La Ley Orgánica de las Municipalidades es el marco legal normativo que rige la organización, estructura, funcionamiento y competencias de los gobiernos locales. En la Provincia de Buenos Aires, establece claramente la división de poderes.

Por un lado, el Departamento Ejecutivo, encabezado por el Intendente, quien tiene a su cargo la administración y ejecución de las ordenanzas; y por otro el Legislativo, compuesto por los ediles que integran el Concejo Deliberante, responsables de crear las normas, aprobar presupuestos y controlar al Ejecutivo.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de analizar la posibilidad de un “conflicto de poderes” entre el Ejecutivo que encabeza Arturo Rojas y el Concejo Deliberante, tras la sanción de una ordenanza que extiende beneficios hacia los excombatientes de Malvinas y sus familias, generó una semana de tensión dentro del legislativo necochense y, a su vez, mostró la falta de conocimiento de varios de los ediles sobre los roles que cada uno debe ocupar.

Tras la presentación del Departamento Ejecutivo ante el máximo tribunal de justicia de la Provincia, éste resolvió “conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Presidente del Concejo Deliberante de Necochea, a quien se cita para que dentro del término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho y la conteste, con apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Const. prov.; 261 y 262, LOM; 59 y689, CPCC)”.

Básicamente, lo que la Corte pide es que el legislativo local envíe la información necesaria sobre la ordenanza que fuera aprobada, luego vetada por Rojas y finalmente insistida por los ediles al tener los votos positivos de los dos tercios de los 20 ediles que componen el Concejo.

Lo que es simplemente un trámite burocrático y administrativo, se terminó transformando en una situación política que derivó en el pedido de licencia del propio presidente del cuerpo, Marcelo Schwarz, el cual le fue otorgado por sus pares en la sesión del pasado jueves.

Pero antes de tomarse tal decisión, el edil de Nueva Necochea intentó explicar las razones por las cuales no iba a firmar y enviar lo que la Suprema Corte solicitó. Y allí, al expresar sus razones, es que quedó en claro la falta de conocimiento que existe en gran parte de los ediles sobre cuál es el rol que cada uno debe ocupar.

Schwarz dijo ante sus pares que como él no había votado favorablemente la ordenanza, entendía que no debía firmar el requerimiento de la Corte, ya que encontraba una cierta contradicción entre su opinión política en favor del oficialismo local y lo que había decidido la mayoría del Concejo.

Por supuesto, algunos de sus pares de la oposición, le aclararon que lo que debía producirse era simplemente un acto administrativo, no político; y que dentro de las funciones que tiene como presidente del Cuerpo, está la de representar a todo el Concejo Deliberante en situaciones como las aquí descriptas.

Más allá de las cuestiones políticas esgrimidas por Schwarz, la realidad es que el cargo que actualmente ocupa no lo hace representante del Ejecutivo ante los concejales, sino lo inverso.

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido hace unos pocos años en nuestra ciudad, cuando el Concejo Deliberante inició el proceso que culminó con la destitución del por entonces intendente Horacio Tellechea.

En aquel entonces, el presidente del cuerpo era José Luis Vidal, quien había encabezado la lista de concejales del propio Tellechea. Cada acto administrativo debió ser firmado por él y el secretario del Concejo, más allá que nunca votó a favor de ninguna de las cuestiones que planteó la Comisión Investigadora conformada en aquellos tiempos.

El actual presidente del legislativo local, que fue votado de forma unánime para acceder a ese cargo por el resto de los ediles, fue protagonista de una fuerte discusión en la reunión de Labor Parlamentaria y, finalmente, aceptó que debía solicitar licencia para de esa forma el vicepresidente primero, Juan Cerezuela, firme el requerimiento y envíe lo solicitado por la Corte. Incluso, alguno de los pares de Schwarz se preguntaron para qué lo votaron, si finalmente ante la necesidad de ser representados ante una institución como la Corte, finalmente declinó su responsabilidad.

Lo ocurrido durante la última semana deja además una enseñanza que excede largamente la discusión puntual sobre los beneficios a los veteranos de Malvinas. Lo que quedó expuesto fue una preocupante confusión entre las convicciones políticas personales y las responsabilidades institucionales que cada dirigente asume cuando ocupa un cargo público.

La democracia funciona precisamente porque las instituciones están por encima de las personas. Los concejales llegan al recinto representando espacios políticos, ideologías y proyectos de gobierno distintos, pero una vez elegidos para determinadas funciones, deben comprender que existen obligaciones que trascienden sus preferencias individuales. Quien preside un cuerpo legislativo no representa únicamente a su bloque; representa al conjunto del Concejo Deliberante. Del mismo modo que un intendente debe gobernar para todos los vecinos y no solamente para quienes lo votaron.

Detrás de la discusión jurídica existe un problema político que no puede ser ignorado. Las instituciones son tan fuertes como la capacidad de quienes las integran para comprender y respetar sus funciones. Cuando los roles se confunden, cuando las responsabilidades se interpretan según las conveniencias del momento o cuando las decisiones administrativas se transforman en disputas personales, el riesgo es que se termine debilitando la confianza ciudadana en los organismos que sostienen la vida democrática.

Quizás allí radique la principal enseñanza de este episodio. Más allá de la ordenanza, del veto, de la insistencia legislativa o de la intervención de la Suprema Corte, lo que quedó en evidencia es la necesidad de recuperar una cultura política basada en el respeto institucional. Porque las personas pasan, los gobiernos cambian y las mayorías se modifican. Pero las instituciones permanecen. Y son ellas, en definitiva, las que garantizan que la democracia siga funcionando aun cuando los conflictos políticos parezcan imposibles de resolver.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de suspender la ordenanza que otorgaba nuevos beneficios tributarios a veteranos de Malvinas en Necochea trasciende largamente el contenido específico de la norma. Lo que está en discusión ya no son únicamente exenciones vinculadas a patentes, licencias de conducir o estacionamiento medido, que es lo que presentaba la norma. Lo que la Corte puso bajo análisis es una cuestión mucho más profunda: los límites entre las facultades del Departamento Ejecutivo y las atribuciones del Concejo Deliberante.

La medida cautelar implica que la ordenanza queda sin aplicación mientras el máximo tribunal provincial analiza el conflicto de poderes planteado por el intendente Arturo Rojas. No significa una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, pero sí constituye una señal institucional relevante: la Corte entendió que existen elementos suficientes para intervenir y congelar temporalmente los efectos de la norma hasta determinar si efectivamente el Concejo avanzó sobre facultades que corresponden al Ejecutivo.

El origen del conflicto es conocido. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que ampliaba beneficios tributarios para veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes. Entre otros puntos, incorporaba exenciones vinculadas a patentes, derechos de oficina para licencias de conducir y estacionamiento medido, además de establecer que esos beneficios debían contemplarse obligatoriamente en futuras ordenanzas fiscales, empezando por la del año próximo.

El Ejecutivo respondió con un veto y posteriormente presentó un conflicto de poderes ante la Suprema Corte. Su argumento central fue que el Concejo se había extralimitado al intervenir sobre aspectos tributarios y presupuestarios que, según la interpretación oficial, forman parte de las facultades propias de la administración municipal.

La suspensión dictada por la Corte abre ahora una nueva etapa.

Desde el punto de vista institucional, el primer paso será la respuesta formal del Concejo Deliberante. El cuerpo deberá defender jurídicamente la validez de la ordenanza y justificar que actuó dentro de las competencias que le reconoce la Ley Orgánica de las Municipalidades. La Corte escuchará los argumentos de ambas partes antes de resolver definitivamente el conflicto.

Pero más allá de los aspectos procesales, el caso deja abiertos varios interrogantes políticos.

El primero tiene que ver con el alcance futuro de la decisión judicial. Si la Corte finalmente ratifica la postura del Ejecutivo y declara inválida la ordenanza, podría quedar establecido un criterio restrictivo respecto de la capacidad del Concejo para impulsar iniciativas con impacto tributario o presupuestario sin acuerdo previo del Departamento Ejecutivo.

Y allí aparece una pregunta clave: ¿cómo legislará el Concejo en adelante?

Porque si el fallo definitivo confirma que determinadas iniciativas sólo pueden surgir desde el Ejecutivo, muchos proyectos impulsados históricamente por concejales podrían comenzar a enfrentar límites mucho más estrictos.

La discusión excede ampliamente el caso de los veteranos de Malvinas.

En cualquier municipio, buena parte de las ordenanzas de impacto social terminan teniendo consecuencias económicas. Exenciones, subsidios, beneficios, reducciones de tasas o programas especiales afectan de una u otra manera los recursos públicos. Si la interpretación judicial consolida una visión restrictiva sobre esas facultades, el equilibrio de poder entre Ejecutivo y Legislativo podría modificarse sustancialmente.

Por eso la resolución de la Corte será observada con atención no solamente en Necochea, sino también en otros municipios bonaerenses.

Sin embargo, existe otro aspecto igualmente importante. La creciente judicialización de la política. Cada vez con mayor frecuencia, discusiones que antes se resolvían exclusivamente en el ámbito legislativo o mediante acuerdos políticos terminan trasladándose a los tribunales. Lo que no se resuelve mediante negociación, consenso o construcción de mayorías encuentra una salida judicial.

Y eso plantea un dilema complejo.

Por un lado, el control judicial constituye una herramienta indispensable para garantizar el respeto a las normas y evitar excesos institucionales. Las cortes existen precisamente para resolver conflictos de competencias entre distintos poderes del Estado.

Pero, por otro lado, cuando la política deposita sistemáticamente sus diferencias en los tribunales, corre el riesgo de debilitar su propia capacidad de construcción democrática.

Porque los jueces pueden determinar qué es legal o ilegal. Lo que no pueden hacer es reemplazar el debate político. El caso de Necochea expone claramente esa tensión. La ciudad ya tiene una “historia” con cuestiones político judiciales. Recordemos las destituciones de los intendentes Alfredo Vidal y Horacio Tellechea.

Nadie discute la legitimidad del reconocimiento a los veteranos de Malvinas. De hecho, la Argentina posee una extensa tradición normativa de beneficios y reconocimientos hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

La controversia gira en torno a quién tiene facultades para establecer esos beneficios y bajo qué mecanismos institucionales deben implementarse.

En otras palabras, el conflicto no es sobre el homenaje a los excombatientes. Es sobre el funcionamiento de las instituciones.

Y allí surge quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dicte sentencia definitiva?

Si avala al Ejecutivo, el Concejo deberá revisar sus estrategias legislativas y probablemente construir mayores consensos antes de impulsar iniciativas con impacto económico. Si avala al Concejo, quedará fortalecido el rol legislativo en materia tributaria y presupuestaria.

En cualquiera de los dos escenarios habrá consecuencias políticas.

Porque los fallos judiciales no sólo resuelven conflictos concretos. También fijan precedentes. Marcan límites. Definen reglas de juego.

Por eso lo que hoy parece una discusión puntual sobre beneficios tributarios para veteranos de Malvinas podría terminar convirtiéndose en uno de los fallos institucionales más importantes de los últimos años para la política local.

Y quizá allí radique la verdadera dimensión del caso. La Corte no solamente deberá decidir sobre una ordenanza. Deberá definir hasta dónde llega el poder de cada institución y cuánto espacio seguirá teniendo la política para resolver por sí misma los conflictos que la atraviesan.

“Ser heraldo de buenas noticias…”

Indio Solari

Cada 7 de junio, en la Argentina, el Día del Periodista invita a una reflexión que va mucho más allá de los saludos protocolares o los reconocimientos de ocasión. Es una fecha que obliga a pensar cuál es hoy el papel del periodismo en una sociedad atravesada por la polarización, la velocidad de las redes sociales, la desinformación y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Nunca fue fácil ejercer el periodismo. Informar siempre implicó una responsabilidad enorme: verificar, contextualizar, contrastar fuentes y asumir el compromiso de acercar a la sociedad una versión lo más verídica posible a los hechos. Pero en estos tiempos, el desafío parece haberse multiplicado.

La irrupción de las redes sociales transformó para siempre la circulación de la información. Hoy cualquier persona puede comunicar, transmitir en vivo, publicar una denuncia o compartir un dato en cuestión de segundos. Esa democratización de la palabra tiene aspectos positivos indiscutibles. Amplió voces, permitió romper monopolios informativos y acercó herramientas que antes estaban reservadas a pocos actores.

Sin embargo, también abrió la puerta a uno de los grandes problemas contemporáneos: la circulación masiva de información falsa o manipulada.

Las llamadas “fake news” dejaron de ser una anomalía para convertirse en una parte cotidiana del ecosistema digital. Noticias falsas, imágenes alteradas, videos editados fuera de contexto y campañas coordinadas de desinformación circulan a una velocidad imposible de igualar por los mecanismos tradicionales de verificación.

Y ahí aparece una paradoja de época. Mientras más información existe, más difícil resulta encontrar información confiable. Por eso es que el rol que tenemos los periodistas sigue siendo necesario.

No porque tengamos el “monopolio de la verdad”, sino porque mantenemos un método. Porque detrás de una noticia profesional existe una tarea de chequeo, contraste y responsabilidad editorial que no siempre está presente en otros ámbitos de la comunicación.

La diferencia entre un rumor y una noticia no está en la velocidad de difusión. Está en el trabajo previo.

Sin embargo, el contexto actual también nos expone a nuevos cuestionamientos y desafíos.

La crisis económica que atraviesan muchos medios de comunicación debilitó estructuras históricas, redujo planteles profesionales y obligó a trabajar con menos recursos. La precarización laboral afecta a miles de periodistas en todo el país, especialmente en medios locales y regionales, donde sostener una redacción se vuelve cada vez más complejo. En Ese sentido, Ecos Diarios va en un camino inverso. Sin embargo, hay cuestiones que también nos afectan aquí en Necochea.

A eso se suma un clima de creciente hostilidad hacia la prensa.

