Hay noticias que, por repetirse demasiado, corren el riesgo de dejar de sorprender. Un choque en una esquina, una moto contra un auto, una ambulancia que llega, un traslado al Hospital Municipal, algunos vehículos destrozados y, después, el tránsito que vuelve a ponerse en marcha. Al día siguiente, o apenas unas horas más tarde, la escena vuelve a repetirse en otro punto de Necochea.

Los últimos días ofrecen un nuevo capítulo de una problemática que ya no puede ser mirada como una sucesión de hechos aislados. El tránsito de la ciudad continúa dejando un registro cotidiano de colisiones, personas heridas, vehículos dañados y situaciones que, aunque en muchos casos no terminan en consecuencias graves, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de discutir qué está pasando en las calles y qué se puede hacer para evitarlo.

Un repaso por las publicaciones de Ecos Diarios permite dimensionar, al menos parcialmente, la frecuencia con la que se producen estos episodios. El 5 de septiembre, dos automóviles chocaron en avenida 75 y calle 68. El impacto fue suficientemente fuerte como para que uno de los vehículos hiciera un trompo y terminara en el carril contrario. No hubo heridos, pero el episodio terminó con una pelea a golpes entre los dos conductores. La discusión posterior al accidente agregó una escena que también forma parte de la problemática vial: la violencia y la dificultad para manejar los conflictos que se producen detrás del volante.

Tres días después, el 8 de septiembre, otro choque entre dos automóviles, esta vez en calles 55 y 72, dejó importantes daños materiales aunque sus conductores resultaron ilesos. El episodio demandó la intervención del Comando de Patrullas, de la División Tránsito y del servicio de emergencias.

Pero la sucesión de hechos tomó otra dimensión el 11 de septiembre. Ese día, en la esquina de calles 63 y 80, dos automóviles protagonizaron una violenta colisión. Uno de ellos terminó contra un poste de madera ubicado sobre la vereda. Las ocupantes salieron por sus propios medios y no necesitaron ser trasladadas al hospital. Horas antes, en avenida 75 y calle 28, una moto y una camioneta habían protagonizado otro siniestro que dejó a un joven motociclista con heridas y derivado al Hospital Municipal Ferreyra.

No fue una jornada excepcional. Al día siguiente, el 12 de septiembre, un motociclista fue embestido por un automóvil frente al semáforo de avenidas 59 y 74. El hombre sufrió golpes y fue llevado al hospital, aunque posteriormente recibió el alta médica. La acompañante de la moto y el conductor del automóvil resultaron ilesos.

El 15 de septiembre volvió a aparecer la combinación que tantas veces se encuentra en las crónicas policiales: una motocicleta y un automóvil. En la intersección de avenidas 75 y 98, una Motomel de 110 centímetros cúbicos chocó contra un Chevrolet Corsa. La conductora de la moto sufrió golpes leves y fue asistida en el lugar. No necesitó ser trasladada al hospital. Sin embargo, el episodio tuvo otro dato: la motocicleta fue secuestrada porque su conductora no contaba con la documentación requerida para circular.

Al día siguiente, la escena se trasladó a 75 y 18. Allí colisionaron un Peugeot 308 y una Honda 150. El conductor de la motocicleta, un hombre de 80 años, sufrió golpes y fue trasladado al hospital. La propia crónica de Ecos Diarios aportó un dato que debería llamar la atención: se trataba del tercer choque registrado durante esa mañana en distintos sectores de la ciudad.

Y cuando todavía no había terminado la semana, el 17 de septiembre, una nueva colisión volvió a involucrar a una motocicleta. En la esquina de calles 63 y 52, una Motomel Blitz chocó contra un Toyota Corolla y el conductor del rodado menor tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal. Nuevamente aparecieron en la escena efectivos policiales, personal de Tránsito, Defensa Civil y una ambulancia del SAME.

El repaso no pretende convertir una serie de noticias policiales en una estadística oficial de siniestralidad. Las publicaciones periodísticas no reemplazan un registro integral y sistemático de todos los accidentes ocurridos en la ciudad. Tampoco permiten establecer, por sí solas, cuáles fueron las causas de cada colisión. En varios de los episodios mencionados, precisamente, las circunstancias permanecían bajo investigación.

Pero hay algo que sí permiten hacer: observar una realidad que aparece repetidamente frente a los ojos de todos.

Y decirlo no significa señalar a un único responsable. Sería demasiado sencillo reducir cada accidente a una infracción, a una mala maniobra, a la imprudencia de un conductor, al estado de una calle o a la falta de controles. La realidad suele ser bastante más compleja.

En las calles conviven automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones. Hay esquinas de intensa circulación, avenidas que concentran buena parte del movimiento urbano y una cantidad importante de motos que forman parte del paisaje cotidiano. Hay conductores experimentados y otros menos habituados al tránsito; personas que respetan las normas y otras que las incumplen; vehículos en buenas condiciones y otros cuya situación puede no ser la adecuada.

El tránsito no es solamente una cuestión de inspectores, multas o semáforos. Es, fundamentalmente, una cuestión de convivencia. Cada persona que se sienta detrás de un volante o se sube a una moto toma decisiones que pueden afectar la vida de los demás. Una velocidad excesiva, una distracción, una maniobra imprudente, el desconocimiento de una prioridad de paso o simplemente la falta de atención pueden convertir una situación cotidiana en un accidente.

Por eso, frente a la repetición de estos hechos, la pregunta no debería ser solamente cuántas multas se hicieron esta semana o cuántas motos fueron secuestradas. También habría que preguntarse qué se está haciendo para que el próximo choque no ocurra.

La presencia de Tránsito y de las fuerzas de seguridad después de cada accidente resulta indispensable. También lo son las pericias, la asistencia médica y el control de la documentación. Pero actuar después del choque es, por definición, llegar cuando el riesgo ya se convirtió en daño.

Eso supone controles, pero también educación vial. Supone revisar aquellos lugares donde los accidentes se repiten, analizar la señalización, evaluar la visibilidad en las esquinas, observar el funcionamiento de los semáforos y estudiar los horarios y sectores donde se concentran los siniestros. Supone, además, contar con información pública que permita conocer cuáles son los puntos más conflictivos y qué tipo de accidentes se producen con mayor frecuencia.

Y supone una responsabilidad que no puede recaer exclusivamente en el Estado.

También hay una tarea que corresponde a quienes circulamos todos los días por la ciudad. Frenar en una esquina no debería depender de que haya un inspector. Usar casco no debería depender de una multa. Respetar una señal de tránsito no debería depender de la presencia de una cámara. Dar prioridad a un peatón o reducir la velocidad cuando las condiciones lo exigen debería formar parte de las conductas básicas de cualquier persona que participa del tránsito.

El problema es que, con el paso del tiempo, la repetición puede generar acostumbramiento. Un nuevo choque se incorpora rápidamente a la conversación cotidiana y después desaparece. Se arregla un vehículo, se reemplaza un paragolpes, se hace la denuncia al seguro y la vida continúa. Hasta que vuelve a sonar una sirena.

El verdadero costo de la inseguridad vial, sin embargo, no se mide solamente en chapa abollada.

Está en las horas de una familia esperando noticias afuera de una guardia. Está en una persona que debe recuperarse de una lesión. Está en quienes quedan con secuelas. Está también en el temor que genera cruzar determinadas avenidas o circular en moto por una ciudad donde los accidentes forman parte demasiado frecuente de las noticias.

Los últimos antecedentes publicados por Ecos Diarios no permiten afirmar que Necochea esté atravesando una determinada tasa de siniestralidad sin contar con estadísticas oficiales completas. Pero sí muestran una sucesión de hechos que merece atención: en menos de dos semanas, distintas esquinas de la ciudad volvieron a ser escenario de colisiones, con motociclistas entre los protagonistas de varios de los episodios y con varios traslados al Hospital Municipal.

La seguridad vial suele ocupar el centro de la conversación cuando un accidente tiene consecuencias irreparables. Después, con el paso de los días, vuelve a perder espacio. El desafío consiste justamente en evitar que la discusión dependa de una tragedia.

Necochea necesita discutir su tránsito antes de que las estadísticas se conviertan en nombres y apellidos.

Porque detrás de cada choque hay algo más que dos vehículos que se encuentran violentamente en una esquina. Hay personas. Hay familias. Hay responsabilidades. Y hay una pregunta que vuelve a quedar planteada después de cada sirena: ¿cuánto más vamos a esperar para asumir que el problema no está en el accidente de hoy, sino en la forma en que estamos construyendo, o permitiendo, el tránsito de todos los días?

Una ciudad que se acostumbra a chocar corre el riesgo de acostumbrarse también a las consecuencias.

Y eso es precisamente lo que no debería suceder.

“El pueblo pide sangre”, Charly García

La política de Necochea acaba de incorporar un nombre que puede modificar buena parte de las especulaciones de cara a 2027. No porque Miguel Gargaglione haya confirmado su candidatura a intendente, sino precisamente porque todavía no lo hizo y, aun así, su posible desembarco ya obliga a varios sectores a mirar el tablero de otra manera.

El intendente de San Cayetano habló públicamente sobre la posibilidad de ser candidato en Necochea y aseguró que “lo antes posible” definirá su futuro. La frase esbozada en el programa “Punto de vista” de Ecos Radio, aparentemente sencilla, tiene bastante más peso político del que podría suponerse. Porque no se trata de un dirigente sin experiencia, de alguien que recién busca instalarse o de una figura que necesita ser conocida.

Por supuesto, hay una pregunta previa que debe responderse: ¿Puede ser candidato a intendente en nuestra ciudad? La respuesta es sí. Según la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, para que un ciudadano pueda presentarse como candidato debe tener una edad mínima de 25 años y ser “vecino del distrito con antigüedad de un año de domicilio anterior a la elección”.

Es decir, el jefe comunal sancayetanense debería renunciar a su actual cargo y fijar una residencia en Necochea antes de octubre próximo. ¿Puede ocurrir? Sí.

Gargaglione llega a esta discusión después de una extensa trayectoria al frente de San Cayetano. Y eso, en una elección municipal, puede valer mucho.

En tiempos en los que los discursos partidarios parecen perder fuerza frente a la evaluación concreta de las gestiones, presentar como candidato a un intendente con años de experiencia puede convertirse en una carta electoral atractiva. Sobre todo en una ciudad como Necochea, donde una parte importante de las discusiones políticas gira alrededor de la administración municipal, los servicios, las obras, la seguridad, la salud, el orden de las cuentas y la capacidad para resolver problemas cotidianos.

Pero justamente allí aparece el primer interrogante: ¿puede un intendente de una ciudad mucho más pequeña trasladar su experiencia política y de gestión a Necochea? La respuesta no es automática.

Necochea tiene otra dimensión, otra estructura productiva, un puerto que modifica completamente la ecuación económica, una ciudad cabecera con una dinámica social compleja, Quequén, un sector turístico importante y una cantidad de demandas que obligan a cualquier candidato a construir una mirada mucho más amplia.

Gargaglione tendría que convencer a los necochenses de que su experiencia no solamente es transferible, sino que puede transformarse en una propuesta concreta para este distrito.

Pero antes de llegar a esa discusión existe otra cuestión: ¿qué lugar ocuparía dentro de la política local? Ahí es donde su eventual candidatura puede resultar verdaderamente disruptiva.

Para el radicalismo, podría representar una oportunidad de recuperar protagonismo con una figura de gestión y con posibilidades de trascender las fronteras partidarias. Pero también podría generar tensiones internas, porque una cosa es construir un candidato desde las estructuras tradicionales y otra muy diferente es que aparezca una figura con suficiente peso propio como para condicionar esas mismas estructuras.

Y para el resto de la oposición, la situación tampoco sería sencilla. Porque si Gargaglione consigue reunir detrás suyo a sectores radicales, independientes y dirigentes que actualmente buscan una alternativa al oficialismo, podría convertirse en un factor de concentración electoral. Pero si cada espacio decide conservar su identidad y competir por separado, su aparición podría terminar fragmentando todavía más un escenario que ya presenta múltiples opciones.

El oficialismo tampoco puede mirar el fenómeno con indiferencia. Una candidatura competitiva obliga a revisar estrategias. Obliga a preguntarse quién será el adversario, qué discurso deberá profundizarse, dónde estarán las fortalezas y cuáles serán los puntos débiles. Y, sobre todo, obliga a no dar por descontado que la elección de 2027 será una repetición de las anteriores.

Ese es quizás el principal efecto político que tiene hoy el nombre de Gargaglione: todavía no es candidato, pero ya puede empezar a modificar el comportamiento de los demás.

Porque las campañas electorales comienzan mucho antes de que aparezcan las boletas. Empiezan cuando los dirigentes empiezan a medir escenarios, cuando se buscan acuerdos, cuando se observan encuestas, cuando se tantean nombres y cuando una figura puede generar la suficiente expectativa como para obligar al resto a tomar posición. Y Gargaglione acaba de entrar en esa conversación.

Si Gargaglione decide avanzar, la pregunta no será solamente si puede ganar una interna o encabezar una lista. Será si consigue construir un proyecto necochense.

Pero la “revolución” política de esta última semana no sólo estuvo en esta posibilidad que reflejó el propio Gargaglione, sino también en la ¿definición? sobre la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

En La Plata, días atrás, el ahora exsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea, Ernesto Povilaitis, obtuvo la foto con el gobernador, Axel Kicillof, el ministro de Producción y Turismo, Augusto Costa; y el subsecretario de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero; lo que sumado a sus propias declaraciones en la agencia DIB hacía suponer su inmediato desembarco al frente de la estación marítima local.

Pero más allá de esta situación y el revuelo político generado (sobre todo en el plano interno del MDF y el kirchnerismo vernáculo) al tomarse conocimiento de esa decisión gubernamental, lo cierto es que, hasta el cierre de esta edición, el decreto con la rúbrica de Kicillof con el nombramiento de Povilaitis no ha aparecido.

¿Esto puede afectar la definición? No necesariamente, pero también es cierto que no sería ni la primera ni la última vez que un anuncio termina solamente en eso y el nombramiento nunca llega a concretarse. Ejemplos sobran, pero habrá que ver si en esta oportunidad, el abogado más cercano al intendente Arturo Rojas engrosa alguna de las dos listas: la de “flamante presidente” o la de “anuncio sin concreción”.

El próximo sábado, el Movimiento Derecho al Futuro, eje de la conducción del gobernador bonaerense, realizará un “plenario nacional” en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico. Allí estarán dirigentes locales y ¿también Arturo Rojas y Ernesto Povilaitis?

Hay decisiones que, por su dimensión, exceden el trámite administrativo que las origina. La futura subasta del Teatro Auditórium del Complejo Casino es una de ellas. No se trata solamente de poner a la venta una parcela municipal ni de completar un procedimiento previsto en una ordenanza. Se trata, fundamentalmente, de avanzar sobre uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de Necochea: qué hacer con un espacio emblemático que durante décadas fue perdiendo brillo hasta convertirse en una postal del abandono.

La Municipalidad acaba de dar un nuevo paso en ese camino. Después de la subasta de las principales parcelas del Complejo Casino, que permitió adjudicar los sectores A, B1, B2, B2.1 y B2.2 por $4.878 millones, ahora puso en marcha la segunda etapa, correspondiente a la Parcela C, donde se encuentra el Teatro Auditórium.

El procedimiento tiene, además, una particularidad que merece ser destacada: el inmueble mantiene su destino urbanístico como teatro. Es decir, la venta no implica modificar ese uso ni los indicadores vigentes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires realizó la tasación oficial y estableció un valor estimado de $575,7 millones, mientras que el precio base para la subasta quedó fijado en $383.819.190. Esa cifra no será necesariamente el valor final, ya que dependerá de las ofertas que se presenten.

Allí aparece uno de los aspectos más interesantes del proceso. La discusión sobre el Casino durante muchos años estuvo atrapada entre dos posiciones aparentemente irreconciliables: conservarlo tal como estaba, aun cuando el deterioro hiciera cada vez más difícil esa alternativa, o permitir una transformación que posibilitara su recuperación. Lo concreto es que durante demasiado tiempo no ocurrió ni una cosa ni la otra.

