses su proyecto. Sin embargo, cuando advirtió que no tenía los votos suficientes para aprobarlo tal como estaba, tuvo que modificarlo.

Y allí aparece una palabra que en democracia nunca debería ser considerada un insulto: presión. La presión social. La presión de los ciudadanos. La presión de quienes se movilizan, de quienes reclaman, de quienes escriben a sus representantes, de quienes hacen escuchar su posición y también de quienes, sencillamente, obligan a sus legisladores a recordar que las bancas no les pertenecen. Les pertenecen a quienes los votaron.

Puede discutirse si los argumentos de unos u otros son correctos, por supuesto. Puede discutirse si una mayor apertura a la inversión extranjera generaría crecimiento, empleo y desarrollo. También puede sostenerse que existen límites que deben mantenerse cuando están en juego tierras productivas, recursos naturales, zonas fronterizas o áreas estratégicas.

Pero lo que no debería discutirse es que una sociedad tiene derecho a participar de ese debate. Y los legisladores tienen la obligación de escuchar.

El episodio demuestra, además, que el Congreso todavía puede funcionar como una instancia de equilibrio frente al poder presidencial. Un gobierno puede tener una agenda política definida, una mayoría circunstancial o una enorme capacidad de comunicación. Pero no puede desconocer que gobierna dentro de un sistema republicano.

La propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. La soberanía nacional también tiene un lugar central en nuestro ordenamiento jurídico. El desafío consiste precisamente en encontrar el equilibrio entre libertad económica, inversión, derechos individuales e intereses colectivos.

Porque soberanía tampoco significa cerrar las fronteras al mundo. Significa tener la capacidad de decidir qué se entrega, bajo qué condiciones, a quién y con qué consecuencias para las próximas generaciones.

Y quizá por eso resulte tan potente la otra imagen que dejó este Mundial. Argentina acababa de derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica y se había clasificado para la final. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso tomó una bandera que tiraron desde la tribuna y que llevaba una frase que millones de argentinos conocen desde hace décadas: "Las Malvinas son argentinas".

La bandera fue desplegada sobre el césped por varios jugadores y la imagen recorrió el mundo. Leandro Paredes, consultado sobre el mensaje, respondió: "Y serán siempre argentinas".

No fue solamente una bandera. Fue una fotografía que condensó buena parte de nuestra historia.

Argentina e Inglaterra no son simplemente dos selecciones de fútbol. Entre ambos países existe una guerra, 649 argentinos muertos, una herida que permanece abierta y una disputa de soberanía que nuestro país sostiene por vías diplomáticas desde hace décadas.

La FIFA había prohibido expresamente el ingreso de mensajes de carácter político al estadio y abrió una investigación por la exhibición de la bandera. Pero la imagen ya había escapado de cualquier reglamento deportivo.

Porque hay símbolos que tienen una fuerza que no se puede controlar con una prohibición. Y aquí aparece una contradicción que merece ser observada. Mientras en el Congreso la sociedad ejercía presión para que determinados capítulos de una ley fueran modificados, en una cancha de fútbol un grupo de jugadores volvía a poner en el centro de la escena una reivindicación soberana que forma parte de la identidad argentina.

En ambos casos, la ciudadanía apareció como protagonista. En uno, para decir qué cosas no quería que se modificaran. En el otro, para recordar que hay cuestiones que, más allá de cualquier gobierno, siguen formando parte de una memoria colectiva.

La soberanía no debería ser patrimonio de un partido político. No es de izquierda ni de derecha. No es kirchnerista, peronista, radical ni libertaria. Tampoco pertenece a un presidente, a un gobierno, a un Congreso o a una selección de fútbol. Es un concepto que atraviesa a toda una sociedad.

Por eso quizás haya llegado el momento de recuperar cierta profundidad en estas discusiones. Defender la soberanía no significa rechazar toda inversión extranjera. Tampoco significa convertir cada diferencia con otro país en una batalla patriótica. Y mucho menos significa utilizar Malvinas como una herramienta de confrontación política.

Pero tampoco puede significar que el interés económico sea suficiente para justificar cualquier modificación sobre el territorio, los recursos naturales o las regulaciones que una sociedad decidió establecer.

Hay algo que el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en claro: incluso un Gobierno que pretende avanzar rápidamente con su programa necesita construir consensos cuando las decisiones afectan cuestiones que una parte importante de la sociedad considera fundamentales. Y eso no es una derrota de la política. Es la política funcionando.

Quizás también sea una buena oportunidad para recordar que la democracia no consiste únicamente en votar cada dos o cuatro años. También consiste en reclamar. En manifestarse. En discutir. En llamar a un legislador. En exigir explicaciones. En cambiar una opinión. En hacer que un representante vuelva a escuchar a quienes representa.

La imagen de aquella bandera de Malvinas en Atlanta puede ser discutida desde el reglamento de la FIFA, desde la diplomacia o desde la conveniencia política. Pero difícilmente pueda ser separada de la historia que representa. Y algo parecido ocurre con el debate sobre la propiedad de la tierra.

Porque detrás de un artículo de una ley puede existir una discusión mucho más profunda: qué país queremos construir y qué cosas estamos dispuestos a preservar.