El presidente Javier Milei convirtió a los medios y a los periodistas en uno de sus principales adversarios discursivos. En reiteradas oportunidades utilizó términos como "ensobrados", "operadores" o "mentirosos" para referirse a profesionales de la comunicación, instalando una narrativa que presenta al periodismo como parte de una supuesta estructura de poder enfrentada a la ciudadanía.

Es cierto que el periodismo, como cualquier actividad humana, está lejos de ser perfecto. Existen errores, intereses, sesgos y prácticas cuestionables. También es legítimo que los medios sean sometidos al escrutinio público. La crítica al periodismo forma parte de cualquier democracia saludable.

Lo preocupante aparece cuando la crítica se transforma en deslegitimación sistemática.

Porque cuando desde los máximos niveles de poder se instala la idea de que todo periodista es sospechoso, corrupto o parte de una conspiración, no se debilita solamente a los medios. Se debilita uno de los mecanismos fundamentales del control democrático.

La relación entre el poder político y el periodismo siempre fue tensa. Debe serlo. El periodismo está llamado a preguntar, investigar y cuestionar. Los gobiernos, muchas veces, prefieren comunicar sin intermediarios. Esa tensión forma parte del funcionamiento normal de una república.

Lo que resulta novedoso, lamentablemente, es el nivel de agresividad que muchas veces adquiere el debate público actual.

Las redes sociales amplifican esa dinámica. El insulto reemplaza al argumento. La descalificación sustituye a la discusión. Y en ese escenario, periodistas de distintas líneas editoriales terminan expuestos a campañas de hostigamiento, amenazas o ataques personales.

No se trata de defender privilegios corporativos. Se trata de defender la posibilidad de preguntar.

Porque una democracia donde los periodistas tienen miedo de preguntar es una democracia más débil.

Y ese desafío también interpela a la propia profesión. El periodismo del futuro deberá recuperar algo que quizás se fue perdiendo entre la urgencia de las redes y la competencia por la atención: la credibilidad. La confianza ya no se reclama. Se construye.

Se construye con rigor profesional, con transparencia, con capacidad de reconocer errores y con la decisión permanente de separar información de opinión.

También exige adaptarse a nuevas formas de comunicación sin resignar calidad. Las redes sociales no son el enemigo. Son una herramienta. El desafío consiste en utilizarlas para ampliar el alcance de la información verificada y no para replicar la lógica de la viralización permanente.

En ciudades como Necochea, además, el periodismo cumple una función particularmente importante. Los medios locales nos convertimos muchas veces en el primer espacio donde se discuten los problemas cotidianos de la comunidad, donde se visibilizan demandas vecinales y donde se ejerce control sobre los distintos niveles del poder.

En tiempos de fragmentación informativa, esa tarea adquiere aún más valor.

Por eso el Día del Periodista no debería ser solamente una celebración del pasado ni un homenaje a quienes ejercen la profesión. Debería ser también una reflexión sobre el futuro. Porque informar seguirá siendo necesario.

Seguirá siendo necesario verificar cuando otros especulan. Contextualizar cuando otros simplifican. Preguntar cuando otros prefieren callar. Y buscar hechos cuando abundan las opiniones.

En una época donde cualquiera puede publicar, el desafío del periodismo ya no es ser el primero en contar algo.

Es seguir siendo confiable cuando todos hablan al mismo tiempo. Y quizás, precisamente ahí, radique su misión más importante para los años que vienen.

La Municipalidad de Necochea quedó oficialmente habilitada para avanzar con la subasta pública del complejo Casino, luego de la aprobación del Concejo Deliberante y de las resoluciones administrativas y judiciales necesarias para iniciar el proceso. El intendente Arturo Rojas incluso anunció, en Ecos Radio, que la operación se concretará el próximo 10 de junio, en lo que representa uno de los movimientos políticos y urbanísticos más importantes de los últimos años para la ciudad.

Hay obras que exceden el cemento, los ladrillos o los expedientes administrativos. Son decisiones que terminan definiendo el perfil de una ciudad durante décadas. Y en Necochea, pocas discusiones tienen hoy tanta carga simbólica, política y económica como la recuperación integral del complejo Casino y su entorno.

La reciente habilitación judicial y política para avanzar con la subasta del histórico edificio volvió a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿Puede Necochea iniciar finalmente un proceso serio de transformación turística o seguirá atrapada en el deterioro estructural que arrastra desde hace años?

La noticia se trata, posiblemente, de la decisión urbana y turística más importante de las últimas décadas para la ciudad.

Porque el deterioro del Casino no es solamente el deterioro de un edificio. Es también el reflejo de una ciudad que durante mucho tiempo fue perdiendo capacidad de inversión, planificación y modernización de su principal frente turístico.

Durante años, el edificio permaneció como una postal incómoda: una estructura icónica ubicada frente al mar, pero convertida progresivamente en símbolo de abandono. Y ese deterioro tuvo consecuencias mucho más profundas que las estéticas. Necochea empezó a perder competitividad frente a otros destinos turísticos que sí lograron renovar infraestructura, diversificar propuestas y modernizar servicios.

Mientras ciudades costeras avanzaban en reconversión urbana, recuperación de espacios públicos y nuevos desarrollos privados, Necochea quedó muchas veces detenida en debates interminables, judicializaciones y proyectos inconclusos.

Por eso la posibilidad concreta de avanzar con la subasta marca un punto de inflexión político.

No casualmente, el oficialismo logró aprobar en el Concejo Deliberante las herramientas necesarias para continuar el proceso, en una sesión atravesada por tensiones, discusiones y posiciones encontradas.

Porque detrás de la discusión técnica aparece otra mucho más profunda: qué modelo turístico quiere construir Necochea para los próximos veinte o treinta años.

La ciudad enfrenta hoy un desafío estructural. Ya no alcanza solamente con el atractivo natural de sus playas o su paisaje costero. El turismo cambió. Los visitantes demandan infraestructura moderna, servicios de calidad, propuestas gastronómicas, actividades culturales y espacios urbanos renovados.

Y ahí aparece el verdadero peso estratégico de la reconversión del Casino.

La obra no se limita al edificio en sí mismo. Implica potencialmente una reconfiguración completa del frente costero más emblemático de la ciudad. Puede convertirse en un polo gastronómico, comercial, hotelero y recreativo capaz de dinamizar inversiones privadas y revitalizar toda la zona.

La pregunta es si Necochea podrá sostener políticamente ese proceso.

Porque la ciudad arrastra una larga historia de proyectos truncos, anuncios fallidos y discusiones que terminan paralizadas por conflictos políticos o judiciales. El propio Casino se transformó durante años en un símbolo de esa imposibilidad de avanzar.

En ese sentido, la gestión de Arturo Rojas parece haber decidido asumir el costo político de impulsar una definición concreta, aun en un contexto económico nacional extremadamente complejo.

Y ahí aparece otro elemento clave: la ausencia del Estado nacional.

La paralización de la obra pública impulsada por el gobierno de Javier Milei obliga a los municipios a buscar alternativas propias para generar desarrollo e infraestructura. En ese contexto, la recuperación del Casino aparece también como una estrategia de supervivencia económica local.

Necochea necesita reactivar inversión privada porque el escenario actual muestra escasas posibilidades de financiamiento nacional para grandes obras urbanas o turísticas.

Por eso el proyecto adquiere además una dimensión económica urgente.

La ciudad depende fuertemente del turismo, pero al mismo tiempo arrastra problemas históricos de estacionalidad. El gran desafío es cómo construir una estructura turística capaz de generar actividad durante más meses del año y no solamente en temporada alta.

La recuperación del Casino podría transformarse en una herramienta central para ese objetivo.

No solamente por el impacto directo de la obra, sino por el efecto multiplicador que puede generar sobre hotelería, gastronomía, comercio y empleo.

Las ciudades turísticas modernas funcionan cada vez más como ecosistemas integrados. Un gran desarrollo urbano no impacta únicamente sobre un sector puntual: modifica circulación económica, atrae inversiones y mejora competitividad general.

Por eso la discusión sobre el Casino excede ampliamente el debate arquitectónico.

Lo que está en juego es la capacidad de Necochea para reposicionarse turísticamente en los próximos años.

Y ahí surge una tensión importante.

Porque el entusiasmo político por avanzar convive también con dudas legítimas sobre el alcance real del proyecto, el perfil de los inversores interesados y las condiciones futuras de explotación del predio.

La experiencia argentina muestra numerosos ejemplos de privatizaciones o concesiones urbanas que terminaron alejadas de los objetivos originales. Por eso una parte importante de la sociedad mantiene cautela.

Sin embargo, también resulta evidente que la situación previa era insostenible. El deterioro progresivo del complejo no solamente afectaba la imagen urbana de la ciudad, sino que funcionaba como un freno psicológico para cualquier estrategia seria de modernización turística.

Una ciudad que no logra resolver el estado de su principal edificio frente al mar transmite una señal de estancamiento.

Y Necochea necesita exactamente lo contrario. Necesita reconstruir expectativa. Porque el turismo contemporáneo no compite solamente con paisajes. Compite con infraestructura, conectividad, servicios y experiencias urbanas.

Durante mucho tiempo, Necochea pareció confiar en que sus condiciones naturales alcanzarían por sí solas. Pero el mercado turístico cambió y las ciudades que crecieron fueron aquellas que entendieron la necesidad de invertir y renovarse constantemente.

A ese proceso de recuperación urbana se suma además otra discusión estratégica: la futura concesión de la Terminal de Ómnibus. Aunque muchas veces queda relegada frente al peso simbólico del Casino, la terminal representa otro punto clave para pensar el desarrollo turístico y la conectividad de Necochea en los próximos años. Porque una ciudad turística moderna no puede sostenerse únicamente sobre atractivos naturales; necesita infraestructura de acceso acorde al volumen y a las exigencias actuales del movimiento de pasajeros.

Durante años, la Terminal funcionó también bajo una lógica de deterioro progresivo, con falencias estructurales, escasa modernización y servicios limitados. Su recuperación y eventual reconversión aparecen hoy como parte de un mismo esquema político y urbanístico: el intento de reordenar espacios centrales de la ciudad que llevan décadas de atraso. La combinación entre un Casino renovado y una Terminal modernizada podría modificar no solo la imagen urbana de Necochea, sino también su capacidad de recepción turística, articulando mejor transporte, servicios y circulación de visitantes en una ciudad que necesita recuperar competitividad frente a otros destinos de la costa bonaerense.

La recuperación del Casino podría convertirse, justamente, en el inicio de esa nueva etapa.

Claro que ninguna obra por sí sola resolverá todos los problemas estructurales de la ciudad. La conectividad vial, el transporte interno, la infraestructura urbana y los servicios públicos siguen siendo desafíos centrales.

Pero hay momentos donde determinadas decisiones funcionan como señales políticas hacia adelante. Y esta parece ser una de ellas. La posibilidad concreta de transformar uno de los espacios más emblemáticos de Necochea puede marcar el inicio de un nuevo ciclo turístico o terminar diluyéndose, una vez más, entre disputas y demoras.

La diferencia entre uno y otro escenario no será solamente económica. Será, sobre todo, una definición sobre el futuro mismo de la ciudad.

Durante años, la discusión sobre la salud en la Argentina se dividió en compartimentos relativamente claros: el sistema público para quienes no podían acceder a una cobertura, las obras sociales como sostén de los trabajadores formales y la medicina prepaga como alternativa para sectores medios y altos. Hoy, esa división empieza a desdibujarse, ya que la crisis económica, el aumento de costos y la creciente judicialización muestran que el problema ya no pertenece solamente al ámbito privado: el sistema sanitario en su conjunto atraviesa un estado de tensión permanente.

Las declaraciones del juez federal, Bernardo Bibel, funcionan como una señal de alarma sobre esa situación. “La mayor cantidad de amparos que tenemos son por salud”, advirtió en una entrevista con Ecos Radio durante la última semana.

La frase no describe únicamente una estadística judicial. Sino una transformación profunda: cada vez más personas necesitan recurrir a la Justicia para acceder a tratamientos, medicamentos, prestaciones o coberturas que antes formaban parte del funcionamiento normal del sistema.

Y cuando eso ocurre de manera masiva, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural.

En Necochea, como en muchas otras ciudades del país, el deterioro sanitario se percibe de manera transversal. El sistema privado enfrenta aumentos constantes de costos, restricciones de cobertura y expulsión de afiliados que ya no pueden sostener cuotas cada vez más elevadas. Pero al mismo tiempo, el sistema público absorbe una demanda creciente sin contar con recursos suficientes para responder a ese incremento.

La consecuencia es un doble colapso silencioso: el privado restringe y el público se sobrecarga. Algo que suele decir el gobierno provincial de Axel Kicillof y que suele callar el nacional, de Javier Milei.

Bibel explicó que muchos de los amparos están relacionados con medicamentos de alto costo, discapacidad, tratamientos oncológicos y prestaciones integrales. Es decir, justamente aquellas áreas donde el impacto económico resulta más fuerte y donde la interrupción de una cobertura puede tener consecuencias graves o irreversibles.

El fenómeno revela además otra realidad incómoda: la salud empezó a depender cada vez más de la capacidad de reclamar, insistir o judicializar.

Porque detrás de cada expediente hay personas concretas. Pacientes esperando una medicación. Familias intentando conseguir acompañantes terapéuticos. Adultos mayores que no logran autorizaciones. Personas con discapacidad atrapadas en trámites burocráticos interminables.

Y en ese escenario, la Justicia termina funcionando como una especie de válvula de emergencia del sistema sanitario.

El problema es que ninguna sociedad puede sostener indefinidamente un esquema donde los jueces reemplazan a la planificación sanitaria.

La crisis actual tiene múltiples causas. Por un lado, el fuerte incremento de costos médicos: medicamentos dolarizados, tecnología importada, insumos hospitalarios y salarios profesionales presionados por la inflación. Por otro, un deterioro económico general que afecta tanto a las familias como a las instituciones de salud.