Ahora, al menos, existe un proceso en marcha. Y eso no es un dato menor.

La decisión municipal de avanzar con la venta de las parcelas no debería analizarse solamente desde la lógica de una operación inmobiliaria. Debe observarse desde una perspectiva más amplia: qué hace una ciudad con un patrimonio que ya no puede sostener en las condiciones en las que se encuentra. En el caso del Auditórium, además, existe un componente cultural que obliga a mirar la operación con especial atención.

El edificio tiene historia. Como señaló el propio martillero sorteado, Sergio Gertie, se trata de un inmueble que forma parte de la historia de Necochea. Pero justamente por eso la mejor manera de preservar esa historia quizá no sea mantenerla congelada en el abandono, sino conseguir que vuelva a tener vida.

El municipio y el Colegio de Martilleros eligieron repetir para esta segunda subasta el mecanismo utilizado anteriormente: convocatoria de profesionales, inscripción, asignación de números y sorteo público ante escribano. La presidenta del Colegio, Romina Casal, destacó precisamente la intención de mantener los mismos criterios de transparencia empleados en la primera etapa.

Y entonces apareció nuevamente la curiosidad del número. La bolilla 10 volvió a ser protagonista.

En enero, cuando se sorteó el martillero que tendría a su cargo la subasta de las parcelas principales del Casino, también había salido la número 10, favoreciendo a Mariana Ortega. Esta vez, entre 21 profesionales inscriptos, la misma bolilla volvió a aparecer primero y determinó que Sergio Marcelo Gertie será el martillero titular, mientras que Samanta Lucía Rumi quedó como suplente.

En cualquier otro ámbito podría ser apenas una coincidencia. Pero cuesta no encontrarle una pequeña cuota de poesía a que la 10 vuelva a salir justo ahora.

Sobre todo porque el fútbol argentino acaba de despedir a uno de los hombres que convirtió ese número en una parte de nuestra identidad. Lionel Messi anunció el retiro de la Selección Argentina después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Antes que él, Diego Maradona había hecho de la 10 una marca universal. Dos épocas distintas, dos estilos diferentes, una misma camiseta y un número que terminó siendo mucho más que un número.

Quizás sea solamente una casualidad. Seguramente lo sea. Pero las ciudades, como las personas, también construyen sus historias a partir de esas pequeñas coincidencias que quedan flotando en el tiempo.

La verdadera historia, sin embargo, no estará en la bolilla que salió del bolillero. Estará en lo que ocurra después.

Porque vender el Auditórium no significa, por sí mismo, recuperarlo. El verdadero desafío comenzará cuando exista un nuevo propietario y haya que transformar una parcela deteriorada en un espacio capaz de recuperar su función, generar actividad y devolverle al sector del Casino una parte del movimiento que alguna vez tuvo.

En ese sentido, las señales que surgen de la primera etapa permiten cierto grado de expectativa. El Municipio ya entregó la tenencia de los inmuebles adjudicados a A Toda Vela Mar S.A., que pagó $4.878 millones por las parcelas subastadas, y Arturo Rojas señaló que los adquirentes estarían trabajando en proyectos técnicos que incluyen una nueva sala de juegos y la refuncionalización de sectores existentes, además de posibles propuestas gastronómicas y hoteleras.

Es decir que, por primera vez en mucho tiempo, el debate empieza a desplazarse desde el abandono hacia los proyectos. Y ese cambio de escenario es posiblemente el principal mérito de la decisión.

Necochea no puede seguir administrando sus grandes espacios urbanos desde la nostalgia. La nostalgia sirve para recordar lo que fuimos, pero no alcanza para construir lo que queremos ser. El Casino fue una postal, un lugar de encuentro, un atractivo turístico y cultural. Pero durante años también fue un edificio deteriorado, con incendios, clausuras y proyectos que no lograron concretarse.

La ciudad necesita dejar de discutir exclusivamente lo que perdió para empezar a pensar qué puede recuperar.

La subasta del Auditórium representa, en ese sentido, una segunda oportunidad dentro de una transformación mayor. No garantiza el éxito, pero abre una puerta. Y cuando una ciudad consigue que un espacio abandonado vuelva a ser objeto de inversión, proyectos, trabajo y actividad, ya está modificando su relación con ese lugar.

El intendente Rojas habló de “cerrar un ciclo y empezar a pensar en una recuperación de lo que fue un emblema, un portal de nuestro distrito”. Tal vez esa sea la mejor manera de entender lo que está ocurriendo.

Cerrar un ciclo no significa borrar la historia del Casino. Significa impedir que su historia termine en el abandono.

Y mientras la bolilla 10 vuelve a salir, como si quisiera dejar una última señal en el camino, queda planteado el verdadero desafío: que esta vez el número no sea solamente una coincidencia, sino el comienzo de una nueva etapa para un lugar que durante demasiado tiempo esperó que alguien volviera a ponerlo en juego.

Maximiliano Caloni

Redacción

A las cuatro de la mañana, cuando buena parte de Necochea duerme, hay una puerta que se abre. No es la de una oficina pública, ni la de un comercio de guardia. Es la de la Parroquia Santa María del Carmen, donde funciona “El Cafecito”, un espacio que nació en 2022 como una iniciativa sencilla para entregar viandas a trabajadores nocturnos y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en un lugar de encuentro para personas en situación de calle.

La escena debería, al menos, interpelarnos. Mientras la ciudad duerme, un grupo de voluntarias recibe a personas que no tienen dónde refugiarse. Llegan cuando otros espacios ya cerraron y encuentran allí algo que puede parecer elemental, pero que para quien vive en la calle adquiere una dimensión enorme: un lugar donde entrar, sentarse, comer, bañarse, cambiarse de ropa y, durante unas horas, dormir tranquilo.

Porque quizás lo más importante de “El Cafecito” no sea el café. Ni siquiera la comida. Es la posibilidad de recuperar, aunque sea momentáneamente, algo que la vida en la calle suele arrebatar: la dignidad de sentirse persona y no parte del paisaje urbano.

El informe que dio origen a este comentario cuenta que son más de 80 las personas que concurren al lugar y que existe un registro de sus nombres y fechas de nacimiento. Pero no se trata de una planilla administrativa. Se utilizan esos datos para algo tan sencillo como celebrar los cumpleaños. Ese gesto permite comprender que detrás de cada persona hay una historia y que reconocerla por su nombre puede ser, en determinadas circunstancias, una forma de devolverle una identidad que muchas veces el sistema terminó borrando.

Y allí aparece uno de los aspectos más dolorosos de esta realidad: la invisibilidad.

Las personas en situación de calle están ahí. Caminan por nuestras calles, duermen donde pueden, buscan refugio, piden ayuda, sobreviven. Sin embargo, buena parte de la sociedad aprende a no verlas.

Se las cruza. Se las esquiva. Se las mira durante algunos segundos y se continúa caminando.

Quizás porque resulta incómodo detenerse y pensar qué historia existe detrás de esa persona. Porque hacerlo obliga a abandonar la explicación fácil, el prejuicio y la idea de que quien está en la calle simplemente “eligió” estar allí.

Las voluntarias de la parroquia cuentan precisamente lo contrario. El contacto cotidiano las llevó a comprender que detrás de cada rostro existe una historia. Y una de ellas plantea una reflexión especialmente fuerte: antes de que alguien termine en la calle, sucedieron muchas cosas y, como sociedad, también existe una cuota de responsabilidad.

Esa frase debería salir de las paredes de la parroquia y llegar a las instituciones.

Porque la solidaridad de los vecinos es indispensable, pero no puede reemplazar a las políticas públicas.

Una iglesia puede ofrecer comida. Puede conseguir ropa. Puede habilitar duchas. Puede tender frazadas sobre el piso para que alguien duerma algunas horas sin miedo a ser echado. Puede escuchar y acompañar.

Pero no puede, por sí sola, resolver las causas que llevaron a una persona hasta allí. Y ése es quizás el principal desafío que tiene la política necochense.

Está claro que no alcanza con asistir. Hay que conocer. Hay que registrar. Hay que acompañar.

Hay que generar mecanismos que permitan reconstruir vínculos familiares cuando sea posible, garantizar acceso a documentación, salud, alimentación, higiene, capacitación y empleo. Y, fundamentalmente, establecer un seguimiento que no termine cuando la persona abandona un comedor o un refugio.

Porque uno de los problemas más graves que aparecen en el relato es precisamente la discontinuidad. Las voluntarias conocen nombres y rostros, pero muchas veces no tienen forma de saber qué ocurrió con alguien que dejó de concurrir. Algunos no tienen teléfono y simplemente desaparecen del radar.

¿Dónde están esas personas? ¿Qué les ocurrió? ¿Volvieron a dormir en la calle? ¿Consiguieron trabajo? ¿Regresaron con sus familias? ¿Están enfermas? ¿Murieron? Son preguntas incómodas. Pero una ciudad que pretende construir políticas sociales serias debería poder responderlas.

La tarea de “El Cafecito” también demuestra que la vulnerabilidad no se resuelve solamente con recursos materiales. Las voluntarias hablan de personas que llegan buscando sentirse “familia” y ser reconocidas por su nombre. El café, el desayuno y la ducha terminan siendo la puerta de entrada a algo mucho más profundo: la necesidad de ser escuchado y reconocido.

Por eso también hay que mirar a quienes sostienen esta tarea.

Las propias voluntarias reconocen que salen “rotas” después de escuchar determinadas historias. También cuentan que la experiencia les enseñó a dejar de lado prejuicios y a no juzgar. Y quizás allí exista otra enseñanza para el resto de la sociedad: nadie debería acostumbrarse al dolor ajeno. El problema es que Necochea corre el riesgo de acostumbrarse.

Acostumbrarse a ver personas durmiendo en una plaza. Acostumbrarse a observarlas buscando comida. Acostumbrarse a que una parroquia abra sus puertas de madrugada porque no existen suficientes alternativas. Acostumbrarse a que sean siempre los mismos vecinos quienes respondan cuando el Estado no llega. Y una sociedad que se acostumbra a la vulnerabilidad termina naturalizándola.

Por eso la política local debería mirar hacia ese lugar. No para apropiarse de una tarea que nació desde la solidaridad, sino para escuchar, acompañar y transformar esa experiencia en información para diseñar políticas públicas.

La parroquia puede ser mucho más que un espacio de contención. Puede convertirse en un punto de partida para conocer una problemática que muchas veces permanece oculta detrás de las estadísticas y de las discusiones cotidianas de la ciudad.

La pregunta es si habrá voluntad para hacerlo.

Porque mientras algunos discuten presupuestos, obras, tasas, campañas y elecciones, hay más de 80 personas que encontraron en una parroquia un lugar donde alguien sabe cómo se llaman y, al menos durante algunas horas, se preocupa por ellas.

No debería ser necesario llegar a las cuatro de la mañana para descubrir una realidad que está frente a nuestros ojos durante todo el día. La ciudad tiene que aprender a mirar. Y la política, especialmente, tiene que aprender a hacerlo.

Porque detrás de cada persona que duerme en la calle no hay solamente una necesidad: Hay una historia.

Y si una institución religiosa y un grupo de voluntarios lograron descubrirla, acompañarla y ponerle un rostro, quizás haya llegado el momento de que el Estado haga lo mismo.

No para contar cuántas personas viven en la calle, sino para empezar a preguntarse por qué llegaron hasta allí y qué puede hacer una comunidad para que alguna vez puedan dejarla.

Hay datos que, por sí solos, deberían alcanzar para encender una luz de alerta. Al menos 18 vehículos con pedido de secuestro originado en Mar del Plata fueron encontrados en Necochea y Quequén durante lo que va de 2026. El relevamiento de Ecos Diarios aclara que se trata de un piso de casos comprobables a partir de información pública y que la cifra podría ser mayor, ya que no todos los procedimientos llegan a difundirse. De esos 18 rodados, 14 eran motocicletas y cuatro automóviles o camionetas.

El número no debería generar una conclusión apresurada acerca de que Necochea se haya convertido en destino de vehículos robados. Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que entra y sale de nuestra ciudad estamos efectivamente controlando?

Porque Necochea tiene una particularidad geográfica que no puede ser ignorada cuando se habla de seguridad. Está conectada con importantes ciudades de la región a través de rutas provinciales y caminos vecinales que permiten múltiples alternativas de ingreso y egreso. Y cuando se observa que varios vehículos buscados en Mar del Plata terminan siendo encontrados en nuestro distrito, resulta evidente que la prevención del delito no puede pensarse solamente dentro del ejido urbano.

Las rutas son también parte de la política de seguridad. En ese sentido, los controles que se vienen realizando son una buena noticia. No solamente porque permiten detectar infracciones vinculadas con la documentación o las condiciones de los vehículos, sino porque, como ocurrió en distintos procedimientos, terminan poniendo al descubierto situaciones que de otra manera podrían pasar inadvertidas.

La Ruta 88 ofrece un ejemplo concreto. En apenas quince días, dos inspecciones vehiculares realizadas por efectivos del Destacamento Vial Quequén terminaron con el secuestro de armas de fuego. En uno de los casos se encontró una pistola 9 milímetros, dos cargadores y diez municiones; en el segundo, otra arma junto con municiones. Ambos procedimientos derivaron en actuaciones judiciales.

Es decir, el control funciona. Y justamente por eso debe profundizarse.

No se trata de instalar la idea de que cada persona que circula por la Ruta 88 es sospechosa. Tampoco de convertir los accesos a Necochea en barreras permanentes que dificulten la circulación. Se trata de aprovechar la tecnología, la información y la presencia policial para que las rutas dejen de ser espacios donde quienes cometen delitos puedan desplazarse con relativa facilidad.

Aquí aparece una cuestión que lleva tiempo planteándose: la necesidad de trasladar el Destacamento Vial Quequén hacia el acceso a Arenas Verdes.

La ubicación actual perdió buena parte de su carácter estratégico con la construcción de la Circunvalación. Existen recorridos alternativos que permiten ingresar o salir hacia la Ruta 88 sin pasar por “la vieja caminera”, incluyendo caminos vecinales y el camino costero. Desde el municipio se planteó justamente que una nueva ubicación permitiría cubrir una franja que actualmente presenta distintos puntos de escape. La propuesta no debería ser descartada como una cuestión menor.

Si existen antecedentes de vehículos robados que aparecen en Necochea y si además se detectan armas durante controles sobre la Ruta 88, mejorar la ubicación de los puestos de prevención parece una inversión razonable. Más aún cuando el problema no es exclusivamente necochense.

En 2025, desde el Concejo Deliberante volvió a plantearse el traslado de la sede de Vial Quequén y se señaló que determinados delitos, entre ellos robos de automotores, presentan conexiones con otras ciudades de la región. Incluso se analizó la posibilidad de articular con el municipio de Lobería para afrontar los costos de una eventual nueva dependencia. Y allí está, probablemente, la clave de todo este asunto.

El delito no reconoce límites municipales. La prevención tampoco debería reconocerlos.

Si un vehículo es robado en Mar del Plata y aparece en Necochea, el problema no pertenece exclusivamente a ninguno de los dos distritos. Si una persona utiliza caminos de Lobería para llegar a la Ruta 88, tampoco alcanza con que uno solo de los municipios controle su territorio.

Hace falta información compartida. Hace falta coordinación entre las policías de los distintos distritos. Hace falta que los centros de monitoreo puedan intercambiar rápidamente datos sobre vehículos, patentes y movimientos sospechosos. Hace falta fortalecer los controles sobre las rutas 88, 86, 227, 228 y los accesos secundarios.

Y hace falta, fundamentalmente, que Necochea, Lobería, General Alvarado y Mar del Plata puedan trabajar sobre una misma estrategia regional de prevención.

No es necesario esperar que ocurra un delito grave para entenderlo.