Tal vez ésa sea la verdadera discusión sobre soberanía que Argentina necesita dar. Una discusión que no se limite a cantar el himno, levantar una bandera o recordar una guerra. Una discusión sobre el territorio, los recursos, la producción, la identidad y, fundamentalmente, sobre quién tiene la última palabra cuando se toman decisiones que pueden comprometer el futuro.

Antes que una nueva licitación o una discusión tarifaria, el transporte público de pasajeros atraviesa hoy una crisis que pone en riesgo uno de los servicios esenciales de cualquier ciudad. En Necochea, la continuidad del sistema dejó de ser una cuestión exclusivamente administrativa para convertirse en un problema social, laboral y político.

La decisión del Departamento Ejecutivo de convocar a un segundo llamado a licitación, tras quedar desierto el primero, las reuniones que mantienen los concejales para analizar alternativas y la dramática situación que atraviesan los trabajadores reflejan un escenario donde ya no alcanza con resolver la coyuntura: es necesario repensar el modelo de transporte urbano para los próximos años.

Durante décadas, el transporte público fue considerado un servicio básico para garantizar el derecho a la movilidad. No sólo permite que miles de vecinos lleguen a sus trabajos, escuelas o centros de salud, sino que constituye una herramienta de integración social. Sin colectivos, una ciudad deja de funcionar con normalidad.

Sin embargo, la realidad de Necochea muestra un sistema que viene acumulando problemas desde hace años y que hoy parece haber llegado a un punto crítico.

La licitación convocada por el Municipio para adjudicar el servicio por los próximos años quedó desierta. Ninguna empresa presentó una oferta. Ese dato, por sí solo, resulta contundente. No se trata de un problema burocrático sino de una señal que el mercado está enviando con claridad: en las condiciones actuales, explotar el transporte urbano en Necochea no resulta atractivo desde el punto de vista económico. O, al menos, eso parece.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió insistir con un segundo llamado utilizando el mismo pliego, mientras analiza eventuales modificaciones si el proceso vuelve a fracasar. Entre las alternativas aparecen cambios en la cantidad mínima de unidades, las frecuencias y otros aspectos operativos. Pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿Es suficiente modificar algunos requisitos o el sistema necesita una transformación mucho más profunda?

La crisis del transporte no comenzó con esta licitación. Es el resultado de una combinación de factores que fueron deteriorando su sustentabilidad: la caída constante en la cantidad de pasajeros, el aumento de los costos operativos, la reducción de subsidios nacionales y una inflación que hace cada vez más difícil mantener el equilibrio entre tarifa, calidad del servicio y rentabilidad empresarial.

En ese contexto, el usuario también queda atrapado en una contradicción permanente. Reclama, con razón, mejores frecuencias, unidades más modernas y recorridos más eficientes. Pero al mismo tiempo enfrenta boletos cada vez más caros en un escenario económico donde el salario perdió poder adquisitivo.

Es un equilibrio extremadamente frágil.

Sin embargo, detrás de los números aparecen las personas. Los choferes son quienes primero sienten el impacto de un sistema que funciona al límite. Salarios atrasados, incertidumbre sobre la continuidad laboral y conflictos permanentes generan un clima de enorme preocupación.

La delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Natalia Steffen, describió la situación con una frase que no necesita demasiadas interpretaciones: "Los choferes de colectivos atraviesan una situación extrema". Esa definición no sólo alude al conflicto laboral inmediato, sino al desgaste de trabajadores que sostienen un servicio esencial mientras desconocen qué ocurrirá con sus fuentes de empleo. Según explicó, el objetivo de la intervención estatal ha sido preservar los puestos de trabajo durante la transición hacia un nuevo esquema de concesión.

Resulta imposible pensar cualquier reforma del sistema sin contemplar esa dimensión humana. Porque discutir transporte no significa únicamente hablar de recorridos, frecuencias o tarifas. También significa hablar de familias que dependen de esa actividad para vivir.

En paralelo, el Concejo Deliberante comenzó a analizar distintos escenarios posibles.

Las reuniones entre concejales y funcionarios buscan encontrar herramientas que permitan garantizar la continuidad del servicio aun si la nueva licitación volviera a quedar desierta. Esa actitud resulta saludable. La política debe anticiparse a los problemas y no limitarse a reaccionar cuando la crisis ya explotó.

Pero el desafío va mucho más allá de esta coyuntura. Necochea necesita discutir qué transporte quiere tener dentro de diez o quince años.

Las ciudades están cambiando. También cambian los hábitos de movilidad. Las aplicaciones, las bicicletas, las nuevas formas de trabajo y la propia expansión urbana obligan a repensar recorridos diseñados hace décadas.

Quizás sea el momento de abandonar la lógica de administrar urgencias para comenzar a diseñar un sistema verdaderamente adaptado a las necesidades actuales.

Eso implica revisar recorridos, incorporar tecnología, fortalecer el sistema SUBE, mejorar la información para los usuarios, garantizar accesibilidad y encontrar mecanismos de financiamiento que no hagan recaer todo el peso sobre el boleto.