Pero hay también un trasfondo político.

El sistema sanitario argentino arrastra desde hace años problemas de fragmentación, superposición y desigualdad territorial. La diferencia es que hoy esas debilidades quedaron expuestas con mayor crudeza. El retiro progresivo del Estado nacional en distintas áreas, los recortes presupuestarios y la reducción de programas sanitarios impactan directamente en provincias y municipios, que deben sostener cada vez más demanda con recursos limitados.

En Necochea, esa situación se vuelve particularmente visible. El Hospital Municipal y los centros de salud barriales reciben una presión creciente mientras aumentan las dificultades para acceder a prestaciones privadas. La crisis económica empuja nuevamente a muchos sectores medios hacia el sistema público, que ya venía funcionando al límite.

Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de las ciudades intermedias: la capacidad de respuesta.

A diferencia de los grandes centros urbanos, donde existen mayores niveles de complejidad médica y oferta privada, en ciudades como Necochea cualquier desequilibrio impacta rápidamente sobre toda la estructura sanitaria. La falta de especialistas, las dificultades para cubrir guardias y la escasez de recursos humanos empiezan a sentirse con fuerza.

La situación reciente en localidades del interior del distrito, como La Dulce, expuso precisamente esa fragilidad. La dificultad para garantizar cobertura médica permanente reabrió una discusión de fondo sobre cómo sostener un sistema sanitario equitativo en territorios dispersos y con recursos limitados.

El problema no es solamente presupuestario. También es estructural. Cada vez cuesta más conseguir profesionales dispuestos a radicarse en localidades pequeñas, sostener guardias críticas o trabajar en condiciones de alta demanda y salarios deteriorados.

Mientras tanto, el desgaste del personal sanitario se profundiza. Médicos, enfermeros y trabajadores de salud pública enfrentan sobrecarga laboral, presión constante y sistemas administrativos cada vez más complejos.

En ese contexto, la judicialización crece como síntoma de una confianza social que empieza a quebrarse.

Bibel señaló además que muchas personas llegan al juzgado “después de haber agotado todas las instancias”. Eso significa que el amparo ya no aparece como excepción, sino como último recurso frente a un sistema que no responde.

Y ese es quizás el dato más preocupante.

Porque la salud deja de funcionar cuando el acceso depende de la capacidad de insistir, reclamar o litigar. Un sistema sanitario eficiente no debería obligar a un paciente oncológico a iniciar una acción judicial para recibir un medicamento. Tampoco debería convertir cada autorización médica en un conflicto administrativo.

La Argentina atraviesa hoy una paradoja compleja: posee uno de los sistemas sanitarios más amplios de América Latina en términos de cobertura formal, pero al mismo tiempo muestra crecientes dificultades para garantizar acceso real y oportuno.

La fragmentación entre hospitales públicos, obras sociales y prepagas genera además profundas desigualdades. Hay ciudadanos que logran respuestas rápidas y otros que quedan atrapados en demoras interminables.

En ciudades como Necochea, esas desigualdades se vuelven todavía más visibles porque todos los sistemas terminan interconectados. Cuando falla uno, los demás absorben el impacto.

Por eso el aumento de amparos en el Juzgado Federal no debe leerse solamente como un dato judicial. Es un indicador social y político. La evidencia de un sistema sanitario que funciona cada vez más tensionado y donde las respuestas llegan muchas veces tarde.

La discusión de fondo ya no pasa únicamente por cuánto cuesta sostener la salud, sino por qué modelo sanitario quiere construir la Argentina.

Uno donde la atención sea efectivamente un derecho garantizado o uno donde el acceso dependa de ingresos, burocracias o decisiones judiciales. El problema, sin dudas, está en el sistema.

Hay una lógica que atraviesa buena parte de la política argentina contemporánea, sea cual sea el partido político que se encuentre en el poder: la centralidad. Un país pensado desde la mirada del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde las discusiones públicas, las prioridades económicas y hasta las decisiones de infraestructura parecen definirse a cientos de kilómetros de distancia de los problemas reales del interior.

Y cuando esa distancia se profundiza, ocurre algo peligroso: de deja de observar. No se ve la ruta destruida que une ciudades productivas. No se ve el camión que demora más horas para llegar al puerto, en nuestro caso el de Quequén. No se ve la ambulancia obligada a desviarse kilómetros por un corte. No se ve el municipio que intenta sostener servicios esenciales mientras el Estado nacional se retira de áreas históricamente estratégicas.

Eso es, en esencia, lo que hoy sucede en Necochea y buena parte del sudeste bonaerense con la situación de la Ruta Nacional 228 y el vínculo cada vez más distante entre los municipios y el gobierno nacional.

La frase del intendente Arturo Rojas en Ecos Radio esta semana fue contundente: “Nos dejaron solos en muchas responsabilidades”.

No es solamente de una declaración política. Es la síntesis de un modelo de gestión nacional que, bajo la lógica del ajuste y el retiro del Estado, trasladó gran parte de las obligaciones a provincias y municipios, pero sin recursos equivalentes para afrontarlas.

Un modelo de gestión que fue votado mayoritariamente hace 3 años y a sabiendas de lo que iba a suceder, ya que el principal eslogan de aquella campaña de Javier Milei fue mostrar una motosierra en cuanta pantalla exista (llámese redes sociales, videos de Youtube o canales de streaming y televisión)

La situación de la Ruta Nacional 228 funciona casi como una metáfora perfecta de ese esquema.

La traza, fundamental para la conectividad regional entre Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, volvió a quedar en estado crítico tras el último temporal. La rotura de una alcantarilla provocó un corte total y dejó expuesta una infraestructura vial que arrastra años de deterioro.

Pero el problema no es solamente climático. El temporal mostró el daño; no lo generó. El deterioro venía de antes. Y ahí aparece el verdadero trasfondo político: el abandono progresivo de la infraestructura nacional en el interior del país.

Mientras desde Nación se sostiene un discurso centrado casi exclusivamente en el equilibrio fiscal, los municipios quedan atrapados en una contradicción permanente: deben responder a demandas cada vez mayores con herramientas cada vez más reducidas.

Rojas lo planteó claramente al referirse al estado de las rutas nacionales: “El estado de las rutas es una preocupación permanente”.

Y no es una exageración. Las rutas del interior no son un lujo ni una obra secundaria. Son el sistema circulatorio de la economía regional. Por allí pasa la producción agropecuaria, el turismo, el abastecimiento, los trabajadores y hasta la atención sanitaria.

Cuando una ruta colapsa, no se corta solamente el tránsito. Se interrumpe la vida cotidiana de una región entera.

Lo más llamativo es que incluso las soluciones terminan dependiendo de los propios municipios. Según se informó tras la reunión entre autoridades locales y Vialidad Nacional, tanto Necochea como San Cayetano deberán colaborar con maquinaria y materiales para avanzar en las reparaciones.

Es decir: los gobiernos locales terminan asumiendo responsabilidades que corresponden a Nación.

Y ahí vuelve la sensación de lejanía.

Porque mientras en Buenos Aires se discuten variables macroeconómicas, superávit fiscal y equilibrio de cuentas públicas, en el interior se discute algo mucho más básico: si una ruta puede seguir funcionando o no. La centralidad porteña genera además otro problema: invisibiliza las consecuencias territoriales del ajuste.

Cuando se paraliza la obra pública nacional, cómo ya hemos marcado en otras oportunidades en esta misma página, el impacto no se percibe igual en todos lados. En ciudades intermedias como Necochea, la ausencia del Estado nacional se vuelve mucho más evidente porque afecta directamente cuestiones esenciales: caminos, infraestructura hidráulica, mantenimiento vial, conectividad y servicios.

La Ruta 228 es estratégica no solo para Necochea, sino para toda la región productiva. Une corredores agrícolas, conecta puertos y articula localidades donde la circulación diaria de personas es indispensable. Su deterioro impacta en costos logísticos, seguridad vial y actividad económica.

Sin embargo, durante mucho tiempo el tema quedó relegado.

Y eso ocurre porque desde lejos no se ve el desgaste cotidiano. No se ven los baches permanentes. No se ven las banquinas destruidas. No se ve el riesgo constante con el que conviven quienes transitan esas rutas todos los días.

La política nacional actual parece partir de una premisa: reducir al mínimo la intervención del Estado central y dejar que cada jurisdicción resuelva como pueda. El problema es que los municipios no tienen capacidad financiera para reemplazar a Nación.

Ahí aparece otra tensión de fondo: la autonomía municipal muchas veces es más formal que real. Porque sin financiamiento nacional o provincial suficiente, las comunas administran escasez, no desarrollo.

Rojas viene insistiendo en esa idea desde hace meses. Y no es casual que otros intendentes de distintos signos políticos planteen diagnósticos similares. Lo que emerge es una percepción compartida: el interior productivo siente que quedó fuera del radar nacional.

No es solamente un problema económico. También es cultural y político.

La Argentina sigue funcionando bajo una lógica profundamente centralista/unitaria, donde las prioridades del interior aparecen muchas veces subordinadas a las urgencias metropolitanas. Y en ese esquema, las rutas nacionales del sudeste bonaerense difícilmente ocupen un lugar central en la agenda.

Pero para quienes vivimos en Necochea, San Cayetano o Tres Arroyos, estas rutas no son una estadística presupuestaria. Son parte de nuestra vida diaria.

Por eso el debate excede la coyuntura del temporal o las obras anunciadas. La discusión de fondo es otra: qué lugar ocupa el interior en el modelo de país que propone el gobierno nacional.

Porque cuando la infraestructura se deteriora, cuando los municipios quedan solos y cuando las soluciones llegan tarde o dependen de recursos locales, lo que aparece no es solo un problema de gestión. Aparece una señal política. La de un país cada vez más centralizado en sus decisiones, pero cada vez más distante de las realidades concretas del interior.

Y desde lejos, efectivamente, muchas veces no se ve.

El transporte público de pasajeros en Necochea parece haber llegado a un punto límite. Años de frecuencias irregulares, unidades envejecidas, recorridos poco eficientes y una pérdida sostenida de pasajeros fueron deteriorando un servicio que, lejos de consolidarse como una alternativa de movilidad moderna, terminó funcionando bajo una lógica de supervivencia.

En ese contexto, la reciente aprobación del nuevo pliego de licitación para los colectivos urbanos abre una discusión de fondo: ¿la ciudad está pensando un verdadero rediseño estructural del sistema o simplemente una forma de sostenerlo sin que colapse?

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un esquema que habilita concesiones por 20 años, unificación de líneas y una reorganización parcial de recorridos. Pero detrás de esa aparente modernización aparecen también señales preocupantes sobre el horizonte real del transporte local.

El primer dato que llama la atención es justamente la duración de la concesión. Veinte años no es un plazo administrativo cualquiera: implica definir cómo se moverá la ciudad durante las próximas dos décadas. Es decir, se trata de una decisión estratégica. Sin embargo, el pliego parece construido más desde las limitaciones del presente que desde las necesidades futuras de Necochea.

La propia explicación oficial lo deja entrever. El director de Transporte, Facundo Croci, reconoció que el sistema funciona con niveles muy bajos de demanda, rondando apenas los 130.000 boletos mensuales, y advirtió en Ecos Radio y Ecos Diarios que “el transporte se está achicando en todos lados”.

Ese diagnóstico es real. El problema es que el pliego parece asumir esa retracción como irreversible, en lugar de pensar cómo revertirla.

Porque el deterioro del sistema no es solamente consecuencia de una crisis nacional que lleva varios años. También responde a años de pérdida de calidad del servicio. En Necochea, tomar un colectivo dejó de ser, para muchos vecinos, una opción confiable. Las demoras, las escasas frecuencias nocturnas, la dificultad de conexión entre barrios y la limitada cobertura terminaron expulsando usuarios.

Y ahí aparece una paradoja: el sistema pierde pasajeros porque funciona mal, pero al perder pasajeros tiene menos recursos para mejorar. Parece el huevo y la gallina.

La nueva licitación intenta ordenar ese escenario con algunos cambios puntuales. Entre ellos, la unificación de las líneas 502 y 503, los tradicionales “verdes”, y una reorganización de recorridos para optimizar frecuencias. También se incorporan exigencias mínimas de accesibilidad y se fija una antigüedad máxima de 15 años para las unidades.

Sin embargo, ahí surge otra discusión central: ¿alcanza con exigir colectivos de hasta 15 años de antigüedad en una licitación pensada para dos décadas?

En términos prácticos, eso significa que Necochea podría tener circulando durante buena parte de la concesión unidades tecnológicamente atrasadas respecto de estándares que hoy ya empiezan a cambiar en muchas ciudades. Mientras en distintos lugares del país y del mundo se discute movilidad sustentable, electrificación y sistemas inteligentes de transporte, el pliego local parece conformarse con garantizar continuidad mínima.

No es casual que algunos sectores políticos hayan intentado reducir la antigüedad permitida a 13 años. La propuesta fue rechazada. Y esa decisión expone el verdadero corazón del debate: el pliego está pensado desde la viabilidad empresarial antes que desde la experiencia del usuario.

Claro que hay razones para eso. El contexto económico es complejo, el transporte público atraviesa una crisis nacional y las empresas del sector enfrentan fuertes aumentos de costos operativos. Pero justamente ahí aparece el gran interrogante: si el objetivo es simplemente adaptar la ciudad a un servicio cada vez más reducido, entonces la discusión pierde ambición.

Porque el problema del transporte en Necochea no es solo técnico. Es urbano y social. También es cierto que el miedo a perder el servicio es grande y eso, en términos políticos, tal vez sea algo que al Departamento Ejecutivo lo pueda complicar.

Una ciudad extensa, con fuerte dispersión territorial y crecimiento hacia barrios periféricos necesita un sistema eficiente para garantizar acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Cuando el transporte funciona mal, la desigualdad territorial se profundiza. Hay vecinos que literalmente quedan más lejos de la ciudad de lo que realmente están.