La recuperación de 18 vehículos con pedido de secuestro debería ser suficiente para advertir que existe una circulación que merece ser observada. Y los dos procedimientos que permitieron encontrar armas en la Ruta 88 en sólo quince días demuestran que cuando se controla, se encuentran situaciones que requieren intervención.

Por eso sería injusto cuestionar los operativos que se realizan. Por el contrario: hay que reconocerlos, sostenerlos y multiplicarlos.

Pero también hay que exigir que sean parte de una estrategia más amplia.

La seguridad no puede depender únicamente de que un agente tenga la fortuna de detener determinado vehículo en determinado momento. Necesita planificación, recursos, inteligencia criminal y coordinación.

Y en una ciudad como Necochea, donde las rutas constituyen puertas de entrada y salida hacia buena parte del sudeste bonaerense, esa planificación adquiere todavía mayor importancia.

El traslado de Vial Quequén hacia Arenas Verdes puede ser una pieza de esa estrategia. La articulación con Lobería, otra. El intercambio de información con Mar del Plata, una más.

Porque si los delincuentes aprovechan las rutas y los límites jurisdiccionales para moverse, el Estado debe hacer exactamente lo contrario: coordinarse para que esos límites no se conviertan en zonas grises de la prevención.

Necochea no necesita vivir detrás de una frontera policial. Necesita controles inteligentes, permanentes y coordinados.

Las rutas deben seguir siendo vías de comunicación, producción, turismo y trabajo. Pero también deben ser espacios donde el Estado pueda saber quién circula, detectar irregularidades y actuar antes de que el delito llegue a las calles.

Los controles que ya existen demuestran que el camino es correcto. Ahora falta dar el siguiente paso: que ese esfuerzo deje de ser solamente local y se transforme en una política de seguridad regional.

La decisión de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata de revocar la medida cautelar que impedía a la Municipalidad de Necochea avanzar con el cobro de la denominada “tasa portuaria” abre una nueva etapa en una discusión que lleva años y que, lejos de ser exclusivamente tributaria, pone sobre la mesa una cuestión central para el futuro de la ciudad: quién debe pagar el costo de la infraestructura que utiliza y deteriora la actividad económica que genera Puerto Quequén.

El fallo constituye un respaldo importante para el Departamento Ejecutivo. La cautelar había frenado desde diciembre de 2025 las actuaciones municipales vinculadas con la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial. Ahora, la Cámara entendió que las empresas no habían demostrado un perjuicio concreto e inminente que justificara mantener esa protección judicial y habilitó al Municipio a continuar con los procedimientos administrativos y judiciales para intentar percibir los recursos reclamados.

La consecuencia inmediata es política y económica. Según lo expuesto por la propia Municipalidad en el expediente, la deuda correspondiente a los primeros nueve períodos fiscales alcanzaría los $4.682 millones, una cifra que equivaldría aproximadamente al 6% del presupuesto municipal de 2025.

Pero hay que hacer una aclaración importante: que la Justicia haya levantado la cautelar no significa que el Municipio tenga automáticamente ese dinero disponible en sus cuentas. Lo que se habilitó es la posibilidad de avanzar con el cobro. De hecho, Arturo Rojas explicó que ya comenzaron los juicios de apremio para ejecutar los títulos y que se solicitarán embargos sobre las cuentas de las empresas alcanzadas.

“Tengo entendido que ya ayer iniciaron los juicios de apremio, esto es decir, ejecutar los títulos ejecutivos que ya tenemos y solicitar la traba de embargos”, señaló el intendente.

Es decir, todavía queda un camino judicial y administrativo por recorrer.

Y allí aparece una de las primeras cuestiones que deberá observar la comunidad: cuánto dinero efectivamente logrará recaudar el Municipio, en qué plazos y, fundamentalmente, qué destino concreto tendrán esos recursos.

El Puerto constituye uno de los principales motores económicos de Necochea y de toda la región, pero esa actividad también genera una circulación extraordinaria de camiones sobre la infraestructura urbana. El propio intendente afirmó que “por año pasan más de 300.000 camiones solo con destino Puerto Quequén”, y vinculó directamente ese tránsito con el deterioro de calles y caminos.

Entonces aparece una pregunta elemental: si una actividad económica utiliza de manera intensiva una infraestructura pública, ¿es razonable que el costo de su mantenimiento recaiga exclusivamente sobre el conjunto de los vecinos? El Municipio sostiene que no.

“La posibilidad de cobrar esta tasa nos va a permitir recuperar la red vial”, sostuvo Rojas en Ecos Radio. La frase no debería ser tomada simplemente como una promesa política. Debería convertirse en un compromiso que la sociedad pueda controlar.

Porque si finalmente ingresan miles de millones de pesos, el destino de esos recursos deberá ser absolutamente transparente.

Pero existe otra cara de esta historia que tampoco puede ser ignorada. Las empresas exportadoras y sectores vinculados al agro vienen cuestionando desde hace años la aplicación del tributo. En 2024, entidades de la actividad agroexportadora ya habían advertido al Municipio sobre su preocupación ante la restitución de la tasa.

Y aquí aparece el gran interrogante que todavía nadie puede responder con certeza. ¿Qué impacto tendrá el nuevo costo sobre la operatoria de Puerto Quequén?

Porque una cuestión es discutir quién tiene razón desde el punto de vista jurídico y otra muy diferente es analizar las consecuencias económicas de una nueva carga sobre una actividad que compite dentro de un mercado internacional.

La tasa tiene como base cada tonelada de mercadería cargada o descargada en las terminales portuarias y la normativa establece un valor equivalente a medio litro de gasoil grado 3 por tonelada.

Eso significa que el costo no es abstracto. Está directamente relacionado con el volumen de mercadería que pasa por el puerto.

Y allí se abre una discusión que Necochea debería dar con seriedad, sin consignas y sin posiciones irreductibles. ¿La tasa será absorbida por las empresas? ¿Será trasladada al productor? ¿Terminará incorporándose a los costos logísticos? ¿Podrá afectar la competitividad de Puerto Quequén frente a otras terminales? ¿Existe riesgo de que determinadas operaciones comiencen a orientarse hacia otros puertos? ¿O el impacto será suficientemente pequeño como para no modificar las decisiones de los exportadores?

No hay, al menos por ahora, elementos suficientes para afirmar que la tasa vaya a provocar una caída de las exportaciones. Sería aventurado hacerlo. Pero tampoco sería responsable ignorar el interrogante.

Porque Puerto Quequén necesita seguir creciendo. Y Necochea necesita que ese crecimiento se traduzca en desarrollo para toda la comunidad. Esa debería ser la discusión de fondo.

Necochea no puede darse el lujo de elegir entre infraestructura y producción. Necesita las dos. Y necesita, además, que ambas crezcan juntas.

El fallo judicial modifica el escenario. Ahora el Municipio tiene una herramienta para intentar cobrar. Pero la verdadera batalla comienza después de la sentencia.

Si los vecinos pueden recorrer dentro de algunos años calles de Quequén reparadas, accesos mejorados y una red vial preparada para soportar el tránsito pesado, podrán comprobar que la discusión tuvo un resultado concreto.

Si, en cambio, los millones ingresan y se diluyen en la estructura general del gasto municipal, la legitimidad del reclamo perderá fuerza.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser simplemente si se cobra o no la tasa portuaria. La pregunta que debería hacerse Necochea es mucho más profunda: ¿cómo hacemos para que cada tonelada que salga por Puerto Quequén deje también una huella de desarrollo en la ciudad que sostiene, todos los días, buena parte de la infraestructura necesaria para que esa producción llegue al mundo?

En esta discusión aparece además una infraestructura que Necochea lleva casi tres décadas esperando recuperar: el ferrocarril. Intendentes de la región reclamaron a Nación la reactivación del ramal que conecta Ayacucho, Tandil, Lobería, Balcarce, Quequén y Necochea, actualmente inactivo desde 1998. La propuesta busca incorporarlo al nuevo esquema de concesión ferroviaria de cargas y realizar un relevamiento para determinar las inversiones necesarias. La nota sobre el reclamo por la reactivación ferroviaria

La importancia del planteo es evidente cuando se observa que Puerto Quequén moviliza millones de toneladas anuales y que buena parte de ese movimiento llega actualmente por camión. Recuperar el tren no significaría reemplazar al transporte automotor, sino complementarlo, especialmente durante los períodos de cosecha y para cargas de gran volumen.

Y aquí aparece una contradicción que Necochea debería discutir. Si el argumento para cobrar la tasa portuaria es que el tránsito generado por el puerto deteriora la red vial, resulta razonable preguntarse por qué no avanzar también en una alternativa que permita reducir esa presión sobre las rutas.

La tasa, entonces, puede aportar recursos para reparar caminos. Pero el ferrocarril podría ayudar a evitar que esos caminos continúen soportando indefinidamente todo el peso del crecimiento portuario.

Por eso, tasa portuaria, red vial, ferrocarril y Puerto Quequén deberían formar parte de una misma discusión. No se trata solamente de recaudar para reparar lo deteriorado, sino de planificar la infraestructura que Necochea necesitará para acompañar el crecimiento del puerto.

El fallo judicial abrió una oportunidad para el Municipio. La eventual recuperación ferroviaria podría abrir otra para toda la región. El desafío será que ambas cosas no queden, una vez más, en el terreno de los anuncios.

Porque Puerto Quequén necesita seguir creciendo, pero ese crecimiento debe traducirse también en infraestructura, empleo y desarrollo para la ciudad.

Y si cada tonelada que sale hacia el mundo genera riqueza, el desafío de la política será conseguir que una parte de esa riqueza también quede en Necochea, no solamente en forma de recursos, sino de caminos, trenes, obras y mejores condiciones para el futuro.

Hay palabras o luchas sociales que en la Argentina tienen un peso particular. Soberanía es una de ellas. No se trata solamente de un concepto jurídico ni de una expresión reservada para los discursos oficiales cada 2 de abril, cuando recordamos la Guerra de Malvinas. Soberanía significa, entre otras cosas, la capacidad de una sociedad de decidir sobre su territorio, sus recursos, sus instituciones y su futuro.

Por eso resulta inevitable mirar con cierta atención dos hechos que, a primera vista, parecen no tener relación entre sí: la discusión que generó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei y aquella bandera que apareció en el césped del estadio de Atlanta después de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra del Mundial.

Uno ocurrió en el Congreso. El otro, en una cancha de fútbol. Uno estuvo atravesado por artículos, dictámenes, negociaciones y votos. El otro, por una celebración deportiva que rápidamente adquirió una enorme carga simbólica. Pero ambos terminaron hablando de lo mismo: de la soberanía.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al Congreso como una de las iniciativas centrales de la administración de Milei para este 2026. El Gobierno defendió la necesidad de fortalecer el derecho de propiedad (que ya está consagrado en la Constitución Nacional, dicho sea de paso) y avanzar sobre distintas regulaciones que, según su mirada, obstaculizan la inversión y la “libertad económica”. De hecho, cuando comenzó el tratamiento legislativo, el ministro Federico Sturzenegger vinculó expresamente la iniciativa con dos de los pilares del Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica.

Pero el proyecto contenía aspectos que fueron mucho más allá de la discusión estrictamente jurídica sobre la propiedad privada.

Uno de ellos era particularmente sensible: la posibilidad de modificar las restricciones existentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Otro proponía cambios vinculados con el uso del suelo después de incendios. Y allí apareció la sociedad.

La discusión que se desarrolló durante semanas comenzó a exceder los despachos del Congreso. Organizaciones sociales, sectores políticos, productores, ambientalistas, artistas y ciudadanos hicieron escuchar sus críticas. La consigna "la patria no se vende" se transformó en una expresión recurrente en las calles y también en las redes sociales.

Finalmente, el Gobierno tuvo que retroceder. No retiró el proyecto completo. Pero sí tuvo que eliminar dos de sus capítulos más controvertidos para conseguir los votos necesarios en el Senado. El capítulo que modificaba restricciones a la venta de tierras a extranjeros fue retirado antes de la sesión y, durante el debate, también se eliminó el que habilitaba modificaciones en el uso del suelo luego de determinados incendios. El proyecto obtuvo finalmente 37 votos positivos contra 33 negativos y pasó a Diputados.

Pero el dato político más interesante no está solamente en el resultado. Está en lo que ocurrió antes.

La dupla Patricia Bullrich/ Sturzenegger había defendido durante meses su proyecto. Sin embargo, cuando advirtió que no tenía los votos suficientes para aprobarlo tal como estaba, tuvo que modificarlo.

Y allí aparece una palabra que en democracia nunca debería ser considerada un insulto: presión. La presión social. La presión de los ciudadanos. La presión de quienes se movilizan, de quienes reclaman, de quienes escriben a sus representantes, de quienes hacen escuchar su posición y también de quienes, sencillamente, obligan a sus legisladores a recordar que las bancas no les pertenecen. Les pertenecen a quienes los votaron.

Puede discutirse si los argumentos de unos u otros son correctos, por supuesto. Puede discutirse si una mayor apertura a la inversión extranjera generaría crecimiento, empleo y desarrollo. También puede sostenerse que existen límites que deben mantenerse cuando están en juego tierras productivas, recursos naturales, zonas fronterizas o áreas estratégicas.

Pero lo que no debería discutirse es que una sociedad tiene derecho a participar de ese debate. Y los legisladores tienen la obligación de escuchar.

El episodio demuestra, además, que el Congreso todavía puede funcionar como una instancia de equilibrio frente al poder presidencial. Un gobierno puede tener una agenda política definida, una mayoría circunstancial o una enorme capacidad de comunicación. Pero no puede desconocer que gobierna dentro de un sistema republicano.

La propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. La soberanía nacional también tiene un lugar central en nuestro ordenamiento jurídico. El desafío consiste precisamente en encontrar el equilibrio entre libertad económica, inversión, derechos individuales e intereses colectivos.

Porque soberanía tampoco significa cerrar las fronteras al mundo. Significa tener la capacidad de decidir qué se entrega, bajo qué condiciones, a quién y con qué consecuencias para las próximas generaciones.

Y quizá por eso resulte tan potente la otra imagen que dejó este Mundial. Argentina acababa de derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica y se había clasificado para la final. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso tomó una bandera que tiraron desde la tribuna y que llevaba una frase que millones de argentinos conocen desde hace décadas: "Las Malvinas son argentinas".

La bandera fue desplegada sobre el césped por varios jugadores y la imagen recorrió el mundo. Leandro Paredes, consultado sobre el mensaje, respondió: "Y serán siempre argentinas".

No fue solamente una bandera. Fue una fotografía que condensó buena parte de nuestra historia.

Argentina e Inglaterra no son simplemente dos selecciones de fútbol. Entre ambos países existe una guerra, 649 argentinos muertos, una herida que permanece abierta y una disputa de soberanía que nuestro país sostiene por vías diplomáticas desde hace décadas.

La FIFA había prohibido expresamente el ingreso de mensajes de carácter político al estadio y abrió una investigación por la exhibición de la bandera. Pero la imagen ya había escapado de cualquier reglamento deportivo.

Porque hay símbolos que tienen una fuerza que no se puede controlar con una prohibición. Y aquí aparece una contradicción que merece ser observada. Mientras en el Congreso la sociedad ejercía presión para que determinados capítulos de una ley fueran modificados, en una cancha de fútbol un grupo de jugadores volvía a poner en el centro de la escena una reivindicación soberana que forma parte de la identidad argentina.

En ambos casos, la ciudadanía apareció como protagonista. En uno, para decir qué cosas no quería que se modificaran. En el otro, para recordar que hay cuestiones que, más allá de cualquier gobierno, siguen formando parte de una memoria colectiva.

La soberanía no debería ser patrimonio de un partido político. No es de izquierda ni de derecha. No es kirchnerista, peronista, radical ni libertaria. Tampoco pertenece a un presidente, a un gobierno, a un Congreso o a una selección de fútbol. Es un concepto que atraviesa a toda una sociedad.

Por eso quizás haya llegado el momento de recuperar cierta profundidad en estas discusiones. Defender la soberanía no significa rechazar toda inversión extranjera. Tampoco significa convertir cada diferencia con otro país en una batalla patriótica. Y mucho menos significa utilizar Malvinas como una herramienta de confrontación política.