La próxima licitación probablemente defina mucho más que quién prestará el servicio. Definirá si Necochea logra construir un transporte público sostenible o si continuará atravesando prórrogas, conflictos y soluciones transitorias.

Porque un sistema que sobrevive únicamente gracias a extensiones precarias difícilmente pueda planificar inversiones, renovar unidades o mejorar la calidad del servicio.

Y allí aparece también la responsabilidad compartida.

El Municipio debe generar reglas claras y previsibles. El Concejo tiene la obligación de construir consensos pensando en el interés general. Las empresas deberán demostrar capacidad para prestar un servicio eficiente. Y los gobiernos nacional y provincial no pueden desentenderse de un sistema que, por definición, cumple una función social.

El transporte público nunca fue solamente un negocio. Es una política pública. Y como toda política pública, requiere planificación, acuerdos y una mirada que trascienda la coyuntura.

Porque cuando los colectivos dejan de circular, no sólo se paraliza un servicio. Se detiene, aunque sea por unas horas, una parte de la vida cotidiana de toda nuestra ciudad.

Hay obras públicas que se discuten en función de su impacto económico. Otras, por su aporte al desarrollo productivo. Y hay un tercer grupo cuya necesidad se mide de una manera mucho más dolorosa: por la cantidad de vidas que podrían haberse salvado si hubieran existido.

La Ruta Provincial 88 pertenece, desde hace demasiado tiempo, a esa última categoría. Une dos de las ciudades más importantes del sudeste bonaerense. Es el camino que recorren diariamente trabajadores, estudiantes, deportistas, pacientes que deben atenderse en centros de mayor complejidad, turistas, transportistas y productores. Es, además, uno de los principales corredores de vinculación con el Puerto Quequén, uno de los motores económicos de la región.

Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, continúa siendo una ruta de una sola calzada, con sobrepasos permanentes, tránsito pesado, sectores de escasa visibilidad y una larga historia de accidentes fatales.

Durante años, el reclamo por convertirla en autovía apareció una y otra vez en campañas electorales, anuncios oficiales y promesas de gestión. Distintos gobiernos, de diferentes signos políticos, hablaron de estudios, proyectos y prioridades. Pero el tiempo siguió pasando y la obra nunca dejó de ser una promesa.

Hasta que una nueva tragedia volvió a poner el tema en el centro de la escena. La muerte de Anita no sólo conmovió a Necochea. También transformó el dolor de una familia en un reclamo colectivo que rápidamente encontró eco en miles de vecinos de toda la región.

Su mamá, Andrea Rondanina, tomó una decisión que conmueve por su enorme fortaleza. "Voy a luchar por la autovía para que nadie más muera en la Ruta 88", dijo apenas unos días después de perder a su hija. Y agregó una frase que explica el sentido profundo de esa lucha: "No me puedo quedar en casa acostada y ya está. Necesito transformar este dolor en algo que sirva para que otra familia no pase por lo mismo".

Hay quienes, frente a una tragedia semejante, eligen el silencio. Andrea eligió el compromiso. Lo hizo entendiendo que ninguna obra devolverá la vida de Anita, pero también sabiendo que cada mejora en la infraestructura vial puede evitar que otras familias vivan el mismo infierno. Y esa decisión logró algo que durante años parecía imposible: volver a instalar la Ruta 88 en la agenda pública.

El reclamo dejó de pertenecer exclusivamente a quienes transitan diariamente ese camino. Comenzó a ser una causa regional. La respuesta política no tardó en llegar. Luego de reunirse con Andrea, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció el primer compromiso concreto. "El compromiso es tener el proyecto para convertir la Ruta 88 en una autovía", afirmó, explicando que el primer paso será desarrollar el proyecto ejecutivo para luego buscar el financiamiento necesario que permita ejecutar una obra de semejante magnitud.

No es todavía la obra. No hay licitaciones, ni presupuesto asignado, ni plazos de ejecución. Pero sí aparece, al menos, una definición política que durante muchos años estuvo ausente: reconocer que la transformación de la Ruta 88 ya no puede seguir postergándose.

Claro que el anuncio también obliga a cierta prudencia. La historia reciente de la infraestructura argentina está llena de proyectos que nunca pasaron del papel. Por eso la expectativa deberá ir acompañada del seguimiento permanente de cada avance administrativo. Porque las familias del sudeste bonaerense ya escucharon demasiadas promesas.

Y las rutas no se transforman con declaraciones. Se transforman con máquinas, inversión y decisión política sostenida.

La Ruta 88 no necesita solamente una reparación de banquinas o tareas periódicas de mantenimiento. Necesita una solución estructural.

No sólo por seguridad vial. También porque constituye uno de los corredores productivos más importantes de la región. Por allí circula buena parte de la producción agropecuaria destinada al Puerto Quequén. También miles de turistas durante la temporada estival y cientos de estudiantes y trabajadores que diariamente viajan entre Necochea y Mar del Plata.

La infraestructura vial dejó hace tiempo de ser únicamente una cuestión de tránsito. Es una política de desarrollo. Es competitividad económica. Es integración regional. Y, sobre todo, es preservación de vidas.