La situación se vuelve aún más sensible en horarios nocturnos y fines de semana, donde históricamente las frecuencias fueron insuficientes. El propio pliego reconoce dificultades en combinaciones de líneas y sectores aislados de Quequén. Pero nuevamente, las soluciones planteadas parecen orientadas a administrar la escasez más que a expandir el sistema.

Tampoco aparece con fuerza una mirada tecnológica integral. Más allá de los tótems de seguridad incorporados en algunas paradas, no se observa una apuesta decidida por herramientas modernas de seguimiento en tiempo real, integración digital o sistemas inteligentes de frecuencia que hoy forman parte de cualquier esquema de movilidad urbana contemporánea.

“El Zumba se colgó, del bondi a Finisterre… Rajando del amor, detrás de un beso nuevo…”, reza una de las canciones del disco que da nombre a esta columna. ¿Será esa la salida de Necochea? ¿Buscar un nuevo amor?

Hay otro aspecto clave: el contrato por 20 años puede transformarse en una trampa. Porque un servicio deficitario concesionado durante tanto tiempo corre el riesgo de cristalizar problemas estructurales difíciles de corregir después.

La pregunta de fondo, entonces, es incómoda pero necesaria: ¿Necochea está licitando un sistema pensado para crecer o simplemente formalizando un esquema de baja escala adaptado a la crisis?

Una ciudad que piensa el transporte como herramienta de desarrollo urbano invierte en conectividad, accesibilidad y calidad. Busca recuperar pasajeros. Integra barrios. Mejora frecuencias. Genera previsibilidad. Entiende que un colectivo no es solo un vehículo: es parte de la estructura cotidiana de la comunidad.

En cambio, una ciudad que asume el deterioro como inevitable termina administrando un servicio mínimo, cada vez más reducido y menos competitivo frente al transporte individual.

Hoy, el riesgo parece estar más cerca de este segundo escenario. Y eso es lo verdaderamente preocupante.

Porque detrás de cada discusión técnica sobre recorridos, antigüedad de unidades o cantidad de líneas, lo que se define es otra cosa mucho más profunda: qué tipo de ciudad quiere ser Necochea y quiénes podrán realmente moverse dentro de ella en los próximos veinte años.

Hay un punto en el que las discusiones macroeconómicas dejan de ser abstractas y se vuelven concretas, cotidianas, palpables. Ese punto es el empleo. Y hoy, en la Argentina, ese es precisamente el terreno donde el modelo económico impulsado por Javier Milei empieza a mostrar sus tensiones más profundas.

El discurso oficial plantea con claridad un objetivo: equilibrio fiscal, baja de la inflación y desregulación de la economía. Sin embargo, ese camino tiene efectos colaterales que impactan de lleno en el mercado laboral. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) evidencian un deterioro sostenido en el empleo registrado durante los primeros tramos de la actual gestión, acompañado por un aumento de la desocupación y, sobre todo, de la informalidad.

Más allá de la tasa puntual —que volvió a ubicarse por encima del 7% en distintos momentos recientes—, el dato estructural es otro: la pérdida de empleo formal. Distintas mediciones basadas en registros administrativos muestran que desde diciembre de 2023 se han destruido más de 250.000 puestos de trabajo registrados, con fuerte impacto en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, la industria y el comercio.

El caso de la construcción es, al menos, paradigmático. La decisión de frenar la obra pública nacional, una de las principales banderas del ajuste, generó una caída abrupta en la actividad y la pérdida de decenas de miles de empleos en pocos meses. La industria, por su parte, arrastra un proceso similar, con plantas que reducen turnos o directamente cierran ante la caída del consumo y el aumento de costos.

Ese fenómeno se vincula con otro dato clave: el cierre de empresas. En el mismo período, se estima que más de 20.000 firmas dejaron de operar en el país, muchas de ellas pequeñas y medianas. Las PyMEs, que constituyen el núcleo del empleo privado, son particularmente sensibles a los cambios en la demanda y al encarecimiento de insumos, tarifas y financiamiento.

La ecuación es directa: menos empresas implican menos empleo. Y menos empleo implica menor consumo, lo que a su vez retroalimenta la caída de la actividad. Es un círculo que, lejos de estabilizarse rápidamente, tiende a profundizarse en el corto plazo.

Desde el gobierno se insiste en que este proceso es transitorio. Que se trata de un “sinceramiento” de la economía y que, una vez estabilizadas las variables macro, llegará una etapa de crecimiento. El problema es el “mientras tanto”. Porque ese tránsito tiene costos sociales concretos.

Uno de los aspectos más discutidos de la gestión libertaria es la política laboral. Las reformas impulsadas apuntan a flexibilizar condiciones de contratación, reducir costos para los empleadores y fomentar esquemas más dinámicos. Según la teoría del presidente Javier Milei, esto debería incentivar la creación de empleo. En la práctica, en un contexto recesivo como el que está viviendo el país por estos días, el efecto es bastante claro: no se generan nuevos puestos, sino que se deterioran los existentes.

Especialistas señalan que la flexibilización, sin crecimiento económico, tiende a aumentar la precariedad más que el empleo. Es decir, cambia la calidad del trabajo, pero no su cantidad.

A esto se suma un elemento estructural: la caída del consumo. Con una retracción superior al 10% en varios sectores durante 2024, el “mercado interno” se debilitó significativamente. Sin dinero en el bolsillo de los trabajadores, difícilmente haya demanda. Y sin demanda, difícilmente haya inversión o expansión del empleo.

En ciudades como Necochea, el impacto es aún más visible. Cada cierre de comercio o reducción de personal tiene un efecto directo en la trama social. Nuestra ciudad no es un conglomerado industrial, sino una localidad donde el empleo y el consumo están estrechamente vinculados.

El resultado es un escenario de creciente fragilidad. Más trabajadores informales, más “changas”, más ingresos inestables. Un mercado laboral que se achica en su segmento formal y se expande en su versión más precaria.

En nuestra ciudad, en los primeros cuatro meses de este 2026, empresas y Pymes locales despidieron a 137 trabajadores, según la estadística que muestra el propio Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

A este dato estadístico, habría que agregarle un número similar o, tal vez, mayor, de personas que han perdido su empleo, pero no pasaron por la Delegación local de dicho ministerio. Es decir, gente que no se encontraba registrada o tuvo un acuerdo con su empleador de forma privada, sin la necesidad de acercarse hasta la dependencia pública.

Otro dato de la realidad local es que, además de los despidos, en la Justicia se han presentado una importante cantidad de empresas con concursos preventivos de quiebra. Si bien algunas aún están funcionando, de prosperar esa situación, seguramente dejarán de existir y, por supuesto, se 2llevarán puesto” a los trabajadores.

Pero más allá de la fría estadística a la que tuvo acceso Ecos Diarios, la discusión de fondo es política. ¿Es posible sostener un programa de ajuste de esta magnitud sin afectar de manera significativa el empleo? ¿Puede el equilibrio fiscal construirse sin deteriorar la base productiva? ¿Cuál es el límite social de ese proceso?

La historia económica argentina muestra que los ajustes que descuidan el empleo tienden a generar tensiones que luego condicionan cualquier intento de crecimiento. Porque el trabajo no es solo una variable económica: es el principal mecanismo de integración social.

En ese sentido, el desafío del actual modelo no es solo estabilizar la macroeconomía, sino reconstruir un horizonte de previsibilidad para el mundo del trabajo. Sin empleo de calidad, cualquier mejora en los indicadores generales corre el riesgo de quedarse corto.

El gobierno apuesta a que el mercado, liberado de regulaciones, genere ese proceso de recomposición. Pero hasta ahora, los datos muestran todo lo contrario.

Y en esa transición, el costo no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en los sectores más vulnerables, en las pequeñas empresas, en los trabajadores que pierden su empleo o ven deterioradas sus condiciones.

La pregunta, entonces, no es si el modelo puede ordenar la economía. La pregunta es a qué costo y en qué plazos. Porque en el medio, mientras se espera ese eventual rebote, hay una realidad que es la del trabajo que falta, la empresa que cierra y la incertidumbre que crece.

En ese escenario, la imagen que propone Homero, de Viejas Locas, aparece como un cierre inevitable. La del trabajador que madruga, que viaja horas, que sostiene su rutina en medio de la precariedad, pero que vive al límite, siempre al borde de quedarse afuera del sistema. En tiempos donde el empleo deja de ser una certeza para convertirse en una incógnita, esa historia que parecía canción, se parece cada vez más a la realidad cotidiana.

Todo empezó como un “reto viral”. Mensajes que circularon en redes sociales, pintadas en baños de escuelas, advertencias que hablaban de tiroteos en fechas determinadas. Una lógica que se replicó en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país, generando alarma en comunidades educativas completas.

Pero el fenómeno no quedó en lo virtual, lamentablemente. En Necochea, las amenazas escalaron. Hubo pintadas, enfrentamientos entre estudiantes, mensajes intimidatorios y, finalmente, una respuesta judicial: allanamientos en al menos cinco domicilios vinculados a estas intimidaciones.

Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuándo deja de ser una “broma” y pasa a ser un síntoma?

Hay una escena que vuelve, insistente, como una melodía incómoda. Un chico, joven, anónimo, que de pronto se convierte en noticia. Que pasa de un aula al centro de la escena mediática. Que deja de ser un nombre cotidiano para transformarse en “el chico de la tapa”.

La canción de Fito Páez no hablaba de escuelas ni de amenazas de tiroteos (es la segunda versión, menos romántica, de los chicos de 11 y 6). Pero sí de algo más profundo: de una sociedad que llega tarde. Que mira después. Que reacciona cuando ya es noticia.

Y eso es, en esencia, lo que está ocurriendo hoy en la Argentina con esta ola de amenazas, pintadas, mensajes virales y allanamientos que pusieron en el foco de la escena al sistema educativo en la última semana.

El sistema educativo reaccionó con protocolos concretos. Desde la Jefatura Regional se explicó que ante cada amenaza se debe “dar aviso al inspector y realizar la denuncia en Fiscalía”, articulando con la Justicia.

Pero el protocolo actúa después. Ordena la emergencia. No la previene. Porque en muchos de estos casos hay señales previas. Mensajes que circulan. Conductas que cambian. Violencias que escalan lentamente. El problema es que, muchas veces, esas señales no se leen a tiempo o se minimizan.

Lo ocurrido en Santa Fe semanas atrás, cuando un adolescente ingresó armado a una escuela y mató a un compañero, dejó una advertencia brutal: las amenazas pueden dejar de ser ficción.

En ese contexto, lo que hoy aparece como un “reto viral” adquiere otra dimensión. Ya no se trata solo de adolescentes replicando conductas en redes. Se trata de una cultura que empieza a naturalizar la violencia como lenguaje.

Especialistas en convivencia escolar vienen señalando este fenómeno desde hace años. El sociólogo francés Michel Wieviorka sostiene que “la violencia no es solo un acto, es un proceso social que se construye en el tiempo”. Y en esa construcción intervienen múltiples factores: frustración, falta de pertenencia, exposición a contenidos violentos y debilitamiento de los vínculos.

En Necochea, esos elementos aparecen con nitidez. Las reuniones urgentes con familias, las jornadas de reflexión en escuelas, las intervenciones policiales. Todo indica que el problema desbordó lo estrictamente educativo.

Y cuando eso ocurre, la escuela queda sola.

Porque la escuela no puede (ni debe) ser el único espacio de contención. No puede absorber por sí sola conflictos que nacen en lo social, en lo familiar, en lo digital. Pretenderlo es, en algún punto, repetir el error que describe la canción: mirar el problema cuando ya es visible, cuando ya está en la tapa.

Aquí, el rol de las familias también se transforma en un eje central. ¿Cuánto hablamos con nuestros hijos sobre estas situaciones? ¿Sabemos realmente qué hacen ellos y cómo piensan al respecto?

Hay preguntas aún más fuertes: ¿Logramos “conectar” con nuestros hijos? Y ellos, ¿sienten la confianza necesaria para hablarnos o comunicarnos lo que les pasa? Sin dudas, estas cuestiones también son parte importante de lo que sucede en las escuelas.

Los medios también debemos hacernos cargos de una parte del problema. Tal vez, dar difusión a determinadas situaciones que se generan no contribuyen a “apaciguar las aguas”, sino que provocan un efecto contrario.

Hay algunos datos globales que no ayudan tampoco. Según informes recientes, Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad de casos graves de bullying, con cifras que superan los 200.000 episodios anuales.

Ese clima de hostilidad, muchas veces trasladado a redes sociales, encuentra en estos “retos virales” una forma de amplificación. Lo que antes quedaba en un aula, hoy se viraliza. Y lo que se viraliza, se imita.

La lógica del contagio es clave para entender este fenómeno. Lo que ocurrió en una escuela aparece replicado en otra. Lo que fue una pintada, se convierte en tendencia. Y en ese proceso, el riesgo deja de ser hipotético.

Por eso los allanamientos en Necochea no son un dato menor. Son, en realidad, un punto de inflexión. La señal de que el Estado empieza a intervenir no solo en la prevención, sino en la sanción.

Pero incluso eso abre otro debate: ¿alcanza con judicializar? ¿O el problema es anterior?

El psicólogo social Zygmunt Bauman hablaba de una “modernidad líquida” donde los vínculos son frágiles y las instituciones pierden capacidad de contención. En ese contexto, la violencia aparece como una forma de expresión de conflictos que no encuentran otro canal.

Las escuelas, entonces, quedan en el medio. Entre la contención y el desborde.

Y Necochea no es una excepción. Es, quizás, un reflejo más cercano de un fenómeno global. Como lo muestran los recientes episodios en distintos países, donde amenazas similares obligaron a suspender clases y activar protocolos de seguridad.