Pero tampoco puede significar que el interés económico sea suficiente para justificar cualquier modificación sobre el territorio, los recursos naturales o las regulaciones que una sociedad decidió establecer.

Hay algo que el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en claro: incluso un Gobierno que pretende avanzar rápidamente con su programa necesita construir consensos cuando las decisiones afectan cuestiones que una parte importante de la sociedad considera fundamentales. Y eso no es una derrota de la política. Es la política funcionando.

Quizás también sea una buena oportunidad para recordar que la democracia no consiste únicamente en votar cada dos o cuatro años. También consiste en reclamar. En manifestarse. En discutir. En llamar a un legislador. En exigir explicaciones. En cambiar una opinión. En hacer que un representante vuelva a escuchar a quienes representa.

La imagen de aquella bandera de Malvinas en Atlanta puede ser discutida desde el reglamento de la FIFA, desde la diplomacia o desde la conveniencia política. Pero difícilmente pueda ser separada de la historia que representa. Y algo parecido ocurre con el debate sobre la propiedad de la tierra.

Porque detrás de un artículo de una ley puede existir una discusión mucho más profunda: qué país queremos construir y qué cosas estamos dispuestos a preservar.

Tal vez ésa sea la verdadera discusión sobre soberanía que Argentina necesita dar. Una discusión que no se limite a cantar el himno, levantar una bandera o recordar una guerra. Una discusión sobre el territorio, los recursos, la producción, la identidad y, fundamentalmente, sobre quién tiene la última palabra cuando se toman decisiones que pueden comprometer el futuro.

Antes que una nueva licitación o una discusión tarifaria, el transporte público de pasajeros atraviesa hoy una crisis que pone en riesgo uno de los servicios esenciales de cualquier ciudad. En Necochea, la continuidad del sistema dejó de ser una cuestión exclusivamente administrativa para convertirse en un problema social, laboral y político.

La decisión del Departamento Ejecutivo de convocar a un segundo llamado a licitación, tras quedar desierto el primero, las reuniones que mantienen los concejales para analizar alternativas y la dramática situación que atraviesan los trabajadores reflejan un escenario donde ya no alcanza con resolver la coyuntura: es necesario repensar el modelo de transporte urbano para los próximos años.

Durante décadas, el transporte público fue considerado un servicio básico para garantizar el derecho a la movilidad. No sólo permite que miles de vecinos lleguen a sus trabajos, escuelas o centros de salud, sino que constituye una herramienta de integración social. Sin colectivos, una ciudad deja de funcionar con normalidad.

Sin embargo, la realidad de Necochea muestra un sistema que viene acumulando problemas desde hace años y que hoy parece haber llegado a un punto crítico.

La licitación convocada por el Municipio para adjudicar el servicio por los próximos años quedó desierta. Ninguna empresa presentó una oferta. Ese dato, por sí solo, resulta contundente. No se trata de un problema burocrático sino de una señal que el mercado está enviando con claridad: en las condiciones actuales, explotar el transporte urbano en Necochea no resulta atractivo desde el punto de vista económico. O, al menos, eso parece.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió insistir con un segundo llamado utilizando el mismo pliego, mientras analiza eventuales modificaciones si el proceso vuelve a fracasar. Entre las alternativas aparecen cambios en la cantidad mínima de unidades, las frecuencias y otros aspectos operativos. Pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿Es suficiente modificar algunos requisitos o el sistema necesita una transformación mucho más profunda?

La crisis del transporte no comenzó con esta licitación. Es el resultado de una combinación de factores que fueron deteriorando su sustentabilidad: la caída constante en la cantidad de pasajeros, el aumento de los costos operativos, la reducción de subsidios nacionales y una inflación que hace cada vez más difícil mantener el equilibrio entre tarifa, calidad del servicio y rentabilidad empresarial.

En ese contexto, el usuario también queda atrapado en una contradicción permanente. Reclama, con razón, mejores frecuencias, unidades más modernas y recorridos más eficientes. Pero al mismo tiempo enfrenta boletos cada vez más caros en un escenario económico donde el salario perdió poder adquisitivo.

Es un equilibrio extremadamente frágil.

Sin embargo, detrás de los números aparecen las personas. Los choferes son quienes primero sienten el impacto de un sistema que funciona al límite. Salarios atrasados, incertidumbre sobre la continuidad laboral y conflictos permanentes generan un clima de enorme preocupación.

La delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Natalia Steffen, describió la situación con una frase que no necesita demasiadas interpretaciones: "Los choferes de colectivos atraviesan una situación extrema". Esa definición no sólo alude al conflicto laboral inmediato, sino al desgaste de trabajadores que sostienen un servicio esencial mientras desconocen qué ocurrirá con sus fuentes de empleo. Según explicó, el objetivo de la intervención estatal ha sido preservar los puestos de trabajo durante la transición hacia un nuevo esquema de concesión.

Resulta imposible pensar cualquier reforma del sistema sin contemplar esa dimensión humana. Porque discutir transporte no significa únicamente hablar de recorridos, frecuencias o tarifas. También significa hablar de familias que dependen de esa actividad para vivir.

En paralelo, el Concejo Deliberante comenzó a analizar distintos escenarios posibles.

Las reuniones entre concejales y funcionarios buscan encontrar herramientas que permitan garantizar la continuidad del servicio aun si la nueva licitación volviera a quedar desierta. Esa actitud resulta saludable. La política debe anticiparse a los problemas y no limitarse a reaccionar cuando la crisis ya explotó.

Pero el desafío va mucho más allá de esta coyuntura. Necochea necesita discutir qué transporte quiere tener dentro de diez o quince años.

Las ciudades están cambiando. También cambian los hábitos de movilidad. Las aplicaciones, las bicicletas, las nuevas formas de trabajo y la propia expansión urbana obligan a repensar recorridos diseñados hace décadas.

Quizás sea el momento de abandonar la lógica de administrar urgencias para comenzar a diseñar un sistema verdaderamente adaptado a las necesidades actuales.

Eso implica revisar recorridos, incorporar tecnología, fortalecer el sistema SUBE, mejorar la información para los usuarios, garantizar accesibilidad y encontrar mecanismos de financiamiento que no hagan recaer todo el peso sobre el boleto.

La próxima licitación probablemente defina mucho más que quién prestará el servicio. Definirá si Necochea logra construir un transporte público sostenible o si continuará atravesando prórrogas, conflictos y soluciones transitorias.

Porque un sistema que sobrevive únicamente gracias a extensiones precarias difícilmente pueda planificar inversiones, renovar unidades o mejorar la calidad del servicio.

Y allí aparece también la responsabilidad compartida.

El Municipio debe generar reglas claras y previsibles. El Concejo tiene la obligación de construir consensos pensando en el interés general. Las empresas deberán demostrar capacidad para prestar un servicio eficiente. Y los gobiernos nacional y provincial no pueden desentenderse de un sistema que, por definición, cumple una función social.

El transporte público nunca fue solamente un negocio. Es una política pública. Y como toda política pública, requiere planificación, acuerdos y una mirada que trascienda la coyuntura.

Porque cuando los colectivos dejan de circular, no sólo se paraliza un servicio. Se detiene, aunque sea por unas horas, una parte de la vida cotidiana de toda nuestra ciudad.

Hay obras públicas que se discuten en función de su impacto económico. Otras, por su aporte al desarrollo productivo. Y hay un tercer grupo cuya necesidad se mide de una manera mucho más dolorosa: por la cantidad de vidas que podrían haberse salvado si hubieran existido.

La Ruta Provincial 88 pertenece, desde hace demasiado tiempo, a esa última categoría. Une dos de las ciudades más importantes del sudeste bonaerense. Es el camino que recorren diariamente trabajadores, estudiantes, deportistas, pacientes que deben atenderse en centros de mayor complejidad, turistas, transportistas y productores. Es, además, uno de los principales corredores de vinculación con el Puerto Quequén, uno de los motores económicos de la región.

Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, continúa siendo una ruta de una sola calzada, con sobrepasos permanentes, tránsito pesado, sectores de escasa visibilidad y una larga historia de accidentes fatales.

Durante años, el reclamo por convertirla en autovía apareció una y otra vez en campañas electorales, anuncios oficiales y promesas de gestión. Distintos gobiernos, de diferentes signos políticos, hablaron de estudios, proyectos y prioridades. Pero el tiempo siguió pasando y la obra nunca dejó de ser una promesa.

Hasta que una nueva tragedia volvió a poner el tema en el centro de la escena. La muerte de Anita no sólo conmovió a Necochea. También transformó el dolor de una familia en un reclamo colectivo que rápidamente encontró eco en miles de vecinos de toda la región.

Su mamá, Andrea Rondanina, tomó una decisión que conmueve por su enorme fortaleza. "Voy a luchar por la autovía para que nadie más muera en la Ruta 88", dijo apenas unos días después de perder a su hija. Y agregó una frase que explica el sentido profundo de esa lucha: "No me puedo quedar en casa acostada y ya está. Necesito transformar este dolor en algo que sirva para que otra familia no pase por lo mismo".

Hay quienes, frente a una tragedia semejante, eligen el silencio. Andrea eligió el compromiso. Lo hizo entendiendo que ninguna obra devolverá la vida de Anita, pero también sabiendo que cada mejora en la infraestructura vial puede evitar que otras familias vivan el mismo infierno. Y esa decisión logró algo que durante años parecía imposible: volver a instalar la Ruta 88 en la agenda pública.

El reclamo dejó de pertenecer exclusivamente a quienes transitan diariamente ese camino. Comenzó a ser una causa regional. La respuesta política no tardó en llegar. Luego de reunirse con Andrea, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció el primer compromiso concreto. "El compromiso es tener el proyecto para convertir la Ruta 88 en una autovía", afirmó, explicando que el primer paso será desarrollar el proyecto ejecutivo para luego buscar el financiamiento necesario que permita ejecutar una obra de semejante magnitud.

No es todavía la obra. No hay licitaciones, ni presupuesto asignado, ni plazos de ejecución. Pero sí aparece, al menos, una definición política que durante muchos años estuvo ausente: reconocer que la transformación de la Ruta 88 ya no puede seguir postergándose.

Claro que el anuncio también obliga a cierta prudencia. La historia reciente de la infraestructura argentina está llena de proyectos que nunca pasaron del papel. Por eso la expectativa deberá ir acompañada del seguimiento permanente de cada avance administrativo. Porque las familias del sudeste bonaerense ya escucharon demasiadas promesas.

Y las rutas no se transforman con declaraciones. Se transforman con máquinas, inversión y decisión política sostenida.

La Ruta 88 no necesita solamente una reparación de banquinas o tareas periódicas de mantenimiento. Necesita una solución estructural.

No sólo por seguridad vial. También porque constituye uno de los corredores productivos más importantes de la región. Por allí circula buena parte de la producción agropecuaria destinada al Puerto Quequén. También miles de turistas durante la temporada estival y cientos de estudiantes y trabajadores que diariamente viajan entre Necochea y Mar del Plata.

La infraestructura vial dejó hace tiempo de ser únicamente una cuestión de tránsito. Es una política de desarrollo. Es competitividad económica. Es integración regional. Y, sobre todo, es preservación de vidas.

Quizás el aspecto más valioso de todo este proceso sea precisamente el lugar desde donde nació el nuevo impulso. No fue una decisión política. No surgió desde un despacho oficial. Nació del dolor inmenso de una madre que decidió transformar una pérdida irreparable en una causa colectiva.

Andrea Rondanina no reclama privilegios ni homenajes. Reclama que ninguna otra familia tenga que atravesar lo que ella está viviendo. Ese pedido trasciende cualquier diferencia partidaria.

Porque las rutas no distinguen ideologías. Los accidentes tampoco.

Por eso la futura autovía no debería convertirse en una bandera de un gobierno ni en una herramienta de disputa política. Debería transformarse en una política de Estado. Porque cada año que pasa sin esa obra significa seguir transitando una ruta donde el azar muchas veces ocupa el lugar que debería ocupar la infraestructura. Y porque ninguna sociedad debería necesitar nuevas tragedias para comprender que hay obras cuya verdadera rentabilidad no se mide en kilómetros de asfalto. Se mide en las vidas que se consiguen salvar.

Las instituciones democráticas tienen una particularidad que muchas veces pasa inadvertida: funcionan correctamente cuando quienes las integran comprenden que las responsabilidades del cargo están por encima de las posiciones personales o partidarias. Allí radica buena parte de la fortaleza del sistema republicano. No alcanza con ser elegido por el voto popular; también es necesario conocer las normas que regulan el ejercicio de la función pública y actuar dentro de ellas.

En esta misma página, ya hemos abordado estas cuestiones a lo largo del último tiempo.

En el ámbito municipal, el Concejo Deliberante constituye una de las instituciones más importantes de la vida democrática necochense. Es el espacio donde confluyen las distintas representaciones políticas surgidas de las urnas y donde, a través del debate, el consenso o la confrontación de ideas, se construyen las ordenanzas que regirán buena parte de la vida cotidiana de nosotros, quienes habitamos esta ciudad.

Pero esa tarea no se limita únicamente a levantar la mano para aprobar o rechazar proyectos. Ser concejal implica asumir una responsabilidad institucional que exige preparación, estudio y conocimiento de las herramientas legales que regulan el funcionamiento del cuerpo. Cada decisión, cada procedimiento y cada actuación administrativa encuentra su fundamento en un conjunto de normas que garantizan el equilibrio entre los poderes y la seguridad jurídica de los actos públicos.

En la provincia de Buenos Aires, ese marco está definido principalmente por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por el Reglamento Interno de cada Concejo Deliberante. Ambos instrumentos establecen no sólo las atribuciones del Departamento Ejecutivo y del Legislativo, sino también las obligaciones, facultades y responsabilidades que corresponden a cada concejal y, especialmente, a quienes ocupan cargos de conducción dentro del cuerpo.

No se trata de una cuestión meramente técnica. El conocimiento de esas normas es parte esencial de la función pública. Así como nadie imaginaría a un juez desconociendo los códigos que debe aplicar o a un médico ignorando los protocolos básicos de su profesión, tampoco resulta razonable que quienes tienen la responsabilidad de legislar desconozcan el marco jurídico que regula el funcionamiento de la institución que integran.

Las mayorías y las minorías cambian con el paso de los años. Los oficialismos se convierten en oposiciones y las oposiciones pasan a gobernar. Lo único que permanece son las instituciones y las reglas que garantizan su continuidad. Precisamente por eso, el respeto por esas normas no puede depender de la conveniencia política del momento ni de la pertenencia partidaria de quienes circunstancialmente ocupan una banca.

Cada concejal representa a los vecinos que lo eligieron, pero también integra un órgano colegiado cuya legitimidad depende del cumplimiento estricto de procedimientos previamente establecidos. Cuando esos procedimientos se respetan, la democracia se fortalece. Cuando se desconocen o se interpretan según las necesidades coyunturales, comienza a deteriorarse la confianza pública en las instituciones.

En la última sesión del Cuerpo legislativo local, el pasado miércoles, se observaron cuestiones que llaman poderosamente la atención. Pero no hablamos de cuestiones netamente políticas o posturas contrapuestas que no logran consensuar un mínimo de diálogo. Sino de cuestiones netamente personales que ingresaron en un campo al cual no deberían haberlo hecho.

En principio, la séptima sesión ordinaria comenzó con la utilización de la denominada Banca Abierta. Ésta, es un mecanismo de participación ciudadana que permite a vecinos y representantes de instituciones exponer reclamos, opiniones o propuestas directamente ante el cuerpo legislativo.

Para hacer uso de la misma, se debe presentar por escrito una solicitud formal que contenga tus nombres, apellidos, número de documento y domicilio, y en caso de representación institucional, se debe incluir la autorización, el nombre, los fines y el domicilio de la entidad.

Pero lo más importante es que quien quiera utilizar dicha herramienta, tiene que adjuntar una descripción breve y precisa del tema a exponer, el cual debe ser competencia del Concejo Deliberante. Esto último, es lo que está en tela de discusión.