Quizás el aspecto más valioso de todo este proceso sea precisamente el lugar desde donde nació el nuevo impulso. No fue una decisión política. No surgió desde un despacho oficial. Nació del dolor inmenso de una madre que decidió transformar una pérdida irreparable en una causa colectiva.

Andrea Rondanina no reclama privilegios ni homenajes. Reclama que ninguna otra familia tenga que atravesar lo que ella está viviendo. Ese pedido trasciende cualquier diferencia partidaria.

Porque las rutas no distinguen ideologías. Los accidentes tampoco.

Por eso la futura autovía no debería convertirse en una bandera de un gobierno ni en una herramienta de disputa política. Debería transformarse en una política de Estado. Porque cada año que pasa sin esa obra significa seguir transitando una ruta donde el azar muchas veces ocupa el lugar que debería ocupar la infraestructura. Y porque ninguna sociedad debería necesitar nuevas tragedias para comprender que hay obras cuya verdadera rentabilidad no se mide en kilómetros de asfalto. Se mide en las vidas que se consiguen salvar.

Las instituciones democráticas tienen una particularidad que muchas veces pasa inadvertida: funcionan correctamente cuando quienes las integran comprenden que las responsabilidades del cargo están por encima de las posiciones personales o partidarias. Allí radica buena parte de la fortaleza del sistema republicano. No alcanza con ser elegido por el voto popular; también es necesario conocer las normas que regulan el ejercicio de la función pública y actuar dentro de ellas.

En esta misma página, ya hemos abordado estas cuestiones a lo largo del último tiempo.

En el ámbito municipal, el Concejo Deliberante constituye una de las instituciones más importantes de la vida democrática necochense. Es el espacio donde confluyen las distintas representaciones políticas surgidas de las urnas y donde, a través del debate, el consenso o la confrontación de ideas, se construyen las ordenanzas que regirán buena parte de la vida cotidiana de nosotros, quienes habitamos esta ciudad.

Pero esa tarea no se limita únicamente a levantar la mano para aprobar o rechazar proyectos. Ser concejal implica asumir una responsabilidad institucional que exige preparación, estudio y conocimiento de las herramientas legales que regulan el funcionamiento del cuerpo. Cada decisión, cada procedimiento y cada actuación administrativa encuentra su fundamento en un conjunto de normas que garantizan el equilibrio entre los poderes y la seguridad jurídica de los actos públicos.

En la provincia de Buenos Aires, ese marco está definido principalmente por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por el Reglamento Interno de cada Concejo Deliberante. Ambos instrumentos establecen no sólo las atribuciones del Departamento Ejecutivo y del Legislativo, sino también las obligaciones, facultades y responsabilidades que corresponden a cada concejal y, especialmente, a quienes ocupan cargos de conducción dentro del cuerpo.

No se trata de una cuestión meramente técnica. El conocimiento de esas normas es parte esencial de la función pública. Así como nadie imaginaría a un juez desconociendo los códigos que debe aplicar o a un médico ignorando los protocolos básicos de su profesión, tampoco resulta razonable que quienes tienen la responsabilidad de legislar desconozcan el marco jurídico que regula el funcionamiento de la institución que integran.

Las mayorías y las minorías cambian con el paso de los años. Los oficialismos se convierten en oposiciones y las oposiciones pasan a gobernar. Lo único que permanece son las instituciones y las reglas que garantizan su continuidad. Precisamente por eso, el respeto por esas normas no puede depender de la conveniencia política del momento ni de la pertenencia partidaria de quienes circunstancialmente ocupan una banca.

Cada concejal representa a los vecinos que lo eligieron, pero también integra un órgano colegiado cuya legitimidad depende del cumplimiento estricto de procedimientos previamente establecidos. Cuando esos procedimientos se respetan, la democracia se fortalece. Cuando se desconocen o se interpretan según las necesidades coyunturales, comienza a deteriorarse la confianza pública en las instituciones.

En la última sesión del Cuerpo legislativo local, el pasado miércoles, se observaron cuestiones que llaman poderosamente la atención. Pero no hablamos de cuestiones netamente políticas o posturas contrapuestas que no logran consensuar un mínimo de diálogo. Sino de cuestiones netamente personales que ingresaron en un campo al cual no deberían haberlo hecho.

En principio, la séptima sesión ordinaria comenzó con la utilización de la denominada Banca Abierta. Ésta, es un mecanismo de participación ciudadana que permite a vecinos y representantes de instituciones exponer reclamos, opiniones o propuestas directamente ante el cuerpo legislativo.

Para hacer uso de la misma, se debe presentar por escrito una solicitud formal que contenga tus nombres, apellidos, número de documento y domicilio, y en caso de representación institucional, se debe incluir la autorización, el nombre, los fines y el domicilio de la entidad.

Pero lo más importante es que quien quiera utilizar dicha herramienta, tiene que adjuntar una descripción breve y precisa del tema a exponer, el cual debe ser competencia del Concejo Deliberante. Esto último, es lo que está en tela de discusión.

El primer vecino en hacer uso de la palabra fue el popularmente conocido Payaso Abelardo. Quien ya había participado de la reunión de la Comisión de Cultura del Concejo y que expuso una situación netamente personal sobre la necesidad suya de poder contar con el Teatro Municipal en mayor cantidad de oportunidades durante el receso invernal.