La diferencia es que, en ciudades más pequeñas como la nuestra, el impacto es más directo. Más personal. Más visible.

Porque ahí el “chico de la tapa” no es una abstracción. Puede ser el compañero de un hijo, el vecino, el alumno que todos conocen.

Y ahí la canción deja de ser metáfora.

Se vuelve advertencia.

Porque cada vez que un hecho así ocurre, la sociedad vuelve a preguntarse qué falló. Y casi siempre la respuesta llega tarde.

Tal vez el desafío sea otro. No esperar a que haya un nuevo nombre en la tapa. No naturalizar la amenaza como parte del paisaje. No reducir el problema a un viral pasajero.

Porque si algo deja en claro esta semana es que no se trata solo de escuelas.

Se trata de una generación que está hablando (no siempre de la mejor manera, tal vez) y de una sociedad que todavía no encuentra cómo escucharla a tiempo.

La crisis fiscal que atraviesan los municipios bonaerenses dejó de ser un diagnóstico aislado para convertirse en una advertencia transversal. Y como ejemplo de esta afirmación, en la última semana, los intendentes de Necochea (Arturo Rojas), Lobería (Pablo Barrena) y San Cayetano (Miguel Gargaglione) coincidieron en un punto central: el modelo económico nacional está trasladando el ajuste a los gobiernos locales, sin herramientas ni recursos para sostener la gestión.

Las declaraciones de Rojas, Barrena y Gargaglione reflejan una realidad que ya no admite matices partidarios.

Rojas fue directo al describir el impacto del actual esquema económico: “Tenemos esta política nacional que está fundiendo a los municipios”.

La frase no es menor. Marca un punto de quiebre en la relación entre Nación y gobiernos locales, donde el retiro del Estado nacional (sin realización de obras públicas, ejecución de programas y asistencia económica o social) deja a las comunas frente a una demanda creciente con recursos cada vez más escasos.

En Necochea, esa tensión se traduce en dificultades para sostener servicios básicos, mantener infraestructura y dar respuesta a problemáticas sociales que se profundizan en contextos de ajuste. El municipio, como muchos otros, se convierte en la primera ventanilla de reclamos ciudadanos, pero sin el respaldo económico necesario.

Desde Lobería, Barrena planteó un diagnóstico en la misma línea: “La situación es preocupante en los municipios”. Pero fue más allá al describir el efecto acumulativo de las decisiones macroeconómicas: caída de la actividad, retracción del consumo, menor recaudación y, en paralelo, una mayor demanda social. Es la tormenta perfecta para las administraciones locales.

En ese sentido, el intendente loberense dejó en claro que el problema no responde a errores de gestión, sino a un contexto que excede a los municipios: “El ahogo de las comunas no es por mala administración”.

Esa frase, funciona como una respuesta anticipada a una crítica habitual: la idea de que las dificultades municipales son consecuencia de ineficiencia. Por el contrario, lo que plantean los intendentes es que el esquema actual los coloca en una posición estructuralmente desfavorable.

En San Cayetano, un distrito históricamente ordenado en lo fiscal, el panorama no es diferente. Allí también se advierte que la falta de acompañamiento nacional obliga a reconfigurar prioridades, postergar obras y administrar con extrema cautela cada recurso disponible.

Lo que emerge de estas tres voces es un dato político relevante: la crisis ya no distingue entre oficialismos y oposiciones. Intendentes de distintos espacios coinciden en el diagnóstico porque comparten el mismo problema: la desaparición de un Estado nacional que, en mayor o menor medida, actuaba como sostén financiero y articulador de políticas públicas.

El impacto se observa en múltiples niveles. Por un lado, la paralización de la obra pública nacional no solo afecta la infraestructura, sino también el empleo local. Por otro, la reducción o eliminación de programas nacionales traslada a los municipios responsabilidades que antes eran compartidas.

A esto se suma un elemento clave: la inflación y el aumento de costos operativos. Los municipios deben afrontar gastos crecientes como el combustible, los insumos, los salarios de los trabajadores estatales locales, con ingresos que no acompañan ese ritmo. La ecuación, en muchos casos, se vuelve insostenible.

En ese contexto, la autonomía municipal aparece más como una formalidad que como una realidad efectiva. Porque sin recursos, la capacidad de decisión se reduce drásticamente.

El trasfondo de esta situación es profundamente político. El modelo libertario nacional apuesta a un ajuste fiscal que, en términos prácticos, se apoya en una fuerte reducción del gasto público. Sin embargo, ese recorte no desaparece: se redistribuye. Y en esa redistribución, los municipios quedan en el último eslabón de la cadena.

La consecuencia es clara: el ajuste baja en cascada y se refleja mayoritariamente en el territorio. Se siente en las calles, en los servicios, en la obra pública que no se hace, en la asistencia social que no alcanza. Todas cuestiones explicadas por los jefes comunales en Ecos Radio durante la última semana.

Frente a este escenario, los intendentes no solo administran recursos: administran tensiones. Entre lo que la comunidad demanda y lo que efectivamente pueden ofrecer. Entre la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado local y la imposibilidad de contar con apoyo externo.

El riesgo, si esta dinámica se profundiza, es el deterioro progresivo de la capacidad de respuesta municipal. Y con ello, el debilitamiento de uno de los niveles del Estado más cercanos a la ciudadanía.

Mientras todo esto ocurre, las voces de Rojas, Barrena y Gargaglione son señales de alerta. Expresan una preocupación compartida que trasciende lo coyuntural y plantea una pregunta de fondo: ¿pueden los municipios sostener por sí solos el entramado social en un contexto de retiro del Estado nacional?

Por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia la incertidumbre.

Y en esa incertidumbre, lo que está en juego no es solo el equilibrio fiscal de las comunas, sino la capacidad del Estado, en su escala más cercana, de seguir garantizando condiciones mínimas de funcionamiento en la vida cotidiana de sus comunidades.

Hay palabras que se repiten. Que atraviesan el tiempo, los hechos y las generaciones. En noviembre del año pasado, en estas mismas páginas, la sensación dominante era una: impotencia. Aquella reflexión, publicada tras el crimen de un adolescente en la zona del Casino, advertía sobre una violencia juvenil que dejaba de ser excepcional para convertirse en parte de un paisaje cada vez más frecuente. Hoy, meses después, esa palabra vuelve a escena, pero ya no alcanza. Porque lo que antes era alarma, hoy empieza a ser un patrón.

El caso de Bautista Coronel, que volvió a sacudir a la opinión pública y que motivó la contundente frase “no tiene que haber más Bautista Coronel”, expresada por su madre, Valeria en Ecos Radio el viernes pasado, expone con crudeza que la violencia no solo persiste, sino que encuentra nuevas formas de instalarse en la vida cotidiana de Necochea.

“No tiene que haber más Bautista Coronel” no es solo una consigna. Es, en realidad, un límite. Un punto de quiebre que la sociedad intenta marcar, aunque todavía sin las herramientas suficientes para hacerlo efectivo.

Si en el análisis de noviembre se advertía que “la violencia deja de ser extraordinaria para convertirse en habitual”, hoy esa idea se consolida con mayor preocupación. Porque lo que antes aparecía como un episodio aislado, ahora se encadena con otros hechos que refuerzan la percepción de una conflictividad social creciente, especialmente entre jóvenes.

El denominador común sigue siendo inquietante: conflictos que escalan rápidamente, ausencia de mediación, naturalización de la agresión y, en muchos casos, una preocupante falta de intervención de quienes están alrededor. Aquella “mirada ausente” que se describía meses atrás no solo no desapareció, sino que parece haberse profundizado.

En ese contexto, esta frase que hoy resuena en el debate público funciona también como un espejo incómodo. Porque la pregunta es inevitable: ¿qué se hizo, entre un caso y otro, para evitar que la historia se repita?

La problemática excede lo policial y lo judicial. Ya se dijo y vale insistir: una condena puede cerrar un expediente, pero no resuelve el entramado social que da origen a estos hechos. La violencia juvenil no surge en el vacío. Se construye en un contexto donde confluyen múltiples factores: la fragilidad de los vínculos sociales, la falta de espacios de contención, la exposición constante a dinámicas de confrontación, muchas veces amplificadas por las redes sociales, y la ausencia de referentes capaces de canalizar conflictos de otra manera.

En el texto de noviembre se señalaba un elemento clave: la dimensión “performática” de la violencia. La necesidad de mostrar, de filmar, de exponer. Esa lógica no solo sigue vigente, sino que se profundiza en un ecosistema donde la validación social muchas veces se mide en términos de visibilidad. Y en ese terreno, la violencia encuentra un terreno fértil.

Pero hay otro aspecto que también se mantiene intacto: la responsabilidad colectiva.

La escena de un conflicto que escala ante la mirada de otros, sin intervención ni freno, no es solo una postal de indiferencia. Es una señal de debilitamiento del tejido social. En ciudades como la nuestra, donde todavía persiste la idea de comunidad cercana, ese fenómeno resulta aún más alarmante. Porque implica que el “nos conocemos todos” ya no alcanza para garantizar cuidado.

El caso de Bautista Coronel, obliga a revisar ese pacto implícito de convivencia. A preguntarse qué lugar ocupan hoy las instituciones (escuela, familia, clubes, etc.) en la prevención de estos escenarios. Y, sobre todo, a asumir que la violencia no es un fenómeno externo, sino una construcción social que involucra a todos.

La reiteración de estos episodios también interpela al Estado, en sus distintos niveles. No solo en términos de seguridad, sino en políticas integrales que aborden la problemática desde la prevención: educación emocional, espacios de contención, programas de inclusión y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La Justicia, en este sentido, tendrá un rol clave en los próximos meses. Si bien desde la defensa del único acusado por el hecho se busca morigerar su situación y presentar el caso como una muerte en riña, por ahora la fiscalía mantiene la carátula en “homicidio agravado”.

Está claro que nada de lo que pueda ocurrir en el transcurso del tiempo le devolverá a la familia Coronel la paz necesaria, ni el regreso del joven Bautista. Pero no es menos cierto que, tal vez, una condena en estos términos ayude a que el pedido de la madre del joven fallecido cobre más sentido.

“Mirar para el lado correcto”, decía aquella columna de noviembre. La frase hoy cobra una dimensión distinta. Ya no se trata solo de advertir, sino de actuar.

Porque si algo dejan en claro estos hechos es que la violencia no irrumpe de un momento a otro. Se gesta, se acumula, se naturaliza. Y cuando finalmente estalla, ya es tarde.

Necochea se encuentra, otra vez, frente a una encrucijada. Puede optar por interpretar estos casos como tragedias aisladas o asumirlos como síntomas de un problema más profundo. La diferencia entre una y otra mirada no es menor: de ella depende que el próximo Bautista Coronel sea una excepción o una repetición.

Y en ese punto, la consigna deja de ser un deseo para transformarse en una obligación colectiva: no convertirnos en una “ciudad de pobres corazones”.

La postal que dejaron las últimas lluvias en Necochea no es nueva, pero sí cada vez más elocuente. Los más de 100 milímetros caídos en pocas horas no sólo pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los equipos municipales, sino que volvieron a desnudar una problemática estructural que la ciudad arrastra desde hace década: la falta de inversión sostenida en infraestructura básica.

Los datos son contundentes. Calles anegadas, viviendas con ingreso de agua, familias que debieron autoevacuarse, escuelas afectadas y hasta el colapso parcial de un ícono urbano como la Rambla. Todo en el marco de un fenómeno que, lejos de ser extraordinario, fue definido por los propios funcionarios como una lluvia intensa pero no inédita. Es decir, no se trató de un evento imprevisible, sino de una situación que el sistema urbano debería estar en condiciones de absorber.

El problema central aparece una y otra vez en los testimonios técnicos: la saturación del sistema de drenaje. Cuando en pocos minutos cae un volumen importante de agua, la ciudad no logra canalizarlo adecuadamente. El resultado es conocido: el agua corre por superficie, se acumula en zonas bajas, invade viviendas y termina generando daños materiales y sociales que podrían evitarse con obras de fondo.

Pero quizás el dato más preocupante no sea la anegación circunstancial, sino lo que ocurrió en la zona costera. El derrumbe de parte de la Rambla no es un hecho aislado ni atribuible únicamente a la lluvia. Es la consecuencia de años de falta de mantenimiento, de ausencia de obras integrales y de una planificación que no ha logrado acompañar la dinámica natural del frente marítimo. La explicación técnica es clara: la filtración del agua y la socavación del suelo, compuesto mayormente por arena, terminan debilitando las estructuras. Pero detrás de esa explicación hay una verdad más profunda: sin inversión, cualquier estructura termina cediendo.

Lo mismo ocurre en los barrios. Las calles de tierra que se parten, los sumideros que no alcanzan, los desagües obstruidos y la necesidad constante de intervenciones de emergencia configuran un escenario donde el Estado actúa más como bombero que como planificador. Se responde a la urgencia, pero no se resuelve el problema de fondo.

En ese contexto, también queda en evidencia una desigualdad territorial persistente. Las zonas más bajas o con menores recursos son las más afectadas, repitiendo un patrón que se agrava con cada tormenta. Allí, donde el escurrimiento es más difícil y las obras nunca llegan o lo hacen de manera parcial, el impacto es directo sobre la calidad de vida de los vecinos.

La suspensión de clases, incluso parcial, es otro indicador de esta fragilidad. No se trata sólo de una medida preventiva, sino de la constatación de que muchos edificios educativos tampoco están preparados para soportar estas condiciones. Filtraciones, falta de energía y problemas estructurales vuelven a aparecer como síntomas de una misma enfermedad.

Mientras tanto, el discurso oficial suele centrarse en la intensidad de la lluvia o en la conducta de los vecinos respecto a la basura. Sin desconocer estos factores, lo cierto es que desviar la atención hacia ellos implica eludir la discusión principal: la ciudad necesita obras. Obras hidráulicas de envergadura, mantenimiento sostenido de los sistemas existentes y una planificación urbana que contemple escenarios climáticos cada vez más exigentes.