El primer vecino en hacer uso de la palabra fue el popularmente conocido Payaso Abelardo. Quien ya había participado de la reunión de la Comisión de Cultura del Concejo y que expuso una situación netamente personal sobre la necesidad suya de poder contar con el Teatro Municipal en mayor cantidad de oportunidades durante el receso invernal.

Lo más llamativo fue el final: antes de cerrar su alocución, aprovechó la oportunidad para “pasar aviso” de charlas que había tenido con vecinos que reclamaron por la falta de trabajo, las calles de tierra en mal estado y un final acorde a lo ocurrido con un “aguante Argentina”, en referencia a la Selección de fútbol.

La segunda Banca Abierta también dejó algunas dudas respecto a su aprobación por parte de los ediles. Una vecina se acercó y brindó una extensa charla sobre la problemática de la “obstrucción del vínculo” familiar a causa de “falsas denuncias”. No sólo llama la atención el tema abordado, ya que el Concejo Deliberante no tiene atribución alguna en el mismo; sino que la alocución finalizó diciendo: “Soy una ciudadana, preocupada por algo que me afecta personalmente”.

Queda a las claras el desconocimiento, por parte de los concejales sobre qué aspectos deben cumplirse para poder hacer uso de la palabra.

Pero lo más preocupante de la sesión fue lo ocurrido casi en el cierre de la misma, cuando los ediles trataron y aprobaron un proyecto para declarar de “interés público” una obra que realizará el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para reparar unos 500 metros cuadrados de asfalto en la avenida “La Guillermina”.

Tras la exposición del autor del proyecto, Marcelo Rivero, otro concejal del mismo signo político, Julián Kristiansen, utilizó una frase realmente llamativa: “Me encanta que haya una interacción de lo privado y una preocupación, pero también me reservo y lo digo en forma personal, que no lo quiero tomar como que sea una dádiva” (sic).

La primera pregunta que resuena es sencilla: ¿sabe el concejal el significado de la palabra dádiva? La primera definición de la Real Academia Española es “acción de dar gratuitamente”. La segunda, es “intentar o pretender cohecho o soborno”.

Si lo sabe, lo que debería hacer es, primero, no aprobar el proyecto en cuestión y; segundo, acudir a la Justicia y realizar la denuncia pertinente.

Pero el otro aspecto que debería entender es que su banca no es para utilizarla “de manera personal” o para hacer afirmaciones en ese tono, sino que su rol es el que explicábamos en el comienzo de esta página.

La política necesita debate, confrontación de ideas y diferencias. Es natural que existan posiciones enfrentadas sobre los grandes temas que atraviesan una comunidad. Lo que no debería estar en discusión son las reglas de funcionamiento de las instituciones. Allí no hay lugar para interpretaciones partidarias, sino para el cumplimiento de obligaciones claramente establecidas por la ley.

Porque, en definitiva, la calidad de una democracia no se mide únicamente por la legitimidad de quienes son elegidos, sino también por la capacidad de sus representantes para ejercer el cargo con responsabilidad, conocimiento y pleno respeto por las instituciones que la sociedad les confió.

¿Se puede esperar a un ser querido medio siglo, sin saber absolutamente nada de él? Si nos detenemos a mirar lo relatado por Ecos Diarios días atrás, parece que hay personas que pueden hacerlo.

Porque hay historias que no terminan cuando alguien desaparece. Tampoco cuando la Justicia dicta una sentencia o cuando pasan los años. Hay historias que parecen permanecer suspendidas en el tiempo, detenidas en la incertidumbre, condenadas a convivir con una pregunta que nunca encuentra respuesta. Y pocas cosas son tan crueles para una familia como no saber qué ocurrió con un ser querido.

Por eso lo vivido esta semana en Quequén por la familia Ibarra Britos trasciende el plano de la noticia. No se trató solamente de la restitución de unos restos óseos. Fue el final de una búsqueda que se prolongó durante 51 años, el cierre de una herida que atravesó generaciones y la posibilidad, finalmente, de poner un nombre allí donde durante décadas sólo existió un "NN".

La imagen de los hermanos recibiendo el pequeño cofre de madera que contenía los restos de Horacio Alfredo Ibarra Britos sintetiza una de las escenas más conmovedoras que haya vivido Necochea en mucho tiempo. No había lugar para los discursos grandilocuentes. Sólo había silencio, abrazos, lágrimas y la sensación de que, aunque el dolor nunca desaparece, al menos la incertidumbre había llegado a su fin.

"Hoy nuestro hermano Horacio puede descansar en paz y cerca nuestro. Cerramos una intensa y dolorosa búsqueda que nos llevó 51 años", dijeron los hermanos Ibarra Britos al recibir los restos de quien salió de su casa de Quequén con apenas 18 años y nunca regresó.

Esa frase resume medio siglo de angustia.

Durante cinco décadas, la familia buscó respuestas. Recorrió organismos públicos, golpeó puertas, realizó consultas, participó incluso del recordado programa "Gente que busca gente", con la esperanza de que alguien pudiera aportar un dato que permitiera reconstruir el destino de Horacio. Nunca dejaron de buscarlo.

Ni siquiera cuando parecía imposible encontrar una respuesta.

Hay un detalle profundamente humano que atraviesa toda esta historia. La madre de Horacio murió apenas un año después de su desaparición, pero antes les pidió a sus hijos que nunca dejaran de buscarlo. Esa promesa familiar sobrevivió al paso del tiempo. Sobrevivió a las frustraciones, a los cambios políticos, al desgaste emocional y a la resignación que muchas veces suele imponerse cuando pasan tantos años sin noticias.

No fue así. "Siempre tuve fe de que algún día lo íbamos a encontrar", expresó María Cristina, una de las hermanas que encabezó la búsqueda durante décadas.

La identificación de Horacio también vuelve a poner en valor una institución argentina cuya tarea muchas veces permanece silenciosa, aunque resulta fundamental para cientos de familias: el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Desde su creación en 1984, el EAAF desarrolló un trabajo científico reconocido internacionalmente para recuperar, identificar y restituir los restos de personas desaparecidas, utilizando investigaciones documentales, arqueología, antropología y análisis genéticos. Su objetivo no es solamente aportar pruebas judiciales. También busca restituir identidad y permitir que las familias puedan elaborar el duelo que durante años les fue negado.

Detrás de cada identificación existe un trabajo paciente que puede extenderse durante décadas. Se recopilan testimonios, archivos judiciales, registros policiales, documentación histórica, muestras de ADN y evidencias forenses hasta lograr establecer una identidad con rigor científico. No hay improvisación. Hay años de investigación.

Carlos Somigliana y Mariella Fumagali fueron quienes llegaron hasta Quequén para entregar los restos de Horacio y explicar a la familia el proceso que permitió identificarlo. Ese momento, profundamente íntimo, fue también el resultado de una labor colectiva que combina ciencia, memoria y compromiso con los derechos humanos.

Pero la restitución de Horacio también deja otra reflexión.

Durante muchos años se discutió la importancia de preservar archivos, mantener bancos genéticos o continuar las investigaciones sobre personas desaparecidas. Casos como éste demuestran por qué esas políticas públicas siguen siendo necesarias. Porque mientras exista una familia esperando respuestas, la búsqueda nunca pierde sentido.

No se trata únicamente del pasado.

Se trata del derecho de cualquier persona a conocer la verdad sobre el destino de un padre, una madre, un hermano o un hijo. Se trata de devolverles una identidad a quienes fueron enterrados como NN y, al mismo tiempo, devolverles a sus familias la posibilidad de cerrar una historia que permanecía inconclusa.

En la excelente entrevista realizada por Raúl Jáuregui para Ecos Diarios, Abel Ibarra fue contundente al reconstruir aquel día de 1975: "Salió como para volver y no volvió más. Nunca supimos qué pasó". Esa incertidumbre fue la que acompañó a toda una familia durante medio siglo. Hoy, aunque el dolor permanece, esa frase ya tiene una respuesta.

Ninguna restitución devuelve el tiempo perdido. Ningún hallazgo puede reemplazar un abrazo que nunca ocurrió, un cumpleaños ausente o una madre que murió sin volver a ver a su hijo. Hay dolores que no prescriben y ausencias que ninguna ceremonia consigue reparar completamente.

Pero sí existe algo profundamente reparador en la verdad.

Porque la verdad devuelve nombres. Devuelve historias. Devuelve humanidad.

Y cuando después de 51 años una familia puede finalmente llevar a su hermano hasta el cementerio de Quequén para que descanse junto a sus padres, no sólo se cierra una búsqueda. También se confirma que la memoria, la perseverancia y la ciencia pueden derrotar al olvido.

Quizá esa sea la enseñanza más profunda que deja esta historia para Necochea. Que detrás de cada expediente, de cada muestra de ADN y de cada investigación forense hay personas que esperan, familias que resisten y abrazos que quedaron pendientes durante demasiados años.

Y que, a veces, la verdad tarda medio siglo en llegar. Pero cuando finalmente lo hace, también encuentra un rostro, un nombre y un lugar donde descansar. Hoy, Horacio, tal como reza la canción que da título a esta página, caminao su propia luz y se siente un haz de luz: “Claridad de propio ser, luz, luz, luz del alma, soy un hombre que espera el alba”.

La política suele construirse tanto con discursos como con votos. Y, muchas veces, son estos últimos los que terminan revelando afinidades circunstanciales que los posicionamientos públicos intentan disimular.

El Concejo Deliberante de Necochea viene mostrando, desde el inicio de la nueva conformación surgida tras las elecciones de 2025, una dinámica legislativa que merece ser observada con atención. Más allá de las diferencias ideológicas que separan a Javier Milei del peronismo a nivel nacional, en el plano local comenzaron a registrarse coincidencias entre los concejales de La Libertad Avanza, liderada por Juan Cerezuela y Eduardo Caballero, y del bloque Fuerza Patria - Movimiento Derecho al Futuro, de Julián Kristiansen y Evangelina Almada, en distintas votaciones relevantes del cuerpo deliberativo.

El último ejemplo se dio en la sexta sesión ordinaria realizada el pasado miércoles. Ambos bloques votaron en contra de la modificación de la fórmula polinómica con la cual se actualiza el valor del pasaje de colectivos urbanos en la ciudad.

No se trata de un acuerdo político formal ni existe, al menos públicamente, una alianza declarada entre ambos espacios. Pero la práctica legislativa muestra que, en temas sensibles, esas bancadas han coincidido en la conformación de mayorías que muchas veces dejaron en minoría al oficialismo municipal.

Uno de los casos más visibles fue la insistencia de la ordenanza que ampliaba beneficios para los veteranos de Malvinas luego del veto del Departamento Ejecutivo. Allí confluyeron distintos bloques opositores para reunir la mayoría especial necesaria, decisión que posteriormente derivó en el conflicto de poderes planteado por el intendente ante la Suprema Corte bonaerense.

Más recientemente, durante el tratamiento del nuevo pliego del transporte público, así como en diferentes debates vinculados al funcionamiento del Estado municipal, volvieron a observarse coincidencias legislativas entre sectores que, en el escenario nacional, aparecen enfrentados por profundas diferencias ideológicas.

La pregunta entonces deja de ser estrictamente matemática para transformarse en política.

¿Qué explica estas coincidencias?

Una primera interpretación podría indicar que cada proyecto merece un análisis independiente y que las mayorías circunstanciales forman parte del funcionamiento natural de cualquier cuerpo legislativo.

Otra lectura, igualmente válida, sostiene que en el Concejo comenzó a consolidarse una oposición con capacidad de articular votos suficientes para condicionar buena parte de las iniciativas del Departamento Ejecutivo.

Y probablemente ambas explicaciones contengan parte de la verdad.

No hay que dejar de lado, tampoco, que Cerezuela, Caballero, Kristiansen y Almada ya empiezan a ver el 2027 con otros ojos: el de posibles candidatos. Tal vez, entienden que pueden ser una buena opción de gobierno para reemplazar al actual oficialismo. De todas formas, pareciera que desde el sector libertario el candidato final no será uno de estos nombres recién ingresados a la arena política y, desde el peronismo, pareciera que será Marcelo Rivero quien vuelva a encabezar una lista en el busca del sillón de Murga.

Después de todo, la política municipal suele responder a lógicas diferentes de las nacionales. Las problemáticas locales, las relaciones personales entre dirigentes y las necesidades concretas de gestión muchas veces terminan relativizando las fronteras partidarias.

Sin embargo, también resulta inevitable advertir cierta contradicción discursiva.

Mientras en el plano nacional los principales referentes de La Libertad Avanza construyen buena parte de su identidad política confrontando permanentemente con el kirchnerismo y el peronismo, en Necochea las votaciones muestran que esa distancia ideológica no siempre se traduce en comportamientos legislativos completamente opuestos.

Eso no significa que exista un pacto político permanente ni una coalición estable. Sería una afirmación que no encuentra respaldo público.

Pero sí permite observar la aparición de coincidencias que empiezan a repetirse con cierta frecuencia.

El oficialismo municipal parece haber tomado nota de esa situación y en varias oportunidades ha señalado que determinados proyectos terminan prosperando gracias a la convergencia de bloques opositores, aun cuando esos mismos espacios mantienen discursos muy diferentes fuera del recinto.

La oposición, por su parte, sostiene que simplemente ejerce su rol de control sobre el Ejecutivo y que cada votación responde al análisis puntual de los expedientes.

La discusión, entonces, trasciende una sesión determinada. Porque las mayorías legislativas también construyen mensajes políticos.

Si esas coincidencias continúan repitiéndose en temas estratégicos, como pueden ser presupuesto, concesiones, ordenanzas fiscales, transporte o atribuciones del Ejecutivo, comenzarán a configurar una nueva geometría política dentro del Concejo.

Y allí aparecerá otro desafío para el oficialismo: cómo construir consensos en un escenario donde ya no alcanza con administrar las diferencias tradicionales entre oficialismo y oposición, sino que debe enfrentar una oposición fragmentada en lo discursivo, pero que en determinadas votaciones encuentra puntos de coincidencia suficientes para imponer su criterio.

En definitiva, más allá de las etiquetas partidarias, el Concejo Deliberante parece estar ingresando en una nueva etapa.

Una etapa donde los discursos continúan marcando diferencias.

Pero donde, al momento de levantar la mano, las mayorías empiezan a escribirse de otra manera.

“Fijate de que lado, de la mecha te encontrás”, sostiene la primera estrofa de la canción que da título a esta página. ¿Sabrán Cerezuela, Caballero, Kristiansen y Almada la respuesta?

Antes que una conferencia sobre economía, lo ocurrido el último viernes en el marco del 105º aniversario de Ecos Diarios fue una demostración de que Necochea mantiene intacta una virtud que muchas veces pasa desapercibida: cuando se generan espacios serios para debatir ideas, la comunidad responde.

El auditorio colmado y una segunda sala habilitada para seguir la exposición en vivo, reflejó el interés que despierta comprender un escenario económico tan complejo como el actual. Allí coincidieron dirigentes políticos de distintos espacios, funcionarios, representantes del Poder Judicial, empresarios, profesionales, instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil, en una imagen poco frecuente en tiempos de fuerte polarización.

La presencia de Claudio Zuchovicki aportó un valor agregado que explica, en buena medida, semejante convocatoria. No solamente por tratarse de uno de los economistas más escuchados del país, sino por una característica que lo distingue desde hace años: la capacidad de traducir conceptos complejos a un lenguaje cotidiano, permitiendo que quienes no pertenecen al mundo de las finanzas también puedan comprender procesos que terminan influyendo en la vida diaria.

En una Argentina donde la economía dejó hace tiempo de ser un tema reservado para especialistas, comprender qué ocurre con la inflación, el crédito, el consumo, las inversiones o el empleo se convirtió en una necesidad casi tan importante como entender cualquier otra política pública. La economía atraviesa cada decisión familiar, empresarial e institucional. Está presente cuando una pyme decide incorporar personal, cuando un comerciante analiza una inversión o cuando una familia define cómo administrar sus ingresos.