Lo más llamativo fue el final: antes de cerrar su alocución, aprovechó la oportunidad para “pasar aviso” de charlas que había tenido con vecinos que reclamaron por la falta de trabajo, las calles de tierra en mal estado y un final acorde a lo ocurrido con un “aguante Argentina”, en referencia a la Selección de fútbol.

La segunda Banca Abierta también dejó algunas dudas respecto a su aprobación por parte de los ediles. Una vecina se acercó y brindó una extensa charla sobre la problemática de la “obstrucción del vínculo” familiar a causa de “falsas denuncias”. No sólo llama la atención el tema abordado, ya que el Concejo Deliberante no tiene atribución alguna en el mismo; sino que la alocución finalizó diciendo: “Soy una ciudadana, preocupada por algo que me afecta personalmente”.

Queda a las claras el desconocimiento, por parte de los concejales sobre qué aspectos deben cumplirse para poder hacer uso de la palabra.

Pero lo más preocupante de la sesión fue lo ocurrido casi en el cierre de la misma, cuando los ediles trataron y aprobaron un proyecto para declarar de “interés público” una obra que realizará el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para reparar unos 500 metros cuadrados de asfalto en la avenida “La Guillermina”.

Tras la exposición del autor del proyecto, Marcelo Rivero, otro concejal del mismo signo político, Julián Kristiansen, utilizó una frase realmente llamativa: “Me encanta que haya una interacción de lo privado y una preocupación, pero también me reservo y lo digo en forma personal, que no lo quiero tomar como que sea una dádiva” (sic).

La primera pregunta que resuena es sencilla: ¿sabe el concejal el significado de la palabra dádiva? La primera definición de la Real Academia Española es “acción de dar gratuitamente”. La segunda, es “intentar o pretender cohecho o soborno”.

Si lo sabe, lo que debería hacer es, primero, no aprobar el proyecto en cuestión y; segundo, acudir a la Justicia y realizar la denuncia pertinente.

Pero el otro aspecto que debería entender es que su banca no es para utilizarla “de manera personal” o para hacer afirmaciones en ese tono, sino que su rol es el que explicábamos en el comienzo de esta página.

La política necesita debate, confrontación de ideas y diferencias. Es natural que existan posiciones enfrentadas sobre los grandes temas que atraviesan una comunidad. Lo que no debería estar en discusión son las reglas de funcionamiento de las instituciones. Allí no hay lugar para interpretaciones partidarias, sino para el cumplimiento de obligaciones claramente establecidas por la ley.

Porque, en definitiva, la calidad de una democracia no se mide únicamente por la legitimidad de quienes son elegidos, sino también por la capacidad de sus representantes para ejercer el cargo con responsabilidad, conocimiento y pleno respeto por las instituciones que la sociedad les confió.

¿Se puede esperar a un ser querido medio siglo, sin saber absolutamente nada de él? Si nos detenemos a mirar lo relatado por Ecos Diarios días atrás, parece que hay personas que pueden hacerlo.

Porque hay historias que no terminan cuando alguien desaparece. Tampoco cuando la Justicia dicta una sentencia o cuando pasan los años. Hay historias que parecen permanecer suspendidas en el tiempo, detenidas en la incertidumbre, condenadas a convivir con una pregunta que nunca encuentra respuesta. Y pocas cosas son tan crueles para una familia como no saber qué ocurrió con un ser querido.

Por eso lo vivido esta semana en Quequén por la familia Ibarra Britos trasciende el plano de la noticia. No se trató solamente de la restitución de unos restos óseos. Fue el final de una búsqueda que se prolongó durante 51 años, el cierre de una herida que atravesó generaciones y la posibilidad, finalmente, de poner un nombre allí donde durante décadas sólo existió un "NN".

La imagen de los hermanos recibiendo el pequeño cofre de madera que contenía los restos de Horacio Alfredo Ibarra Britos sintetiza una de las escenas más conmovedoras que haya vivido Necochea en mucho tiempo. No había lugar para los discursos grandilocuentes. Sólo había silencio, abrazos, lágrimas y la sensación de que, aunque el dolor nunca desaparece, al menos la incertidumbre había llegado a su fin.

"Hoy nuestro hermano Horacio puede descansar en paz y cerca nuestro. Cerramos una intensa y dolorosa búsqueda que nos llevó 51 años", dijeron los hermanos Ibarra Britos al recibir los restos de quien salió de su casa de Quequén con apenas 18 años y nunca regresó.

Esa frase resume medio siglo de angustia.

Durante cinco décadas, la familia buscó respuestas. Recorrió organismos públicos, golpeó puertas, realizó consultas, participó incluso del recordado programa "Gente que busca gente", con la esperanza de que alguien pudiera aportar un dato que permitiera reconstruir el destino de Horacio. Nunca dejaron de buscarlo.

Ni siquiera cuando parecía imposible encontrar una respuesta.