La propia voz de los funcionarios reconoce la necesidad de un pluvial colector y de una reconstrucción integral en sectores críticos. Sin embargo, esas soluciones siguen en el terreno de lo pendiente, mientras los episodios se repiten.

Cada tormenta, entonces, funciona como una radiografía. Y lo que muestra Necochea es una estructura urbana vulnerable, sostenida más por la capacidad de reacción que por la previsión. Los trabajadores municipales, Defensa Civil y otras áreas cumplen un rol clave y muchas veces logran evitar consecuencias mayores. Pero no alcanza.

La discusión de fondo no es meteorológica, es política. Tiene que ver con prioridades, con decisiones de inversión y con la capacidad de pensar la ciudad a largo plazo. Porque cuando una lluvia relativamente habitual provoca evacuaciones, daños estructurales y colapsos visibles, lo que está fallando no es el clima: es la infraestructura.

Necochea no enfrenta un problema nuevo. Lo que enfrenta es la reiteración de un problema no resuelto. Y cada nuevo episodio no hace más que profundizar una sensación que ya se instaló en gran parte de la comunidad: la ciudad corre siempre detrás de la emergencia, pero nunca logra adelantarse a ella.

La escena que se vivió en la localidad de La Dulce no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la expresión más visible de un problema estructural que atraviesa al sistema de salud pública en el distrito de Necochea: la creciente dificultad para garantizar atención médica oportuna, sostenida y equitativa en todo el territorio.

La muerte de una vecina, en circunstancias que aún generan conmoción y debate, actuó como detonante de un reclamo que venía gestándose en silencio. La movilización posterior de los habitantes de La Dulce, exigiendo un médico permanente, no fue sólo una reacción emocional, sino una manifestación concreta de una demanda histórica: el derecho a la salud en condiciones de igualdad, sin importar el lugar de residencia.

En paralelo, la exposición ante concejales de la secretaria de Salud municipal, Andrea Perestiuk, puso en palabras una realidad incómoda: el sistema funciona con limitaciones severas, especialmente en las localidades del interior. La dificultad para conseguir profesionales que se radiquen en pueblos pequeños, la cobertura incompleta de guardias y la dependencia de esquemas de atención fragmentados configuran un escenario frágil, donde cualquier emergencia puede convertirse en una situación crítica.

El caso de La Dulce dejó al descubierto una lógica que, aunque habitual, resulta cada vez más cuestionada: la presencia de enfermería como primera línea de atención y la llegada posterior (no siempre inmediata) de un médico. Si bien este esquema puede responder a criterios organizativos en contextos de escasez de recursos, también plantea un interrogante central: ¿Es suficiente para garantizar respuestas efectivas ante emergencias graves?

La respuesta, a la luz de lo ocurrido, parece ser negativa. Y ese es el punto donde el sistema muestra signos de agotamiento.

Según explicó Perestiuk, ahora el gobierno municipal inició tratativas con otra médica que no vive en nuestra ciudad, pero estaría en condiciones de convertirse en la tercera profesional residente en la localidad del interior.

Aquí quedas otras preguntas en el aire: ¿Por qué ninguno de los dos profesionales estaba disponible en el momento del lamentable suceso? ¿Si un profesional estaba de vacaciones, no hubiera sido atinado enviar un refuerzo médico hacia la Unidad Sanitaria? ¿Por qué no se hizo?

Con el diario del lunes, como se dice habitualmente, es fácil obtener respuestas. Pero queda a las claras que el sistema se encuentra en una etapa crítica.

Lo que ocurre en La Dulce, es similar a lo que viven los vecinos de Juan N. Fernández, Ramón Santamarina, Claraz y Energía. Justamente, habitantes de esas localidades también se sumaron a la masiva marcha realizada hasta la Unidad Sanitaria dulcense.

Pero el problema no se limita a las localidades más pequeñas. En Necochea, el Hospital Municipal enfrenta también tensiones crecientes: demanda sostenida, recursos humanos limitados, desgaste del personal y dificultades para sostener servicios críticos. La situación en La Dulce no es más que la punta del iceberg de un sistema que funciona al límite de sus capacidades.

En términos estructurales, el déficit de profesionales es uno de los factores más determinantes. No se trata sólo de una cuestión local, sino de un fenómeno extendido en todo el país. En este punto, es totalmente real lo que plantea el Ejecutivo conducido por Arturo Rojas. Sin embargo, en distritos como Necochea, donde la dispersión geográfica exige cobertura en múltiples puntos, el impacto es aún mayor. La falta de incentivos concretos para la radicación, las condiciones laborales y las perspectivas profesionales juegan en contra de cualquier estrategia de fortalecimiento del sistema.

Otro dato a tener en cuenta es que la Provincia de Buenos Aires, más allá de algunos reclamos esporádicos y charlas informales, nunca se ha avanzado de forma concreta en la posibilidad de acompañar el sostenimiento de un sistema de salud que ya no sólo intenta dar respuesta a los necochenses, sino que por su complejidad también es utilizado por vecinos de localidades cercanas.

A esto se suma otro elemento clave: la desigualdad territorial. Mientras que en los grandes centros urbanos existen mayores niveles de cobertura, especialización y acceso, en las localidades más pequeñas la atención depende muchas veces de estructuras mínimas, con recursos acotados y capacidad de respuesta limitada.

La movilización en La Dulce, en este sentido, no sólo interpela a la gestión municipal, sino también a las políticas públicas en su conjunto. Porque garantizar un médico permanente en cada localidad no es únicamente una decisión administrativa: implica planificación, inversión y una estrategia sostenida en el tiempo.

El riesgo, si no se abordan estos problemas de fondo, es que episodios como el ocurrido dejen de ser excepcionales para convertirse en parte de una normalidad preocupante. Y cuando eso sucede, el sistema deja de ser una red de contención para convertirse en un esquema de supervivencia.

La discusión, entonces, no debería limitarse a lo ocurrido en un caso puntual, sino ampliarse hacia un debate más profundo: qué modelo de salud pública necesita Necochea y cómo se construye un sistema capaz de responder no sólo en condiciones ideales, sino también en los momentos críticos.

Porque en definitiva, lo que está en juego no es sólo la organización de un servicio, sino algo mucho más esencial: la confianza de la comunidad en que, ante una urgencia, habrá una respuesta. Y hoy, en más de un rincón del distrito, esa certeza empieza a resquebrajarse.

En este punto, la respuesta del gobierno municipal, hasta el momento, ha sido lenta (La Dulce lleva unos 6 años sin médico permanente); suave, ya que se ha ido emparchando como se ha podido; y, lamentablemente, letal.

No hay duda alguna de que la semana de La Libertad Avanza no ha sido de las más exitosa desde que comenzó la gestión de Javier Milei como presidente de la Nación.

Los nuevos detalles que se conocieron sobre el caso de la cripto moneda $LIBRA, con chats entre el propio mandatario, su hermana Karina y el trader Mauricio Novelli han vuelto a poner el foco de atención en un posible caso de corrupción.

A esto se le suma el viaje a Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su pareja integrando la comitiva presidencial en el vuelo oficial cuando fue la propia gestión libertaria la que anunció una resolución prohibiendo que los familiares de funcionarios pudieran ocupar un asiento en dichos viajes. Tampoco ayudó el hecho de que el exvocero dijera que fue a “deslomarse” a Estados Unidos.

Esa “batalla cultural” de la que tanto ha hablado el propio Milei, no sólo en campaña sino en cuanto discurso ha brindado desde su asunción en diciembre de 2023, ha tenido en estos últimos 7 días, algunas derrotas que pueden ser dolorosas para el futuro libertario.

Pero desde esta página no queremos analizar solamente lo sucedido a nivel nacional, sino que parece que esa “mala racha” del mileismo a nivel argentino, tuvo su correlato en Necochea.

La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, al menos, reflejó que más allá de haber triunfado en la última elección legislativa de 2025, los legisladores libertario locales no podrán imponer sus ideas de forma sencilla ante el resto de sus pares.

Durante el “parate” del Concejo, la aprobación por parte de la Legislatura nacional de la “Ley de Reforma Laboral” se tornó un tema que generó rispideces en el deliberativo local.

Primero, por la presentación de un proyecto de resolución por parte de Fuerza Patria para que el Cuerpo mostrara su rechazo a la nueva norma y, luego, con la presencia de dirigentes gremiales que participaron de la Comisión de Trabajo.

Allí, los legisladores locales libertarios mostraron la falta de experiencia en estas cuestiones políticas. Con bombos, platillos, cánticos y fuertes discursos, los sindicalistas dejaron en evidencia la falta de respuesta que tienen los ediles de La Libertad Avanza cuando la discusión se plantea por fuera de las redes sociales.

Lo que debe ser el ámbito político por excelencia para discutir estas cuestiones, terminó siendo una sala de escucha para los libertarios, que evitaron en todo momento presentar su posición al respecto.

Días después de ese silencio, el bloque de Mariano Valiante, Verónica Bibbo, Juan Cerezuela, Eduardo Caballero y Alejandra Karagiannis presentaron un proyecto de resolución en el sentido contrario al de Fuerza Patria. Es decir, mostrando su “beneplácito” por la nueva ley laboral argentina.

La discusión llegó a la sala en la primera sesión ordinaria del miércoles pasado y, allí, se concretó la primera derrota en la “batalla cultural” local. Nuevamente en silencio, el bloque libertario tuvo que “soportar” que la mayoría del Concejo decidiera mostrar su rechazo a la ley en cuestión.

Lo único que logró La Libertad Avanza con esta batalla fue mostrar que, una vez más, el bloque de la Agrupación Comunal Transformadora no logra unidad en su composición. Como ocurrió entre Juan Pedro Arabarco y Mariela Maceiro años atrás; ahora Juan Pablo De La Hera y Bettiana Pustilnik votaron de forma diferenciada este proyecto. Incluso, la concejala que apoyó el proyecto peronista fue más allá y pareció mandar un mensaje interno fuerte al asegurar que “las bancas no son para tibios, ni para pechos fríos”, cuando se tratan estos temas nacionales.

La segunda derrota del bloque de Valiante llegó minutos más tarde y también es parte de esa “batalla cultural” de la que tanto habla el presidente Milei. A pocos días de cumplirse los 50 años del inicio de la dictadura militar más sangrenta que haya vivido nuestro país, la discusión se planteó en torno a “memoria, verdad y justicia” y “la historia completa”.

A través de sendos proyectos de resolución, que buscaban incluir alguna de esas dos leyendas en los documentos públicos de la Municipalidad de Necochea, otra vez La Libertad Avanza quedó en clara minoría entre los 20 ediles que representan a los habitantes de nuestra ciudad.

Como ya lo hemos dicho en la columna “del editor” del miércoles pasado, ninguno de los dos proyectos a los que hacemos referencia en esta página traerán alguna solución a los verdaderos problemas por los cuales atraviesa la ciudad, como pueden ser la necesidad de asfalto en barrios enteros, mejores servicios de agua potable y cloacas, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera… Sin embargo, muestra a las claras que el sentir libertario en las redes sociales, al menos en esta oportunidad, no tuvo su correlato legislativo. Como dice la canción de León Gieco que da nombre a este texto, “la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados”… Pero esta vez, el brillo no será en el bunker violeta.

Los números pueden tranquilizar a primera vista, pero también obligan a mirar más allá de la superficie. El Departamento Judicial de Necochea aparece desde hace varios años entre los que registran menor cantidad de procesos penales por violencia familiar o de género en la provincia de Buenos Aires. En 2025 se iniciaron 1.006 causas, ubicando a la jurisdicción en el último lugar del ranking provincial, muy lejos de departamentos densamente poblados como San Martín o Lomas de Zamora.

A primera vista, podría interpretarse como un dato positivo. Sin embargo, cuando se analiza el fenómeno de la violencia de género desde una perspectiva sociológica y judicial, la lectura se vuelve más compleja. La violencia contra las mujeres no siempre se refleja en las estadísticas judiciales. Muchas veces permanece oculta, silenciosa, dentro del ámbito privado.

En toda la provincia de Buenos Aires se iniciaron 146.046 procesos penales por violencia familiar o de género durante 2025, lo que representa el 14,1% del total de causas penales. Del total de víctimas registradas, el 73,9% fueron mujeres, mientras que en el 88% de los casos los agresores fueron hombres.

Los delitos más denunciados fueron amenazas (27,7%), lesiones (24,5%) y desobediencia de medidas judiciales (12,3%).

Pero incluso estas cifras, de por sí alarmantes, no reflejan el verdadero alcance del problema.

Diversos estudios coinciden en que la mayoría de los casos de violencia de género nunca llegan a la justicia. Según investigaciones de organismos especializados y encuestas de victimización, solo entre el 20% y el 30% de las mujeres que sufren violencia realiza una denuncia formal, lo que implica que existe un enorme “subregistro” de casos. Por supuesto, en Necochea debe ocurrir algo similar.

La socióloga argentina Rita Segato ha señalado que la violencia contra las mujeres no puede analizarse solo desde los expedientes judiciales. “La violencia de género es un fenómeno estructural que muchas veces permanece invisibilizado dentro de la vida doméstica”, advierte.

Por su parte, la socióloga Eva Giberti sostiene que la denuncia no siempre aparece como una opción inmediata para las víctimas. “Muchas mujeres no denuncian porque temen represalias, no confían en el sistema o dependen económicamente del agresor”, explica.

A esto se suma otro fenómeno cada vez más estudiado: la revictimización institucional. Cuando una mujer decide denunciar, muchas veces debe atravesar un largo camino de trámites, relatos reiterados y procedimientos judiciales que vuelven a exponerla a la violencia sufrida.

Necochea: el silencio estadístico

En el caso del Departamento Judicial de Necochea, que abarca también San Cayetano y Lobería, el número bajo de causas no necesariamente significa ausencia de violencia.