Por eso resulta tan valioso que existan espacios abiertos donde esas discusiones puedan darse cara a cara, con preguntas, intercambio de ideas y tiempo para la reflexión.

Durante demasiado tiempo la discusión económica quedó atrapada entre tecnicismos incomprensibles o consignas simplificadoras. Se hablaba para convencer antes que para explicar. En ese contexto, conferencias como la organizada por Ecos Diarios recuperan algo esencial: la posibilidad de que la sociedad participe de un debate informado.

No es un dato menor que el auditorio haya estado integrado por actores muy diversos de la vida necochense. Allí convivieron representantes de distintos sectores políticos con empresarios, productores, integrantes de instituciones, profesionales y vecinos interesados simplemente en escuchar. Esa pluralidad habla de una comunidad que entiende que los desafíos económicos no distinguen ideologías ni actividades.

Porque, en definitiva, una economía estable beneficia al comerciante, al productor, al trabajador, al emprendedor y también al Estado.

Uno de los aspectos más interesantes de la exposición fue precisamente su enfoque. Más allá de compartir o no determinadas miradas sobre el rumbo económico nacional, el eje estuvo puesto en la toma de decisiones frente a un mundo que cambia aceleradamente. La transformación tecnológica, las nuevas formas de consumo y la necesidad permanente de adaptación aparecieron como ideas centrales de una charla que buscó mucho más provocar reflexión que ofrecer recetas.

Y esa quizá sea una de las principales virtudes de este tipo de encuentros.

Las ciudades del interior suelen reclamar, con razón, mayor presencia de figuras nacionales en distintos ámbitos. Sin embargo, cuando esas oportunidades aparecen, también resulta importante que exista una comunidad dispuesta a aprovecharlas. La convocatoria registrada demuestra que Necochea posee un capital social dispuesto a involucrarse, a escuchar y a debatir sobre cuestiones que trascienden la coyuntura inmediata.

En ese contexto también merece destacarse el rol que cumplen los medios de comunicación cuando deciden ir más allá de la tarea cotidiana de informar.

Un diario no se limita a publicar noticias. También puede convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo actividades que acerquen conocimiento, fomenten el intercambio de ideas y contribuyan a enriquecer el debate público.

A lo largo de sus 105 años de historia, Ecos Diarios ha acompañado las principales transformaciones de Necochea. Lo hizo registrando acontecimientos, reflejando opiniones y documentando la evolución de la ciudad. Pero también asumió, en distintos momentos, un papel activo en la organización de propuestas culturales, académicas y de reflexión que exceden el ejercicio periodístico tradicional.

La conferencia organizada con motivo de su aniversario se inscribe precisamente en esa línea. No fue un acto institucional cerrado ni una celebración dirigida únicamente al propio medio. Fue una actividad abierta a toda la comunidad, pensada para generar conocimiento y promover un diálogo necesario sobre el presente y el futuro de la economía argentina. También tiene un concepto claro: generar agenda.

En tiempos donde la inmediatez domina buena parte de la comunicación, apostar por el análisis, el intercambio presencial y la reflexión colectiva representa casi una declaración de principios.

Porque las redes sociales multiplican información, pero no siempre generan comprensión. Los algoritmos acercan contenidos, pero difícilmente construyan espacios reales de diálogo entre personas con experiencias y miradas diferentes.

Por eso siguen siendo importantes los encuentros cara a cara.

Porque allí aparecen las preguntas, los matices y las diferencias enriquecedoras. Allí se construye ciudadanía.

La imagen de un auditorio completo, con representantes de prácticamente todos los sectores de la comunidad compartiendo un mismo espacio para pensar la economía, deja además un mensaje alentador.

Más allá de las diferencias políticas, de las dificultades económicas o de la incertidumbre que atraviesa el país, sigue existiendo una sociedad interesada en comprender, debatir y prepararse para los desafíos que vienen.

Y esa quizá sea la mejor noticia que dejó la celebración de un nuevo aniversario de Ecos Diarios: comprobar que, además de informar todos los días, un multimedio también puede contribuir a generar pensamiento, fortalecer el debate democrático y reunir a una comunidad alrededor de las ideas.

En una época marcada por la fragmentación y el consumo acelerado de información, promover estos espacios constituye una forma de ejercer periodismo que trasciende el papel o las pantallas. Es, en definitiva, otra manera de cumplir con la misión esencial de un medio de comunicación: ayudar a que la sociedad comprenda mejor el tiempo que le toca vivir.

La Ley Orgánica de las Municipalidades es el marco legal normativo que rige la organización, estructura, funcionamiento y competencias de los gobiernos locales. En la Provincia de Buenos Aires, establece claramente la división de poderes.

Por un lado, el Departamento Ejecutivo, encabezado por el Intendente, quien tiene a su cargo la administración y ejecución de las ordenanzas; y por otro el Legislativo, compuesto por los ediles que integran el Concejo Deliberante, responsables de crear las normas, aprobar presupuestos y controlar al Ejecutivo.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de analizar la posibilidad de un “conflicto de poderes” entre el Ejecutivo que encabeza Arturo Rojas y el Concejo Deliberante, tras la sanción de una ordenanza que extiende beneficios hacia los excombatientes de Malvinas y sus familias, generó una semana de tensión dentro del legislativo necochense y, a su vez, mostró la falta de conocimiento de varios de los ediles sobre los roles que cada uno debe ocupar.

Tras la presentación del Departamento Ejecutivo ante el máximo tribunal de justicia de la Provincia, éste resolvió “conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante de Necochea, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y689, CPCC)”.

Básicamente, lo que la Corte pide es que el legislativo local envíe la información necesaria sobre la ordenanza que fuera aprobada, luego vetada por Rojas y finalmente insistida por los ediles al tener los votos positivos de los dos tercios de los 20 ediles que componen el Concejo.

Lo que es simplemente un trámite burocrático y administrativo, se terminó transformando en una situación política que derivó en el pedido de licencia del propio presidente del cuerpo, Marcelo Schwarz, el cual le fue otorgado por sus pares en la sesión del pasado jueves.

Pero antes de tomarse tal decisión, el edil de Nueva Necochea intentó explicar las razones por las cuales no iba a firmar y enviar lo que la Suprema Corte solicitó. Y allí, al expresar sus razones, es que quedó en claro la falta de conocimiento que existe en gran parte de los ediles sobre cuál es el rol que cada uno debe ocupar.

Schwarz dijo ante sus pares que como él no había votado favorablemente la ordenanza, entendía que no debía firmar el requerimiento de la Corte, ya que encontraba una cierta contradicción entre su opinión política en favor del oficialismo local y lo que había decidido la mayoría del Concejo.

Por supuesto, algunos de sus pares de la oposición, le aclararon que lo que debía producirse era simplemente un acto administrativo, no político; y que dentro de las funciones que tiene como presidente del Cuerpo, está la de representar a todo el Concejo Deliberante en situaciones como las aquí descriptas.

Más allá de las cuestiones políticas esgrimidas por Schwarz, la realidad es que el cargo que actualmente ocupa no lo hace representante del Ejecutivo ante los concejales, sino lo inverso.

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido hace unos pocos años en nuestra ciudad, cuando el Concejo Deliberante inició el proceso que culminó con la destitución del por entonces intendente Horacio Tellechea.

En aquel entonces, el presidente del cuerpo era José Luis Vidal, quien había encabezado la lista de concejales del propio Tellechea. Cada acto administrativo debió ser firmado por él y el secretario del Concejo, más allá que nunca votó a favor de ninguna de las cuestiones que planteó la Comisión Investigadora conformada en aquellos tiempos.

El actual presidente del legislativo local, que fue votado de forma unánime para acceder a ese cargo por el resto de los ediles, fue protagonista de una fuerte discusión en la reunión de Labor Parlamentaria y, finalmente, aceptó que debía solicitar licencia para de esa forma el vicepresidente primero, Juan Cerezuela, firme el requerimiento y envíe lo solicitado por la Corte. Incluso, alguno de los pares de Schwarz se preguntaron para qué lo votaron, si finalmente ante la necesidad de ser representados ante una institución como la Corte, finalmente declinó su responsabilidad.

Lo ocurrido durante la última semana deja además una enseñanza que excede largamente la discusión puntual sobre los beneficios a los veteranos de Malvinas. Lo que quedó expuesto fue una preocupante confusión entre las convicciones políticas personales y las responsabilidades institucionales que cada dirigente asume cuando ocupa un cargo público.

La democracia funciona precisamente porque las instituciones están por encima de las personas. Los concejales llegan al recinto representando espacios políticos, ideologías y proyectos de gobierno distintos, pero una vez elegidos para determinadas funciones, deben comprender que existen obligaciones que trascienden sus preferencias individuales. Quien preside un cuerpo legislativo no representa únicamente a su bloque; representa al conjunto del Concejo Deliberante. Del mismo modo que un intendente debe gobernar para todos los vecinos y no solamente para quienes lo votaron.

Detrás de la discusión jurídica existe un problema político que no puede ser ignorado. Las instituciones son tan fuertes como la capacidad de quienes las integran para comprender y respetar sus funciones. Cuando los roles se confunden, cuando las responsabilidades se interpretan según las conveniencias del momento o cuando las decisiones administrativas se transforman en disputas personales, el riesgo es que se termine debilitando la confianza ciudadana en los organismos que sostienen la vida democrática.

Quizás allí radique la principal enseñanza de este episodio. Más allá de la ordenanza, del veto, de la insistencia legislativa o de la intervención de la Suprema Corte, lo que quedó en evidencia es la necesidad de recuperar una cultura política basada en el respeto institucional. Porque las personas pasan, los gobiernos cambian y las mayorías se modifican. Pero las instituciones permanecen. Y son ellas, en definitiva, las que garantizan que la democracia siga funcionando aun cuando los conflictos políticos parezcan imposibles de resolver.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de suspender la ordenanza que otorgaba nuevos beneficios tributarios a veteranos de Malvinas en Necochea trasciende largamente el contenido específico de la norma. Lo que está en discusión ya no son únicamente exenciones vinculadas a patentes, licencias de conducir o estacionamiento medido, que es lo que presentaba la norma. Lo que la Corte puso bajo análisis es una cuestión mucho más profunda: los límites entre las facultades del Departamento Ejecutivo y las atribuciones del Concejo Deliberante.

La medida cautelar implica que la ordenanza queda sin aplicación mientras el máximo tribunal provincial analiza el conflicto de poderes planteado por el intendente Arturo Rojas. No significa una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, pero sí constituye una señal institucional relevante: la Corte entendió que existen elementos suficientes para intervenir y congelar temporalmente los efectos de la norma hasta determinar si efectivamente el Concejo avanzó sobre facultades que corresponden al Ejecutivo.

El origen del conflicto es conocido. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que ampliaba beneficios tributarios para veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes. Entre otros puntos, incorporaba exenciones vinculadas a patentes, derechos de oficina para licencias de conducir y estacionamiento medido, además de establecer que esos beneficios debían contemplarse obligatoriamente en futuras ordenanzas fiscales, empezando por la del año próximo.

El Ejecutivo respondió con un veto y posteriormente presentó un conflicto de poderes ante la Suprema Corte. Su argumento central fue que el Concejo se había extralimitado al intervenir sobre aspectos tributarios y presupuestarios que, según la interpretación oficial, forman parte de las facultades propias de la administración municipal.

La suspensión dictada por la Corte abre ahora una nueva etapa.

Desde el punto de vista institucional, el primer paso será la respuesta formal del Concejo Deliberante. El cuerpo deberá defender jurídicamente la validez de la ordenanza y justificar que actuó dentro de las competencias que le reconoce la Ley Orgánica de las Municipalidades. La Corte escuchará los argumentos de ambas partes antes de resolver definitivamente el conflicto.

Pero más allá de los aspectos procesales, el caso deja abiertos varios interrogantes políticos.

El primero tiene que ver con el alcance futuro de la decisión judicial. Si la Corte finalmente ratifica la postura del Ejecutivo y declara inválida la ordenanza, podría quedar establecido un criterio restrictivo respecto de la capacidad del Concejo para impulsar iniciativas con impacto tributario o presupuestario sin acuerdo previo del Departamento Ejecutivo.

Y allí aparece una pregunta clave: ¿cómo legislará el Concejo en adelante?

Porque si el fallo definitivo confirma que determinadas iniciativas sólo pueden surgir desde el Ejecutivo, muchos proyectos impulsados históricamente por concejales podrían comenzar a enfrentar límites mucho más estrictos.

La discusión excede ampliamente el caso de los veteranos de Malvinas.

En cualquier municipio, buena parte de las ordenanzas de impacto social terminan teniendo consecuencias económicas. Exenciones, subsidios, beneficios, reducciones de tasas o programas especiales afectan de una u otra manera los recursos públicos. Si la interpretación judicial consolida una visión restrictiva sobre esas facultades, el equilibrio de poder entre Ejecutivo y Legislativo podría modificarse sustancialmente.

Por eso la resolución de la Corte será observada con atención no solamente en Necochea, sino también en otros municipios bonaerenses.

Sin embargo, existe otro aspecto igualmente importante. La creciente judicialización de la política. Cada vez con mayor frecuencia, discusiones que antes se resolvían exclusivamente en el ámbito legislativo o mediante acuerdos políticos terminan trasladándose a los tribunales. Lo que no se resuelve mediante negociación, consenso o construcción de mayorías encuentra una salida judicial.

Y eso plantea un dilema complejo.

Por un lado, el control judicial constituye una herramienta indispensable para garantizar el respeto a las normas y evitar excesos institucionales. Las cortes existen precisamente para resolver conflictos de competencias entre distintos poderes del Estado.

Pero, por otro lado, cuando la política deposita sistemáticamente sus diferencias en los tribunales, corre el riesgo de debilitar su propia capacidad de construcción democrática.

Porque los jueces pueden determinar qué es legal o ilegal. Lo que no pueden hacer es reemplazar el debate político. El caso de Necochea expone claramente esa tensión. La ciudad ya tiene una “historia” con cuestiones político judiciales. Recordemos las destituciones de los intendentes Alfredo Vidal y Horacio Tellechea.

Nadie discute la legitimidad del reconocimiento a los veteranos de Malvinas. De hecho, la Argentina posee una extensa tradición normativa de beneficios y reconocimientos hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

La controversia gira en torno a quién tiene facultades para establecer esos beneficios y bajo qué mecanismos institucionales deben implementarse.

En otras palabras, el conflicto no es sobre el homenaje a los excombatientes. Es sobre el funcionamiento de las instituciones.

Y allí surge quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dicte sentencia definitiva?

Si avala al Ejecutivo, el Concejo deberá revisar sus estrategias legislativas y probablemente construir mayores consensos antes de impulsar iniciativas con impacto económico. Si avala al Concejo, quedará fortalecido el rol legislativo en materia tributaria y presupuestaria.

En cualquiera de los dos escenarios habrá consecuencias políticas.

Porque los fallos judiciales no sólo resuelven conflictos concretos. También fijan precedentes. Marcan límites. Definen reglas de juego.

Por eso lo que hoy parece una discusión puntual sobre beneficios tributarios para veteranos de Malvinas podría terminar convirtiéndose en uno de los fallos institucionales más importantes de los últimos años para la política local.

Y quizá allí radique la verdadera dimensión del caso. La Corte no solamente deberá decidir sobre una ordenanza. Deberá definir hasta dónde llega el poder de cada institución y cuánto espacio seguirá teniendo la política para resolver por sí misma los conflictos que la atraviesan.

“Ser heraldo de buenas noticias…”

Indio Solari

Cada 7 de junio, en la Argentina, el Día del Periodista invita a una reflexión que va mucho más allá de los saludos protocolares o los reconocimientos de ocasión. Es una fecha que obliga a pensar cuál es hoy el papel del periodismo en una sociedad atravesada por la polarización, la velocidad de las redes sociales, la desinformación y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Nunca fue fácil ejercer el periodismo. Informar siempre implicó una responsabilidad enorme: verificar, contextualizar, contrastar fuentes y asumir el compromiso de acercar a la sociedad una versión lo más verídica posible a los hechos. Pero en estos tiempos, el desafío parece haberse multiplicado.