Hay un detalle profundamente humano que atraviesa toda esta historia. La madre de Horacio murió apenas un año después de su desaparición, pero antes les pidió a sus hijos que nunca dejaran de buscarlo. Esa promesa familiar sobrevivió al paso del tiempo. Sobrevivió a las frustraciones, a los cambios políticos, al desgaste emocional y a la resignación que muchas veces suele imponerse cuando pasan tantos años sin noticias.

No fue así. "Siempre tuve fe de que algún día lo íbamos a encontrar", expresó María Cristina, una de las hermanas que encabezó la búsqueda durante décadas.

La identificación de Horacio también vuelve a poner en valor una institución argentina cuya tarea muchas veces permanece silenciosa, aunque resulta fundamental para cientos de familias: el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Desde su creación en 1984, el EAAF desarrolló un trabajo científico reconocido internacionalmente para recuperar, identificar y restituir los restos de personas desaparecidas, utilizando investigaciones documentales, arqueología, antropología y análisis genéticos. Su objetivo no es solamente aportar pruebas judiciales. También busca restituir identidad y permitir que las familias puedan elaborar el duelo que durante años les fue negado.

Detrás de cada identificación existe un trabajo paciente que puede extenderse durante décadas. Se recopilan testimonios, archivos judiciales, registros policiales, documentación histórica, muestras de ADN y evidencias forenses hasta lograr establecer una identidad con rigor científico. No hay improvisación. Hay años de investigación.

Carlos Somigliana y Mariella Fumagali fueron quienes llegaron hasta Quequén para entregar los restos de Horacio y explicar a la familia el proceso que permitió identificarlo. Ese momento, profundamente íntimo, fue también el resultado de una labor colectiva que combina ciencia, memoria y compromiso con los derechos humanos.

Pero la restitución de Horacio también deja otra reflexión.

Durante muchos años se discutió la importancia de preservar archivos, mantener bancos genéticos o continuar las investigaciones sobre personas desaparecidas. Casos como éste demuestran por qué esas políticas públicas siguen siendo necesarias. Porque mientras exista una familia esperando respuestas, la búsqueda nunca pierde sentido.

No se trata únicamente del pasado.

Se trata del derecho de cualquier persona a conocer la verdad sobre el destino de un padre, una madre, un hermano o un hijo. Se trata de devolverles una identidad a quienes fueron enterrados como NN y, al mismo tiempo, devolverles a sus familias la posibilidad de cerrar una historia que permanecía inconclusa.

En la excelente entrevista realizada por Raúl Jáuregui para Ecos Diarios, Abel Ibarra fue contundente al reconstruir aquel día de 1975: "Salió como para volver y no volvió más. Nunca supimos qué pasó". Esa incertidumbre fue la que acompañó a toda una familia durante medio siglo. Hoy, aunque el dolor permanece, esa frase ya tiene una respuesta.

Ninguna restitución devuelve el tiempo perdido. Ningún hallazgo puede reemplazar un abrazo que nunca ocurrió, un cumpleaños ausente o una madre que murió sin volver a ver a su hijo. Hay dolores que no prescriben y ausencias que ninguna ceremonia consigue reparar completamente.

Pero sí existe algo profundamente reparador en la verdad.

Porque la verdad devuelve nombres. Devuelve historias. Devuelve humanidad.

Y cuando después de 51 años una familia puede finalmente llevar a su hermano hasta el cementerio de Quequén para que descanse junto a sus padres, no sólo se cierra una búsqueda. También se confirma que la memoria, la perseverancia y la ciencia pueden derrotar al olvido.

Quizá esa sea la enseñanza más profunda que deja esta historia para Necochea. Que detrás de cada expediente, de cada muestra de ADN y de cada investigación forense hay personas que esperan, familias que resisten y abrazos que quedaron pendientes durante demasiados años.

Y que, a veces, la verdad tarda medio siglo en llegar. Pero cuando finalmente lo hace, también encuentra un rostro, un nombre y un lugar donde descansar. Hoy, Horacio, tal como reza la canción que da título a esta página, caminao su propia luz y se siente un haz de luz: “Claridad de propio ser, luz, luz, luz del alma, soy un hombre que espera el alba”.

La política suele construirse tanto con discursos como con votos. Y, muchas veces, son estos últimos los que terminan revelando afinidades circunstanciales que los posicionamientos públicos intentan disimular.

El Concejo Deliberante de Necochea viene mostrando, desde el inicio de la nueva conformación surgida tras las elecciones de 2025, una dinámica legislativa que merece ser observada con atención. Más allá de las diferencias ideológicas que separan a Javier Milei del peronismo a nivel nacional, en el plano local comenzaron a registrarse coincidencias entre los concejales de La Libertad Avanza, liderada por Juan Cerezuela y Eduardo Caballero, y del bloque Fuerza Patria - Movimiento Derecho al Futuro, de Julián Kristiansen y Evangelina Almada, en distintas votaciones relevantes del cuerpo deliberativo.

El último ejemplo se dio en la sexta sesión ordinaria realizada el pasado miércoles. Ambos bloques votaron en contra de la modificación de la fórmula polinómica con la cual se actualiza el valor del pasaje de colectivos urbanos en la ciudad.