En 2023, por ejemplo, fue el único departamento judicial de la provincia que no registró femicidios, aunque sí tuvo poco más de mil causas por violencia de género.

Esto puede responder a múltiples factores: menor densidad poblacional, dinámicas sociales distintas o incluso mayor presencia de redes comunitarias. Pero también puede reflejar dificultades para denunciar, especialmente en ciudades medianas donde los vínculos sociales, laborales o familiares entre víctimas y agresores suelen ser aún más cercanos.

Además, las estadísticas muestran que más del 90% de las víctimas de femicidio conocía a su agresor, generalmente pareja o ex pareja.

Eso confirma que el lugar más peligroso para muchas mujeres sigue siendo el ámbito doméstico.

La violencia de género no se resuelve únicamente con leyes o con la apertura de causas judiciales. Requiere políticas integrales: prevención, asistencia psicológica, independencia económica para las víctimas y formación de operadores judiciales y policiales.

Los especialistas coinciden en que la clave está en intervenir antes de que la violencia escale. Muchas veces los femicidios son el último eslabón de una cadena de agresiones previas que nunca fueron denunciadas o que no recibieron una respuesta institucional efectiva.

En ciudades como la nuestra, donde las estadísticas parecen mostrar un escenario menos grave que en los grandes centros urbanos, el desafío es todavía mayor: no confundir menor registro con menor problema.

Porque detrás de cada número que aparece en una planilla judicial, puede haber muchas historias que nunca llegaron a escribirse en un expediente. Y allí, en ese silencio estadístico, también se juega la verdadera dimensión de la violencia de género.

Aun cuando las estadísticas oficiales sitúan al Departamento Judicial de Necochea entre los que registran menor cantidad de procesos penales por violencia de género, la historia reciente demuestra que el problema existe y deja huellas profundas en la comunidad.

Entre 2023 y comienzos de 2026, los casos fueron pocos, pero generaron gran conmoción en nuestra ciudad: en 2024 se registraron los femicidios de Magalí Vera, de 34 años, asesinada por su pareja; y de Rosa Digna Rodríguez, una mujer de 72 años cuyo crimen volvió a poner en evidencia la violencia que muchas veces se esconde dentro del ámbito familiar, ya que fue su marido quien confesó el hecho.

Un año después, en 2025, el asesinato de Débora Dámaris Bulacio del Valle, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la zona del Parque Miguel Lillo, volvió a sacudir a la ciudad y a reabrir el debate sobre las fallas en la prevención. En este caso, fue su pareja, quien se encontraba de vacaciones junto a la víctima, quien concretó su asesinato.

En un departamento judicial que también abarca a San Cayetano y Lobería, estos episodios recuerdan que detrás de las cifras relativamente bajas existe una problemática estructural que exige políticas públicas sostenidas, mayor acompañamiento institucional y una red comunitaria capaz de intervenir antes de que la violencia escale hasta su expresión más extrema. Porque en materia de violencia de género, incluso un solo caso ya es demasiado.

Si algo ha tenido el intendente, Arturo Rojas, a lo largo de estos seis años a cargo de la Municipalidad, ha sido que en cada discurso ante los concejales ha sabido manejar los tiempos políticos de la gestión.

Ha sido sumamente enérgico en el comienzo, cuando llegó al poder en un contexto económico muy complejo para el municipio; ha sido conciliador cuando ha necesitado de acuerdos macro para temas centrales de su gobierno y también ha sido determinante y crítico con la oposición cuando la situación política así lo ameritaba.

Sin embargo, el discurso brindado el viernes pasado dando inicio a un nuevo período legislativo en la ciudad, tuvo mucho de críticas hacia la administración nacional de Javier Milei, claras referencias a las gestiones constantes que se realizan con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y poco y nada de cuestiones locales de cara al futuro de la ciudad.

Casi con un tono monótono (por alguna cuestión menor que afecta su salud por estos días), Rojas mostró a lo largo de más de 90 minutos, cuál es la difícil situación económica/financiera por la que atraviesa hoy la administración municipal.

Con elogios claros hacia el área de Hacienda y Finanzas Públicas, a cargo de Graciela Mameluco, el jefe comunal se encargó una y otra vez de criticar la decisión de Javier Milei de “cortar” toda relación entre el Estado nacional y el municipal y, de esa forma, dejar todo librado a lo que cada municipio pueda realizar.

Lo que sí dejó en claro Rojas, y también el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Schwarz, es que hay un tema que es casi excluyente para la gestión municipal: la subasta para vender el Casino.

Gran parte de los discursos apuntaron, centralmente, a la necesidad de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rectifique lo actuado por el juez de primera instancia, Carlos Herrera; y posibilite que la subasta se concrete en el corto tiempo.

“Estamos convencidos que dimos los pasos legales que corresponden”, dijo ya en el último tramo de su discurso y advirtió que la medida judicial que frenó la subasta puede afectar el desarrollo de la ciudad.

“Si mañana desaparece el inversor, estamos hablando de meses que retrasan la inversión, el crecimiento y la mejora de la oferta turística”, apuntó Rojas, al tiempo que también expresó preocupación por el impacto del freno judicial: “¿Quién paga ese daño que nos producen a todos los habitantes del distrito?”.

Está sumamente claro que la venta del Casino, en caso de concretarse, no solucionará de ninguna manera la situación económica que hoy atraviesa nuestro distrito.

Recordemos que el Presupuesto de Recursos y Gastos enviado por el Departamento Ejecutivo y aprobado por el Concejo Deliberante para este año asciende a unos $103.113 millones de pesos. El precio base para la venta del histórico inmueble es de $4.878 millones. Es decir, representa un 4,73 por ciento de la cantidad de dinero que Rojas y la Municipalidad piensa recaudar durante todo este año.

Otro dato a tener en cuenta es que, de concretarse la venta, el comprador tiene la posibilidad de pagarlo en hasta 4 cuotas anuales. Así la cuestión, puede que cuando el comprador termine de pagar el Casino, ya Rojas no sea siquiera el intendente de Necochea.

¿Por qué entonces la centralidad del tema? La respuesta también parece estar en el discurso que el jefe comunal de Nueva Necochea brindó el viernes por la tarde-noche: sin recursos de Nación y Provincia, prácticamente no habrá posibilidades de realizar alguna obra pública de importancia.

Si promediamos que, de venderse el edificio, a las arcas municipales le ingresarían unos 1.200 millones de pesos anuales, no es difícil darse cuenta que con esa cantidad de dinero tampoco se podrán realizar obras de magnitud en prácticamente ninguno de los barrios o localidades del interior que componen nuestro Partido.

De nuevo surge la pregunta: ¿Por qué entonces la centralidad del tema? Seguramente Rojas y su equipo analizan que, en estos tiempos difíciles donde el dinero no alcanza para mucho más que los gastos cotidianos; poder mostrar un cambio de imagen en un sector neurálgico de Necochea como es el de la playa y, a partir de allí, un posible desarrollo a futuro para la ciudad, le pueda servir para mostrarse otra vez competitivo de cara a 2027.

Recordemos que, si bien hoy no es factible desde lo legal, el jefe comunal ya anunció su intención de ir por un tercer mandato si es que la Legislatura provincial modifica esa reglamentación.

Hace poco más de dos meses, cuando se lanzó la primera bola del Casino, justamente, Rojas pronosticó ante algunos medios de prensa que su número favorito era el 21. Minutos más tarde, ese número fue el que se convirtió en la primera bola del año.

Hoy, Rojas y Nueva Necochea vuelven a hacer una apuesta fuerte: todas las fichas para poder vender el casino están sobre colorado el 21. ¿Se repetirá lo de aquella noche?

La aprobación de la reforma laboral en Argentina marca un punto de inflexión en la discusión sobre el mundo del trabajo. No sólo por el contenido de los cambios, sino por el modo en que el debate político fue ocupado, impulsado y finalmente capitalizado por un espacio que hasta hace pocos años era marginal: La Libertad Avanza, encabezado por el hoy presidente Javier Milei.

La reforma introduce modificaciones estructurales. Entre los principales puntos se destacan la ampliación del período de prueba, la reducción de multas por registración laboral deficiente, la posibilidad de sustituir indemnizaciones por fondos de cese laboral sectoriales, incentivos a la formalización y nuevos esquemas de contratación más flexibles para pequeñas y medianas empresas. También se reordenan aspectos vinculados a litigiosidad laboral y se promueven acuerdos colectivos con mayor margen para la negociación por actividad.

Sus defensores, fundamentalmente los dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO, sostienen que el objetivo es reducir el costo de contratación, fomentar el empleo formal y descomprimir un sistema que, argumentan, desalienta la creación de puestos de trabajo. Sus detractores, parte del peronismo y los sectores de izquierda, advierten que se debilitan y se pierden derechos adquiridos y se consolida una lógica de precarización bajo el argumento de la competitividad.

Esta discusión de “estilo” será fácilmente corroborada por los propios datos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) brinda mes a mes. Si el empleo formal crece, será que la reforma brindó sus frutos; de lo contrario, la oposición será la que deba reflejar y plantear una discusión.

Pero más allá del articulado técnico, el trasfondo político es el verdadero dato. Durante años, el peronismo -en sus distintas versiones- tuvo mayoría parlamentaria, gobernaciones, intendencias y el control de la agenda sindical. Sin embargo, nunca logró abrir un debate profundo sobre el futuro del trabajo argentino en un contexto de automatización, economía de plataformas y caída del empleo industrial tradicional.

Se habló tangencialmente de reducción de la jornada laboral, de esquemas de 6 horas o 4 días semanales, de actualización de convenios colectivos frente a nuevas formas productivas. Pero esos debates quedaron encapsulados en declaraciones aisladas, sin traducción legislativa real. El movimiento que históricamente se identificó con la defensa de los trabajadores no terminó de asumir que la discusión no era sólo conservar derechos, sino también rediseñarlos para el siglo XXI.

Ese vacío fue leído con precisión por La Libertad Avanza. Allí donde el peronismo dudó entre modernizar o preservar, el oficialismo avanzó con una narrativa clara: menos regulaciones, más libertad contractual, menos “costo laboral” como condición para generar empleo. El proyecto no surgió en el vacío; se apoyó en el malestar social frente a la informalidad crónica, la falta de oportunidades y un mercado laboral que se encuentra estancado hace más de una década.

En términos simbólicos, la reforma también expresa un cambio de época. El eje ya no es exclusivamente la negociación colectiva como pilar del sistema, sino la flexibilización como herramienta de dinamismo económico. La pregunta abierta es si esa flexibilidad generará empleo genuino o si ampliará la fragmentación social.

“Ser heraldo de buenas noticias…”, tal como reza la canción pareciera que va a ser difícil de sostener en los próximos mes o años, al menos en materia laboral.

El mundo, al revés

Pero mientras que en Argentina debatimos estos cambios en un marco de tensiones políticas internas, en otras partes del mundo se han impulsado reformas sobre la duración de la jornada laboral bajo lógicas distintas y con resultados contrapuestos.

En Suecia, por ejemplo, la experiencia de trabajar seis horas al día en lugar de ocho ha sido explorada no como una rebaja de salario, sino como una política de bienestar integral. Empresas y gobiernos probaron jornadas reducidas destinadas a mejorar la productividad y la calidad de vida, sosteniendo salarios completos y apuntando a reducir el agotamiento y el ausentismo. Los resultados mostraron mejoras en la satisfacción de los empleados y en la reducción de los accidentes laborales, aunque también advirtieron desafíos en la competitividad de algunos sectores.

En Francia, la jornada laboral de 35 horas semanales fue incorporada en la década de 2000 como política pública, con el objetivo de fomentar la creación de empleo. Con el tiempo, la norma fue flexibilizada para permitir que empresas y sindicatos negocien distintas modalidades por rama productiva. Puede decirse, entonces, que la experiencia francesa revela que no existe una solución única: sectores intensivos en mano de obra lograron empleo, mientras que otras industrias solicitaron adaptaciones para sostener productividad internacional.

En Islandia, ensayos de jornadas de cuatro días mostraron mejoras sustantivas en bienestar sin perder productividad. Sin embargo, estos acuerdos se aplicaron mayoritariamente en el sector público o en empresas con entornos muy específicos, y no constituyeron una norma generalizada.

Estas experiencias se diferencian de la discusión argentina en varios aspectos: primero, porque fueron impulsadas desde acuerdos multilaterales entre sindicatos, empresas y Estado (cuestión que el peronismo nunca pudo concretar y este gobierno no quiere); segundo, porque en la mayoría de los casos se mantuvieron niveles salariales, priorizando el equilibrio entre vida personal y trabajo; y tercero, porque su discusión se asentó sobre consensos amplios, no como respuesta a urgencias económicas ni como bandera partidaria exclusiva.

El peronismo enfrenta ahora un dilema estratégico: o reconstruye una propuesta superadora que combine derechos con innovación productiva -por ejemplo, retomando seriamente la discusión sobre menos horas de trabajo sin pérdida salarial- o quedará atrapado en la defensa reactiva de un esquema que ya no logra incluir a millones de trabajadores informales.

La política argentina suele llegar tarde a los debates estructurales. Esta vez, quien llegó primero fue un espacio que supo leer el clima de época y ocupar el terreno que otros dejaron libre.

En apenas los últimos días, nuestro distrito volvió a ser escenario de siniestros de tránsito que, aunque no siempre dejan víctimas fatales, revelan una problemática que -más allá del titular de la crónica policial- tiene profundas consecuencias para la vida urbana, la salud pública y las finanzas municipales.

El jueves pasado dos accidentes sucedieron casi uno tras otro en Necochea y Quequén: un choque entre dos automóviles en la esquina de Avenida 58 y calle 55, que detuvo el tránsito y obligó a la intervención de las autoridades, y un impacto entre una camioneta y una motocicleta en Quequén, donde el conductor del rodado menor debió ser asistido por ambulancia y trasladado para su evaluación médica. Ambos hechos, aunque aparentemente leves, fueron parte de una escalada de siniestros viales que se repite semana tras semana.