La irrupción de las redes sociales transformó para siempre la circulación de la información. Hoy cualquier persona puede comunicar, transmitir en vivo, publicar una denuncia o compartir un dato en cuestión de segundos. Esa democratización de la palabra tiene aspectos positivos indiscutibles. Amplió voces, permitió romper monopolios informativos y acercó herramientas que antes estaban reservadas a pocos actores.

Sin embargo, también abrió la puerta a uno de los grandes problemas contemporáneos: la circulación masiva de información falsa o manipulada.

Las llamadas “fake news” dejaron de ser una anomalía para convertirse en una parte cotidiana del ecosistema digital. Noticias falsas, imágenes alteradas, videos editados fuera de contexto y campañas coordinadas de desinformación circulan a una velocidad imposible de igualar por los mecanismos tradicionales de verificación.

Y ahí aparece una paradoja de época. Mientras más información existe, más difícil resulta encontrar información confiable. Por eso es que el rol que tenemos los periodistas sigue siendo necesario.

No porque tengamos el “monopolio de la verdad”, sino porque mantenemos un método. Porque detrás de una noticia profesional existe una tarea de chequeo, contraste y responsabilidad editorial que no siempre está presente en otros ámbitos de la comunicación.

La diferencia entre un rumor y una noticia no está en la velocidad de difusión. Está en el trabajo previo.

Sin embargo, el contexto actual también nos expone a nuevos cuestionamientos y desafíos.

La crisis económica que atraviesan muchos medios de comunicación debilitó estructuras históricas, redujo planteles profesionales y obligó a trabajar con menos recursos. La precarización laboral afecta a miles de periodistas en todo el país, especialmente en medios locales y regionales, donde sostener una redacción se vuelve cada vez más complejo. En Ese sentido, Ecos Diarios va en un camino inverso. Sin embargo, hay cuestiones que también nos afectan aquí en Necochea.

A eso se suma un clima de creciente hostilidad hacia la prensa.

El presidente Javier Milei convirtió a los medios y a los periodistas en uno de sus principales adversarios discursivos. En reiteradas oportunidades utilizó términos como "ensobrados", "operadores" o "mentirosos" para referirse a profesionales de la comunicación, instalando una narrativa que presenta al periodismo como parte de una supuesta estructura de poder enfrentada a la ciudadanía.

Es cierto que el periodismo, como cualquier actividad humana, está lejos de ser perfecto. Existen errores, intereses, sesgos y prácticas cuestionables. También es legítimo que los medios sean sometidos al escrutinio público. La crítica al periodismo forma parte de cualquier democracia saludable.

Lo preocupante aparece cuando la crítica se transforma en deslegitimación sistemática.

Porque cuando desde los máximos niveles de poder se instala la idea de que todo periodista es sospechoso, corrupto o parte de una conspiración, no se debilita solamente a los medios. Se debilita uno de los mecanismos fundamentales del control democrático.

La relación entre el poder político y el periodismo siempre fue tensa. Debe serlo. El periodismo está llamado a preguntar, investigar y cuestionar. Los gobiernos, muchas veces, prefieren comunicar sin intermediarios. Esa tensión forma parte del funcionamiento normal de una república.

Lo que resulta novedoso, lamentablemente, es el nivel de agresividad que muchas veces adquiere el debate público actual.

Las redes sociales amplifican esa dinámica. El insulto reemplaza al argumento. La descalificación sustituye a la discusión. Y en ese escenario, periodistas de distintas líneas editoriales terminan expuestos a campañas de hostigamiento, amenazas o ataques personales.

No se trata de defender privilegios corporativos. Se trata de defender la posibilidad de preguntar.

Porque una democracia donde los periodistas tienen miedo de preguntar es una democracia más débil.

Y ese desafío también interpela a la propia profesión. El periodismo del futuro deberá recuperar algo que quizás se fue perdiendo entre la urgencia de las redes y la competencia por la atención: la credibilidad. La confianza ya no se reclama. Se construye.

Se construye con rigor profesional, con transparencia, con capacidad de reconocer errores y con la decisión permanente de separar información de opinión.

También exige adaptarse a nuevas formas de comunicación sin resignar calidad. Las redes sociales no son el enemigo. Son una herramienta. El desafío consiste en utilizarlas para ampliar el alcance de la información verificada y no para replicar la lógica de la viralización permanente.

En ciudades como Necochea, además, el periodismo cumple una función particularmente importante. Los medios locales nos convertimos muchas veces en el primer espacio donde se discuten los problemas cotidianos de la comunidad, donde se visibilizan demandas vecinales y donde se ejerce control sobre los distintos niveles del poder.

En tiempos de fragmentación informativa, esa tarea adquiere aún más valor.

Por eso el Día del Periodista no debería ser solamente una celebración del pasado ni un homenaje a quienes ejercen la profesión. Debería ser también una reflexión sobre el futuro. Porque informar seguirá siendo necesario.

Seguirá siendo necesario verificar cuando otros especulan. Contextualizar cuando otros simplifican. Preguntar cuando otros prefieren callar. Y buscar hechos cuando abundan las opiniones.

En una época donde cualquiera puede publicar, el desafío del periodismo ya no es ser el primero en contar algo.

Es seguir siendo confiable cuando todos hablan al mismo tiempo. Y quizás, precisamente ahí, radique su misión más importante para los años que vienen.

La Municipalidad de Necochea quedó oficialmente habilitada para avanzar con la subasta pública del complejo Casino, luego de la aprobación del Concejo Deliberante y de las resoluciones administrativas y judiciales necesarias para iniciar el proceso. El intendente Arturo Rojas incluso anunció, en Ecos Radio, que la operación se concretará el próximo 10 de junio, en lo que representa uno de los movimientos políticos y urbanísticos más importantes de los últimos años para la ciudad.

Hay obras que exceden el cemento, los ladrillos o los expedientes administrativos. Son decisiones que terminan definiendo el perfil de una ciudad durante décadas. Y en Necochea, pocas discusiones tienen hoy tanta carga simbólica, política y económica como la recuperación integral del complejo Casino y su entorno.

La reciente habilitación judicial y política para avanzar con la subasta del histórico edificio volvió a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿Puede Necochea iniciar finalmente un proceso serio de transformación turística o seguirá atrapada en el deterioro estructural que arrastra desde hace años?

La noticia se trata, posiblemente, de la decisión urbana y turística más importante de las últimas décadas para la ciudad.

Porque el deterioro del Casino no es solamente el deterioro de un edificio. Es también el reflejo de una ciudad que durante mucho tiempo fue perdiendo capacidad de inversión, planificación y modernización de su principal frente turístico.

Durante años, el edificio permaneció como una postal incómoda: una estructura icónica ubicada frente al mar, pero convertida progresivamente en símbolo de abandono. Y ese deterioro tuvo consecuencias mucho más profundas que las estéticas. Necochea empezó a perder competitividad frente a otros destinos turísticos que sí lograron renovar infraestructura, diversificar propuestas y modernizar servicios.

Mientras ciudades costeras avanzaban en reconversión urbana, recuperación de espacios públicos y nuevos desarrollos privados, Necochea quedó muchas veces detenida en debates interminables, judicializaciones y proyectos inconclusos.

Por eso la posibilidad concreta de avanzar con la subasta marca un punto de inflexión político.

No casualmente, el oficialismo logró aprobar en el Concejo Deliberante las herramientas necesarias para continuar el proceso, en una sesión atravesada por tensiones, discusiones y posiciones encontradas.

Porque detrás de la discusión técnica aparece otra mucho más profunda: qué modelo turístico quiere construir Necochea para los próximos veinte o treinta años.

La ciudad enfrenta hoy un desafío estructural. Ya no alcanza solamente con el atractivo natural de sus playas o su paisaje costero. El turismo cambió. Los visitantes demandan infraestructura moderna, servicios de calidad, propuestas gastronómicas, actividades culturales y espacios urbanos renovados.

Y ahí aparece el verdadero peso estratégico de la reconversión del Casino.

La obra no se limita al edificio en sí mismo. Implica potencialmente una reconfiguración completa del frente costero más emblemático de la ciudad. Puede convertirse en un polo gastronómico, comercial, hotelero y recreativo capaz de dinamizar inversiones privadas y revitalizar toda la zona.

La pregunta es si Necochea podrá sostener políticamente ese proceso.

Porque la ciudad arrastra una larga historia de proyectos truncos, anuncios fallidos y discusiones que terminan paralizadas por conflictos políticos o judiciales. El propio Casino se transformó durante años en un símbolo de esa imposibilidad de avanzar.

En ese sentido, la gestión de Arturo Rojas parece haber decidido asumir el costo político de impulsar una definición concreta, aun en un contexto económico nacional extremadamente complejo.

Y ahí aparece otro elemento clave: la ausencia del Estado nacional.

La paralización de la obra pública impulsada por el gobierno de Javier Milei obliga a los municipios a buscar alternativas propias para generar desarrollo e infraestructura. En ese contexto, la recuperación del Casino aparece también como una estrategia de supervivencia económica local.

Necochea necesita reactivar inversión privada porque el escenario actual muestra escasas posibilidades de financiamiento nacional para grandes obras urbanas o turísticas.

Por eso el proyecto adquiere además una dimensión económica urgente.

La ciudad depende fuertemente del turismo, pero al mismo tiempo arrastra problemas históricos de estacionalidad. El gran desafío es cómo construir una estructura turística capaz de generar actividad durante más meses del año y no solamente en temporada alta.

La recuperación del Casino podría transformarse en una herramienta central para ese objetivo.

No solamente por el impacto directo de la obra, sino por el efecto multiplicador que puede generar sobre hotelería, gastronomía, comercio y empleo.

Las ciudades turísticas modernas funcionan cada vez más como ecosistemas integrados. Un gran desarrollo urbano no impacta únicamente sobre un sector puntual: modifica circulación económica, atrae inversiones y mejora competitividad general.

Por eso la discusión sobre el Casino excede ampliamente el debate arquitectónico.

Lo que está en juego es la capacidad de Necochea para reposicionarse turísticamente en los próximos años.

Y ahí surge una tensión importante.

Porque el entusiasmo político por avanzar convive también con dudas legítimas sobre el alcance real del proyecto, el perfil de los inversores interesados y las condiciones futuras de explotación del predio.

La experiencia argentina muestra numerosos ejemplos de privatizaciones o concesiones urbanas que terminaron alejadas de los objetivos originales. Por eso una parte importante de la sociedad mantiene cautela.

Sin embargo, también resulta evidente que la situación previa era insostenible. El deterioro progresivo del complejo no solamente afectaba la imagen urbana de la ciudad, sino que funcionaba como un freno psicológico para cualquier estrategia seria de modernización turística.

Una ciudad que no logra resolver el estado de su principal edificio frente al mar transmite una señal de estancamiento.

Y Necochea necesita exactamente lo contrario. Necesita reconstruir expectativa. Porque el turismo contemporáneo no compite solamente con paisajes. Compite con infraestructura, conectividad, servicios y experiencias urbanas.

Durante mucho tiempo, Necochea pareció confiar en que sus condiciones naturales alcanzarían por sí solas. Pero el mercado turístico cambió y las ciudades que crecieron fueron aquellas que entendieron la necesidad de invertir y renovarse constantemente.

A ese proceso de recuperación urbana se suma además otra discusión estratégica: la futura concesión de la Terminal de Ómnibus. Aunque muchas veces queda relegada frente al peso simbólico del Casino, la terminal representa otro punto clave para pensar el desarrollo turístico y la conectividad de Necochea en los próximos años. Porque una ciudad turística moderna no puede sostenerse únicamente sobre atractivos naturales; necesita infraestructura de acceso acorde al volumen y a las exigencias actuales del movimiento de pasajeros.

Durante años, la Terminal funcionó también bajo una lógica de deterioro progresivo, con falencias estructurales, escasa modernización y servicios limitados. Su recuperación y eventual reconversión aparecen hoy como parte de un mismo esquema político y urbanístico: el intento de reordenar espacios centrales de la ciudad que llevan décadas de atraso. La combinación entre un Casino renovado y una Terminal modernizada podría modificar no solo la imagen urbana de Necochea, sino también su capacidad de recepción turística, articulando mejor transporte, servicios y circulación de visitantes en una ciudad que necesita recuperar competitividad frente a otros destinos de la costa bonaerense.

La recuperación del Casino podría convertirse, justamente, en el inicio de esa nueva etapa.

Claro que ninguna obra por sí sola resolverá todos los problemas estructurales de la ciudad. La conectividad vial, el transporte interno, la infraestructura urbana y los servicios públicos siguen siendo desafíos centrales.

Pero hay momentos donde determinadas decisiones funcionan como señales políticas hacia adelante. Y esta parece ser una de ellas. La posibilidad concreta de transformar uno de los espacios más emblemáticos de Necochea puede marcar el inicio de un nuevo ciclo turístico o terminar diluyéndose, una vez más, entre disputas y demoras.

La diferencia entre uno y otro escenario no será solamente económica. Será, sobre todo, una definición sobre el futuro mismo de la ciudad.

Durante años, la discusión sobre la salud en la Argentina se dividió en compartimentos relativamente claros: el sistema público para quienes no podían acceder a una cobertura, las obras sociales como sostén de los trabajadores formales y la medicina prepaga como alternativa para sectores medios y altos. Hoy, esa división empieza a desdibujarse, ya que la crisis económica, el aumento de costos y la creciente judicialización muestran que el problema ya no pertenece solamente al ámbito privado: el sistema sanitario en su conjunto atraviesa un estado de tensión permanente.

Las declaraciones del juez federal, Bernardo Bibel, funcionan como una señal de alarma sobre esa situación. “La mayor cantidad de amparos que tenemos son por salud”, advirtió en una entrevista con Ecos Radio durante la última semana.

La frase no describe únicamente una estadística judicial. Sino una transformación profunda: cada vez más personas necesitan recurrir a la Justicia para acceder a tratamientos, medicamentos, prestaciones o coberturas que antes formaban parte del funcionamiento normal del sistema.

Y cuando eso ocurre de manera masiva, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural.

En Necochea, como en muchas otras ciudades del país, el deterioro sanitario se percibe de manera transversal. El sistema privado enfrenta aumentos constantes de costos, restricciones de cobertura y expulsión de afiliados que ya no pueden sostener cuotas cada vez más elevadas. Pero al mismo tiempo, el sistema público absorbe una demanda creciente sin contar con recursos suficientes para responder a ese incremento.

La consecuencia es un doble colapso silencioso: el privado restringe y el público se sobrecarga. Algo que suele decir el gobierno provincial de Axel Kicillof y que suele callar el nacional, de Javier Milei.

Bibel explicó que muchos de los amparos están relacionados con medicamentos de alto costo, discapacidad, tratamientos oncológicos y prestaciones integrales. Es decir, justamente aquellas áreas donde el impacto económico resulta más fuerte y donde la interrupción de una cobertura puede tener consecuencias graves o irreversibles.

El fenómeno revela además otra realidad incómoda: la salud empezó a depender cada vez más de la capacidad de reclamar, insistir o judicializar.

Porque detrás de cada expediente hay personas concretas. Pacientes esperando una medicación. Familias intentando conseguir acompañantes terapéuticos. Adultos mayores que no logran autorizaciones. Personas con discapacidad atrapadas en trámites burocráticos interminables.

Y en ese escenario, la Justicia termina funcionando como una especie de válvula de emergencia del sistema sanitario.

El problema es que ninguna sociedad puede sostener indefinidamente un esquema donde los jueces reemplazan a la planificación sanitaria.

La crisis actual tiene múltiples causas. Por un lado, el fuerte incremento de costos médicos: medicamentos dolarizados, tecnología importada, insumos hospitalarios y salarios profesionales presionados por la inflación. Por otro, un deterioro económico general que afecta tanto a las familias como a las instituciones de salud.