No se trata de un acuerdo político formal ni existe, al menos públicamente, una alianza declarada entre ambos espacios. Pero la práctica legislativa muestra que, en temas sensibles, esas bancadas han coincidido en la conformación de mayorías que muchas veces dejaron en minoría al oficialismo municipal.

Uno de los casos más visibles fue la insistencia de la ordenanza que ampliaba beneficios para los veteranos de Malvinas luego del veto del Departamento Ejecutivo. Allí confluyeron distintos bloques opositores para reunir la mayoría especial necesaria, decisión que posteriormente derivó en el conflicto de poderes planteado por el intendente ante la Suprema Corte bonaerense.

Más recientemente, durante el tratamiento del nuevo pliego del transporte público, así como en diferentes debates vinculados al funcionamiento del Estado municipal, volvieron a observarse coincidencias legislativas entre sectores que, en el escenario nacional, aparecen enfrentados por profundas diferencias ideológicas.

La pregunta entonces deja de ser estrictamente matemática para transformarse en política.

¿Qué explica estas coincidencias?

Una primera interpretación podría indicar que cada proyecto merece un análisis independiente y que las mayorías circunstanciales forman parte del funcionamiento natural de cualquier cuerpo legislativo.

Otra lectura, igualmente válida, sostiene que en el Concejo comenzó a consolidarse una oposición con capacidad de articular votos suficientes para condicionar buena parte de las iniciativas del Departamento Ejecutivo.

Y probablemente ambas explicaciones contengan parte de la verdad.

No hay que dejar de lado, tampoco, que Cerezuela, Caballero, Kristiansen y Almada ya empiezan a ver el 2027 con otros ojos: el de posibles candidatos. Tal vez, entienden que pueden ser una buena opción de gobierno para reemplazar al actual oficialismo. De todas formas, pareciera que desde el sector libertario el candidato final no será uno de estos nombres recién ingresados a la arena política y, desde el peronismo, pareciera que será Marcelo Rivero quien vuelva a encabezar una lista en el busca del sillón de Murga.

Después de todo, la política municipal suele responder a lógicas diferentes de las nacionales. Las problemáticas locales, las relaciones personales entre dirigentes y las necesidades concretas de gestión muchas veces terminan relativizando las fronteras partidarias.

Sin embargo, también resulta inevitable advertir cierta contradicción discursiva.

Mientras en el plano nacional los principales referentes de La Libertad Avanza construyen buena parte de su identidad política confrontando permanentemente con el kirchnerismo y el peronismo, en Necochea las votaciones muestran que esa distancia ideológica no siempre se traduce en comportamientos legislativos completamente opuestos.

Eso no significa que exista un pacto político permanente ni una coalición estable. Sería una afirmación que no encuentra respaldo público.

Pero sí permite observar la aparición de coincidencias que empiezan a repetirse con cierta frecuencia.

El oficialismo municipal parece haber tomado nota de esa situación y en varias oportunidades ha señalado que determinados proyectos terminan prosperando gracias a la convergencia de bloques opositores, aun cuando esos mismos espacios mantienen discursos muy diferentes fuera del recinto.

La oposición, por su parte, sostiene que simplemente ejerce su rol de control sobre el Ejecutivo y que cada votación responde al análisis puntual de los expedientes.

La discusión, entonces, trasciende una sesión determinada. Porque las mayorías legislativas también construyen mensajes políticos.

Si esas coincidencias continúan repitiéndose en temas estratégicos, como pueden ser presupuesto, concesiones, ordenanzas fiscales, transporte o atribuciones del Ejecutivo, comenzarán a configurar una nueva geometría política dentro del Concejo.

Y allí aparecerá otro desafío para el oficialismo: cómo construir consensos en un escenario donde ya no alcanza con administrar las diferencias tradicionales entre oficialismo y oposición, sino que debe enfrentar una oposición fragmentada en lo discursivo, pero que en determinadas votaciones encuentra puntos de coincidencia suficientes para imponer su criterio.

En definitiva, más allá de las etiquetas partidarias, el Concejo Deliberante parece estar ingresando en una nueva etapa.

Una etapa donde los discursos continúan marcando diferencias.

Pero donde, al momento de levantar la mano, las mayorías empiezan a escribirse de otra manera.

“Fijate de que lado, de la mecha te encontrás”, sostiene la primera estrofa de la canción que da título a esta página. ¿Sabrán Cerezuela, Caballero, Kristiansen y Almada la respuesta?

Antes que una conferencia sobre economía, lo ocurrido el último viernes en el marco del 105º aniversario de Ecos Diarios fue una demostración de que Necochea mantiene intacta una virtud que muchas veces pasa desapercibida: cuando se generan espacios serios para debatir ideas, la comunidad responde.

El auditorio colmado y una segunda sala habilitada para seguir la exposición en vivo, reflejó el interés que despierta comprender un escenario económico tan complejo como el actual. Allí coincidieron dirigentes políticos de distintos espacios, funcionarios, representantes del Poder Judicial, empresarios, profesionales, instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil, en una imagen poco frecuente en tiempos de fuerte polarización.