Un repaso de notas publicadas en los últimos meses en estas páginas, revela una secuencia preocupante: en enero un motociclista sufrió heridas de consideración tras colisionar contra un automóvil en la intersección de Avenida 74 y calle 65, y casi simultáneamente otro choque moto-auto dejó a otra persona trasladada a la guardia.

En noviembre, un trágico accidente en la ruta 86 costó la vida a un motociclista que chocó contra un camión con acoplado, un hecho que no solo estremeció a la comunidad sino que puso bajo la lupa la seguridad en rutas que conectan nuestro distrito con el interior provincial. Todo esto sin mencionar episodios fatales y con heridos graves que, aunque ocurridos en años previos, muestran que las rutas y el tránsito urbano siguen siendo una deuda pendiente en términos de seguridad vial.

Lo que pocas veces se dice en titulares es el costo -tan humano como económico- que estos siniestros generan para la ciudad. Cada accidente, aunque no haya lesionados de gravedad, implica la movilización de ambulancias, personal médico, agentes de Tránsito, Defensa Civil, policías y peritos de Policía Científica, cuyos recursos son limitados.

Ese despliegue tiene un impacto directo en las finanzas del Estado municipal, que no solo debe responder a la emergencia, sino sostener servicios que ya vienen tensionados por la demanda cotidiana.

No puede soslayarse que, en siniestros con heridos, las ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las guardias del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” son el primer eslabón de una cadena de atención que, en días de alta siniestralidad, literalmente no da abasto.

El tiempo de respuesta se alarga, los recursos se desgastan y las prioridades se reconfiguran minuto a minuto, muchas veces a expensas de otras urgencias médicas no relacionadas con el tránsito. Cada traslado y cada atención significa horas de trabajo para profesionales ya exigidos por la demanda que genera una ciudad en expansión demográfica y vehicular.

A esto se suma la responsabilidad que recae sobre los inspectores de la Dirección de Tránsito municipal (área de la cual también ya hemos hablado en demasía en Ecos Diarios), que además de intervenir en hechos viales deben sostener operativos de control, educación preventiva y fiscalización. En muchos casos son los primeros en llegar a un choque para ordenar el caos, pero al mismo tiempo son los mismos que al día siguiente asisten a otro siniestro -y al siguiente y al siguiente- sin que parezca haber un freno a esta dinámica.

El impacto económico también es palpable. Cada accidente se traduce en costos directos como atención sanitaria, uso de equipamiento, horas extras, vehículos de emergencia movilizados y, en muchos casos, perjuicio para terceros: vehículos dañados, tiempos de trabajo perdidos, familias afectadas por incapacidades temporarias o permanentes. Y si hay una víctima fatal, el costo emocional se suma a los numéricos en una ecuación que hoy nadie parece dispuesto a resolver con políticas integrales.

A veces, es necesario reiterar algunas cuestiones, aunque parezcan obvias: No es suficiente lamentar muertos o lesionados en notas policiales; es momento de pensar políticas públicas de movilidad, educación vial, mejora del estado vial urbano y rural, señalización, controles de velocidad y alcoholemia, junto a campañas sostenidas de concientización. Porque cada choque -por pequeño que parezca- tiene detrás una historia humana, un gasto para el Estado y un llamado urgente a la responsabilidad colectiva.

Necochea no puede seguir acumulando accidentes como si fueran inevitables. El tránsito caótico tiene solución, pero demanda voluntad política, recursos y, sobre todo, una mirada estratégica que deje de ver estos hechos como simples noticias para convertirlos en prioridad de gestión.

La visita del gobernador Axel Kicillof a Quequén dejó mucho más que un anuncio de infraestructura. Fue, en términos políticos, un acto cuidadosamente construido: fuerte en contenido de gestión, contundente en la crítica al escenario económico nacional y deliberadamente prudente -por no decir silencioso- en relación a la interna del peronismo local y la renovación del PJ en el distrito.

El eje formal del encuentro fue la confirmación de la obra de repotenciación de la estación transformadora de Quequén, una infraestructura largamente reclamada por el sector productivo y portuario. Allí, Kicillof afirmó que “hoy la gente no la está pasando bien”, en clara alusión al contexto económico nacional, y vinculó esa situación con la necesidad de sostener la obra pública como herramienta de desarrollo. El mensaje fue directo: frente al ajuste nacional, la Provincia apuesta a la inversión.

La repotenciación energética fue presentada como una obra estructural, no coyuntural. No se trató simplemente de mejorar el servicio eléctrico, sino de eliminar una restricción histórica al crecimiento del puerto y de la región. En términos políticos, el gobernador eligió mostrar gestión concreta, planificación y financiamiento asegurado, en contraposición a lo que describió como un escenario de retracción económica a nivel nacional.

En ese marco, el intendente Arturo Rojas adoptó un tono institucional y de cooperación. Rojas destacó el trabajo articulado con la Provincia y puso el foco en la importancia de la obra para el desarrollo productivo local. El jefe comunal, que ha sabido mantener una identidad política propia dentro del tablero local, evitó cualquier lectura partidaria y se alineó con el discurso de gestión, subrayando la necesidad de sostener proyectos estratégicos en un contexto complejo.

No es algo nuevo lo del jefe comunal “vecinalista”. En varias oportunidades ha coqueteado con su acercamiento hacia el gobernador. A modo de ejemplo, la firma de un documento en apoyo a Kicillof hace poco más de un año le sirvió de excusa a tres ediles (Guillermo Sánchez, Bartolomé Zubillaga y Bernardo Amilcar) para que abandonaran el bloque oficialista y, desde entonces, Nueva Necochea quedara algo diezmado en el Concejo Deliberante.

La realidad es que más allá de estos coqueteos, que muchos aseguran por abajo que tiene más que ver con la relación de Rojas con Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense), hasta ahora nunca ha habido una estrategia política seria y conjunta. Siempre la relación ha sido institucional y, por suerte, eso nunca ha interferido en las inversiones que la Provincia ha hecho en Necochea. Este último anuncio lo deja más que claro.

Pero, regresando al acto en Quequén, sí hubo algo que llamó la atención en los corrillos políticos fue lo que no se dijo. En una ciudad donde la renovación del Partido Justicialista fue tema de debate interno, con tensiones, expectativas y movimientos subterráneos, Kicillof optó por no hacer ninguna referencia a la cuestión partidaria. No hubo guiños, ni respaldos explícitos, ni posicionamientos sobre liderazgos locales. El gobernador habló como jefe del Ejecutivo provincial, no como conductor político de un espacio.

Esa omisión no es menor. En política, el silencio también comunica. La decisión de mantener el acto en clave institucional puede leerse como una estrategia para evitar quedar atrapado en disputas locales, preservar equilibrios y sostener una posición de articulación amplia. En un distrito donde el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración interna, cualquier definición pública del gobernador podría inclinar la balanza o generar tensiones adicionales.

Otro dato no menor, es que no hubo representantes de la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María”, ni del Sindicato de Luz y Fuerzas. Si bien el tema anunciado era de su incumbencia, obviamente, parece que la interna partidaria caló hondo en ambas instituciones, que fueron dejadas de lado a la hora de la “lista de unidad” que se terminó conformando.

Como es habitual, una vez que Kicillof emprendió el viaje de regreso a La Plata, todos los concejales y dirigentes peronistas comenzaron a hacer estallar sus redes sociales con fotos, videos, risas y cualquier otra cuestión que mostrara un acercamiento directo con el gobernador.

Si bien algunos pueden creer que esto los nombra como “embajadores de Kicillof en Necochea”, la realidad es que queda claro que, al menos por ahora, el mandatario bonaerense muestra la misma predisposición hacia una foto o un contacto con un dirigente, un concejal o cualquier militante que se acerca con la buena predisposición de saludarlo y apoyar su gestión.

Al mismo tiempo, la visita reafirmó una línea discursiva clara: la Provincia se presenta como un Estado activo, con obras en marcha y presencia territorial. La frase “no es el Estado o el privado, son los dos” sintetiza esa visión. Kicillof buscó instalar la idea de complementariedad entre inversión pública y desarrollo privado, en especial en una ciudad portuaria donde la infraestructura energética es condición básica para atraer empresas.

El resultado fue un acto con doble lectura. En la superficie, anuncios concretos, cifras millonarias y promesas de crecimiento. En el plano político, una fotografía institucional entre Provincia y Municipio y un silencio estratégico sobre la interna del PJ local.

En tiempos donde cada gesto es interpretado, la visita de Kicillof a Quequén dejó en claro que el gobernador eligió hablar de obras y economía, y no de nombres propios ni estructuras partidarias. Y en esa elección, probablemente, radique el mensaje más significativo de la jornada.

Lo que parecía un camino sencillo para la subasta de venta del Complejo Casino que se realizaría el próximo miércoles 11 del corriente mes tuvo, en la última semana, un duro golpe para las aspiraciones del gobierno municipal que encabeza Arturo Rojas: la presentación de un recurso de amparo, aceptada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Dr. Carlos Alberto Herrera; le puso una pausa a una decisión política que, en principio, parecía ser el gran caballito de batalla para Nueva Necochea.

Un grupo de vecinos, encabezados por Susana Laborde, realizaron una presentación judicial para que este poder determine si la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante a principios de diciembre 2025 cumplimenta con todas las reglamentaciones que la Provincia determina para poder concretar la subasta.

Si bien este no fue el único escollo que tuvo que saltar Rojas y, fundamentalmente, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Ernesto Povilaitis; está a la vista que esta situación es aún más compleja que la sucedida anteriormente, cuando con una nueva composición, el cuerpo deliberativo local intentó modificar el proyecto original del Ejecutivo. Allí, la resolución fue simple: Rojas vetó la nueva ordenanza y fin de la discusión.

Queda más que claro que para Rojas y todo el equipo de su espacio político, Nueva Necochea, la venta del Casino ha sido, tal vez, el proyecto más ambicioso que se le ha presentado a la sociedad necochense.

A poco de asumir, ya tuvo un intento por venderlo. En aquella oportunidad, la falta de alguna documentación del único oferente dictó la nulidad del proceso y la pérdida de alrededor de 9 millones de dólares que allá por 2020 se había impuesto como “precio base”.

En esta oportunidad, la situación fue totalmente distinta. Días después de que el Ejecutivo presentara el proyecto para subastar el edificio de avenida 2 y el parque Miguel Lillo, algunos vecinos se acercaron hasta el Concejo y el Ejecutivo presentando una nota que alertaba de lo que ellos consideraban algunas “deficiencias” en la ordenanza que sería tratada y, finalmente, aprobada por mayoría.

Tal vez, si hablamos de manera contrafáctica, una reunión entre aquellos vecinos y el Intendente o el secretario de Legal y Técnica, podría haber sido una posibilidad de acercamiento entre las partes y así evitar la presentación judicial que se concretó la última semana.

¿Puede considerarse un error político? Posiblemente. ¿Se pensó que sólo eran vecinos queriendo entorpecer el desarrollo de Necochea, como dijo en Ecos Radio Arturo Rojas? Tal vez. Lo claro es que, la falta de diálogo entre las partes, han llevado a que la Justicia sea la que decida qué pasara con el futuro del Casino.

Para quienes creemos que la “judicialización de la política” no debería ser la única alternativa a este tipo de situaciones, nos cuesta aceptar que la sociedad no pueda ser lo suficientemente madura como para entender que la democracia es un sistema donde las mayorías deben definir, aún con sus errores, qué es lo que una ciudad como Necochea necesita. Obviamente, las ordenanzas y resoluciones políticas deben ajustarse a las leyes que nos rigen.

Por supuesto, no todos debemos estar de acuerdo con eso; o sentirnos representados por un Ejecutivo o algunos de los 20 concejales que han sido elegidos por nosotros mismos. Sin embargo, tampoco entonces deberíamos sentirnos representados por lo que dicte el Poder Judicial ante las decisiones políticas que se toman en ese ámbito.

Mal que nos pese, hoy el edifico del Casino sigue esperando una definición. Si la subasta es la solución definitiva para el edificio, abandonado hace ya varios años por las gestiones municipales de diferentes colores políticos, no lo sabremos rápidamente.

Es que ahora, la Municipalidad seguramente apele el amparo otorgado por el juez Herrera y sea la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata la que deba definir qué sucederá. Ya que, si le da el visto bueno a los vecinos, el Ejecutivo deberá realizar una nueva ordenanza, cumplimentando lo que la Justicia dicte, para concretar una nueva subasta.

Si así ocurriera, Rojas y sus interlocutores políticos deberán moverse de forma rápida, pero fundamentalmente, con la obligación de conseguir los consensos necesarios en el Concejo Deliberante, ya que la nueva conformación del mismo ha dejado a Nueva Necochea con muy pocas posibilidades de negociación.

Si la Justicia no valida el amparo, el Ejecutivo deberá fijar una nueva fecha para la subasta y esperar que el único interesado concrete una oferta de manera oficial. Si así no ocurriera, deberá realizarse un nuevo llamado, con una base económica menor a los 4.800 millones de pesos que estaban definidos en la ordenanza que hoy es observada por la Justicia.

Como ya hemos marcado en otra oportunidad, “bingo fuel” es un término utilizado en la aviación militar que indica el nivel de combustible mínimo necesario para regresar de forma segura a una base. En el título que da nombre a uno de los discos del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondiciones (“El tesoro de los inocentes-Bingo Fuel”) se utiliza como una metáfora de “seguir adelante con lo poco que queda o vivir al límite de las reservas”.

¿Serán estas el límite de las reservas del gobierno municipal y el Complejo Casino? ¿O será el momento de seguir hacia adelante con lo que queda? En los próximos días, tal vez tendremos la respuesta, judicial o política.