Pero hay también un trasfondo político.

El sistema sanitario argentino arrastra desde hace años problemas de fragmentación, superposición y desigualdad territorial. La diferencia es que hoy esas debilidades quedaron expuestas con mayor crudeza. El retiro progresivo del Estado nacional en distintas áreas, los recortes presupuestarios y la reducción de programas sanitarios impactan directamente en provincias y municipios, que deben sostener cada vez más demanda con recursos limitados.

En Necochea, esa situación se vuelve particularmente visible. El Hospital Municipal y los centros de salud barriales reciben una presión creciente mientras aumentan las dificultades para acceder a prestaciones privadas. La crisis económica empuja nuevamente a muchos sectores medios hacia el sistema público, que ya venía funcionando al límite.

Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de las ciudades intermedias: la capacidad de respuesta.

A diferencia de los grandes centros urbanos, donde existen mayores niveles de complejidad médica y oferta privada, en ciudades como Necochea cualquier desequilibrio impacta rápidamente sobre toda la estructura sanitaria. La falta de especialistas, las dificultades para cubrir guardias y la escasez de recursos humanos empiezan a sentirse con fuerza.

La situación reciente en localidades del interior del distrito, como La Dulce, expuso precisamente esa fragilidad. La dificultad para garantizar cobertura médica permanente reabrió una discusión de fondo sobre cómo sostener un sistema sanitario equitativo en territorios dispersos y con recursos limitados.

El problema no es solamente presupuestario. También es estructural. Cada vez cuesta más conseguir profesionales dispuestos a radicarse en localidades pequeñas, sostener guardias críticas o trabajar en condiciones de alta demanda y salarios deteriorados.

Mientras tanto, el desgaste del personal sanitario se profundiza. Médicos, enfermeros y trabajadores de salud pública enfrentan sobrecarga laboral, presión constante y sistemas administrativos cada vez más complejos.

En ese contexto, la judicialización crece como síntoma de una confianza social que empieza a quebrarse.

Bibel señaló además que muchas personas llegan al juzgado “después de haber agotado todas las instancias”. Eso significa que el amparo ya no aparece como excepción, sino como último recurso frente a un sistema que no responde.

Y ese es quizás el dato más preocupante.

Porque la salud deja de funcionar cuando el acceso depende de la capacidad de insistir, reclamar o litigar. Un sistema sanitario eficiente no debería obligar a un paciente oncológico a iniciar una acción judicial para recibir un medicamento. Tampoco debería convertir cada autorización médica en un conflicto administrativo.

La Argentina atraviesa hoy una paradoja compleja: posee uno de los sistemas sanitarios más amplios de América Latina en términos de cobertura formal, pero al mismo tiempo muestra crecientes dificultades para garantizar acceso real y oportuno.

La fragmentación entre hospitales públicos, obras sociales y prepagas genera además profundas desigualdades. Hay ciudadanos que logran respuestas rápidas y otros que quedan atrapados en demoras interminables.

En ciudades como Necochea, esas desigualdades se vuelven todavía más visibles porque todos los sistemas terminan interconectados. Cuando falla uno, los demás absorben el impacto.

Por eso el aumento de amparos en el Juzgado Federal no debe leerse solamente como un dato judicial. Es un indicador social y político. La evidencia de un sistema sanitario que funciona cada vez más tensionado y donde las respuestas llegan muchas veces tarde.

La discusión de fondo ya no pasa únicamente por cuánto cuesta sostener la salud, sino por qué modelo sanitario quiere construir la Argentina.

Uno donde la atención sea efectivamente un derecho garantizado o uno donde el acceso dependa de ingresos, burocracias o decisiones judiciales. El problema, sin dudas, está en el sistema.

Hay una lógica que atraviesa buena parte de la política argentina contemporánea, sea cual sea el partido político que se encuentre en el poder: la centralidad. Un país pensado desde la mirada del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde las discusiones públicas, las prioridades económicas y hasta las decisiones de infraestructura parecen definirse a cientos de kilómetros de distancia de los problemas reales del interior.

Y cuando esa distancia se profundiza, ocurre algo peligroso: de deja de observar. No se ve la ruta destruida que une ciudades productivas. No se ve el camión que demora más horas para llegar al puerto, en nuestro caso el de Quequén. No se ve la ambulancia obligada a desviarse kilómetros por un corte. No se ve el municipio que intenta sostener servicios esenciales mientras el Estado nacional se retira de áreas históricamente estratégicas.

Eso es, en esencia, lo que hoy sucede en Necochea y buena parte del sudeste bonaerense con la situación de la Ruta Nacional 228 y el vínculo cada vez más distante entre los municipios y el gobierno nacional.

La frase del intendente Arturo Rojas en Ecos Radio esta semana fue contundente: “Nos dejaron solos en muchas responsabilidades”.

No es solamente de una declaración política. Es la síntesis de un modelo de gestión nacional que, bajo la lógica del ajuste y el retiro del Estado, trasladó gran parte de las obligaciones a provincias y municipios, pero sin recursos equivalentes para afrontarlas.

Un modelo de gestión que fue votado mayoritariamente hace 3 años y a sabiendas de lo que iba a suceder, ya que el principal eslogan de aquella campaña de Javier Milei fue mostrar una motosierra en cuanta pantalla exista (llámese redes sociales, videos de Youtube o canales de streaming y televisión)

La situación de la Ruta Nacional 228 funciona casi como una metáfora perfecta de ese esquema.

La traza, fundamental para la conectividad regional entre Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, volvió a quedar en estado crítico tras el último temporal. La rotura de una alcantarilla provocó un corte total y dejó expuesta una infraestructura vial que arrastra años de deterioro.

Pero el problema no es solamente climático. El temporal mostró el daño; no lo generó. El deterioro venía de antes. Y ahí aparece el verdadero trasfondo político: el abandono progresivo de la infraestructura nacional en el interior del país.

Mientras desde Nación se sostiene un discurso centrado casi exclusivamente en el equilibrio fiscal, los municipios quedan atrapados en una contradicción permanente: deben responder a demandas cada vez mayores con herramientas cada vez más reducidas.

Rojas lo planteó claramente al referirse al estado de las rutas nacionales: “El estado de las rutas es una preocupación permanente”.

Y no es una exageración. Las rutas del interior no son un lujo ni una obra secundaria. Son el sistema circulatorio de la economía regional. Por allí pasa la producción agropecuaria, el turismo, el abastecimiento, los trabajadores y hasta la atención sanitaria.

Cuando una ruta colapsa, no se corta solamente el tránsito. Se interrumpe la vida cotidiana de una región entera.

Lo más llamativo es que incluso las soluciones terminan dependiendo de los propios municipios. Según se informó tras la reunión entre autoridades locales y Vialidad Nacional, tanto Necochea como San Cayetano deberán colaborar con maquinaria y materiales para avanzar en las reparaciones.

Es decir: los gobiernos locales terminan asumiendo responsabilidades que corresponden a Nación.

Y ahí vuelve la sensación de lejanía.

Porque mientras en Buenos Aires se discuten variables macroeconómicas, superávit fiscal y equilibrio de cuentas públicas, en el interior se discute algo mucho más básico: si una ruta puede seguir funcionando o no. La centralidad porteña genera además otro problema: invisibiliza las consecuencias territoriales del ajuste.

Cuando se paraliza la obra pública nacional, cómo ya hemos marcado en otras oportunidades en esta misma página, el impacto no se percibe igual en todos lados. En ciudades intermedias como Necochea, la ausencia del Estado nacional se vuelve mucho más evidente porque afecta directamente cuestiones esenciales: caminos, infraestructura hidráulica, mantenimiento vial, conectividad y servicios.

La Ruta 228 es estratégica no solo para Necochea, sino para toda la región productiva. Une corredores agrícolas, conecta puertos y articula localidades donde la circulación diaria de personas es indispensable. Su deterioro impacta en costos logísticos, seguridad vial y actividad económica.

Sin embargo, durante mucho tiempo el tema quedó relegado.

Y eso ocurre porque desde lejos no se ve el desgaste cotidiano. No se ven los baches permanentes. No se ven las banquinas destruidas. No se ve el riesgo constante con el que conviven quienes transitan esas rutas todos los días.

La política nacional actual parece partir de una premisa: reducir al mínimo la intervención del Estado central y dejar que cada jurisdicción resuelva como pueda. El problema es que los municipios no tienen capacidad financiera para reemplazar a Nación.

Ahí aparece otra tensión de fondo: la autonomía municipal muchas veces es más formal que real. Porque sin financiamiento nacional o provincial suficiente, las comunas administran escasez, no desarrollo.

Rojas viene insistiendo en esa idea desde hace meses. Y no es casual que otros intendentes de distintos signos políticos planteen diagnósticos similares. Lo que emerge es una percepción compartida: el interior productivo siente que quedó fuera del radar nacional.

No es solamente un problema económico. También es cultural y político.

La Argentina sigue funcionando bajo una lógica profundamente centralista/unitaria, donde las prioridades del interior aparecen muchas veces subordinadas a las urgencias metropolitanas. Y en ese esquema, las rutas nacionales del sudeste bonaerense difícilmente ocupen un lugar central en la agenda.

Pero para quienes vivimos en Necochea, San Cayetano o Tres Arroyos, estas rutas no son una estadística presupuestaria. Son parte de nuestra vida diaria.

Por eso el debate excede la coyuntura del temporal o las obras anunciadas. La discusión de fondo es otra: qué lugar ocupa el interior en el modelo de país que propone el gobierno nacional.

Porque cuando la infraestructura se deteriora, cuando los municipios quedan solos y cuando las soluciones llegan tarde o dependen de recursos locales, lo que aparece no es solo un problema de gestión. Aparece una señal política. La de un país cada vez más centralizado en sus decisiones, pero cada vez más distante de las realidades concretas del interior.

Y desde lejos, efectivamente, muchas veces no se ve.

El transporte público de pasajeros en Necochea parece haber llegado a un punto límite. Años de frecuencias irregulares, unidades envejecidas, recorridos poco eficientes y una pérdida sostenida de pasajeros fueron deteriorando un servicio que, lejos de consolidarse como una alternativa de movilidad moderna, terminó funcionando bajo una lógica de supervivencia.

En ese contexto, la reciente aprobación del nuevo pliego de licitación para los colectivos urbanos abre una discusión de fondo: ¿la ciudad está pensando un verdadero rediseño estructural del sistema o simplemente una forma de sostenerlo sin que colapse?

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un esquema que habilita concesiones por 20 años, unificación de líneas y una reorganización parcial de recorridos. Pero detrás de esa aparente modernización aparecen también señales preocupantes sobre el horizonte real del transporte local.

El primer dato que llama la atención es justamente la duración de la concesión. Veinte años no es un plazo administrativo cualquiera: implica definir cómo se moverá la ciudad durante las próximas dos décadas. Es decir, se trata de una decisión estratégica. Sin embargo, el pliego parece construido más desde las limitaciones del presente que desde las necesidades futuras de Necochea.

La propia explicación oficial lo deja entrever. El director de Transporte, Facundo Croci, reconoció que el sistema funciona con niveles muy bajos de demanda, rondando apenas los 130.000 boletos mensuales, y advirtió en Ecos Radio y Ecos Diarios que “el transporte se está achicando en todos lados”.

Ese diagnóstico es real. El problema es que el pliego parece asumir esa retracción como irreversible, en lugar de pensar cómo revertirla.

Porque el deterioro del sistema no es solamente consecuencia de una crisis nacional que lleva varios años. También responde a años de pérdida de calidad del servicio. En Necochea, tomar un colectivo dejó de ser, para muchos vecinos, una opción confiable. Las demoras, las escasas frecuencias nocturnas, la dificultad de conexión entre barrios y la limitada cobertura terminaron expulsando usuarios.

Y ahí aparece una paradoja: el sistema pierde pasajeros porque funciona mal, pero al perder pasajeros tiene menos recursos para mejorar. Parece el huevo y la gallina.

La nueva licitación intenta ordenar ese escenario con algunos cambios puntuales. Entre ellos, la unificación de las líneas 502 y 503, los tradicionales “verdes”, y una reorganización de recorridos para optimizar frecuencias. También se incorporan exigencias mínimas de accesibilidad y se fija una antigüedad máxima de 15 años para las unidades.

Sin embargo, ahí surge otra discusión central: ¿alcanza con exigir colectivos de hasta 15 años de antigüedad en una licitación pensada para dos décadas?

En términos prácticos, eso significa que Necochea podría tener circulando durante buena parte de la concesión unidades tecnológicamente atrasadas respecto de estándares que hoy ya empiezan a cambiar en muchas ciudades. Mientras en distintos lugares del país y del mundo se discute movilidad sustentable, electrificación y sistemas inteligentes de transporte, el pliego local parece conformarse con garantizar continuidad mínima.

No es casual que algunos sectores políticos hayan intentado reducir la antigüedad permitida a 13 años. La propuesta fue rechazada. Y esa decisión expone el verdadero corazón del debate: el pliego está pensado desde la viabilidad empresarial antes que desde la experiencia del usuario.

Claro que hay razones para eso. El contexto económico es complejo, el transporte público atraviesa una crisis nacional y las empresas del sector enfrentan fuertes aumentos de costos operativos. Pero justamente ahí aparece el gran interrogante: si el objetivo es simplemente adaptar la ciudad a un servicio cada vez más reducido, entonces la discusión pierde ambición.

Porque el problema del transporte en Necochea no es solo técnico. Es urbano y social. También es cierto que el miedo a perder el servicio es grande y eso, en términos políticos, tal vez sea algo que al Departamento Ejecutivo lo pueda complicar.

Una ciudad extensa, con fuerte dispersión territorial y crecimiento hacia barrios periféricos necesita un sistema eficiente para garantizar acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Cuando el transporte funciona mal, la desigualdad territorial se profundiza. Hay vecinos que literalmente quedan más lejos de la ciudad de lo que realmente están.

La situación se vuelve aún más sensible en horarios nocturnos y fines de semana, donde históricamente las frecuencias fueron insuficientes. El propio pliego reconoce dificultades en combinaciones de líneas y sectores aislados de Quequén. Pero nuevamente, las soluciones planteadas parecen orientadas a administrar la escasez más que a expandir el sistema.

Tampoco aparece con fuerza una mirada tecnológica integral. Más allá de los tótems de seguridad incorporados en algunas paradas, no se observa una apuesta decidida por herramientas modernas de seguimiento en tiempo real, integración digital o sistemas inteligentes de frecuencia que hoy forman parte de cualquier esquema de movilidad urbana contemporánea.

“El Zumba se colgó, del bondi a Finisterre… Rajando del amor, detrás de un beso nuevo…”, reza una de las canciones del disco que da nombre a esta columna. ¿Será esa la salida de Necochea? ¿Buscar un nuevo amor?

Hay otro aspecto clave: el contrato por 20 años puede transformarse en una trampa. Porque un servicio deficitario concesionado durante tanto tiempo corre el riesgo de cristalizar problemas estructurales difíciles de corregir después.

La pregunta de fondo, entonces, es incómoda pero necesaria: ¿Necochea está licitando un sistema pensado para crecer o simplemente formalizando un esquema de baja escala adaptado a la crisis?

Una ciudad que piensa el transporte como herramienta de desarrollo urbano invierte en conectividad, accesibilidad y calidad. Busca recuperar pasajeros. Integra barrios. Mejora frecuencias. Genera previsibilidad. Entiende que un colectivo no es solo un vehículo: es parte de la estructura cotidiana de la comunidad.

En cambio, una ciudad que asume el deterioro como inevitable termina administrando un servicio mínimo, cada vez más reducido y menos competitivo frente al transporte individual.

Hoy, el riesgo parece estar más cerca de este segundo escenario. Y eso es lo verdaderamente preocupante.

Porque detrás de cada discusión técnica sobre recorridos, antigüedad de unidades o cantidad de líneas, lo que se define es otra cosa mucho más profunda: qué tipo de ciudad quiere ser Necochea y quiénes podrán realmente moverse dentro de ella en los próximos veinte años.