La presencia de Claudio Zuchovicki aportó un valor agregado que explica, en buena medida, semejante convocatoria. No solamente por tratarse de uno de los economistas más escuchados del país, sino por una característica que lo distingue desde hace años: la capacidad de traducir conceptos complejos a un lenguaje cotidiano, permitiendo que quienes no pertenecen al mundo de las finanzas también puedan comprender procesos que terminan influyendo en la vida diaria.

En una Argentina donde la economía dejó hace tiempo de ser un tema reservado para especialistas, comprender qué ocurre con la inflación, el crédito, el consumo, las inversiones o el empleo se convirtió en una necesidad casi tan importante como entender cualquier otra política pública. La economía atraviesa cada decisión familiar, empresarial e institucional. Está presente cuando una pyme decide incorporar personal, cuando un comerciante analiza una inversión o cuando una familia define cómo administrar sus ingresos.

Por eso resulta tan valioso que existan espacios abiertos donde esas discusiones puedan darse cara a cara, con preguntas, intercambio de ideas y tiempo para la reflexión.

Durante demasiado tiempo la discusión económica quedó atrapada entre tecnicismos incomprensibles o consignas simplificadoras. Se hablaba para convencer antes que para explicar. En ese contexto, conferencias como la organizada por Ecos Diarios recuperan algo esencial: la posibilidad de que la sociedad participe de un debate informado.

No es un dato menor que el auditorio haya estado integrado por actores muy diversos de la vida necochense. Allí convivieron representantes de distintos sectores políticos con empresarios, productores, integrantes de instituciones, profesionales y vecinos interesados simplemente en escuchar. Esa pluralidad habla de una comunidad que entiende que los desafíos económicos no distinguen ideologías ni actividades.

Porque, en definitiva, una economía estable beneficia al comerciante, al productor, al trabajador, al emprendedor y también al Estado.

Uno de los aspectos más interesantes de la exposición fue precisamente su enfoque. Más allá de compartir o no determinadas miradas sobre el rumbo económico nacional, el eje estuvo puesto en la toma de decisiones frente a un mundo que cambia aceleradamente. La transformación tecnológica, las nuevas formas de consumo y la necesidad permanente de adaptación aparecieron como ideas centrales de una charla que buscó mucho más provocar reflexión que ofrecer recetas.

Y esa quizá sea una de las principales virtudes de este tipo de encuentros.

Las ciudades del interior suelen reclamar, con razón, mayor presencia de figuras nacionales en distintos ámbitos. Sin embargo, cuando esas oportunidades aparecen, también resulta importante que exista una comunidad dispuesta a aprovecharlas. La convocatoria registrada demuestra que Necochea posee un capital social dispuesto a involucrarse, a escuchar y a debatir sobre cuestiones que trascienden la coyuntura inmediata.

En ese contexto también merece destacarse el rol que cumplen los medios de comunicación cuando deciden ir más allá de la tarea cotidiana de informar.

Un diario no se limita a publicar noticias. También puede convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo actividades que acerquen conocimiento, fomenten el intercambio de ideas y contribuyan a enriquecer el debate público.

A lo largo de sus 105 años de historia, Ecos Diarios ha acompañado las principales transformaciones de Necochea. Lo hizo registrando acontecimientos, reflejando opiniones y documentando la evolución de la ciudad. Pero también asumió, en distintos momentos, un papel activo en la organización de propuestas culturales, académicas y de reflexión que exceden el ejercicio periodístico tradicional.

La conferencia organizada con motivo de su aniversario se inscribe precisamente en esa línea. No fue un acto institucional cerrado ni una celebración dirigida únicamente al propio medio. Fue una actividad abierta a toda la comunidad, pensada para generar conocimiento y promover un diálogo necesario sobre el presente y el futuro de la economía argentina. También tiene un concepto claro: generar agenda.

En tiempos donde la inmediatez domina buena parte de la comunicación, apostar por el análisis, el intercambio presencial y la reflexión colectiva representa casi una declaración de principios.

Porque las redes sociales multiplican información, pero no siempre generan comprensión. Los algoritmos acercan contenidos, pero difícilmente construyan espacios reales de diálogo entre personas con experiencias y miradas diferentes.

Por eso siguen siendo importantes los encuentros cara a cara.

Porque allí aparecen las preguntas, los matices y las diferencias enriquecedoras. Allí se construye ciudadanía.

La imagen de un auditorio completo, con representantes de prácticamente todos los sectores de la comunidad compartiendo un mismo espacio para pensar la economía, deja además un mensaje alentador.

Más allá de las diferencias políticas, de las dificultades económicas o de la incertidumbre que atraviesa el país, sigue existiendo una sociedad interesada en comprender, debatir y prepararse para los desafíos que vienen.

Y esa quizá sea la mejor noticia que dejó la celebración de un nuevo aniversario de Ecos Diarios: comprobar que, además de informar todos los días, un multimedio también puede contribuir a generar pensamiento, fortalecer el debate democrático y reunir a una comunidad alrededor de las ideas.

En una época marcada por la fragmentación y el consumo acelerado de información, promover estos espacios constituye una forma de ejercer periodismo que trasciende el papel o las pantallas. Es, en definitiva, otra manera de cumplir con la misión esencial de un medio de comunicación: ayudar a que la sociedad comprenda mejor el tiempo que le toca vivir.